David Sánchez Pastrana
Expediente 1793/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1793/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- David Sánchez Pastrana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, David Sánchez Pastrana solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jonacapetec, Actuario de su adscripción y Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales. Acto reclamado: ".Lo constituyen las sentencias incidentales de fechas treinta de abril y once de mayo, ambas del año dos mil dieciocho, relativas a los incidentes de ejecución forzosa de liquidación de pensiones alimenticias provisionales y definitivas.". SEGUNDO. Previo auto aclaratorio el nueve de enero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1793/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte. TERCERO. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal. CUARTO. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual le recayó auto de prevención y una vez desahogada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el medio de impugnación descrito. QUINTO. Con fecha quince de marzo de dos mil veintidós, se recibió oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remitió ejecutoria del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el que se resolvió lo siguiente: ".Ahora bien, este tribunal revisor considera que el juez A quo debió recabar el expediente 340/2017 relativo al juicio de modificación de cosa juzgada, el cual fue ofrecido en el incidente donde se le reclamó el pago de pensiones definitivas no cubiertas por el periodo de agosto de dos mil quince a enero de dos mil dieciocho; prueba admitida por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho; constancias que se estiman necesarias a efecto de analizar la legalidad de la resolución materia de esta revisión y, en vía de consecuencia, la constitucionalidad del fallo reclamado. .En virtud de lo anterior, se revoca la sentencia recurrida y se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1793/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que se recabe el expediente 340/2017 relativo al juicio de modificación de cosa juzgada, en el entendido que con base en dicho expediente, habrá de determinar hasta qué momento deberán cubrirse los alimentos definitivos.". SEXTO. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se recibieron los autos del amparo 1793/2019 y ejecutoria del amparo en revisión 148/2021, en cumplimiento se hizo el requerimiento correspondiente a la autoridad señalada como responsable para que remitiera los autos del expediente 340/2017 relativo al juicio de modificación de cosa juzgada y fue señalada fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: Las sentencias interlocutorias de treinta de abril y once de mayo, ambas de dos mil dieciocho, emitidas en el juicio de controversia familiar 370/2012-2, que cuantifican las pensiones alimenticias provisionales y definitivas respectivamente, adeudadas por el quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jonacapetec, Actuario de su adscripción (adhiere) y Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la primera, consistente en copia certificada de los expedientes formados con motivos de las incidencias planteadas derivadas del juicio familiar 370/2012-2, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso considera violados los artículos 1° 14 y 17 de la Constitución General de la República, al argumentar que para la tramitación de los incidentes de pago de alimentos provisionales que da origen a la sentencia que se combate el acreedor alimentista debió observar las formalidades y requisitos que se establece para la demanda es decir de cubrir y exhibir las pruebas con las que acredite sus hechos, de seguir estudiando, que a la fecha es mayor de edad, es decir que contara con un derecho para recibir alimentos. Sigue diciendo que la determinación de la responsable al considerar que en la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fue condenado a cubrir una pensión alimenticia por veinte mil pesos mensuales, que fue modificada con motivo del amparo directo 901/2014, de diecinueve de marzo de dos mil quince, que se pronunció otra donde considerando el acervo probatorio confirmó la resolución de primera instancia y se condenó al quejoso a cubrir una pensión por $20,000.00 pesos mensuales al acreedor alimentista, aplicando la suplencia de que queja por ser menor de edad, cuando ya no lo es, viola sus garantías constitucionales. Resolución que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la cual se advierten los antecedentes del juicio de origen, que concluyeron con la fijación de la pensión alimenticia mensual en la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100). También refiere que corresponde al acreedor alimentista la impugnación y en su caso promover la modificación de la pensión alimenticia de $1,000.00 pesos quincenales que se fijaron en el auto de radicación, por lo que al haber modificado la sentencia, incluso de hacerla retroactiva en su perjuicio, pasa por alto que en el auto de radicación dicha pensión provisional se fijó en la cantidad de mil pesos quincenales, por lo que el juez debió analizar si la pretensión del acreedor alimentista estaba vigente. Refuta también, que no es cierto que se le deba condenar al pago de $20,000.00 pesos mensuales, desde el mes de septiembre de dos mil doce, cuando fue condenado en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, de ahí que se le pretenda aplicar un pago de pensión de manera retroactiva. Que le causa perjuicio las resoluciones incidentales provisional y definitiva, por falta de legitimación activa, la de acción, derecho y la de prescripción, que por ser de orden público y por ende el juez debió entrar al estudio de las mismas al momento de resolver. Antes de proceder al estudio de los motivos de disenso vertidos por David Sánchez Pastrana, es conveniente anticipar que, en la especie, no se suplirá la deficiencia de los conceptos de violación, habida cuenta que el caso no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni se advierte la existencia de una violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa al quejoso. Por tanto, en atención al principio de estricto derecho que rige en materia civil, el análisis de los actos reclamados se ceñirá estrictamente a los conceptos de violación contenidos en el escrito de demanda, ante la imposibilidad de suplir la queja deficiente. Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer para ambos incidentes reclamados de pago de alimentos vencidos y no pagados tanto provisional y definitivos resultan inoperantes en base a las siguientes consideraciones. Previo al estudio de los conceptos de violación, es oportuno hacer una breve relación de los antecedentes más relevantes, que se desprenden de constancias, a saber: 1. Por escrito de tres de noviembre de dos mil dieciséis, Daniel Sánchez Sánchez, promovió incidente de ejecución contra el demandado alimentista por no haber dado cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, que la responsable admitió el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis. 2. Por escrito de dos de febrero de dos mil diecisiete, el demandado incidentista David Sánchez Pastrana, contestó la demanda incidental, que fue admitida en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. 3. Seguida la secuela procesal, el treinta de abril de dos mil dieciocho, la responsable dictó sentencia interlocutoria donde declaró procedente el incidente de pensión alimenticia moderada por la cantidad de $348,100.00 pesos. Que en lo que interesa determinó: ". Jonacatepec, Morelos; a treinta de abril de dos mil dieciocho. Vistos para resolver interlocutoriamente, el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales decretadas en los autos del expediente número 370/2017-2, relativos a la controversia familiar sobre alimentos definitivos, promovido por Daniel Sánchez Sánchez, por propio derecho contra. RESULTANDO: . CONSIDERANDO: I.- . Ahora bien, al condenarse al demandado David Sánchez Pastrana, mediante sentencia definitiva pronunciada el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, al pago de la cantidad de $20,000.00 (.) mensuales, por concepto de alimentos definitivos, y que dicha sentencia si bien fue modificada en apelación, también lo es que en ejecutoria de amparo de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo 901/2014, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, misma que ordenó dejar sin efectos la sentencia dictada por el tribunal de alzada, pronunciándose una que confirmó la sentencia dictada en primera instancia; lo anterior atendiendo que se dejo de observar que dentro de la secuela procesal se demostraron los ingresos del deudor es decir la capacidad del demandado para otorgar los alimentos los cuales deben ser proporcionales y que debe recibir el acreedor alimentario, esto es atendiendo a la regla de la proporcionalidad de los mismos; lo anterior se determinó así debido al estudio que arrojaron los informes de las cuentas bancarias de DAVID SÁNCHEZ PASTRANA y que manejaba desde hace tres años, pruebas valoradas exhaustivamente el juzgador primario, lo cual tomó como base la fijación de la pensión alimenticia decretada en definitiva, corroborando con los diversos ingresos que por concesiones de taxis recibe, que es ganadero desde hace quince años y siembra sorgo. En ese contexto, tenemos que al haberse acreditado los ingresos del demandado, y que percibe desde antes de la presentación de la demanda principal, los cuales como se advirtió ascienden hasta por la cantidad de $4,000,000.00 (.); y de la cual el demandado David Sánchez Pastrana, fue negado e incluso manifestó imposibilidad de cubrir lo decretado, manifestaciones que del acervo probatorio resultan contrarias; consecuentemente es procedente que al que al condenarse al pago de $20,000.00 (.) mensuales, los mismos se apliquen retroactivamente; toda vez que las medidas provisionales resultan ser un derecho adquirido legalmente, y las cuales en juicio no puede relevar al deudor alimentista de la obligación contraída con anterioridad, por virtud de un mandato judicial de cubrir las pensiones que se vencieron durante su tramitación, justo por la naturaleza urgente y la finalidad que caracteriza el pago provisional de los alimentos los cuales son de orden público, porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario. Luego, todos los actos efectuados para obtener el pago de las referidas pensiones alimenticias deben considerarse firmes y, por lo mismo, el aseguramiento y pago provisional de los alimentos recibidos durante la substanciación del procedimiento respectivo, así tenemos que al haber quedado probada la capacidad del deudor alimentario, capacidad con la cual ya contaba desde el inicio de la demanda principal, se deduce, que asiste derecho al actor incidental para formular la planilla de liquidación de pensiones alimenticias en ejecución de sentencia, en virtud de que se deberá estarse a lo finalmente resuelto, es decir a la cosa juzgada y no a la medida cautelar, pues ésta ha sido sustituida por la ejecutoria con la que se culminó la contienda principal, mismas que en el particular caso reveló que las posibilidades del deudor permiten y justifican un pago hasta por la suma de $20,000.00 (.), mensuales. Es aplicable al caso la siguiente tesis aislada civil que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO PROMUEVE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CUYA CONDENA NO CONTIENE CANTIDAD LÍQUIDA, DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN ELLA (COSA JUZGADA) Y NO A LA MEDIDA CAUTELAR." ." 1. Asimismo, Daniel Sánchez Sánchez, presentó escrito recibido por la responsable el uno de marzo de dos mil dieciocho, interponiendo incidente de liquidación de alimentos definitivos vencidos y no pagados, a ello, por acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, fue admitido. 2. Mediante escrito de trece de marzo de dos mil dieciocho, el demandado incidentista ahora quejoso, contestó la demanda incidental interpuesta en su contra. 