David Valencia Chávez
Expediente 1304/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- David Valencia Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del sise, la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, concedido a la parte quejosa para que cumpliera con la prevención contenida en proveído de nueve de diciembre del año en curso, sin que lo haya realizado. En consecuencia, al no deshogar el requerimiento en cita y por ende, no señalar como responsable a ninguna autoridad residente en el Estado de Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distritos con sede en Morelia y Uruapan, resulta inconcuso que este juzgador pueda conocer sobre la presente demanda de amparo. Ahora bien, el promovente señala como acto reclamado el siguiente: La orden de aprehensión o de comparecencia, dictada en contra del quejoso, decretada por el Juez Quinto de lo Penal en el Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, dentro del proceso penal 342/2015-A-S. Ahora bien, sentado lo anterior y al tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito examina su competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora es conveniente traer a colación los siguientes criterios jurisprudenciales. Jurisprudencia 1a./J. 52/2013, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro XXIII, Tomo 1, página 383, de Agosto de 2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004166, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Jurisprudencia 1a. /J. 12/95. pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo II, página 97, de Septiembre de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200455, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Los anteriores criterios permiten sostener que si el domicilio del quejoso no finca competencia, lo que sí la puede fijar es la residencia que tengan las autoridades responsables ejecutoras, por lo que en la especie si la parte quejosa señala como ejecutoras a diversas autoridades dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, lo propio es sostener que quien deba ser competente es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Zapopan, Jalisco. En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es claro que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Zapopan, Jalisco, en turno, ya que de acuerdo a la regla contenida en el primer párrafo del citado precepto, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. No es óbice a lo anterior, que de la demanda de amparo se advierta que el quejoso tiene residencia en Jacona, Michoacán, lugar en el que pudiera ejecutarse la orden de aprehensión; sin embargo, toda vez que este órgano jurisdiccional previno a la parte quejosa a fin de que señalara autoridades responsables en ese municipio, en el cual ejerce jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, lo cierto es que el quejoso no desahogó la prevención y únicamente existen autoridades responsables residentes en el Estado de Jalisco. Ahora bien, no debe pasarse por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia reiterada y con base en datos objetivos para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, ha consagrado el principio de evitar que se deje al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia para conocer de la demanda de amparo. Estimar lo contrario, equivaldría dejar al arbitrio del quejoso la competencia para conocer de los juicios de amparo, lo cual no es acorde con los lineamientos que sobre el tema ha establecido el Máximo Tribunal del País. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en la página 46, junio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material." Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Zapopan, Jalisco, en turno. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con motivo de la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, lo cual se ruega realice a través de los sistemas de interconexión vía el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, o en caso de no aceptar la competencia, se sirva remitirla vía Estafeta a la brevedad posible. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del sise, la sentencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que no acepta la competencia plantead por este juzgado y remite los autos originales del juicio de amparo 620/2019. La juez homóloga señala que no acepta la competencia planteada por este juzgado por las siguientes razones: "(.) Sin embargo, del criterio jurisprudencial citado, también se obtiene que si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que lo pretenden detener en determinado lugar, que no corresponde a la circunscripción territorial del juez de Distrito ante quien se presenta ese escrito inicial, resulta inconcuso que aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por la referida Juzgadora, aclare su demanda y en su caso, haga el señalamiento condigno y que tal prevención es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Así, si bien el quejoso refiere que la orden de aprehensión y/o comparecencia se pretende ejecutar en Jacona, Michoacán, lugar en donde se encuentra su domicilio particular, esa circunstancia es insuficiente para fincar competencia a un Juzgado de Distrito, con sede en esta localidad, pues como en la mencionada tesis jurisprudencial se puntualiza, la regla para determinar cuestiones de competencia cuando existan actos de ejecución, como en el presente caso acontece, también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio donde se pretende materializar el acto reclamado, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar la competencia; de ahí que, cuando no se designe a ninguna autoridad ejecutora que radique en el lugar donde se encuentra el domicilio de la promovente, lo dable es prevenirla para que aclare su demanda y, en su caso, haga el señalamiento condigno y sólo hasta entonces podrá determinarse a qué órgano jurisdiccional de amparo corresponde el conocimiento de la demanda de garantías. En efecto, en la citada jurisprudencia, también se precisa que el domicilio de la parte quejosa no determina la competencia del juez de Distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha modificado su criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 12/95, visible en la página 97, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Así como la tesis aislada 1a. III/92 número 39, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, Tomo VII, Conflictos Competenciales, Precedentes Relevantes, Materia Penal, página 31, que establece: "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, no es dable aceptar la competencia que plantea la Secretaria encargada del despacho del Juzgado declinante, pues como se anotó, no se advierte que se haya prevenido al quejoso para que aclarara su demanda, a efecto de que manifestara, en su caso, sí deseaba señalar alguna autoridad con residencia en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, a quien se le atribuya la ejecución del acto reclamado y que efectivamente la haya designado como responsable. Por tanto, la suscrita juzgadora estima que carece de competencia legal para conocer y resolver la demanda de garantías de cuenta; de ahí que, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de amparo, devuélvase dicho escrito inicial de demanda y copias de traslado correspondientes, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, el titular del mencionado órgano jurisdiccional remitente determine si insiste o no en declinar su competencia. El criterio antes determinado, fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el conflicto competencial 18/2014, suscitado entre este Tribunal y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, residente en esa ciudad capital, con motivo de la tramitación de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo III-813/2014, del índice de ese órgano jurisdiccional, de la que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, no se aceptó la competencia planteada; lo anterior, al existir idénticas razones a las expuestas en párrafos precedentes. (.)" En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional reasume competencia provisionalmente. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente David Valencia Chávez, acude a esta instancia constitucional por propio derecho, y señala como acto reclamado la orden de aprehensión pronunciada en su contra dentro del proceso penal 342/2015-A-S, dictada por el Juez Quinto de lo Penal en el Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, y como autoridades responsables al citado juez y al Fiscal General, Comisario y/o Coordinador de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía y al Comisario y/o Coordinador de la Policía Investigadora, las anteriores autoridades de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 108, fracciones I y V, 110 y 114, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, bajo protesta de decir verdad y advertida de las sanciones a que se hace acreedor quien afirma hechos falsos u omite los que le constan, previstas en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado, realice lo siguiente: Manifieste si desea señalar a alguna autoridad ejecutora residente en el municipio de Jacona, Michoacán. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento precisado, se proveerá lo que en derecho corresponda. Requerimiento que es esencial para establecer la competencia y de esta forma determinar que órgano jurisdiccional es el idóneo para conocer del presente juicio de amparo, obligación que deberá cumplir cabal y exclusivamente quien suscribe la demanda de amparo y no así sus autorizados, y manifestándolo bajo protesta de decir verdad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J.106/2003, consultable en la página ciento treinta y tres del tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre dos mil tres, materia común, novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda.". Robustece a lo anterior, la jurisprudencia P./J.127/1999 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página treinta y dos del tomo X, materia común de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, con número de registro 192843, de rubro y texto siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Notifíquese por lista, mediante oficio a la autoridad respectiva y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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