David Reyes Ramirez

Expediente 265/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
265/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • David Reyes Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.****************************************En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de ser conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 24 y 29 del aludido Acuerdo General.****************************************Ahora bien, por lo que ve al incidente de suspensión es susceptible de ser conservable, con fundamento en el artículo 17, inciso b), fracción III, del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió la medida cautelar solicitada.****************************************Por otra parte, se ordena devolver a la autoridad responsable el disco compacto que remitió al presente juicio, por considerar innecesaria su retención.****************************************Finalmente, para el caso de que al actuario de este juzgado no le sea posible entregar los oficios relativos al presente auto, con motivo de que las autoridades respectivas se encuentren en periodo vacacional, se le comisiona para que queden bajo su resguardo y una vez que reanuden labores, realice su entrega.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la responsable.****************************************Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 29 de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 265/2023, promovido por David Reyes Ramírez, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, David Reyes Ramírez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y de otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a este juzgado federal, se registró bajo el número 265/2023, y en auto de ocho de marzo del año en curso, se admitió a trámite; se pidieron los informes justificados a las responsables; y, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. En auto de veintiocho de marzo del año en curso, se reconoció el carácter de terceros interesados a las personas que se indica, quienes quedaron emplazadas en los términos que se refiere: L.A.R.V., menor de edad con identidad reservada, en su calidad de víctima directa del delito; Jorge Antonio Arriola Ortiz, en su calidad de asesor jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; y, Luis Felipe Cedeño Ortiz, Agente del Ministerio Público que formuló la solicitud de orden de aprehensión. Seguido el juicio por sus trámites legales, el cinco de junio de este año se verificó la celebración de la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la orden de aprehensión reclamada es susceptible de tener ejecución material en el ámbito territorial sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado y las autoridades responsables son: Autoridades responsables: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; 2. Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado; y, 3. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado. Las tres con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: *La orden de aprehensión dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés, en contra del quejoso David Reyes Ramírez, dentro de la causa penal 179/2023, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años, en perjuicio de la menor L.A.R.V. y su ejecución. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las tres autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, visibles en las fojas 30, 26 y 22; lo que se corrobora con el disco magnético que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, en el que obra la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión desahogada el quince de febrero de la anualidad que transcurre. Probanza que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de fondo. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." El peticionario de amparo manifiesta en esencia, que la orden de aprehensión dictada en su contra carece de la debida y suficiente fundamentación, ya que no existen datos que hagan probable su responsabilidad penal. Como ya se adelantó dicho concepto de violación devienen infundado. Para dar sustento a la premisa anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido de los artículos 14, 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Que el mandamiento se emita por autoridad competente. El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, esto es, Fernando Hernández Hernández, Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Se estima lo anterior, porque la autoridad responsable fundó su competencia [Min 13:17] para emitir la orden de aprehensión reclamada, en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello además, tomando en consideración que los hechos delictivos acontecieron en esta ciudad de Morelia, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control de la Región Morelia, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. Que preceda querella o denuncia. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, se cumplió en el caso, ya que la carpeta de investigación que se integró en contra de David Reyes Martínez, se inició con motivo de la denuncia presentada por Alondra Velázquez Aguilar, en su calidad de madre y representante legítima de la menor L.A.R.V. Que los datos de prueba expuestos por el fiscal, determinen la acreditación de un hecho señalado por la ley como delito. Para justificar que se actualiza el cumplimiento del requisito del inciso c), es importante mencionar que los numerales que prevén y sancionan el hecho delictivo de abuso sexual en persona menor de dieciséis años de edad, son el artículo 167 en relación con los preceptos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 167. Abuso sexual de personas menores de dieciséis años de edad A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciséis años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la haga observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. Si se hiciera uso de la violencia física o psicológica la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 19. Delito instantáneo, permanente y continuado Atendiendo al momento de la consumación del resultado típico, el delito puede ser: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos del tipo penal; (.) Artículo 20. Principio de imputación subjetiva Las acciones u omisiones delictivas únicamente pueden cometerse dolosa o culposamente, así: I. Actúa dolosamente quien, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización o este es consecuencia necesaria de la conducta realizada; y, (.) Artículo 24. Autores o participes del delito Son autores o partícipes del delito: I. Los que acuerden o preparen su realización; II. Los que lo realicen por sí; (.)" A fin de afirmar que efectivamente existe un hecho previsto y sancionado por los numerales transcritos, los datos expuestos por el Ministerio Público, son los siguientes: 1. Min. 1:58, Denuncia presentada por Alondra Velázquez Aguilar, el doce de octubre de dos mil veintidós, en la que toralmente expresó que: En el mes de agosto de dos mil veintidós, cerca de las ocho horas ella se dirigía a su trabajo, que recibió una llamada de parte de su patrona, y ésta le informó que ese día no iban a trabajar, por lo que se regresó a su casa en donde vivía con David Reyes Ramírez, y que cuando ella regresó se percató de que la puerta estaba abierta y se pasó a la casa, y se dirigió hacia el cuarto donde dormía ella con David, y vio a su menor hija L.A.R.V., que estaba recostada en la cama con su pantalón y calzones abajo, así como que David Reyes estaba parado enfrente de ella con sus pantalones y bóxer abajo, que vio estaba agarrando su pene y que vio que su menor hija se estaba tapando su carita con sus manos. Que al ver eso se acercó a donde ellos estaban y que empujó a David Reyes Ramírez, que fue por sus otros hijos que tiene, que tomó sus cosas y que se salió del domicilio, yéndose a vivir a la casa de su madre. Que la niña le contó a su madre Emma y a una hermana de nombre María Magdalena Velázquez Aguilar, que David tenía tiempo haciéndole daño y que la lastimaba en sus partes con sus manos, con su pene, pero que no le había dicho porque David Reyes Ramírez la amenazaba con hacerle daño a ella o a sus demás hijos y que ellas, le dijeron lo que estaba pasando con su menor hija y que por eso acudió a realizar la denuncia. 2. Min. 4:04, Copia del Curp de la menor L.A.R.V., de la que se desprende que la menor víctima nació el once de agosto de dos mil quince; 3. Min. 4:09, Entrevista de la menor L.A.R.V., de data doce de octubre de dos mil veintidós, en la cual en esencia señaló que: Tiene siete años de edad, que nació el once de agosto sin recordar el año, que vive con su madre Alondra y su abuela Emma, que ella antes vivía con David, a quien le decía "chito", que chito era su padre y que cuando vivían con él, le pegaba a su madre y a ella también. Que un día su madre la sacó de la casa en donde vivían con chito, que no sabe por qué pero que ese día se fueron a vivir con su abuela, sus primos y una tía de ella de nombre maría; que chito la lastimaba de sus partes, que le agarraba su cola y sus pompis con sus dos manos, que a veces lo hacía cuando ella tenía su calzón puesto y otras veces cuando ella no tenía calzón. Que la llevaba al cuarto donde todos dormían, que la acostaba en la cama, que se ponía enfrente de ella y que le bajaba su pantalón y su calzón; que eso lo hacía cuando su madre se iba a trabajar, que él también se bajaba su pantalón y sus calzones y que se subía arriba de ella y que la aplastaba. Que ella le decía que la dejara pero que también le decía que no le dijera a nadie de lo que le hacía. Que eso se lo hizo muchas veces y que la última vez fue el día que dejaron de vivir con chito. Que ese día su madre se fue a trabajar temprano como siempre y que ya que se había ido, y que no recuerda dónde estaba pero que chito la cargó y que la acostó en la cama y que le bajó su pantalón y sus calzones y que vio que se desabrochó su pantalón y que vio que se sacó su cosa por donde hace pipi. Que ella se tapó la cara para no verlo sin ropa y que comenzó a sentir como pasaba su cosa en su colita y que también sintió como le tocaba la misma con su mano y que esa fue la última vez que lo hizo, porque ya después se fueron a vivir a la casa de su abuela Emma. Que ella le contó a su abuela Emma y a su tía María, lo que chito le hacía y que ellas le dijeron a su madre y que por eso la habían llevado a que rindiera su entrevista; 4. Min. 6:20 entrevista de María Magdalena Velázquez Aguilar, de trece de octubre de dos mil veintidós; 5. Min. 6:39 entrevista de Emma Aguilar Villa, de trece de octubre de dos mil veintidós; 6. Min. 6:40 entrevista de María Magdalena Velázquez Aguilar, de trece de octubre de dos mil veintidós; y, 7. Min. 7:20 dictamen al lugar de los hechos realizado el doce de octubre de dos mil veintidós, que corrobora la existencia del mismo en el Andador Alpiste 28, de la colonia 12 de Diciembre, de esta ciudad. Datos de prueba que el juez responsable estimó que resultaban aptos, idóneos y suficientes para justificar el hecho anunciado por el ministerio público, que lo llevaron a concluir medularmente que, el quejoso