David Sánchez Legorreta

Expediente 1653/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1653/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
22/04/2016

Partes del expediente

  • David Sánchez Legorreta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a David Sánchez Legorreta (fojas 29 a 36). 2. Resolución que causó estado el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector al Juez Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] a) Atendiendo los lineamientos de la presente sentencia, dicte una nueva resolución en la que ordene revocar la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente de treinta días de salario mínimo vigente en la localidad, que se impuso y se confirmó al quejoso en la audiencia celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en la causa de juicio 103/2014 (carpeta administrativa 325/2014). b) Hecho lo anterior, dicte otra en la que ejerciendo su facultad de dictar las medidas de apremio que sean necesarias e idóneas a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, reitere en contra del quejoso la aplicación de una medida de apremio consistente en una multa, pero cumpliendo puntualmente con los lineamientos trazados en la presente ejecutoria de amparo. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, mediante oficio 1448, de siete de marzo de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del diverso oficio 1477 de la misma data, dentro de la causa de juicio oral 103/2014, se su índice. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Ahora bien, para dejar establecido si la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es menester establecer cuáles fueron los parámetros de la concesión del mismo, así pues, se estableció que: a) La autoridad judicial al determinar la aplicación de una medida de apremio consistente en una multa, así como su monto, debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar el monto de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos; b) De modo tal que, al determinar la medida de apremio, deben expresar pormenorizadamente los motivos que tengan para fijar la cuantía de la multa, para lo cual hay que atender a las peculiaridades del caso, a los hechos generadores de la infracción y las circunstancias personales del infractor, y especificar cómo influyeron en su ánimo para detener dicho arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida en la ley; c) Sin embargo, en la especie no se aprecia que el juez responsable haya cumplido con tales exigencias legales al emitir el acto reclamado, toda vez que por un lado, el trece de agosto de dos mil quince en audiencia de continuación de juicio, señaló que si no había avance alguno respecto a los órganos de prueba se declararía el desistimiento de ellos y por otra parte el veintitrés de septiembre de dos mil quince, le impone una multa máxima por treinta días de salario mínimo general vigente en la entidad, por considerar que el fiscal valiéndose de los derechos de las victimas pretende dilatar el proceso; sin embargo, no se advierte que haya razonado y pormenorizado los motivos para fijar el monto máximo de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos; tampoco que haya especificado cómo influyeron en su ánimo tales elementos para detener su arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida en la ley; d) De igual forma, si bien se aprecia que la responsable expresó que la medida de apremio de mérito la hacía efectiva en atención a los planteamientos dilatorios del quejoso respecto de los domicilios de los órganos de prueba, ello no resulta suficiente para tener por demostrado que se cumplió con los aludidos principios de fundamentación y motivación, toda vez que, en primer término, como se vio, no se individualizó correctamente la medida de apremio impuesta al quejoso; e) En esa óptica, el acto reclamado se estima contrario a derecho, pues el juez responsable, previamente a imponer la medida de apremio que en el caso se reclama, debió razonar y pormenorizar los motivos para fijar el monto de tal medida, tomando en cuenta tanto los objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, como elementos subjetivos, en cumplimiento a los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, f) Ello, en virtud de que como válidamente lo argumenta el juez se está dilatando el proceso por dichos medios de prueba; sin embargo, no motivó el por qué le está fijando la multa máxima, por qué consideró que era procedente fijarle treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la causa de juicio oral 103/2014, en lo conducente, determinó lo siguiente: [.] Atento a lo anterior, para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se acuerda los siguientes términos: se ordena revocar el acuerdo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince en donde se impone al Agente