3. Seguido el trámite legal del incidente planteado el once de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia interlocutoria donde determinó procedente el incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas, aprobando la planilla de liquidación hasta por la suma de $600,000.00 pesos. De la resolución reclamada se advierte que el juez responsable determinó fundado el referido incidente, al considerar respecto al primero de treinta de abril de dos mil dieciocho, lo siguiente: De las constancias remitidas se advertía que mediante sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, una vez resueltos los medios de impugnación hechos valer, condenó al ahora quejoso a pagar la suma de veinte mil pesos mensuales, por concepto de alimentos a favor del acreedor alimentista, además que atendiendo a lo ordenado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, que de las pruebas ofrecidas respecto a los ingresos del ahora quejoso, desde antes de la presentación de la demanda principal contaba con ingresos de cuatro millones de pesos, lo que resultó contrario a lo manifestado por el demandado en cuanto a la imposibilidad de cubrir la pensión inicialmente decretada, procedió a condenar al demandado ahora quejoso a cubrir una pensión alimenticia de veinte mil pesos mensuales, los que deberán ser aplicados retroactivamente al ser un derecho adquirido legalmente y las que no puede relevar al deudor alimentista de la obligación contraída con anterioridad por mandato judicial de cubrir las pensiones que se vencieron durante la tramitación del juicio, las que son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentista, además de que al tratarse de una determinación provisional al resolverse en lo principal la condena definitiva de alimentos la misma deja sin efectos aquella y ahora surte efectos la definitiva al constituir cosa juzgada. En cuanto al acto reclamado consistente en la interlocutoria de once de mayo de dos mil dieciocho, que resuelve el incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas adeudadas, la responsable declaró inoperantes los agravios, pues la finalidad del incidente es determinar la obligación del pago de pensión alimenticia no pagadas, que derivan de la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, que obra en el expediente 340/2017-2 acumulado al 370/2012-2, por lo que ponderando los fallos, sin modificar, anular o que se rebase el contenido de los mismos, los agravios del demandado los encamina a cuestionar la acción principal lo que no es procedente analizar en el incidente que resuelve, asimismo, que el acreedor alimentario es mayor de edad, y opone excepciones como la de falta de legitimación activa, acción y derecho de la parte actora incidentista así como la de prescripción, las que contestó en el sentido que en ejecución de sentencia solo procede la excepción de pago, y respecto a la prescripción en cuestión de alimentos no prescribe al ser perdurables, en términos del artículo 57 del Código Familiar del Estado de Morelos. Además, que si bien el acreedor alimentario ya es mayor de edad y egresado de sus estudios universitarios, el trámite de los incidentes planteados no se ocupan de los aspectos jurídicos de los que la sentencia definitiva ya analizó, sino en los principios de congruencia o invariabilidad de la litis y al respeto de la autoridad de cosa juzgada, además que el periodo a liquidar no se había declarado judicialmente su extinción por ello declaró que el derecho ejercido en el incidente estaba legítimamente tutelado. Así, se insiste los conceptos de violación que hace valer el quejoso resultan inoperantes con base a que el incidente de treinta de abril de dos mil dieciocho, cuantifica las pensiones alimenticias provisionales adeudas comprendidas de septiembre de dos mil doce, a marzo de dos mil catorce, y de la resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, que cuantifica las pensiones alimenticias definitivas adeudas respecto al periodo comprendido de agosto de dos mil quince a enero de dos mil dieciocho, en razón a que dichas interlocutorias únicamente cuantifican los meses adeudados, tanto en la pensión provisional como en la pensión definitiva en términos de la sentencia definitiva que resuelve en lo principal dicha controversia decretando una pensión definitiva de veinte mil pesos mensuales, que si bien mediante sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete, la responsable decretó el cese de las pensiones, lo que reclama el acreedor alimentista son las pensiones adeudadas y no pagadas. Ahora bien, el numeral 422 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos dispone que contra las resoluciones firmes dictadas en los asuntos relativos a los alimentos procede la acción de modificación cuando ocurra un cambio de circunstancias que afecten al ejercicio de la acción originalmente planteada. "ARTÍCULO 422.- MODIFICACIÓN DE LA COSA JUZGADA. Las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las dictadas en juicios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la pretensión que se dedujo en el proceso correspondiente. La sentencia podrá modificarse mediante juicio posterior, cuando cambien las circunstancias." Cosa juzgada tratándose de alimentos. La institución de cosa juzgada encuentra su fundamento en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, constitucionales, y se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 85/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, en la página 589, con número de registro, que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales" Por tanto, en conformidad con los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, la institución procesal de la cosa juzgada implica la imposibilidad de volver a resolver sobre lo ya juzgado, en definitiva. En ese sentido, el artículo 417, previsto en el capítulo IV denominado "COSA JUZGADA", del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece: "ARTÍCULO 417.