Dayana o Dayama Gamoneda Rodríguez

Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Dayana o Dayama Gamoneda Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien promueve en representación de ***, contra actos de las autoridades Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 900/2022-V-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los arábigos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo, y demás relativos, de la legislación aplicable, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo porque crearía incertidumbre y se duplicaría dicha concesión. En el caso concreto, este órgano de control constitucional estima innecesario que la autoridad migratoria fije garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo es la directa quejosa en su calidad de migrante, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la legislación aplicable y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el 02/10/23 14:10:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7b.95 MACARIO RUBEN MARROQUIN SERRANO ??????????????? quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que los directos quejosos cumplan a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. 02/10/23 14:10:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7b.95 MACARIO RUBEN MARROQUIN SERRANO En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que la directa quejosa permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojada, a disposición de este Juzgado federal por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que la directa quejosa sea puesta, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que la directa quejosa goce del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal a la peticionaria del amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del numeral 262, fracción lll, de la normativa de la materia. En la inteligencia de que dicho informe deberán remitirlos vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, correo electrónico, los oficios que se giren en este expediente a las autoridades responsables foráneas. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." DESPACHO PARA NOTIFICAR A LA QUEJOSA Ahora, atendiendo a que el promovente manifiesta que la directa quejosa Dayama o Dayana Gamoneda Rodríguez, se encuentra detenida en la Estación Migratorio del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Santa Cruz, Santa María Huatulco, Oaxaca; en consecuencia, 02/10/23 14:10:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7b.95 MACARIO RUBEN MARROQUIN SERRANO ??????????????? con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral de los Circuitos Judiciales de la Costa, con sede en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, comisione a un actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, para que, con las formalidades de ley, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria, o en cualquier otro lugar de reclusión donde estos pudieran estar, y proceda a: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de la quejosa; y, 2) Le notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirla en términos del numeral 15 de la normativa de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirla que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) Así también, para que precise su nombre correcto, dado que al inicio de su demanda refiere que su nombre es Dayana Gamoneda Rodríguez y al calce del mismo Dayama Gamoneda Rodríguez . 4) así también, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señale expresamente domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibida que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior proveído, se le harán por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la esa legislación. En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el precepto 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. Se faculta al juez auxiliar para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la legislación aplicable. Se solicita a la autoridad auxiliadora, que las constancias relativas a la diligencia encomendada deberá remitirlas vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria. AUTORIZADOS Ténganse como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Luisa del Rocío Rendón Ruiz, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditadas ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del numeral 12 de la normativa de la materia. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, la directa promovente del amparo proporcionó un usuario; consecuentemente, a efecto de que tenga conocimiento de la presente y subsecuentes determinaciones de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, se autoriza la práctica de notificaciones electrónica, a los usuarios "victorluisa" y "LUISARENDON23", por estar autorizados en el "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)". Por tanto, se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la parte quejosa de tener los números telefónicos que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el precepto 26 del ordenamiento invocado, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras 02/10/23 14:10:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7b.95 MACARIO RUBEN MARROQUIN SERRANO fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el dispositivo 108, fracción III y, 63 de la normativa de la materia, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad se otorgue personalmente, sin contestación alguna se tendrá como efecto declarar su inexistencia, se dejará de tenerlas con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ella, y se continuará con el trámite del juicio. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el precepto 3, párrafos sexto, séptimo y octavo del ordenamiento invocado, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la normativa de la materia, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los ordinales 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. EQUILIBRIO DE LA CARGA En razón de que el presente juicio de amparo fue recibido en guardia; en consecuencia, gírese atento oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que lo registre en el sistema de turno adoptado, a fin de equilibrar la carga de trabajo de este órgano de control constitucional. Notifíquese

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