Debora Lozano Quezada
Expediente 1366/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Debora Lozano Quezada
- Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintinueve minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1366/2023-VIII, promovido por Deborah Lozano Quezada, por propio derecho, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informes justificados rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación del Titular de dicho órgano y el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, que obran agregados en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes de ley de las autoridades responsables para ser tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental exhibida por la quejosa y remitida por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original y copia certificada de la boleta de infracción 787079. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se desahoga la prueba documental mencionada, pues ya obra en autos y dada su naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se hace constar que la parte quejosa no formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento; por lo que, la Jueza acuerda: por perdido el derecho del quejoso y representación para formular alegatos. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1366/2023-VIII promovido por Deborah Lozano Quezada, por propio derecho, contra los actos que reclama del Gobernador y Secretario de Seguridad Pública ambos del Estado de Yucatán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Deborah Lozano Quezada, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Gobernador y Secretario de Seguridad Pública ambos del Estado de Yucatán. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, previa prevención que no fue desahogada, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto una boleta de infracción emitida por autoridad en materia administrativa, así como una norma general tildada de inconstitucional con motivo de su aplicación en la citada boleta respectiva y los actos tienen ejecución en esta ciudad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, su ampliación, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura integral de la demanda y constancias de autos, se aprecia que los actos reclamados de las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, en el presente juicio, son los siguientes: a) Del Gobernador del Estado Yucatán: - El artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán; y, b) Del Secretario de Seguridad Pública del Estado - La emisión de la boleta de infracción con número de folio 787079 de quince de agosto de dos mil veintitrés, a nombre de la quejosa, que contiene una sanción administrativa consistente en una multa por cuarenta unidades de medida y actualización (UMAS); y en la que se realizó la retención de la placa de circulación número GVT-74-94 del vehículo Chrysler, tipo Town y Country, modelo 2010, Estado de Guanajuato. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados, del Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública todos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, pues así la segunda así lo admitió al rendir su informe justificado y aunque la primera de las autoridades negó el acto reclamado, lo cierto es que como el acto que se le atribuye es el precepto de una ley, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, es aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual forma, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, remitió copia certificada de la boleta de infracción con folio 787079 de quince de agosto de dos mil veintitrés, reclamada en este asunto. Dichas constancias, al tratarse de documentales públicas, revisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por existente los actos respectivos que se atribuyen a las responsables. CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, respecto al acto reclamado, consistente en el artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el Congreso del Estado de Yucatán, quien emitió la aludido ley que contiene la norma reclamada, no fue señalado como autoridad responsable. Se afirma lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 1°, El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte, el ordinal 5°, fracción II de la aludida Ley, preceptúa: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; De los preceptos transcritos, se advierte que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; que son parte en el juicio de amparo las autoridades responsables; y que uno de los requisitos que debe cumplir el quejoso al formular una demanda de amparo, es la designación de la autoridad o autoridades responsables que hayan intervenido en el acto reclamado. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Por lo que si, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables, por tanto, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo. Al respecto es ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 30/96, Registro digital: 200588, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición. En similar tenor, el Máximo Tribunal del País, ha señalado que si del informe justificado, el Juzgador de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda. Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, Registro digital: 182617, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En el caso, en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que señalara como autoridad responsable al Congreso del Estado de Yucatán, al ser quien emitió la ley que contiene la norma reclamada, es decir, toda vez que dicha autoridad tenía participación en lo reclamado. En auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró que transcurrió el plazo otorgado a la quejosa para cumplir la prevención, sin que la desahogara por lo que se admitió y se hizo efectivo el apercibimiento, pues se indicó que el juicio se resolvería contra los actos y autoridades señalados en la demanda. En tal virtud, si en la demanda de amparo se señala como uno de los actos reclamados artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y es un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletorio a la Ley de Amparo, es quien emitió dicha ley, ello indudablemente pone de manifiesto la participación de la citada autoridad en el acto reclamado Sin embargo al no ser designada por el quejoso como autoridad responsable no es posible entonces examinar la constitucionalidad de la norma reclamada artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán puesto que dicha autoridad al no haber sido llamada a juicio, no es dable jurídicamente analizar su actuación, pues esto equivaldría a decidir la controversia sin oír a la parte afectada. En efecto, al no haber desahogado el quejoso la prevención consistente en señalar como autoridad responsable al Congreso del Estado de Yucatán, tuvo la consecuencia de que el juicio constitucional se tramitara sin la intervención de tal autoridad. De tal suerte, que no es factible legalmente resolver el asunto en cuanto al fondo de dicho acto reclamado dado que, en las condiciones apuntadas, se podría llegar al extremo de que se declarara la inconstitucionalidad de la norma reclamada sin oír a la autoridad que la emitió. Así las cosas y toda vez que la parte quejosa incumplió con lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia, que dispone o señala como obligación al promovente de amparo señalar con precisión quienes son las autoridades responsables y al no haberlo hecho, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, únicamente respecto de norma reclamada artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán dado que esta juzgadora está imposibilitada para estudiar los actos reclamados. Es aplicable el caso la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 194684, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, que señala "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, relación con el numeral 5, fracción II y 108, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en el juicio en contra del acto reclamado consistente en el artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán atribuido a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Yucatán, lo que impide examinar las cuestiones de fondo de ese precepto. QUINTO. Causal de improcedencia invocada no actualizada. Por otro lado, el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, hace valer que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues señala que la quejosa no acreditó su interés jurídico y legitimo para instar el presente juicio de amparo, debido a que no exhibió documento alguno que la acredite como propietaria del automotor materia de la infracción de índole vial, ya que sólo es infractor y el propietario es diversa persona. Es infundado lo que se sostiene, pues en el caso, el interés jurídico de la parte quejosa deviene de que la boleta de infracción se encuentra dirigida a ella. Ciertamente, la parte quejosa exhibió el original de la boleta de infracción 787079 la cual también fue remitida en copia certificada por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública, la cual se encuentra expedida a su nombre y de la que se advierte que las sanciones respectivas le fueron impuestas a la directa quejosa; además, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, al rendir su informe aceptó el acto. En esas condiciones, contrario a lo esgrimido por el Gobernador responsable, la quejosa sí se demuestra su interés jurídico, ya que se acredita la afectación que resintió con la imposición de las multas. Sin que para controvertir tal boleta sea necesario acreditar la propiedad del vehículo, pues éste derecho no es materia de la Litis en este amparo, ya que el acto reclamado lo constituye la boleta de infracción; de ahí lo infundado de la causal. No habiendo alguna diversa causal de improcedencia hecha valer, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación en relación con el acto reclamado consistente en la boleta de infracción. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita, como se verá a continuación. En el caso, toda vez que no se consideró inconstitucional el numeral que reclamó la parte quejosa, perteneciente a la de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, pues ya se vio que se sobreseyó al respecto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto a la boleta de infracción. Se cita en apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa, en sus conceptos de violación aduce que la boleta de infracción no se encuentran debidamente fundada y motivada, pues el agente de tránsito, no señaló los motivos para fijarle el máximo aplicable de las multas que le fueron aplicadas, lo que constituye una violación Como se anticipó, es fundado el argumento en el que se aduce una violación al numeral 16 Constitucional, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre los cuales consideró que el caso concreto se ajusta a las hipótesis normativas citadas, que precisamente sustentan el acto de molestia. Ahora, del análisis de las constancias allegadas al juicio de amparo, se obtiene que el agente de tránsito que suscribió la boleta de infracción reclamada, consideró que la quejosa incurrió en dos conductas: la primera utilizar durante la conducción el teléfono móvil, y al respecto señaló que se infringió el artículo 197, fracción 1 del Reglamento de la Ley de Tránsito del Estado; y la segunda no presentar el permiso o la licencia correspondiente y en cuanto a esta indicó que se infringió el artículo 120 del Reglamento de la Ley de Tránsito del Estado. Asimismo, en cuanto a la primera infracción se indicó que era sancionada con multa en términos del artículo 470, en relación con el catálogo de Infracciones del Anexo I, Grupo 3-B, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por lo que impuso una multa de 25 (veinticinco) unidades de medida y actualización; y respecto a la segunda se sancionó con base el mismo precepto, en relación con el Grupo 2-D del citado catálogo Ahora, la actuación del oficial de tránsito vulnera la garantía de legalidad, ya que el Anexo I, Grupo 3-B del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, dispone específicamente que para la infracción del numeral 197, fracción I, las multas oscilan entre 19 a 25 unidades de medida y actualización; y por lo que respecta a la infracción del numeral 120 de dicho Reglamento, las multas oscilan entre 13 a 15 unidades de medida y actualización. Sin embargo, en ninguna parte de la boleta de infracción reclamada expresó los motivos y razones que tomó en consideración para imponer el monto de 25 (veinticinco) unidades de medida y actualización por lo que hace la primera infracción y 15 (quince) por lo respecta a la segunda, que son los máximos que prevé el Anexo I, Grupo 3-B y 2-D, respectivamente, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán Así, es fundado lo que alega el quejoso, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, pues la autoridad responsable