- DETERMINACIÓN DE LA COSA JUZGADA. Se considera pasada en autoridad de cosa juzgada, la sentencia que no está sujeta a prueba ni a impugnación de ninguna clase, salvo los casos expresos determinados por la Ley, por haber causado ejecutoria; lo que excluye totalmente otro juzgamiento o cualquier nueva resolución sobre el mismo negocio ya dirimido, sea por el mismo Tribunal o por otro distinto.". El precepto transcrito establece que se considerará cosa juzgada la sentencia que ha causado ejecutoria, salvo los casos expresos determinados por la ley, lo que, como se expuso, que, por regla general, sobre lo determinado no puede emitir otro pronunciamiento sobre el mismo negocio ya dirimido. Por su parte, el numeral 419, fracción III, del citado ordenamiento dispone: "ARTÍCULO 419.- SENTENCIAS QUE DEVIENEN EN COSA JUZGADA POR DECLARACIÓN JUDICIAL. Causan ejecutoria por declaración judicial: I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial, en cuyo caso el juzgador de oficio, o a petición de parte, hará la declaración correspondiente; II. Las que, hecha notificación en forma, no se interponga recurso en el plazo señalado por la Ley. Si la sentencia no fuere impugnada previa certificación de esta circunstancia hecha por la secretaría, la declaración judicial a petición de parte, la hará el Juez que la haya pronunciado; y, III. Aquellas contra las cuales se interpuso recurso pero no se continuó en forma y plazos legales y se haya declarado desierto; o cuando quien lo interpuso se desistió. La declaración deberá hacerla, de oficio o a petición de parte, el Tribunal de apelación en la resolución que declare desierta la impugnación; y en el desistimiento, por el órgano ante el que éste se haya hecho valer. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite recurso." El numeral anterior dispone que las sentencias consentidas por las partes causan ejecutoria por ministerio de ley. De lo anterior se colige que las sentencias consentidas constituyen cosa juzgada, por lo que no puede admitirse su modificación por circunstancias posteriores. No obstante, el numeral 422 del citado ordenamiento transcrito con anterioridad, en lo que interesa, prevé que las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la pretensión que se dedujo en el proceso correspondiente. La sentencia podrá modificarse mediante juicio posterior, cuando cambien las circunstancias. De lo anterior destaca que, en los juicios de alimentos, los efectos de cosa juzgada se encuentran modulados. Así, una ejecutoria o sentencia firme podrá modificarse mediante juicio posterior únicamente cuando concurran los supuestos siguientes: La referida sentencia hubiera sido dictado en un juicio de alimentos. Se alteren o cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la pretensión que se dedujo en el juicio natural. Entonces, el arábigo anterior contiene una excepción a la regla general de la institución de cosa juzgada, pues prevé la posibilidad de modificar la resolución declarada firme en un juicio de alimentos a través de un juicio autónomo cuando cambien o se alteren las circunstancias que afecten a la pretensión que se dedujo; lo que implica que la ejecutoria en referencia podrá ser variada. Así, mientras no se declare judicialmente que aconteció ese cambio, la resolución declarada firme conservará la inmutabilidad y la imperatividad característica de la cosa juzgada. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXXVI, Cuarta Parte, Sexta Época, página 62, con número de registro 269139, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. JUICIO DE ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). El artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria y, enseguida, en su fracción II, ese mismo artículo dispone que las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria, por ministerio de ley. Así que según esa disposición, basta el pronunciamiento de la sentencia de segundo grado para que exista cosa juzgada respecto de la cuestión decidida en dicha sentencia. Empero, el segundo párrafo del artículo 90 del citado Código de Procedimientos Civiles, contiene una excepción a esa regla, en cuanto dispone que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; de donde resulta que una resolución sobre alimentos puede ser variada, aun cuando se trate de una sentencia firme, pero es fácil advertir que el citado artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general de que hay cosa juzgada cuando se pronuncia sentencia en segunda instancia, puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en juicio de alimentos, sólo cuando cambian las circunstancias o condiciones que afectan el ejercicio de la acción deducida en el juicio correspondiente, es decir, las condiciones del que debe pagar y las de quien debe recibir la pensión alimenticia y, así, mientras no acontezca ese cambio, la sentencia definitiva dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad característica de la cosa juzgada". En consecuencia, la resolución declarada firme en el juicio de alimentos únicamente podrá ser modificada mediante juicio posterior, cuando ocurran hechos sobrevinientes que cambien las circunstancias en las que se dedujo la acción en el juicio natural. De lo anterior destaca que la vía establecida para la modificación de lo juzgado respecto de alimentos es la tramitación de un juicio diverso. Así, el referido juicio constituye un procedimiento distinto de aquél en que se resolvió la forma en cómo el deudor habría de solventar las obligaciones a su cargo. Lo anterior, porque quien formula su pretensión debe soportarla en hechos y circunstancias posteriores y, por ende, distintas a las ponderadas en el juicio que culminó con la resolución definitiva y ajustar su proceder a los términos y condiciones que para tal efecto prevea la legislación procesal vigente al momento de deducirla ante la potestad judicial, a fin de que la autoridad judicial, después de considerar las circunstancias que inciden en la capacidad de ministración o en los requerimientos de los acreedores -previamente analizados-, fije parámetros distintos para que, a partir de que concluya el procedimiento respectivo, se genere