Dayana Akira Martinez Vargas
Expediente 1290/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Dayana Akira Martinez Vargas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva; lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán; siendo las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Secretaria con quien actúa y da fe, Alondra Sarai Santiago Cano, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, la Secretaria realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que encuentran el escrito de demanda de amparo, los informes justificados rendidos por las responsables y el con el resto de las actuaciones de trámite. Asimismo, se hace constar que el expediente electrónico coincide en su integridad, y no existen promociones pendientes de acordar. De igual forma, se hace constar, que no obra en autos el informe previo de la autoridad responsable señalada como ejecutora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no obstante que se encuentra debidamente notificada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, tal como consta de la boleta de notificación. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual serán analizada al dictar sentencia, y téngase por rendido el informe justificado de cuenta para ser tomando en consideración en el dictado de esta determinación. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable señalada como ejecutora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no rindió su informe previo, a pesar de encontrarse debidamente notificada, téngasele por omisa. Enseguida, se abre el período probatorio y se da cuenta que las partes no ofrecieron prueba alguna. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que únicamente el agente del ministerio público las formuló, no así las partes no los formularon. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formuladas las manifestaciones de la representación social a manera de alegatos; por lo que se cierra dicha fase. Finalmente, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1016/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por********************, contra los actos reclamados al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por********************, contra los actos reclamados al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de aprehensión, detención y presentación dictada en contra del quejoso. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1290/2023, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción. Se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que reclama actos de ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. De manera que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables: - La orden de aprehensión, detención y presentación dictada en contra del quejoso. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables señalaron: N° AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación. Niega 14 2 Juez adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Niega 15 3 Juez en turno, adscrita al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Niega 16 4 Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Niega 17 5 Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán. Niega 18 a 19 Las autoridades responsables señaladas en el cuadro que antecede, negaron la existencia de los actos que se le reclaman, y dado que la parte quejosa no desvirtuó con medio de prueba idóneo las negativas formuladas por las autoridades responsables, no obstante que le correspondía la carga de la prueba, dichos actos deben considerarse inexistentes. Ahora bien, no obstante que la autoridad responsable señalada como ejecutora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no rindió su correspondiente informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, tal como consta de la boleta de notificación; sin embargo, tomando en consideración que las autoridades responsables señaladas como ordenadoras negaron los actos reclamados, también resulta, por consecuencia, inexistente su ejecución. Es decir, toda vez que las autoridades ordenadoras negaron la existencia de los actos que se le reclaman, es evidente que a la autoridad responsable ejecutora omisa, no puede atribuírsele la ejecución de los actos negados, sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis XXI.1o.102K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. XIV, septiembre 1994, p. 349, de rubro y texto siguientes: Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en juicio de amparo promovido por********************, contra el acto reclamado al Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA, la determinación de 31 de mayo de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 254/2023-II, promovido por ***, por conducto de su defensor particular *****, contra un acto de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El seis de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo (fojas 2 a 14 del juicio de amparo) presentada por *****, por conducto de su defensor particular ****, contra un acto atribuido a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. (.) C O N S I D E R A N D O (.) SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. 