David Reyes Ramírez, era padrastro de la menor de iniciales L.A.R.V. ya que tenía una relación sentimental con la madre de la víctima de nombre Alondra Velázquez Aguilar y tenían su domicilio ubicado en Andador Alpiste número 28, colonia 12 de diciembre en Morelia, Michoacán; que en el mes de agosto de dos mil veintidós, en ese domicilio, se encontraban solos la víctima quien contaba con la edad de siete años y David Reyes Ramírez, en un momento dado se acercó a la víctima, la cargó, la llevó al cuarto a donde dormían y la acostó en una cama, le bajó el pantalón y la ropa interior, y que él se desabrochó el pantalón y sacó su pene; que la víctima se tapó la cara para no verlo y que él estaba sin ropa, y que la niña sintió como el quejoso pasaba su pene en su vagina y del mismo modo como con una de sus manos le tocaba la vagina siendo sorprendido por la madre de la víctima. Lo anterior, principalmente conforme a lo manifestado por la madre de la menor, por la menor víctima del delito, así como por la abuela y la tía de la niña. En concordancia con lo anterior, debe decirse que el juez responsable en forma correcta tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual en persona menor de 16 años de edad, previsto y sancionado por el artículo 167 en relación con los preceptos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán, toda vez que con los datos de prueba se demostró que el quejoso ejecutó un acto sexual en perjuicio de la menor de iniciales L.A.R.V., quien se demostró que en la época de los hechos tenía siete años de edad, de acuerdo a la impresión del curp. Clasificación jurídica que además se comparte, en la medida que hasta este momento no está acreditado que el mismo se hubiera ejecutado con el propósito de llegar a la cópula, ya que de la declaración de la niña se desprende que no hubo penetración, pues a decir de la menor, únicamente sintió como el quejoso pasaba su pene en su vagina y como con una de sus manos le tocaba la vagina; además, porque como dijo el juez, en las reiteradas ocasiones que la menor señaló fue víctima de este tipo de conductas, no manifestó que la hubiera penetrado, de tal forma que, señaló el resolutor, la aparente intención era satisfacer el deseo erótico, no así generar la cópula en perjuicio de la menor. Probable participación. El juez responsable correctamente estimó que la probable responsabilidad del quejoso, se acreditaba porque quien lo identifica es una persona con quien tenía una relación de parentesco de hecho, por ser padrastro de la menor víctima, y además, porque también lo identificó Alondra Velázquez Aguilar, quien fuera su pareja sentimental y por lo mismo, está acreditada su responsabilidad en cuanto autor material. Necesidad de cautela. En cuanto a la necesidad de cautela para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, precisó que se cumplía con el requisito exigido por el artículo 141 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que el quejoso evadió una orden de comparecencia; además, justificó la necesidad de la cautela, porque a decir de la madre del quejoso, por razones de trabajo el accionante del amparo, estaba fuera de la ciudad cuando se le fue a buscar con motivo de la orden de comparecencia; de modo que el juez responsable, motivó que la cautela se hacía necesaria, ya que aun cuando éste sabía que estaba citado para la celebración de la audiencia, consideró más importante el trabajo que acudir al llamado judicial. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este aspecto se reitera que el juez responsable consideró que los datos de prueba son suficientes para establecer razonablemente que el quejoso David Reyes Ramírez, en el mes de agosto de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en Andador Alpiste número 28, colonia 12 de diciembre en Morelia, Michoacán; al encontrarse solo con la víctima quien en ese momento contaba con la edad de siete años, se acercó a la niña, la cargó, la llevó al cuarto a donde dormía con Alondra Velázquez Aguilar y la acostó en una cama, le bajó el pantalón y la ropa interior, y él se desabrochó el pantalón y sacó su pene; en ese momento, la víctima se tapó la cara para no verlo, porque el quejoso estaba sin ropa, pero la niña pudo sentir como el quejoso pasaba su pene en su vagina y como con una de sus manos le tocaba la vagina siendo sorprendido por la propia Alondra Velázquez Aguilar, madre de la víctima. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por el quejoso el Juez responsable no vulneró las formalidades esenciales del procedimiento, además de que existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para emitir una orden de aprehensión en su contra, porque con los datos de prueba referidos por el fiscal se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de abuso sexual en persona menor de dieciséis años de edad, así como su probable intervención en su comisión. En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso David Reyes Ramírez, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a David Reyes Ramírez, contra los actos reclamados a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-265/2023-O. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con un disco compacto y las documentales allegadas por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia; así como con la constancia remitida por la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos de la representante social adscrita y se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán Maestro en Amparo José Ramón Rocha González

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