David Vázquez Gónzález

Expediente 175/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
175/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • David Vázquez Gónzález

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el oficio número 5963-E, signado por la Actuaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, deducido del juicio de amparo número 301/2021-2; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, como lo solicita remítase copias certificadas de la papeleta de turno, escrito de demanda, auto admisorio, sentencia y dígasele que el presente asunto se encuentra totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno (notificado el treinta siguiente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión de los actos reclamados, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el proveído por el que se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado: así como del proveído por el cual se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO: DAVID VELAZQUEZ GONZALEZ, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número 2058/2020, del veintiocho de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictó en este juicio de garantías. Por auto del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, causó estado la sentencia de amparo, y con el oficio señalado en el párrafo anterior, se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniese, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el ocho de marzo de dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del treinta de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". SEXTO. Efectos del amparo. En las condiciones relatadas, a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano transgredido, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Juzgado de Control, deberá proceder de la siguiente forma: a) Dejar insubsistente las resoluciones del veinticuatro y veintisiete de marzo de dos mil veinte, en la causa penal 29/2020. b) En su lugar, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, y a disposición de la autoridad responsable por lo que hace a su libertad hasta la celebración de la nueva audiencia, reponga el procedimiento desde la audiencia inicial de comunicación de imputación y provea lo necesario para que se acate en sus términos la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 1ª./J.61/2013. c) La concesión se hace extensiva respecto de la medida cautelar reclamada, consistente en prisión preventiva oficiosa, pues ella queda insubsistente con motivo de la concesión del amparo y deberá el juez responsable pronunciarse de nueva cuenta, conforme a derecho. La jurisprudencia en cita es del rubro y contenido siguiente: "PERSONAS INDÍGENAS. MODALIDADES PARA EJERCER EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Las figuras del intérprete con conocimiento de una determinada lengua y cultura, así como del defensor, constituyen parte del derecho fundamental a la defensa adecuada de las personas indígenas, en términos del artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Poder Reformador plasmó para tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación. Así, el defensor junto con el intérprete con conocimientos de su lengua y cultura son quienes acercan al órgano jurisdiccional con la especificidad cultural del indígena; de ahí que deben señalarse las modalidades para ejercer dicho derecho fundamental. En cuanto al intérprete: 1) La asistencia por intérprete es disponible, pero únicamente por el imputado, lo que le permitiría rechazarla; sin embargo, sólo sería aceptable el rechazo cuando la autoridad ministerial o judicial advierta que el imputado, evidentemente, tiene un desenvolvimiento aceptable sobre el entendimiento en idioma español del procedimiento al que está sujeto y sus consecuencias. La autoridad que conozca del caso deberá asentar constancia de ello en la que tenga intervención un perito intérprete que conozca la lengua y cultura del imputado, que sirva para corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención, apercibido de las consecuencias legales aplicables por la probable generación de un estado de indefensión en contra de aquél. 2) En caso de que no exista renuncia al intérprete, la autoridad ministerial o judicial que conozca del caso deberá constatar que el intérprete efectivamente conoce la lengua y cultura del imputado. Podrá tratarse de un intérprete práctico respaldado por la comunidad indígena o certificado por las instituciones correspondientes; o bien, mediante el uso de tecnologías, se podría implementar la asistencia de intérprete por medio de videoconferencia. En cuanto al defensor: 1) La asistencia por abogado defensor es irrenunciable y podrá ser prestada por instituciones oficiales o a cargo de particulares, a elección del imputado. Esta figura puede reunir, además, la calidad constitucional de que conozca la lengua y cultura del imputado, mas no es un requisito de validez del proceso, ya que también a elección de éste puede ser prescindible esta última calidad. En caso de que el defensor sí cuente con dichos conocimientos, deberá exhibir la constancia que lo avale, cuya autoridad competente para expedir dicha certificación puede ser la Defensoría Pública Federal o estatal, o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 2) En los casos en que el ejercicio del derecho de defensa sea ejercido por defensor oficial o particular que desconozca la lengua y cultura del imputado, la figura del intérprete que sí conoce ambos es insustituible, pues a través de ella se garantiza el pleno conocimiento del imputado sobre la naturaleza y las consecuencias de la acusación; los derechos que le asisten y la comunicación efectiva con su defensor, entre otros." ." Conforme lo anterior, la autoridad responsable debió realizar los siguientes actos: 1. La autoridad responsable deberá dejar sin efectos las resoluciones del veinticuatro y veintisiete de marzo de dos mil veinte, en la causa penal 29/2020. 2. Se reponga el procedimiento desde la audiencia inicial de comunicación de imputación y se le designe al imputado (aquí quejoso) un interprete en lengua zapoteca. 3. El juez deberá pronunciarse de nueva cuenta sobre la medida cautelar reclamada, conforme a derecho. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio número 2058/2020, del veintiocho de octubre de dos mil veinte, al que adjuntó copia certificada de la constancia por escrito de la continuación de la audiencia inicial de vinculación a proceso y medidas cautelares del veintiocho de octubre de dos mil veinte; y dos discos en formato DVD, de las audiencias del veintitrés y veintiocho de octubre de dos mil veinte. Del disco compacto en formato DVD, correspondiente a la audiencia oral de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se advierte que el juez de Control llevó a cabo los pasos necesarios para corroborar que el aquí quejoso estuvo asistido de un intérprete en la lengua zapoteca; y dejó insubsistente la audiencia inicial del veinticuatro y veintisiete de marzo de dos mil veinte (actos declarados inconstitucionales). Por su parte, del disco compacto en formato DVD, relativo a la audiencia del veintiocho de octubre de dos mil veinte, se advierte el indiciado, aquí quejosos, estuvo asistido del señor Jesús Antonio López, en su carácter de intérprete en la lengua zapoteca; se continuó con el desarrollo de la audiencia inicial, se valoraron las pruebas ofrecidas; se vinculó a proceso al aquí quejoso, por el delito de estupro, y se revocó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosas (originalmente impuesta) y se impusieron otras diversas. A su vez, en esa misma diligencia se fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria la de cuatro meses. Finalmente, la audiencia se cerró. Como se observa, la autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo, porque con el??????????????? actuar de la responsable, se respetó el derecho de defensa y de debido proceso del justiciable, en la medida que se dejaron insubsistentes los actos declarados inconstitucionales; se repuso el procedimiento; el agraviado estuvo asistido de un intérprete en lengua zapoteca; se continuó con la audiencia inicial y con libertad de jurisdicción el juez de Control resolvió lo correspondiente, en donde, incluso, revocó diversa medida cautelar (prisión preventiva oficiosa) y fijó otras más. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

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