David Vallejo Perez

Expediente 331/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
331/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • David Vallejo Perez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio 332-D (por el que se le remitió el juicio de amparo 331/2018-D) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por la suscrita Juzgadora y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por David Vallejo Pérez. Ahora bien, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno de antecedentes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 331/2018-D. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por David Vallejo Pérez; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, David Vallejo Pérez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: "IlI.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORA: 1.- C. Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. (.) EJECUTORAS: El C. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la ciudad de Puebla, y elementos a su mando. (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A).- De la ordenadora responsable reclamo la ilegal orden de arresto que decretó en mi contra, mediante proveído de fecha cuatro de abril del presente año, dentro del expediente número 383/2015. B).- De las autoridades ejecutoras reclamo la ejecución que pretenden darle a la ilegal orden de arresto dictada en mi contra por la ordenadora responsable". Ahora bien, en el capítulo de hechos manifiesta lo siguiente: "(.) 1º.- En el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, se tramita el juicio relativo a la guarda y custodia de mi menor hija CAMILA VALLEJO FLORES, bajo el expediente número 383/2015. 2.- Por ejecutoria de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, dictada por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del expediente R 392/2016, la Justicia Federal me otorgó su amparo y protección en contra de los actos que reclamé del Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, dentro del expediente 383/2015, en los siguientes términos, y cito: (.) 5.- Por auto de fecha trece de marzo del año en curso, dictada por el C. Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, dentro del expediente número 383/2015, la hoy responsable pretendió darle cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 972/20l7 por el C. Juez Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Para lo cual, señaló una diligencia para las doce horas, del día cuatro de abril del año que corre, a efecto de que el suscrito restituyera la guarda y custodia de mi menor hija, a la señora María Celia Flores Ortega, apercibiéndome con un arresto hasta por treinta y seis horas, en caso de negativa de mi parte. (.) 6.- Mediante mi escrito de fecha dos de abril, presentado ante el C. Juez Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del expediente 972/2017, contesté la vista al auto de fecha trece de marzo del año en curso, dictada por el C. Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, dentro del expediente número 383/2015; en los siguientes términos, y cito: (.)" Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atenta la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, el promovente de amparo reclama al Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, la orden de arresto decretada mediante auto de cuatro de abril del año en curso, en el expediente 383/2015, de su estadística; ello no significa que dicho acto sea naturaleza penal, puesto que, acorde a los hechos o antecedentes del acto reclamado vertidos, bajo protesta de decir verdad, por el peticionario de amparo, se desprende que dicha orden fue emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 972/2017, del índice del Juez Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para hacer cumplir sus determinaciones sobre la convivencia de la menor de edad con sus progenitores. En efecto, el acto reclamado fue emitido fuera de un procedimiento penal, ya que se trata de una medida de apremio derivada de un proceso civil. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZON DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar de plano la suspensión del acto reclamado, toda vez que a criterio de la suscrita el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues no consiste en actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el inmueble número mil veinte, de la calle veintisiete A Norte, colonia San Alejandro, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 331/2018-D. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por David Vallejo Pérez; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, David Vallejo Pérez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: "IlI.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORA: 1.- C. Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. (.) EJECUTORAS: El C. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la ciudad de Puebla, y elementos a su mando. (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A).- De la ordenadora responsable reclamo la ilegal orden de arresto que decretó en mi contra, mediante proveído de fecha cuatro de abril del presente año, dentro del expediente número 383/2015. B).- De las autoridades ejecutoras reclamo la ejecución que pretenden darle a la ilegal orden de arresto dictada en mi contra por la ordenadora responsable". Ahora bien, en el capítulo de hechos manifiesta lo siguiente: "(.) 1º.- En el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, se tramita el juicio relativo a la guarda y custodia de mi menor hija CAMILA VALLEJO FLORES, bajo el expediente número 383/2015. 2.- Por ejecutoria de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, dictada por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dentro del expediente R 392/2016, la Justicia Federal me otorgó su amparo y protección en contra de los actos que reclamé del Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, dentro del expediente 383/2015, en los siguientes términos, y cito: (.) 5.- Por auto de fecha trece de marzo del año en curso, dictada por el C. Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, dentro del expediente número 383/2015, la hoy responsable pretendió darle cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 972/20l7 por el C. Juez Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Para lo cual, señaló una diligencia para las doce horas, del día cuatro de abril del año que corre, a efecto de que el suscrito restituyera la guarda y custodia de mi menor hija, a la señora María Celia Flores Ortega, apercibiéndome con un arresto hasta por treinta y seis horas, en caso de negativa de mi parte. (.) 6.- Mediante mi escrito de fecha dos de abril, presentado ante el C. Juez Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del expediente 972/2017, contesté la vista al auto de fecha trece de marzo del año en curso, dictada por el C. Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, dentro del expediente número 383/2015; en los siguientes términos, y cito: (.)" Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atenta la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, el promovente de amparo reclama al Juez Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, la orden de arresto decretada mediante auto de cuatro de abril del año en curso, en el expediente 383/2015, de su estadística; ello no significa que dicho acto sea naturaleza penal, puesto que, acorde a los hechos o antecedentes del acto reclamado vertidos, bajo protesta de decir verdad, por el peticionario de amparo, se desprende que dicha orden fue emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 972/2017, del índice del Juez Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para hacer cumplir sus determinaciones sobre la convivencia de la menor de edad con sus progenitores. En efecto, el acto reclamado fue emitido fuera de un procedimiento penal, ya que se trata de una medida de apremio derivada de un proceso civil. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZON DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar de plano la suspensión del acto reclamado, toda vez que a criterio de la suscrita el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues no consiste en actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el inmueble número mil veinte, de la calle veintisiete A Norte, colonia San Alejandro, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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