un nuevo estado de cosas conforme al cual habrá de darse cumplimiento al derecho sustantivo de que se trata. Lo anterior con apoyo, en lo conducente, en la tesis VI.2º.C.620 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, página 55, con número de registro 169151, que dice: "ALIMENTOS. EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN RESPECTIVA DEBE SUSTANCIARSE CONFORME A LA LEGISLACIÓN PROCESAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 517 del Código Civil para el Estado de Puebla, las resoluciones que se pronuncien en materia de alimentos, cualesquiera que éstas sean, pueden modificarse por la autoridad judicial, sin importar el tipo de juicio o procedimiento en que se hayan dictado, siempre y cuando hubieren cambiado las posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor. Lo anterior constituye una excepción a la institución jurídica de la cosa juzgada, en virtud de que cualquiera que sea la naturaleza de la resolución que se dicte en materia de alimentos y del juicio en que se emita, puede modificarse si se reúnen las condiciones conforme a las cuales se hubiere decretado. Por otra parte, el juicio de modificación de una determinación en materia de alimentos, constituye un procedimiento distinto de aquel en que se resolvió la forma en cómo el deudor habría de solventar las obligaciones a su cargo, sin que la particularidad de que se tramite en el mismo expediente en que se pronunció la resolución respectiva, tenga por alcance establecer que se trate del mismo juicio que concluyó con el fallo que se pretende alterar. Esto es así, porque la forma en que se sustancia el procedimiento de modificación de la pensión alimenticia no constituye un elemento objetivo del que se concluya que por tramitarse en el mismo expediente en que se decretó ésta, pierda todas aquellas características que son propias al ejercicio de la acción ante la autoridad jurisdiccional como un proceso autónomo, pues lo verdaderamente importante es que quien formula su pretensión, al soportarla en hechos y circunstancias posteriores y, por ende, distintas a las ponderadas en el juicio que culminó con la resolución definitiva de que se trata, debe ajustar su proceder a los términos y condiciones que para tal efecto se prevean en la legislación procesal vigente al momento de deducirla ante la potestad judicial. Además, no puede estimarse que la pretensión de modificar la forma de ministrar los alimentos, a pesar de fundarse en hechos supervenientes a los previamente juzgados en el juicio de origen, esté vinculada con la ejecución de un fallo definitivo, pues la acción de mérito no tiene por objeto lograr el cumplimiento de esa determinación, sino que la autoridad judicial, después de considerar las circunstancias que inciden en la capacidad de ministración o en los requerimientos de los acreedores -previamente analizados-, fije parámetros distintos para que, a partir de que concluya el procedimiento respectivo, se genere un nuevo estado de cosas conforme al cual habrá de darse cumplimiento al derecho sustantivo de que se trata". En consecuencia, la resolución declarada firme en el juicio de alimentos sólo podrá ser variada mediante el juicio de modificación previsto en el numeral 422 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, cuando ocurran hechos sobrevinientes que cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se instauró en el juicio natural, en los términos y condiciones que para tal efecto prevea la legislación procesal vigente al momento de deducirla ante la potestad judicial, lo que implica que la ley prevé la modificación de la cosa juzgada, por excepción mediante la tramitación de un juicio autónomo. Entonces, mientras no se promueva el juicio de modificación, la resolución declarada firme en el juicio primigenio conservará la inmutabilidad y la imperatividad característica de la cosa juzgada. Lo anterior es relevante porque el numeral 619 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos establece lo siguiente: "ARTÍCULO 619. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de los ciento ochenta días; si ha pasado dicho término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacciones, y compensaciones; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y además la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de convenio constante en autos. Todas las excepciones, excepto la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia de primera instancia, convenio o juicio, y constar por instrumento público o por documento privado, ya sea que esté judicialmente reconocido, o que se pida su reconocimiento judicial, o por confesión judicial que provoque al hacer valer la excepción. Se substanciarán estas excepciones en la vía incidental, promoviéndose en la demanda respectiva el reconocimiento o la confesión." El numeral transcrito dispone que contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admite más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de los ciento ochenta días; si ha pasado dicho término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacciones, y compensaciones; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y además la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de convenio constante en autos. De lo anterior destaca que contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no pueden admitirse excepciones que impliquen la modificación o cancelación de la obligación original, pues, en general, todas las previstas implican la existencia de acuerdo entre las partes para tal efecto o el pago de lo reclamado. Lo anterior excluye que contra la ejecución de la sentencia definitiva procedan excepciones que descansen en un cambio de circunstancias sobrevinientes que haga necesaria la modificación de lo decidido. Por tanto, en el incidente de ejecución de sentencia derivado de una sentencia definitiva que condena al pago de alimentos, únicamente podrá excepcionarse en términos del numeral 619, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y, en su caso, de estimar que cambiaron las