15. Previo a iniciar el estudio, se precisa que la parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos, los cuales consideran esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa tiene la calidad de imputada. 16. Para un mejor planteamiento del caso a resolver, cabe relatar lo que ha sucedido tanto en la audiencia inicial, así como en la segunda instancia. 17. En principio, en audiencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la Fiscalía le formuló imputación2 a la aquí quejosa, por el siguiente hecho: (.) 49. Apartado uno. De la falta de precisión de las circunstancias de ejecución. 50. La Jueza de Control determinó que la Fiscalía no precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho atribuido, esto es, que no se dijo en qué consistió el despojo furtivo del inmueble de la víctima. 51. Ello, porque en los hechos imputados sólo se dijo que la quejosa en conjunto con otras dos personas, construyeron un muro en la propiedad de la víctima, pero no se precisó cuál fue el aporte que realizó la imputada. 52. Lo que era necesario, porque es un requisito constitucional16 precisar cómo se dan las circunstancias de ejecución y en este caso la Fiscalía fue omisa en precisarlas al imputar los hechos. 53. Apartado dos. De la insuficiencia de datos para demostrar la responsabilidad de la parte quejosa. 54. La Jueza de Control estableció que los datos de prueba sí fueron suficientes para acreditar la existencia del muro construido, en particular con el informe de agrimensura signado por la arquitecta *****, Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. 55. Sin embargo, determinó que del análisis de los datos, no advirtió un dato objetivo que demostrara que la aquí quejosa haya despojado de manera furtiva a la víctima u ordenado la construcción del muro. 56. Ello, dado que la persona que realizó la construcción del muro, dijo que las propietarias del inmueble fueron quienes lo contrataron y no la aquí quejosa. 57. Además, estableció que no basta el dicho de la víctima para establecer que la quejosa intervino en la construcción, pues si bien le asiste el principio de buena fe, se debió adminicular con otros datos. 58. Lo que no se hizo, porque con los restantes datos de prueba, no se pudo extraer cuál fue el hecho que realizó la parte quejosa. 59. Aunado que existe la escritura del inmueble que se dice está invadiendo el inmueble de la víctima, pero éste fue comprado el dos de febrero de dos mil cinco, de modo que consta que la quejosa no es propietaria del citado inmueble. 60. Sin que obste que se haya otorgado un poder el trece de agosto de dos mil dieciocho, dado que ello fue posterior a que se terminó la construcción del muro, pues, según quien lo construyó, se terminó en julio de dos mil dieciocho. 61. Por lo anterior, concluyó que el dicho de la víctima en cuanto a que la quejosa habitó en la casa o predio contiguo, fue aislado. 62. Finalmente, respecto de la existencia de la entrevista de la aquí quejosa, realizada el tres de mayo de dos mil diecinueve ante el Ministerio Público, en la que, en presencia de su defensa, aceptó que sí tuvo conocimiento del muro, la Jueza de Control determinó que no podía considerar esa declaración, en principio porque no se realizó ante ella y, además, porque no se precisó a qué muro se refirió. 63. Apartado tres. Juicio civil. 64. La jueza de control determinó que el hecho de que existan juicios civiles anteriores, no imposibilita la comisión de un hecho delictivo, pues son procesos independientes, de ahí que, en todo caso, también se puede instar la vía civil. 65. De ahí que estimó ocioso pronunciarse sobre el contenido de las cláusulas de la compraventa mediante la cual, la víctima adquirió el bien inmueble, puesto que ello es propio de la vía civil. 66. Apartado cuatro. Conclusión. 67. En suma, de todo lo anterior se extrae que aunque la Jueza de Control abordó diversos aspectos, las razones esenciales por las que determinó no vincular a proceso, fueron: 68. A. La Fiscalía omitió precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que intervino la aquí quejosa; y, 69. B. No se demostró cuál fue la intervención de la aquí quejosa, por lo que no se demostró su probable participación. 70. Por otra parte, del análisis a la resolución reclamada de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal ***/2022, mediante la que se revocó el auto de no vinculación emitido por el Jueza Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la causa penal **/2021, el treinta de marzo de dos mil veintidós, se advierte que la Sala responsable determinó revocar la resolución de no vinculación, esencialmente, porque: 71. El hecho de que el poder conferido a la imputada se le haya otorgado hasta el trece de agosto de dos mil dieciocho, no es determinante ni indispensable para la comisión del hecho delictivo. 