David Yorke Maciangelo
Expediente 1500/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1500/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- David Yorke Maciangelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. EXPEDIENTE INCIDENTAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1500/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. (...) QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, respeto del acto reclamado, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, de la demanda de amparo y su ampliación, se aprecia que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la omisión de acordar el escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés, referente al cumplimiento de la prevención realizada en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, emitido en autos del juicio ordinario familiar 84/2023, de su índice. Por su parte, de las constancias remitidas por dicha responsable en su informe justificado, se advierte que el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, proveyó respecto del escrito de diez de mayo del presente año, en donde, tuvo por presentado el escrito al quejoso y debido a que no cumplió con la prevención formulada en acuerdo de veintidós de febrero de la presente anualidad, se le previno nuevamente para exhibir copias del expediente 213/2017 para correr traslado a la demandada, fiscal y representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el expediente 84/2023 de su índice. En consecuencia, si el acto combatido en esta vía constitucional, se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés, referente al cumplimiento de la prevención realizada en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, emitido en autos del juicio ordinario familiar 84/2023, de su índice; y, que respecto a la misma, durante la tramitación de este expediente, la responsable la subsanó, mediante el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés; es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: (.) Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: (.) Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado y las constancias remitidas en el mismo, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra el acto de la autoridad responsable, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se advierte que no obran en autos las piezas postales de los acuses de recibo correspondientes a los oficios 16501/2023, 16502/2023 y 16503/2023 de treinta y uno de mayo del año en curso, dirigidos a las responsables Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, Coordinador Departamental de Inspección y Vigilancia e Inspector Comisionado todos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, todos con residencia en la Ciudad de México, con los que se les comunico la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este acuerdo, envíe a este órgano de control constitucional los acuses de recibo de los oficios 16501/2023, 16502/2023 y 16503/2023 de treinta y uno de mayo del año en curso. En el entendido que, con el fin de no irrogar perjuicio a las partes, así como de impedir alguna dilación procesal, en atención a la fecha en que fueron enviados dichos oficios, el plazo otorgado a la autoridad postal será improrrogable. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que se notificaron a las autoridades responsables, los diversos oficios 19108/2023, 19109/2023 y 19110/2023 relativos al auto de veinte de junio de dos mil veintitrés en el que se tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva, en el domicilio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con sede en esta ciudad. Por tanto, tomando en consideración que las responsables señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, con el fin de no invalidad la referida notificación por oficio, se les requiere para que, dentro del plazo de tres días, computado a partir de su notificación, informen, vía telegráfica, la fecha en que les fueron retransmitidos los oficios entregados en el domicilio de dicha dependencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es decir, acusen recibo de los mismos o, en su defecto, la imposibilidad que tengan para ello. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente agréguese a estos autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en atención a lo solicitado por este juzgado en proveído de veinte de junio del año en curso, informa que se otorgó acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2859/2022, de su índice. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar la vinculación pertinente al expediente electrónico en comento. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Visto, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1500/2023, promovido por ********, contra actos de la Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, *************, promovió juicio de amparo contra los actos que reclama del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se pidió a las autoridades responsables su informe previo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento y cumplimiento de requerimiento por parte de la autoridad responsable, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgador es legalmente competente para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención de los promoventes y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Ahora, en el capítulo de acto de acto reclamado, la parte peticionaria de amparo destacó como actos reclamados: - La omisión de acordar el escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés, referente al cumplimiento de la prevención realizada en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, emitido en autos del juicio ordinario familiar ******, de su índice. TERCERO. Existencia de los actos reclamados El Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al rendir su correspondiente informe, aceptó la existencia del acto que se le reclama. De ahí que se tengan por cierto el acto reclamado. CUARTO. Estudio de la suspensión definitiva Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. La medida cautelar debe solicitarse a petición de parte; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión solicita; III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, IV. Se realice un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, atendiendo a lo establecido en el considerando tercero de la presente resolución. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. Esto, porque el presente asunto deriva de un juicio familiar en el cual la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a un escrito presentado ante la responsable. Por tanto, la posible concesión de la suspensión solicitada no depararía por sí misma un perjuicio al orden público e interés social. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia P./J.15/96 que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. Ahora bien a fin de decidir respecto la concesión o negativa de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa con efectos restitutorios, resulta pertinente tomar en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 338/2022 sostuvo que deberá analizarse si los efectos restitutorios de la concesión de la suspensión serán transitorios o definitivos. En dicha ejecutoria, se estableció que el beneficio será transitorio si en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión. Lo que no coincidirá con los efectos de una sentencia estimatoria, y por ende no se considerará que el juicio de amparo quede sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria. Y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Siendo este último supuesto la excepción a la regla general. Por lo que podrá concederse la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, únicamente cuando se esté en la posibilidad de desincorporar a la parte quejosa del derecho que le fue otorgado con la medida cautelar en caso de que se dicte una sentencia adversa a su pretensión. La tesis que se formó con motivo de dicha contradicción es la siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Entonces, en el caso a estudio, este Juzgador estima que no es posible conceder la suspensión definitiva, ya que si se concede dicha medida cautelar para que la autoridad responsable acuerde el escrito presentado ante la responsable en fecha diez de mayo de dos mil veintitrés, ello implicaría darle efectos definitivos a la suspensión, los cuales no se podrían retrotraer en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente sea adversa a sus pretensiones. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ****************, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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