circunstancias que determinaron la obligación, dicha pretensión debe hacerse valer a través del juicio establecido en el numeral 422 código familiar en cita. Lo expuesto resulta conforme con el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, porque se advierte que se busca privilegiar la ejecución de la determinación que puso fin al juicio, lo que se encuentra justificado por la institución de cosa juzgada. En suma, contra la ejecución de una sentencia definitiva de alimentos no puede ser oponible una excepción inherente al fondo de la controversia que ya ha sido juzgada, aun cuando se sustentara en hechos supervenientes o que se considerara que cambiaron las circunstancias que determinaron la decisión, pues ello, en todo caso, se encuentra vedado en el procedimiento y debe ser materia del juicio de modificación previsto en el numeral 422 del Código Procesal Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. En esta instancia constitucional, como se expuso, el quejoso reclama las sentencias interlocutorias de treinta de abril de dos mil dieciocho y de once de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas y, de liquidación de pensiones alimenticias definitivas vencidas no pagadas del juicio natural, a razón de veinte mil pesos mensuales. De las resoluciones anteriores destaca que el juez responsable sustentó el sentido en que resolvió los incidentes naturales al considerar, en esencia, que al tratarse de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas tanto provisionales como definitivas, que el artículo 619 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos en vigor, establece que en ejecución forzosa no admite más excepción que la de pago, que el derecho a recibir alimentos es imprescriptible, así como que la litis en los incidentes no se ocupa de los aspectos jurídicos de los que la sentencia definitiva ya analizó, en respeto a la autoridad de cosa juzgada, que no ha cesado la obligación alimentaria durante los lapsos objeto de reclamación ni que se hubiera modificado la cosa juzgada. Sin que pase por alto que la parte quejosa precisa que mediante sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete, la responsable resolvió sobre la modificación de la cosa juzgada, decretando el cese de los alimentos decretados a favor del acreedor alimentista Daniel Sánchez Sánchez, empero, como se ha visto en las interlocutorias analizadas se reclama únicamente las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas las que son imprescriptibles y sin que pase desapercibido que atendiendo a lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con base en el expediente de origen 340/2017, relativo a la modificación de cosa juzgada, y respecto la resolución de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en ese expediente, que causó ejecutoria hasta el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, resultan correctas las determinaciones reclamadas, en virtud, de que la responsable resolvió sobre pensiones alimenticias vencidas y no pagadas tanto provisionales como definitivas. Así, las determinaciones anteriores son correctas porque, como se expuso, en los incidentes de ejecución de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas tanto provisionales como definitivas, derivan de la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, que de conformidad con los actos reclamados, del amparo directo 901/2014, del entonces Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito y de las manifestaciones del propio quejoso fue condenado a cubrir la suma de veinte mil pesos mensuales, la que adquirió firmeza con autoridad de cosa juzgada. Entonces, las resoluciones anteriores conservan la inmutabilidad y la imperatividad característica de la cosa juzgada, lo que implica que la obligación pactada en la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, relativa a que el deudor alimentista debía proporcionar por concepto de pensión alimenticia en favor de su descendiente la suma de veinte mil pesos mensuales, prevalecía hasta quedar firme la sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete, respecto a la modificación de cosa juzgada, que declaró el cese de los alimentos decretados a favor de Daniel Sánchez Sánchez a cargo del hoy quejoso y que deriva del condena impuesta en los autos del natural 370/2012, lo que se advierte de autos del expediente de modificación de cosa juzgada 340/2017, índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, dentro del amparo en revisión 148/2021, en el sentido de la determinación de los alimentos definitivos. Esto es así, porque las interlocutorias reclamadas únicamente tenían como materia cuantificar las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por David Sánchez Pastrana, tanto provisionales como definitivas, en favor de Daniel Sánchez Sánchez, durante el periodo de incumplimiento de la obligación alimentaria pactada, -del mes de septiembre de dos mil doce, al mes de marzo de dos mil catorce- y -del mes de agosto de dos mil quince al mes de enero de dos mil dieciocho-, con una simple operación aritmética; y, en su caso, resolver las excepciones opuestas que tuvieran sustento en los supuestos estrictamente establecidos en el numeral 619 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. La limitación anterior también se encuentra contenida en el numeral 715 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, pues establece lo siguiente: "ARTÍCULO 715. