Deisi Librada Solís Caamal

Expediente 2617/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2617/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Deisi Librada Solís Caamal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 2617/2022-VI, promovido por Deisi Librada Solís Caamal, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida del Secretario Miguel Alejandro Patrón Ballote, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado rendido por el apoderado y representante del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual obra agregado en autos La Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales adjuntada por la autoridad responsable a su informe justificado. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado en su alegato ministerial 439/2022. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 2617/2022-VI promovido por Deisi Librada Solís Caamal, contra el acto que reclama del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, por considerarlo violatorios de los artículos 8 y 14 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, Deisi Librada Solís Caamal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de once de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el número 2617/2022-VI; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Asimismo, mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado de la autoridad responsable y se ordenó notificar personalmente dicho proveído, sin que la quejosa hubiera realizado manifestación alguna al respecto. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en donde se ejerce competencia. SEGUNDO...FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: La falta de respuesta a su solicitud de cuatro de agosto del año dos mil veintidós. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó su apoderado y representante al rendir su informe con justificación; por otra parte, hizo manifestaciones para defender la constitucionalidad de su actuar, a lo cual agregó que mediante oficio DJRS/DT/689/2022, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud de la quejosa presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, signado por la aquí quejosa; y con el propósito de verificar lo expuesto, señaló que anexaba el original y copia de dicho oficio. Documentales a las que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, debe analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, en la especie, debe decirse que este órgano de control constitucional considera que, respecto al aquí reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la negativa de respuesta a su solicitud de cuatro de agosto del año dos mil veintidós. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Apoderado del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, adjuntó a su informe justificado, se desprende que mediante oficio DJRS/DT/689/2022, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud de la quejosa presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, del cual se advierte que dicho Instituto solicitó se proporcione más datos, número catastral y dirección completa del predio en cuestión, a efecto de atender debidamente la solicitud. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, pues dio respuesta a la solicitud de la parte quejosa presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, respecto a la petición formulada en la misma, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no dio respuesta a su solicitud presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, lo que en el caso se subsana con la emisión del oficio DJRS/DT/689/2022, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Deisi Librada Solís Caamal, contra el acto que reclamó del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; lo anterior, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se advierte que está transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en acuerdo de siete de diciembre del año en curso, respecto al informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el alegato ministerial firmado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que expone, solicita se sobresea por una parte y se niegue por otra el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la citada Ley de Amparo, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado y anexos remitidos por el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, por conducto de quien se ostenta su apoderado general y representante Andrey Antonio Irra Salar. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter con el que se ostenta el remitente, en términos de la copia certificada del testimonio de escritura pública doscientos dieciséis, pasada ante la fe del Notario Público número Cincuenta del Estado de Yucatán. Por tanto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con dichos documentos y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Por otro lado, ténganse por señalados los correos electrónicos indicados a efecto de recibir notificaciones por ese medio. Asimismo, toda vez que consta en la certificación de cuenta que los nombres de usuario "******************** y "********************" que proporciona la autoridad responsable, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza únicamente el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio a través de los citados usuarios. Hágase lo anterior del conocimiento del encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que la autoridad responsable señala en su informe, para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, ya que de la revisión de las constancias que fueron agregadas por la autoridad responsable, se advierte que el veintinueve de noviembre del año en curso, a través del oficio DJRS/DCC/689/2022, se dio respuesta a la petición que dio origen a este juicio de amparo, se ordena notificar personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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