David Silva Leal

Expediente 1130/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1130/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/08/2018

Partes del expediente

  • David Silva Leal

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense el oficio y constancias remitidas por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de las que se advierte que diligenció el exhorto 219/2018 (orden 319/2018), derivado del presente sumario, enviado a fin de notificar el proveído de diecinueve de julio pasado a David Silvia Leal; por tanto, téngase por notificado a la parte en comento. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del exhorto 219/2018 (orden 319/2018-V-A) del índice de este juzgado e informa que procedió a su diligenciación; circunstancia de la que se tiene conocimiento para los efectos legales conducente.

  4. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de cuenta, promovida por David Silva Leal; regístrese bajo el número 1130/2018-V-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Hecho lo anterior, se procede al análisis de causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del escrito de demanda se desprende que la quejosa, señala como acto reclamado: La omisión de las autoridades responsables a dar contestación al escrito de veintiocho de junio de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, sobre el particular el promovente precisa en su escrito: ".mediante escrito de fecha 28 de junio de 2018 acudí por ultima ocasión a reiterar mi solicitud de que se me reconozcan mis derechos laborales.". De lo anterior se colige que, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ------------------------I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--------------------------------------------------------------------------------(.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ------------------------Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --------------------- (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ahora, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones y omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Al respecto, debe decirse que desde el punto de vista doctrinal, la legitimación (como concepto puramente procesal) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso; la capacidad de ser parte, la cual consiste en la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (acciones u omisiones), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan, sin que, desde luego, en ningún caso exceda de un plazo razonable. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó su petición ante las autoridades responsables en las siguientes fechas: José Manuel González Rentería, Delegado Estatal, Delegación I.S.S.S.T.E. Estado de México el veintiocho de junio del año en curso ; Florentino Castro Pérez, Director General del I.S.S.S.T.E; el uno de julio pasado; Luis Miguel Victoria Ranfla, Presidente de C.E.N. del S.N.T.I.S.S.S.T.E, el cuatro de julio de la presente anualidad. y; Mónica Tapia Lozano, Secretaria General Sección XX del S.N.T.I.S.S.S.T.E. en el Estado de México, el diez de julio último. En tanto que la demanda de amparo fue recibida el dieciocho del actual en la oficialía de parte de este juzgado, esto es, seis días hábiles desde la promoción recibida por la última autoridad citada; por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término ó plazo razonable, considerándose éste en un promedio de quince días, a afecto de que las autoridades responsables den contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridades responsables se encuentran dentro del lapso antes indicado para dar respuesta al solicitante de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.1°.A.E.63 A (10ª.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, que es del rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado.". Asimismo, la diversa I.1°.A.E.64 A (10ª.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, que determina: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito.". Por lo que, en virtud de que el acto reclamado no viola en modo alguno los derechos fundamentales de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, aplicado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Toda vez, que el domicilio para oír y recibir notificaciones que señaló el quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado y a fin de no dejarlo en estado de indefensión, de conformidad con el 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique la presente determinación a David Silva Leal, por sí o por conducto de sus autorizados Marco Antonio Sánchez Hernández y Angelica María Placido de la Cruz; en el domicilio ubicado en calle Nicolás San Juan 1556, despacho 204, colonia del Valle Centro, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 03100; asimismo, en el acto de la diligencia, de conformidad en el precitado numeral fracción I (primer párrafo), y fracción II (segundo párrafo), le requiera para que dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o dentro de la zona conurbada del mismo (Metepec, Estado de México), con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, se le harán por lista que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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