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de los ciento ochenta días; si ha pasado dicho término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacciones, y compensaciones; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y además la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de convenio constante en autos. Todas las excepciones, excepto la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia de primera instancia, convenio o juicio, y constar por instrumento público o por documento privado, ya sea que esté judicialmente reconocido, o que se pida su reconocimiento judicial, o por confesión judicial que provoque al hacer valer la excepción. Se substanciarán estas excepciones en la vía incidental, promoviéndose en la demanda respectiva el reconocimiento o la confesión". Por lo anterior, aun cuando se analizara la etapa de ejecución del juicio natural a la luz de la legislación vigente cuando se promovió el juicio natural, existe el impedimento para plantear excepciones, además la propia legislación procesal familiar, precisa que se resolverá el incidente con la legislación vigente. Por tanto, adverso a lo sostenido por el quejoso, el juez responsable no podía tomar en consideración las manifestaciones realizadas por el quejoso relativas a que habían cambiado las circunstancias así como el responsable aplicaba la suplencia de la queja y, por ende, determinar un nuevo parámetro para cuantificar las pensiones vencidas y no pagadas tanto provisionales como definitivas durante los periodos reclamados, pues, se insiste, esto resulta ajeno a la litis incidental. Esto es así, ya que la obligación alimentaria subsistía y el incidente de liquidación de éstas, no es el momento procesal oportuno para determinar que ha quedado insubsistente la misma, pues como incluso aconteció en el juicio natural, fue mediante una determinación independiente que se estimó que había cesado la obligación alimentaria a cargo de David Sánchez Pastrana. Ahora bien, no pasa desapercibido para quien ahora resuelve, los argumentos y criterios invocados por el quejoso en su escrito de demanda, por medio de los cuales aduce que el Juez responsable no debió suplir la deficiencia de la queja, ya que si bien es cierto Daniel Sánchez Sánchez, era acreedor alimentario, también lo es que adquirió la mayoría de edad, con antelación al inicio de la controversia alimentaria. Cita el criterio de la Décima Época. Registro: 160257. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2. Materia(s): Común, Civil. Tesis: XX.2o. J/31 (9a.). Página: 1040, del tenor siguiente: "ALIMENTOS. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTISTA O ACREEDOR ALIMENTARIO MAYOR DE EDAD CON CAPACIDAD JURÍDICA, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIONES I O VI, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el juicio de amparo derive de una controversia civil de alimentos y el quejoso sea el deudor alimentista o acreedor alimentario, mayor de edad y no se encuentre acreditado que padezca alguna incapacidad jurídica; de acuerdo con la fracción V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, el estudio de los motivos de inconformidad debe realizarse de acuerdo con el principio de estricto derecho, el cual obliga al juzgador a limitar su estudio, teniendo como límite lo expuesto, ya sea en los conceptos de violación o en los agravios, sin ir más allá, esto es, el Juez habrá de circunscribirse a la litis planteada, sin poder manifestar de propia iniciativa algún vicio que se advierta, sino en virtud de que así se haya hecho valer a través del razonamiento respectivo, salvo cuando se actualice alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en las fracciones I o VI del numeral citado, esto es, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se advierta que ha habido en su contra una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Por las razones expuestas, este órgano jurisdiccional se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia XX.2o. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2353." No obstante ello, el criterio aludido analiza la suplencia de la queja en el juicio de amparo (respecto a la Ley de Amparo abrogada), no así en el procedimiento de origen, mismo que se rige por el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que en su numeral 174 establece la obligación de los Tribunales de suplir las deficiencias en los planteamientos de las partes. "ARTÍCULO 174.- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LAS PRETENSIONES EN MATERIA FAMILIAR. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus pretensiones y defensas." Es decir, dicha regla específica en torno al tópico de la suplencia, debe permear sobre el criterio invocado por el quejoso, ya que éste se encamina a la materia del juicio de amparo. Esto es, en caso de que el acreedor alimentario fuese quien acudiera al juicio constitucional, entonces sí tendría que analizarse la viabilidad de la suplencia de la queja, a la luz de los criterios y argumentos esgrimidos por el aquí quejoso, pero dicha situación no impide que el Juez de origen, con base en la legislación adjetiva que norma su proceder, determinara suplir la deficiencia en los planteamientos esgrimidos por el allá actor incidentista. Aunado a que precisamente con motivo de la suplencia en la deficiencia de los planteamientos, el Juez realizó un análisis integral del asunto, dando contestación a los planteamientos efectuados por las partes. Cabe señalar que contrario a lo argumentado por el quejoso, si bien es cierto en la sentencia definitiva no se le condenó al pago retroactivo de los alimentos, tal determinación obedeció a los argumentos esgrimidos por el Juez responsable al dictar los incidentes reclamados, en los que en esencia determinó que al reclamarse la ejecución de una sentencia, deberá estarse a lo resuelto de manera definitiva, para lo cual invocó la tesis VII.2o.C.116 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que establece: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO SE PROMUEVE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CUYA CONDENA NO CONTIENE CANTIDAD LÍQUIDA, DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN ELLA (COSA JUZGADA) Y NO A LA MEDIDA CAUTELAR. Para resolver una planilla de liquidación debe atenderse a la condena del demandado al pago de alimentos, esto es, ha de tomarse en cuenta el derecho de la actora finalmente dilucidado en ese proceso, no así diversas circunstancias establecidas durante éste, pues la sentencia es la actuación procedimental donde se resuelve una controversia judicial, por eso deberá considerarse para su cuantificación el derecho finalmente reconocido