Dayana Gamoneda Rodríguez

Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
870/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Dayana Gamoneda Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz, Huatulco y Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Costa, adjunto al cual devuelve diligenciado el despacho 826/2022 (orden 1457/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le solicitó notificar a la quejosa ********************, los proveídos de diecisiete y veinte de noviembre del actual; requerirla en términos del numeral 15 de la ley de la materia, para que en el acto de la diligencia manifestara si ratificaba la demanda promovida a su favor, lo que así hizo, como se advierte de la razón actuarial correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta dicho oficio, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Ahora, toda vez que en la citada comunicación obra la diligencia de notificación y requerimiento de veintitrés de noviembre del año en curso, de la que se advierte que la quejosa ********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; en consecuencia, al efecto se provee: DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo ratificada por la quejosa ********************, por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y Subdirector de Control de Verificación Migratoria de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: "V. ACTOS QUE SE LE ATRIBUYEN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es la privación ilegal de la libertad de la quejosa, así como la incomunicación, aseguramiento, resguardo y retención, perpetrados en su contra, fuera de todo procedimiento, sin haber sido oído y vencido en juicio, teniendo el peligro inminente que se produzca en su contra alguno de los actos previstos en el artículo 22 constitucional, por tal motivo desde este momento le solicito a usted C. Juez, conceda la suspensión de plano para el efecto de que cesen dichos actos y se ordene su inmediata libertad, y no sean coartadas su libertad personal y de tránsito, sin restricciones ni limitaciones". (sic) ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117 y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Cabe destacar que por acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, se decretó la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañarán copias certificadas completas y legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 238 de esa legislación. Dicho informe deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vaya a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y dentro del término establecido en el numeral 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, registro: 73071, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que una vez fijada la celebración de la audiencia, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dicha autoridad que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan. A lo anterior resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, página 1253, con número de registro 2002576, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO No existe tercero interesado dada la naturaleza del acto reclamado. Por otra parte, agréguese el escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica de ********************, autorizado legal de la quejosa ********************, por el que refiere que a la fecha las autoridades responsables han hecho caso omiso a la suspensión de plano decretada en este juicio, solicitando se les requiera den cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, promoviendo incidente de incumplimiento y/o defecto de la suspensión de plano. En atención a lo anterior, tomando en cuenta lo informado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca (folio 11592), respecto del cumplimiento de la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo, en el sentido de que la quejosa de mérito no se encuentra ni se encontró a disposición de las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de Control y Verificación Migratoria de dicha oficina, ambos con residencia en Oaxaca. Sin embargo, de la diligencia practicada el veintitrés del mes cursante por la actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz, Huatulco y Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Costa, que ********************, se encuentra alojada en las instalaciones de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa para que manifieste si señala como autoridad responsable al Titular de la citada dependencia migratoria, toda vez que en la demanda no se le designó con tal carácter; con apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, se le tendrá por desinteresada para hacerlo y el presente asunto se resolverá como fue planteada la demanda. En consecuencia, se reserva acordar lo que proceda respecto de la solicitud de la quejosa, en cuanto al incidente que promueve. No obstante lo anterior, al ser facultad de este órgano jurisdiccional velar por el cabal cumplimiento de las resoluciones que en materia de suspensión se dicten, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas den cabal cumplimiento a la medida cautelar aludida, en los términos y para los efectos en que fue otorgada en el proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, tomando en cuenta que la quejosa se encuentra alojada en una estación migratoria que se encuentra dentro del Estado de Oaxaca. Se les hace de su conocimiento que su incumplimiento, está sancionado para el caso de desobediencia con la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran, atento a lo previsto en el numeral 262, fracción III de la ley de la materia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz, Huatulco y Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Costa, adjunto al cual devuelve diligenciado el despacho 820/2022 (orden 1450/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le solicitó notificar a la quejosa Dayana Gamoneda Rodríguez, el proveído de diecisiete de noviembre del actual; requerirla en términos del numeral 15 de la ley de la materia, para que en el acto de la diligencia manifestara si ratificaba la demanda promovida a su favor, la cual no ratificó, según se advierte de la razón actuarial correspondiente, reservándose acordar lo procedente, una vez que obre el diverso despacho 826/2022 (orden 1457/2022), que se giró a la autoridad oficiante, para que la quejosa de mérito ratifique la demanda de amparo promovida a su favor.. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, glósese para los efectos legales a que haya lugar el oficio 179372022, firmado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por el que informa respecto del cumplimiento de la suspensión de plano, negando los actos atribuidos a su autoridad, precisando que la quejosa no se encuentra a su disposición. