David Javier Zavala Espinoza
Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- David Javier Zavala Espinoza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, acorde al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA: JOSE ROSARIO ZAVALA ESPINOZA, EN REPRESENTANCION DE DAVID JAVIER ZAVALA ESPINOZA, EL ACUERDO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, once de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de cuenta, promovida por José Rosario Zavala Espinoza, en representación se David Javier Zavala Espinoza, contra actos del Juez Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 502/2020- 2A. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de esa demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." El citado criterio jurisprudencial establece que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente y, por ende, debe ser desechada de plano con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo vigente, y artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el promovente José Rosario Zavala Espinoza, carece de legitimación para promover a nombre de su hermano David Javier Zavala Espinoza, el presente juicio de garantías, por las razones que a continuación se exponen: El numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia establece: "El juicio de amparo es improcedente:.XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Por su estrecha vinculación, también conviene citar los preceptos 11, 14 y 15, del ordenamiento legal citado que disponen: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido." En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.". " Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. [...]". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Finalmente, el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Articulo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (...)" De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías consiste en que siempre debe ser promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos invocados. En la especie, de la demanda de garantías de que se trata, no se advierte que se esté en presencia de uno de los supuestos a que aluden los multicitados artículos, para la procedencia de la presentación de la demanda por conducto de un tercero, pues si bien el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías podrá ser promovido por conducto de representante, lo cierto es, que dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculado con los artículos 11, 14 y 15 de la ley de la materia. En materia penal existen tres supuestos en que la demanda de garantías puede promoverse por persona distinta al quejoso: a) Cuando el representante afirme tener el carácter con que se ostenta, en términos del artículo 11 transcrito. b) Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal (artículo 16). c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; pero, con la salvedad de que el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo (artículo 15). En ese sentido, José Rosario Zavala Espinoza, quien refiere promover en favor de David Javier Zavala Espinoza, únicamente hizo alusión a que es hermano del directo quejoso, en su caso, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social en La Paz, Baja California Sur, y reclama en su representación, el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente SIPE 1525/2017, por el que se determina desechar el incidente de libertad anticipada. En razón de lo anterior, del escrito inicial de demanda no se advierte que en el presente caso pueda actualizarse el tercero de los supuestos enunciados; cuenta habida que no se advierte que el quejoso se encuentre impedido para hacer valer la acción de garantías por sí mismo; con independencia de que se encuentre recluido, en virtud de que esa circunstancia no lo imposibilita para signar la demanda de garantías por su propio derecho, de ahí que, es inconcuso que para efectos de la tramitación de este juicio, quien suscribe la demanda no está legitimado para promover el juicio de amparo a nombre o representación del quejoso, máxime que no se está ante la presencia de uno de los actos señalados por dicho artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el 22 constitucional. En efecto, si bien es cierto, el promovente refiere que su hermano está imposibilitado para promover la demanda de amparo, en razón de que se encuentra interno, ese hecho no es razón suficiente para considerar dicha imposibilidad; es decir, para que otra persona pueda promover una demanda de amparo en representación de otra, deben reclamarse actos relativos a los que establece el artículo 15 de la ley de la materia transcrito con antelación y, en el caso, se advierte que el acto reclamado consistente en el auto que desechamiento del incidente de libertad preparatoria que refiere el promovente, no encuadra en los supuestos legales a los que se ha hecho referencia; por tanto, la presente demanda solamente la puede promover el directamente quejoso, o bien, su representante legal, quién en todo caso debe exhibir el poder respectivo expedido ante fedatario público, para poder promover en representación del directo quejoso. Se insiste, a riesgo de ser repetitivo, se sostiene lo anterior, pues de los antecedentes reseñados no se advierte que el inconforme se encuentre imposibilitado para hacer valer la acción constitucional; circunstancia que efectivamente le permitiría que fuera diversa persona quien, en su representación, promoviera el presente juicio, esto, en apego irrestricto de los preceptos legales que ya se citaron, ya que no se aprecia que esté incomunicado, o algún motivo por el que esté impedido para firmar la demanda de garantías y hacerla llegar a este órgano de control constitucional por conducto de representantes legales o cualquier persona; esto, se insiste, porque no se aprecia que se encuentre imposibilitado ni física, ni legalmente para hacerla llegar por conducto de un tercero, pues se reitera que el artículo 15 de la Ley de Amparo, prevé como excepción para que otra persona pueda promover a nombre del directamente agraviado, sólo cuando se encuentre imposibilitado para ello, y en el caso no se advierte dicha situación. Adicionalmente, como ya se dijo, tampoco reclama actos inminentes que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues el acto reclamado se hace consistir en el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente SIPE 1525/2017, por el que se determina desechar el incidente de libertad anticipada; razón por la que se estima que no se actualizan los extremos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de que el quejoso se encuentre privado de su libertad con motivo de la privación de libertad dictada en su contra, pues por ese sólo hecho no se ubica en las hipótesis contenidas en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2ª./J.75/97, visible en la página 351, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1998, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". También es aplicable, por los motivos que la informan, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 473 del tomo XV-II, Febrero de 1995, cuyo rubro y texto refieren: "PROGENITOR DEL SENTENCIADO, NO SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE AQUEL. En efecto, el progenitor del sentenciado no se encuentra legitimado para interponer demanda de amparo, pues si bien es verdad que conforme a lo previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo: "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal." Sin embargo, aun cuando tenga el carácter de progenitor del quejoso, ello no lo legitima para pedir el amparo en su nombre, pues no es su representante legal ni su defensor, tampoco se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis del artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en razón de que el directamente agraviado no está imposibilitado para promover el amparo, pues si de autos se advierte que tiene asignado defensor reconocido, esto legalmente por la autoridad correspondiente, por lo que la demanda de amparo deberá desecharse por carecer el progenitor de legitimación "ad causam"." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 2076 del tomo LXXIII, cuyo rubro y texto refieren: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 6° aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es, desechar de plano la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 113, del ordenamiento legal en cita. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Ejido Luisiana, Calle Francisco Lugo sin número, Poste número 43, Ahome, Sinaloa.
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