72. En su entrevista la imputada aceptó que contrató a ***** para la construcción del muro, y por ello era posible su intervención en el hecho. 73. Si bien es cierto el ingeniero ******, al momento de precisar quiénes lo contrataron, no aludió a la aquí quejosa, no menos cierto es que al respecto también existió el señalamiento por parte de la víctima, en el sentido de que también trató con la aquí quejosa, quien se negó a solucionar la invasión. 74. - En suma, ante la falta de indicio en contrario, presumió que la aquí quejosa es responsable de los trabajos que se realizaron en la propiedad de sus coinculpadas, puesto que incluso se desconocen los términos en los que se realizó el contrato de construcción de la barda. 75. - Estableció que fue correcto que la Jueza de Control no tomara en cuenta la cuestión civil, por cuanto obedece a cuestiones ajenas; ello, sin mayor argumentación - se infiere porque quien impugnó fue la víctima. 76. - Finalmente, determinó que sí se cumplió con el artículo 316, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que se inadvirtió alguna causa de exclusión del delito o eximente de responsabilidad. 77. Por tanto, vinculó por el hecho señalado como delito de despojo de cosa inmueble, previsto y sancionado en el 329, párrafo primero, fracción I, párrafo cuarto, del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido a título de coautora en términos del artículo 15, fracción I, del citado código. 78. Hasta aquí la resolución de segunda instancia reclamada. 79. Ahora, contra tales razonamientos, la parte quejosa hace valer los siguientes conceptos de violación: 80. A) La jueza de control dictó un auto de no vinculación20 porque de los hechos imputados no se desprende algún acto o acción desplegada por la aquí quejosa en la comisión del hecho que se le atribuye. 81. Asimismo, aduce que es ilegal la resolución emitida por la Sala responsable porque los hechos imputados21 deben demostrarse con datos de prueba, lo que no se logró, porque los datos los ponen en contradicción. 82. B) No se demostró la probable participación de la aquí quejosa, porque la Sala responsable se basó en un solo dato (su entrevista ante el Ministerio Público), aunado a que: 83. I) La parte quejosa no es propietaria del bien inmueble que se dice invadió el bien de la víctima, ni tampoco tiene algún interés o ganancia con motivo de ello; 84. II) El poder que se le otorgó fue emitido con posterioridad a que se terminó la construcción de la barda con la que se aduce se invadió el bien de la víctima, ello, porque se dijo que la construcción terminó a finales de julio de dos mil dieciocho y el poder se le confirió el trece de agosto de dos mil dieciocho; 85. III) No existe un nexo de conexidad entre el hecho atribuido y la participación de la aquí quejosa; y, 86. IV) Es ilegal que se asuma sin mayor dato de prueba su participación, pues ello contraviene el derecho a la presunción de inocencia. 87. C) No se demostró la existencia de un hecho que la ley señala como delito, porque los hechos materia de la imputación deben ventilarse en la vía civil. 88. Haciendo énfasis, en que el problema sobre la dimensión de los inmuebles de la imputada y la víctima ha existido desde mucho antes que la segunda comprara el bien inmueble, porque existió el expediente ***/2006, del índice de Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en donde se dilucidó sobre un interdicto de obra nueva, siendo que la víctima adquirió su inmueble en dos mil diecisiete, bajo la modalidad de AD CORPUS, esto es, en la forma en la que se encontraba. 89. Cuestión sobre la que la Sala responsable dejó de fundar y motivar, pues sólo se refirió que era correcto que no se hubieren tomado en cuenta las cuestiones civiles. 90. Tales argumentos se estudiarán en forma conjunta, a la luz de lo resuelto en las audiencias de las que derivó el acto reclamado, tal y como fue apreciado por la Sala responsable, en términos de lo establecido por los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo. 91. Como ya se anticipó, los conceptos de violación se consideran esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. 92. En orden de ideas, se precisa que debido a los temas que se impugnan, en principio se analizará lo relativo a la forma en que se realizó la imputación, posteriormente, de ser necesario, se abordará lo relativo a si se demostró el hecho que la que la ley señala como delito y la probable responsabilidad de la aquí quejosa, en los siguientes términos. 93. Aparatado uno. De la imputación. 94. Como puede advertirse de los antecedentes relatados, la Jueza de Control descansó su decisión en dos aspectos, a saber: 95. I. la Fiscalía omitió precisar las circunstancias de hecho al formular imputación; y, 96. II. No se demostró la probable participación. 