David Tapia Velez

Expediente 1394/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1394/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • David Tapia Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho, así también, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual se advierte remite las mismas constancias con las cuales se dio vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo tanto, se tiene por hecha su comunicación para los efectos legales conducentes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ". Respecto a las pruebas testimoniales, que ofrecieron las partes en la audiencia de dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho, la primera a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE, la segunda prueba testimonial a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA, deberán realizarse las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante diversos oficios y 985/2020, remitió respectivamente copias certificadas de las diligencias de veinticinco de febrero, veinticinco de marzo y treinta y uno de agosto, todos los meses del año dos mil veinte, declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE y mediante diligencias de trece de agosto, uno y veintisiete de agosto de dos mil veinte, decretó la deserción de la prueba testimonial y desistimiento de la última de ellas a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA; constancia estas última con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, toda vez que acreditó por diligencias de veinticinco de febrero, veinticinco de marzo y treinta y uno de agosto, todos los meses del año dos mil veinte, declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE y mediante diligencias de trece de agosto, uno y veintisiete de agosto de dos mil veinte, decretó la deserción de la prueba testimonial y desistimiento de la última de ellas a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA , todo ello, en el juicio laboral 01/88/2017; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable procediera al desahogo de las pruebas testimonial a cargocargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE, la segunda prueba testimonial a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA, o realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la responsable acreditó por diligencias de veinticinco de febrero, veinticinco de marzo y treinta y uno de agosto, todos los meses del año dos mil veinte, declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE y mediante diligencias de trece de agosto, uno y veintisiete de agosto de dos mil veinte, decretó la deserción de la prueba testimonial y desistimiento de la última de ellas a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA , todo ello, en el juicio laboral 01/88/2017, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho, así también, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual se advierte remite las mismas constancias con las cuales se dio vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo tanto, se tiene por hecha su comunicación para los efectos legales conducentes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ". Respecto a las pruebas testimoniales, que ofrecieron las partes en la audiencia de dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho, la primera a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE, la segunda prueba testimonial a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA, deberán realizarse las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante diversos oficios y 985/2020, remitió respectivamente copias certificadas de las diligencias de veinticinco de febrero, veinticinco de marzo y treinta y uno de agosto, todos los meses del año dos mil veinte, declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE y mediante diligencias de trece de agosto, uno y veintisiete de agosto de dos mil veinte, decretó la deserción de la prueba testimonial y desistimiento de la última de ellas a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA; constancia estas última con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, toda vez que acreditó por diligencias de veinticinco de febrero, veinticinco de marzo y treinta y uno de agosto, todos los meses del año dos mil veinte, declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE y mediante diligencias de trece de agosto, uno y veintisiete de agosto de dos mil veinte, decretó la deserción de la prueba testimonial y desistimiento de la última de ellas a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA , todo ello, en el juicio laboral 01/88/2017; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable procediera al desahogo de las pruebas testimonial a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE, la segunda prueba testimonial a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA, o realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la responsable acreditó por diligencias de veinticinco de febrero, veinticinco de marzo y treinta y uno de agosto, todos los meses del año dos mil veinte, declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo de MIGUEL ANGEL SALGADO SOTELO, FELIPE FUENTES SALGADO Y ROSALIO LOPEZ VALLE y mediante diligencias de trece de agosto, uno y veintisiete de agosto de dos mil veinte, decretó la deserción de la prueba testimonial y desistimiento de la última de ellas a cargo de ANASTACIO ANGELES MARIN, OSCAR FARIAS AGUIRRE, JUAN MANUEL ANGELES PERUSQUIA , todo ello, en el juicio laboral 01/88/2017, en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese Personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    QUE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA DAVID TAPIA VÉLEZ, COMPARECIERA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; EN CONSECUENCIA, SE LE NOTIFICA LA DETERMINACIÓN ALUDIDA, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA AFUERA DE LA SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, DELEGACIÓN MORELOS, ASÍ COMO EN LA LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO. Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese Personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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