David Sandoval Pineda
Expediente 813/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- David Sandoval Pineda
- DAVID SANDOVAL PINEDA y Otros.
- Juez de Control de la Región Judicial Oriente del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, Puebla
- GILBERTO YHAIR LÓPEZ HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el siete de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del siete al veintisiete de julio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Oriente del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla (anexo I), en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo, y requiérase para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS TERCERO INTERESADA VÍCTIMA 2. A.R.S. Y VÍCTIMA 3. G.Y.L.H. TERCERO INTERESADO LA RESOLUCIÓN DE 07 DE JUNIO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 648 a 671), se sobreseyó en parte y se negó en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revisión (foja 836); del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-388/2016 (fojas 1024 a 1092), resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, respecto de los actos y autoridades señalados en el resultando primero, y en términos del considerando sexto de este fallo. TERCERO. Para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de este fallo." Así, mediante auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 1093 a 1096), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la jueza responsable, cuyos efectos son: (.) En esas condiciones, al advertirse la violación al procedimiento penal acusatorio invocada, la cual efectivamente trasciende de los quejosos, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos: Que el juez de control señalado como responsable deje sin efectos el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 662/2016 del índice del Juzgado de Control de la Región Oriente del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla. Una vez hecho lo anterior, y previa citación legal de las partes, reponga la audiencia inicial a partir de que se cometió la violación analizada en la presente ejecutoria, consistente en la manifiesta incapacidad técnica de los defensores, y en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevenga a los imputados a fin de que designen a otros defensores, y previo desarrollo de la citada audiencia, con plenitud de jurisdicción, emita la resolución de término constitucional que en derecho corresponda. (.) Ahora bien, mediante oficio JOPS/225/2017 de nueve de mayo de dos mil diecisiete remitido vía correo electrónico (fojas 1102 1123), se tuvo a la Jueza de Control de Ciudad Serdán, Puebla, remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias emitidas en la causa penal 662/2016 de su índice, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de vinculación proceso reclamado de once de mayo de dos mil dieciséis. - Ordenó reponer la audiencia inicial, por lo que previa citación de los aquí quejosos David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, realizaron la designación de nuevos defensores particulares hecha a favor de los licenciados Edgar Muñoz Flores y Rosalía Juárez Álvarez, quienes son distintos de aquellos que los habían asistido en la audiencia inicial de la que derivó el acto reclamado. - Señaló las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, para la audiencia de vinculación a proceso. Información que se corrobora con el disco versátil digital (DVD), que dicha autoridad remitió vía ordinaria (fojas 1127 a 1139). Por similar JOPS/242/2017 de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (fojas 1149 a 1151), se tuvo a la jueza responsable remitiendo a esta autoridad un disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de vinculación a proceso, desahogada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Lo cual se corrobora con la versión escrita de dicha audiencia que mediante oficio JOPS/260/2017, remitió a esta órgano jurisdiccional la jueza responsable (fojas 1156 a 1176). Determinación de la cual se advierte que, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida a la jueza de la causa, volvió a resolver la situación jurídica de los quejosos David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez. Decretando en contra del amparista David Sandoval Pineda, auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de alojamiento con fines de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 10, fracción III y 42, fracción IX de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de A.R.S. y L.N.J.A. Asimismo, decretó contra los quejosos David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, por razón del ejercicio de prostitución y exhibiciones públicas y privadas, previsto y sancionado por los artículos 13, fracción IV y 42, fracción IX de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de J.Y.L.H., A.R.S., J.C.S., y L.M.J.A. Documental y discos compactos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 648 a 671), se sobreseyó en parte y se negó en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revisión (foja 836); del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-388/2016 (fojas 1024 a 1092), resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, respecto de los actos y autoridades señalados en el resultando primero, y en términos del considerando sexto de este fallo. TERCERO. Para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de este fallo." Así, mediante auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 1093 a 1096), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la jueza responsable, cuyos efectos son: (.) En esas condiciones, al advertirse la violación al procedimiento penal acusatorio invocada, la cual efectivamente trasciende de los quejosos, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos: Que el juez de control señalado como responsable deje sin efectos el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 662/2016 del índice del Juzgado de Control de la Región Oriente del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla. Una vez hecho lo anterior, y previa citación legal de las partes, reponga la audiencia inicial a partir de que se cometió la violación analizada en la presente ejecutoria, consistente en la manifiesta incapacidad técnica de los defensores, y en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevenga a los imputados a fin de que designen a otros defensores, y previo desarrollo de la citada audiencia, con plenitud de jurisdicción, emita la resolución de término constitucional que en derecho corresponda. (.) Ahora bien, mediante oficio JOPS/225/2017 de nueve de mayo de dos mil diecisiete remitido vía correo electrónico (fojas 1102 1123), se tuvo a la Jueza de Control de Ciudad Serdán, Puebla, remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias emitidas en la causa penal 662/2016 de su índice, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de vinculación proceso reclamado de once de mayo de dos mil dieciséis. - Ordenó reponer la audiencia inicial, por lo que previa citación de los aquí quejosos David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, realizaron la designación de nuevos defensores particulares hecha a favor de los licenciados Edgar Muñoz Flores y Rosalía Juárez Álvarez, quienes son distintos de aquellos que los habían asistido en la audiencia inicial de la que derivó el acto reclamado. - Señaló las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, para la audiencia de vinculación a proceso. Información que se corrobora con el disco versátil digital (DVD), que dicha autoridad remitió vía ordinaria (fojas 1127 a 1139). Por similar JOPS/242/2017 de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (fojas 1149 a 1151), se tuvo a la jueza responsable remitiendo a esta autoridad un disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de vinculación a proceso, desahogada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Lo cual se corrobora con la versión escrita de dicha audiencia que mediante oficio JOPS/260/2017, remitió a esta órgano jurisdiccional la jueza responsable (fojas 1156 a 1176). Determinación de la cual se advierte que, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida a la jueza de la causa, volvió a resolver la situación jurídica de los quejosos David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez. Decretando en contra del amparista David Sandoval Pineda, auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de alojamiento con fines de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 10, fracción III y 42, fracción IX de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de A.R.S. y L.N.J.A. Asimismo, decretó contra los quejosos David Sandoval Pineda, José Gonzalo Martínez Ortiz y Marcial Valencia Juárez, auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, por razón del ejercicio de prostitución y exhibiciones públicas y privadas, previsto y sancionado por los artículos 13, fracción IV y 42, fracción IX de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de J.Y.L.H., A.R.S., J.C.S., y L.M.J.A. Documental y discos compactos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control de Ciudad Serdán, Puebla, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada deducida de la versión escrita de las determinaciones emitidas en la audiencia realizada el dieciséis de mayo pasado, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de diecinueve de mayo pasado se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por otro lado, téngase a la autoridad oficiante, comunicando el cambio de titular de dicho juzgado, de lo que toma conocimiento la suscrita jueza federal para los efectos legales a que hay lugar. Finalmente, agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio CUMP. 1061-8 dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control de la Región Judicial Oriente del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla con la leyenda "devuelto por haber cumplido el término de ley"; sin embargo, de las constancias que integran este expediente, se advierte que la referida autoridad sí fue emplazada al presente sumario constitucional con esa denominación (foja 81); por lo tanto, ante la negativa de recibir el oficio en comento, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la referida notificación, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: No. Registro: 178,687 Tesis aislada Materia(s): Laboral Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005 Tesis: V.4o.2 K Página: 1439 NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo. CÚMPLASE.
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