97. Por su parte, la Sala responsable, esencialmente, consideró que sí se precisaron las circunstancias de comisión del hecho, porque de los datos de prueba se puede extraer que la imputada, en una entrevista rendida ante un Ministerio Público, aceptó que fue ella quien contrató la construcción del muro, lo que estimó suficiente para vincular a proceso, pues habían más datos que corroboraban la posibilidad su intervención en el hecho. 98. Así, del contraste entre ambas resoluciones, se advierte que la Sala responsable dejó de analizar si al formularse imputación se precisaron el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, en los términos que exige el artículo 19, primer párrafo22, constitucional, lo que se estima era necesario, pues sólo a partir de establecer que si se había cumplido con ello, se podrían analizar los siguientes aspectos. 99. Sobre la imputación, el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. 100. Adicionalmente, el artículo 311 del citado código, establece que el fiscal investigador debe exponer oralmente: 101. 1) El hecho que se le atribuye; 102. 2) La calificación jurídica preliminar; 103. 3) La fecha, hora, lugar y modo de su comisión; 104. 4) La forma de intervención que haya tenido en el mismo; y, 105. 5) Así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. 106. En el caso, de la videograbación de la audiencia de formulación de imputación de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a fin de cumplir con tales requisitos, la Fiscalía atribuyó el siguiente hecho: (.) 107. Hecho que clasificó preliminarmente como delito de despojo de cosa inmueble, previsto y sancionado en el 329, párrafo primero, fracción I, párrafo cuarto, del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido a título de coautora en términos del artículo 15, fracción I, del citado código, querellado por la víctima. 108. Con lo anterior, se cumplió el primer, segundo, cuarto y quinto requisitos de la formulación de imputación, ya que precisó el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador. 109. Por otra parte, en cuanto al tercer requisito, relativo a precisar la fecha, hora, lugar y modo de la comisión del delito, la Fiscalía dio a conocer los hechos que ya han quedado transcritos. 110. En ese contexto, a fin de realizar un análisis más simplificado, en principio, debe precisarse que a la parte quejosa se le atribuye que construyó un muro en conjunto con dos personas más en el inmueble de la víctima. 111. Sobre dicho punto la Jueza de Control al dictar auto de no vinculación a proceso determinó que no se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se cometió la conducta; es decir, que no se precisó cuál fue el aporte específico que realizó la aquí quejosa para la consumación de la conducta atribuida. 112. Pese a ello, en la decisión de la Sala responsable no se emitió pronunciamiento expreso sobre la forma en que se realizó la imputación y mucho menos si a la luz del artículo 19, primer párrafo, constitucional, en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello era suficiente para sostener el dictado de un auto de vinculación. 113. Cuestión que se considera de vital importancia, dado que sólo a partir de una debida formulación de imputación se puede garantizar el derecho a la defensa de la parte imputada; por ende, tal como exigen los artículos 19, primer párrafo, constitucional, en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe precisar la fecha, hora, lugar y modo de su comisión. 114. Esto es, se debe realizar una imputación de tal forma que el imputado comprenda cuál es el hecho que se le atribuye y no sólo los resultados del mismo, pues lo que realmente importa es que conozca cómo intervino, para que pueda entablar una defensa efectiva. 115. Sobre ello, es orientador el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva vs Venezuela, resuelto el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, en donde en su párrafo 28, concluyó lo siguiente: (.) 116. De lo anterior, se advierte que es criterio de la Corte Interamericana que la imputación sea expresa, clara, integral y suficientemente detallada, pues sólo así, se podrá garantizar que el imputado y su defensa puedan enfrentarla y, en su caso, contestarla. 117. En ese sentido, ante la omisión de la Sala responsable respecto a pronunciarse sobre si, en el caso, se realizó una imputación que de manera completa permita a la parte quejosa entender cuál es el hecho atribuido; esto es suficiente para conceder la protección constitucional. 118. Ello, puesto que de analizar directamente la forma en que se realizó esa imputación sin que exista un pronunciamiento previo por parte de la Sala responsable, implicaría que este órgano de control constitucional se sustituyera en sus funciones de revisar y analizar las consideraciones realizadas por la Jueza de Control en torno al alcance de los datos de prueba, pero con estricto apego a la forma en que se realizó la imputación. 119. Apoya lo anterior, por sus razones esenciales, la jurisprudencia con registro 2022178, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: «VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. (.) 