por la vía jurisdiccional; así por ejemplo no podrá calcularse, ni aun de manera parcial, la condena con base en la pensión fijada en el auto de admisión de demanda, porque dicha actuación judicial ha sido sustituida por lo decidido en la sentencia definitiva. Lo anterior se entiende de esta manera porque la medida cautelar en el proceso civil es una tutela provisional, por tanto, la instrumentalidad de ésta conlleva, necesariamente, a su extinción cuando se pronuncia la resolución principal, pues no debe olvidarse el carácter provisional de la misma, es decir, su característica preventiva permite su existencia a lo largo del proceso, hasta su extinción con el pronunciamiento de la sentencia definitiva, independientemente de que en esta última se confirme o niegue la hipótesis de la apariencia del derecho sostenida en la providencia precautoria. Consiguientemente, debe entenderse que cuando en una sentencia se ha reconocido el derecho reclamado por la parte demandante, la medida cautelar habrá cumplido su propósito y entrará a producir pleno efecto la ejecutividad de lo decidido, por el contrario, si la demanda se desestima, entonces, aquella medida perderá toda eficacia y desaparecerá del orden procesal. En esas condiciones, al promoverse la ejecución de la sentencia cuya condena no contenga cantidad líquida, deberá estarse a lo finalmente resuelto, es decir a la cosa juzgada y no a la medida cautelar, pues ésta ha sido sustituida por la ejecutoria con la que se culmina el proceso.". Los argumentos planteados por el Juez de origen, así como la tesis invocada, no fue controvertida frontalmente por el quejoso, pues se reitera, el quejoso se encamina a argumentar que el acreedor alimentario no contaba con derecho alguno para realizar la reclamación materia de los incidentes y que tampoco contaba con legitimación para instar la cuantificación en estudio; sin embargo, como ha quedado de manifiesto, el incidente de liquidación no es la actuación procesal oportuna para analizar la modificación o extinción de la pensión alimentaria, de ahí que el actor sí tuviera legitimación para solicitarla, y no estaba constreñido a acreditar en dicha incidencia que continuaba vigente su necesidad de recibir los alimentos, ya que ello le correspondía al deudor, hacerlo valer en la vía y forma correspondiente. Aunado al hecho de que el criterio invocado en su escrito de demanda, el cual cabe destacar que el quejoso transcribió de manera incompleta, se encamina a sostener que si el deudor alimentario argumenta que los acreedores alimentarios se incorporaron al domicilio de éste, y que de esta forma ha venido cumpliendo los alimentos, tal situación debe considerarse al momento de resolver el incidente de ejecución, ya que en realidad, en dicha hipótesis el deudor sí ha ministrado los alimentos, pero en una forma distinta a lo ordenada en el juicio respectivo. Situación diferente la que permea en el juicio materia de análisis. Por otra parte, son inoperantes los motivos de disenso donde argumenta la ilegalidad del embargo trabado en su contra, ya que éstos descansan en los motivos de disenso ya declarados ineficaces. En consecuencia, al resultar inoperantes por una parte e infundados en otra los conceptos de violación, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito al Juzgado responsable y Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por no atribuírsele vicios propios. Es aplicable al caso, el criterio jurisprudencial II.1o.J/12, emitido por Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época, página 41, con número de registro 210140, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no AMPARA ni PROTEGE a David Sánchez Pastrana, contra los actos que reclama a las autoridades responsables, por los motivos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintisiete de julio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso David Sánchez Pastrana, mediante el cual manifiesta que es su deseo revocar toda designación hecha con anterioridad en favor de autorizados en términos amplios, así como domicilio procesal y, en consecuencia, se tenga por designado al profesionista que señale el Instituto Federal de Defensoría Pública y/o Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, en los domicilios que ahí indica, ordenándose para tal efecto girar el oficio correspondiente. Asimismo, señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, los estrados de este juzgado. En tales condiciones, fórmese el cuadernillo correspondiente y agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, toda vez que, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional. En atención a su contenido, se provee: Se tiene por revocados a los profesionistas que con anterioridad designó en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se tiene por revocado el domicilio procesal que había señalado con anterioridad. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en el presente asunto, aún las de carácter personal, se realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; lo anterior, hasta en tanto el quejoso señale domicilio en esta ciudad para ese efecto. Por último, por cuanto al profesionista que designa, dígasele que por tratarse de un asunto en materia civil, corresponde al quejoso acudir ante los institutos que menciona para que, en su caso, previos los trámites que efectúe ante ellos, se le designe una persona que lo asesore en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, se proveyó sobre las constancias que fueron requeridas por la autoridad señalada como responsable dentro del presente juicio, como parte de su informe justificado, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al proveído dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado por este juzgado federal, informa la fecha en que remitió en sesenta y ocho fojas el expediente 340/2017, relativo al juicio de modificación de cosa juzgada; por tanto, téngase por hecha la comunicación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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