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Carlos Ángel García Moreno, promovente de la demanda de amparo a favor de Dayana Gamoneda Rodríguez, mediante el cual sustancialmente informa que la directa quejosa solicita la continuación del presente asunto, motivo por el cual solicita se ordene nuevamente que el fedatario auxiliar se constituya en la estación migratoria en la que se encuentra alojada para que ante la fe judicial ratifique la demanda de amparo promovida a su favor. En su atención, aun cuando es día inhábil y pese a que refiere que la directa quejosa no ratificó la demanda promovida a su favor, por los motivos que expone; sin embargo, a efecto de no vulnerar los derechos de la directa quejosa y a fin de tener certeza de la voluntad de la impetrante, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral de los Circuitos Judiciales de la Costa, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, comisione a un actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, para que, con las formalidades de ley, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en las Instalaciones de la Estación Migratoria de Huatulco, Oaxaca, o en cualquier otro lugar de reclusión donde la directa quejosa Dayana Gamoneda Rodríguez, pudiera estar, proceda a notificarle el contenido de este proveído, así como el diverso de diecisiete de los corrientes (los cuales deberán de adjuntarse en copia autorizada) debiendo requerirla en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirla que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. Se faculta al juez auxiliar para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Se solicita que las constancias relativas a la diligencia encomendada sean enviadas únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese por despacho a la quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Homero Refugio Sánchez Morín, en representación de Dayana Gamoneda Rodríguez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y Subdirector de Control de Verificación Migratoria de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: "V. ACTOS QUE SE LE ATRIBUYEN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es la privación ilegal de la libertad de la quejosa, así como la incomunicación, aseguramiento, resguardo y retención, perpetrados en su contra, fuera de todo procedimiento, sin haber sido oído y vencido en juicio, teniendo el peligro inminente que se produzca en su contra alguno de los actos previstos en el artículo 22 constitucional, por tal motivo desde este momento le solicito a usted C. Juez, conceda la suspensión de plano para el efecto de que cesen dichos actos y se ordene su inmediata libertad, y no sean coartadas su libertad personal y de tránsito, sin restricciones ni limitaciones". (sic) ANOTACIONES 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 870/2022-III-A, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo, y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cese de inmediato cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Para el caso que la quejosa directa se encuentre detenida por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no le impida tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estime pertinente; d) Le permita realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario; Cabe precisar que los artículos 1, 11 y 22 de la Constitución Federal, establecen: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus dispositivos 125, 126, 128 y 164 ordena: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De la lectura de los artículos transcritos de la Constitución Federal puede extraerse, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establece. Lo cual significa que los inmigrantes, como personas que son, al estar en territorio nacional, gozan de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se advierte que los inmigrantes tienen derecho a transitar por el territorio nacional; sin embargo, habrá limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa. Por otra parte, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional consistentes en las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que por extensión, tampoco pueden aplicarse en perjuicio de ningún extranjero. En otro sentido, la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar, cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto - al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de idéntica magnitud. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ En concordancia con lo anterior, el referido artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, entre otros actos, contra la deportación, expulsión, proscripción, destierro o extradición del territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. No obstante, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos de una protección especial. En efecto, los artículos 99, 100, 101, 102 y 144 de la Ley de Migración, establecen: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el instituto sin serlo; 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el instituto. En todos estos casos, el instituto determinará el periodo durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva." De la lectura de los numerales de la Ley de Migración se advierte, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual, se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia o bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Además, se dispone que el acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ de las conductas establecidas en el artículo 144 de la Ley de Migración. También se desprende de esas normas, que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, éste podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. En tanto se dicte resolución definitiva, el extranjero podrá otorgar las garantías monetarias y fiduciarias establecidas en términos de dicha ley. De igual manera resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De la interpretación correlacionada del articulado transcrito de ambos ordenamientos, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. En adición al contexto jurídico anterior, se estima prudente destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la libertad es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido; en otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones; por su parte, la seguridad, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. Por lo que, la libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona. Por otra parte, el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. También es dable señalar que la libertad personal al ser un derecho de primordial relevancia, únicamente puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, tal como se advierte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; en este sentido, ha de entenderse que la libertad es siempre la regla y la limitación o restricción a tal libertad es siempre la excepción. Sobre tal aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: 1) Que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2) Que sea idónea para cumplir con el fin perseguido. 