120. En tal sentido, la Sala responsable al analizar de nueva cuenta la resolución impugnada, podrá considerar que si se realizó una comunicación previa y detallada de la imputación; o bien, que no se cumplió con ello, lo cual, en su caso, llevaría a considerar que sí incidió en su derecho fundamental a la defensa adecuada. 121. Ello, sin perjuicio de que no se hayan solicitado las precisiones necesarias para que exista una claridad en el hecho imputado. 122. Es así, porque la formulación de imputación es un momento procesal que está a cargo de la Fiscalía. 123. De tal suerte, dada su relevancia, una vez formulada por el Ministerio Público, los jueces de control al momento de resolver sobre la vinculación, quedan sujetos al hecho por el que se imputó, en la forma en que se hizo, pues tienen vedado complementar o modificar los hechos atribuidos. 124. Esto, tal como se ha determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2019, en los términos siguientes: (.) 125. En ese orden de ideas, ante la omisión detectada respecto a pronunciarse sobre si la imputación cumplió con los requisitos de precisar la fecha, hora, lugar y modo de la comisión del hecho atribuido, no se considera posible analizar en este momento si el auto de vinculación se dictó expresando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, como lo exige el artículo 19, primer párrafo23, constitucional. 126. Esto, porque el suscrito considera que cuando al momento de formular imputación no se señala con precisión la fecha, hora, lugar y modo de la comisión de cada hecho atribuido, al emitir la resolución sobre la petición de vinculación, el Juez de Control no puede apartarse del contenido de la imputación, pues aun y cuando algunas de esas imprecisiones o deficiencias se puedan superar con el contenido de los datos de prueba, en la contradicción de tesis 190/2019 ya referida, se determinó que los hechos materia de la imputación que formula el Ministerio Público constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador, de modo que la autoridad judicial por regla general, motu proprio, no puede variar los hechos materia de la imputación, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador. 1 27. En suma, dada la omisión advertida respecto a pronunciarse sobre los términos en que se formuló la imputación, es improcedente analizar los restantes conceptos de violación, en virtud que al dejarse de analizar si se realizó una imputación suficiente para garantizar que la aquí quejosa haya comprendido el hecho por el que se le formuló imputación, a efecto de que se restablezca su derecho vulnerado, es necesario conceder el amparo para el efecto de que se emita una nueva resolución, en la que en primer término la Sala responsable se apegue a los hechos por los que se formuló imputación y sin modificarlos o complementarlos, resuelva con libertad de jurisdicción. 128. Ello, porque a partir de esa nueva resolución, las partes estarán en aptitud de hacer valer los medios de defensa que consideren pertinentes. 129. Así, ante lo fundado de uno de los conceptos de violación, en términos de lo ya argumentado, procede conceder el amparo. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. 130. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, realice lo siguiente: 131. A. Deje sin efectos la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ***/2022, de su índice, que revocó el auto de no vinculación a proceso emitido por la Jueza Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la causa penal **/2021, el treinta de marzo de dos mil veintidós; y, 132. B. Tomando en cuenta las razones dadas en esta sentencia, a partir de la forma en que se realizó la imputación y sin variarla o modificarla, resuelva respecto del recurso interpuesto, con libertad de jurisdicción. 133. En el entendido que deberá pronunciarse en forma expresa sobre si en los términos que se formuló imputación se cumplió o no con la obligación de precisar la fecha, hora, lugar y modo de su comisión, tal como exigen los artículos 19, primer párrafo, constitucional, en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 134. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****, contra el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal **/2022, de su índice, mediante la que se revocó el auto de no vinculación a proceso emitido por la Jueza Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la causa penal **/2021, el treinta de marzo de dos mil veintidós, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el octavo considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 43-E-II-AMPARO/2023 orden 92/2023, ordenado en acuerdo de veinte de abril del año en curso, que se le envió a fin de notificar al perito ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno relativo, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo toda vez que la comunicación oficial de mérito fue devuelta vía electrónica. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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