no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, lo que provoca incertidumbre jurídica en la persona sancionada, pues los vicios formales detectados le impide conocer las razones, motivos y elementos que consideró para graduar las multas, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 del Pacto Federal. Es así, pues como se precisó, la norma constitucional invocada impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, lo que se traduce en que se deben expresar los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que sean considerados para su dictado; además debe existir siempre adecuación entre unos y otros, todo lo anterior con la finalidad de que la persona conozca los hechos que se le atribuyen, así como la ley aplicada por la autoridad para emitir en su contra el acto de molestia, para el efecto de que esté en posibilidad de impugnarlo si considera que la cita y aplicación de dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien, que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. De modo que al no cumplir con la exigencia que impone el numeral en comento, la autoridad responsable violentó el derecho fundamental de legalidad en perjuicio de la parte quejosa, al emitir un acto que no está fundado y motivado en cuanto a la individualización de la sanción impuesta, y es por ello que resulta fundado el concepto de violación aducido, por lo que debe concederse el amparo solicitado para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. En ese contexto, es evidente la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el principio de legalidad establecido en el numeral 16 de la Carta Magna, pues al realizar la determinación de la cuantía de las multas no expresó motivos que justificaran la imposición de las cuantías máximas, ya que no motivó la individualización de las multas impuestas. Apoya lo considerado, la tesis con número registro digital 239651, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA. Por lo anterior, se advierte que la imposición de las sanciones consistentes en dos multas efectuadas a la parte quejosa en la boleta de infracción 787079, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que no se encuentra motivadas la imposición de las sanciones máximas establecida en la tabla de sanciones, por lo que debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La concesión se hace extensiva a la retención de la placa de circulación número GVT-74-94 del vehículo Chrysler, tipo Town y Country, modelo 2010, Estado de Guanajuato, contenida en la propia boleta, toda vez que tal retención no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de las infracciones impuestas a la quejosa; situación que se advierte de lo dispuesto por el artículo 466 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, ya que en dicha norma se establece que la retención de la placa obedece a que la infracción fue cometida por un conductor de vehículo con placas de otros estados del país y es una medida que tiene como finalidad garantizar el pago de la multa correspondiente. Lo anterior, denota que en este caso, como el vehículo tiene placa de otro estado, la retención no constituye en sí mismo la infracción, sino que sólo se trata de una garantía o medida para lograr el pago de las multas respectivas; es por ello que al ser consecuencia de las infracciones que resultaron inconstitucionales, también debe quedar insubsistente esa retención de la placa y procederse a su devolución. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional. El artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia definitiva el acto reclamado en los asuntos del orden administrativo, atinente a que deben considerarse la fundamentación y motivación que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementar aquél en esos aspectos, en términos de último párrafo del artículo 117. Por tanto, si a pesar de esa complementación persiste la falta o insuficiencia de dichos requisitos formales, el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; conclusión a la que se arriba del análisis integral tanto de los artículos 117 y 124 de la propia ley, así como del proceso legislativo que les dio origen. En ese orden de ideas, en la especie, el quejoso promovió la demanda de amparo aduciendo falta de fundamentación y motivación de la boleta de infracción, la cual resultó ilegal en virtud de que la autoridad responsable no justificó su actuación. En ese contexto, resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá subsanar los vicios formales advertidos que llevaron a conceder el amparo (fundamentación y motivación), pues ante la falta de complementación de esos aspectos en el informe justificado, debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), con número de registro digital 2008753, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo. En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional para el efecto siguiente: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán deje insubsistente la boleta de infracción de folio 787079, de quince de agosto de dos mil veintitrés, suscrita por el Agente adscrito a dicha Secretaría y devuelva la placa que fue retenida con motivo de dicha boleta. En el entendido de que, para el caso de que hubiere pagado la multa, también deberá devolverse dicha erogación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******************** en relación con el acto reclamado al Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, consistente en el artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** en relación con el acto reclamado consistente en la boleta de infracción atribuida al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; por los motivos y para en el considerando sexto de este fallo y para los efectos del último considerando. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, de los cuales se advierte se encuentra transcurriendo el término de ocho días contemplado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de la vista otorgada en auto de cuatro de octubre del presente año, con motivo del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En tal virtud, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy; por tanto, a fin de dar margen a que transcurra el término señalado, se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, así como la constancia remitida y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, así como las constancias remitidas y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
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