3) Que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, 4) Que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ También es dable destacar que el artículo 111 de la Ley de Migración, establece que, en caso de presentación de una persona extranjera, el instituto debe resolver su situación migratoria en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Además, establece que el alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los esos quince días hábiles cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. Asimismo, prevé que en los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. En ese sentido, aunque ese precepto legal establece plazos para resolver la situación migratoria de una persona, así como en relación con el alojamiento de que puede ser objeto, debe tenerse presente que, cuando un extranjero es presentado ante las estancias migratorias, en realidad sufre un acto que interfiere con su libertad deambulatoria, por lo que, en la atención de esos casos, el operador jurídico debe tener siempre presente el principio de excepcionalidad. En efecto, aun tratándose del caso en que una persona esté sujeta a la verificación de su estancia en el país de acuerdo a los lineamientos previstos en la Ley de Migración (procedimiento de determinación de estancia migratoria), en atención al artículo 1° de la Constitución Federal, los juzgadores al conocer del juicio de amparo donde se reclamen actos previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, al resolver sobre la suspensión solicitada para efectos de obtener la libertad, deben considerar el principio de excepcionalidad de su restricción. En conclusión, en aquellos casos en los que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión, corresponde al Juzgador decretar esa medida y ordenar la libertad del quejoso, asimismo estará constreñido a señalarle a la autoridad migratoria que provea las medidas idóneas para que el quejoso esté en condiciones de continuar con su trámite migratorio. 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ Consecuentemente, en los casos en que una persona con calidad de inmigrante reclame la detención y solicite la libertad, debe ser el juzgador de amparo quien deberá concederla en términos de los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad de los quejosos, sin que se fijen medidas adicionales y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad de los diversos consistentes en la deportación e incomunicación de los quejosos, por lo que la autoridad migratoria deberá fijar las garantías que estime discrecionalmente, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, salvo que la privación de la libertad sí sea con motivo de la comisión de un delito, pues en ese caso, debería proceder en términos del citado artículo 164 de la legislación citada. Es así, dado que la detención migratoria resulta contraria al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, ya que debe partirse de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y no la regla general. En consecuencia, respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que la quejosa Dayana Gamoneda Rodríguez sea puesta en inmediata libertad, debiendo la autoridad responsable (quien la tenga a disposición) dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario que la autoridad migratoria fije garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo es la directa quejosa en su calidad de migrante, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que la directa quejosa cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que la directa quejosa permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojada, a disposición de este Juzgado federal por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que la directa quejosa sea puesta, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que la directa quejosa gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal a la peticionaria de amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe deberán remitirlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a la autoridad responsable foránea. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." DESPACHO PARA NOTIFICAR A LA QUEJOSA 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ Ahora, tomando en cuenta que la demanda de amparo carece de firma autógrafa del promovente y atendiendo a que éste manifiesta que la directa quejosa Dayana Gamoneda Rodríguez, se encuentra detenida en las Instalaciones de la Estación Migratoria de Huatulco, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral de los Circuitos Judiciales de la Costa, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, comisione a un actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, para que, con las formalidades de ley, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria, o en cualquier otro lugar de reclusión donde esta pudiera estar, y proceda a: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de la quejosa; y, 2) Le notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirla en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirla que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) Así también, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señale expresamente domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibida que, en caso de no 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior proveído, se le harán por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se faculta al juez auxiliar para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, se solicita que las constancias relativas a la diligencia encomendada sean enviadas únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Ángel García Moreno, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Nelson Isaí García de la Garza, toda vez que no acreditó con prueba documental alguna su calidad de licenciado en derecho, además no existe registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, sin perjuicio de que una vez que acredite lo anterior con prueba idónea, se le tenga como tal. Ahora bien, como la parte actora proporciona para oír y recibir notificaciones los usuarios carlos_garcia78 y homero_sanchez69, los cuales se encuentran autorizados para la práctica de notificaciones electrónicas, por estar vinculados a los correos electrónicos jcarlos_angel_g@hotmail.com y 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ homerosanchezm@gmail.com,", como se advierte de la certificación secretarial que antecede; por lo que en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos del 77 al 83; se autoriza la consulta a dicho usuario, debiéndosele realizar las notificaciones de manera electrónica de los autos o resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio, dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad se otorgue personalmente, sin contestación alguna se tendrá como efecto declarar su inexistencia, se dejará de tenerlas con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ella, y se continuará con el trámite del juicio. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil 21/03/24 15:38:36 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.31 LUIS ANSELMO FELIX RODRIGUEZ dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

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