del Ministerio una multa por treinta días de salario mínimo vigente en a entidad, lo cual deberá informarse al Director de Administración y Planeación de la Procuraduría General del Estado de México, para que deje sin efecto la misma, dando por satisfecho el primer punto de la ejecutoria [.] Por tanto y con fundamento en el artículo 16 constitucional que a la letra dice: [.] Así como el diverso Artículo 17 [.] De igual forma los numerales 76, 135 párrafo I, 137 párrafo II, todos del código de procedimientos penales vigente en la entidad, establece: Artículo 76 [.] Artículo 135 [.] Artículo 137 [.] En consecuencia, a todo lo anterior y en cumplimiento a la ejecutoria de la autoridad federal, este juzgador estima que como todo acto de molestia debe de esta fundado y motivado según lo impone el artículo 16 de nuestra carta magna se determina que efectivamente el agente del ministerio público David Sánchez Legorreta ha vulnerado con su actuar la normatividad constitucional u procesal a la que se ha hecho referencia, en virtud de ser objetivamente apreciable que: Desde la data del 18 de febrero de 2015 en audiencia de continuación de juicio, el precitado, solicitó que fueran citadas para el siguiente segmento de audiencia a los ofendidos de iniciales S.E.C y M.R.M., no obteniendo resultado positivo, así mismo en las subsecuentes de fechas, 5 de marzo de 2015, no se presentaron los órganos de prueba; 3 de junio de 2015, al no existir comparecientes se giró atento exhorto para su citación, 17 de junio de 2015, incomparecencia de testigos manifestando el fiscal que se encontraba realizando las gestiones necesarias para su localización; 1 de julio, se le concedió al fiscal un término para proporcionar información apta para la localización delos órganos de prueba; 16 de julio de 2015, manifestó que el fiscal se constituyó personalmente en los domicilios de los testigos no obteniendo resultados positivos; 13 de agosto de 2015, el fiscal señaló que se encontraba realizando la tramitación correspondiente; 27 de agosto de 2015, se desahogó un órgano de prueba; 10 de septiembre de 2015, se suspende audiencia por incomparecencia del fiscal, y 23 de septiembre de 2015, se desahogó un órgano de prueba; 23 de septiembre de 2015,el fiscal manifestó que en un segmento próximo se pronunciaría respecto de los órganos de prueba pendientes por desahogar por tanto se advierte que durante siete meses la fiscalía realizó una serie de actuaciones con pleno conocimiento que eran infructuosas, pues en ningún momento demostró haber verificado acciones tendentes a una real búsqueda, localización y presentación de las víctimas y ofendidos del presente juicio penal, y mucho menos tener la voluntad de aportar datos fehacientes con la finalidad de que comparecieran ante este unitario como órganos de prueba admitidos durante la etapa intermedia obteniendo conscientemente una notable dilación al presente juicio, atentando contra el derecho de los acusados a que se les administre una justicia pronta y expedita dentro de los plazos y términos que fija tanto nuestra carta magna como la ley procesal que rige a esta entidad federativa. En este tenor es fácilmente apreciable que en cada una en las intervenciones que tuvo en los segmentos de audiencia de juicio no se advierte voluntad alguna por parte del aludido servidor público en cumplir con sus propuestas pues en tanto en algunas ocasiones solicitaba la citación de víctimas y ofendidos, en otras se comprometía proporcionar su domicilio realizando las gestiones administrativas necesarias y girando los oficios correspondientes para su localización sin que esto lo justificara fehacientemente e incluso fue pasivo en su actuar cundo este órgano jurisdiccional le requirió para que acreditara que el Instituto Nacional le había negado los datos que solicitó previniéndoles que de no tener avance alguno se declararía el desistimiento de sus órganos de prueba. Aduciendo en otras intervenciones que estaba en espera de la respuesta a los oficios girados a la policía ministerial sin que tampoco expusiera dato alguno, Siendo de esta manera como se manifiesta objetivamente el reprochable actuar del servidor público David Sánchez Legorreta quien con manifiesta intención ha transgredido uno de los principios rectores que rigen este nuevo sistema acusatorio, como lo es el de continuidad. Bajo ese contexto es patente un elemento subjetivo, que justifica a tendencia en el actuar del representante social de obstaculizar el mandato que deriva del artículo 17 constitucional al interferir intencionalmente en la continuidad del juicio 103/2014 en perjuicio de los derechos humanos de los acusados a una pronta y expedita impartición de justicia conforme lo señalan nuestras leyes. De ahí que siendo una facultad para este órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones que se ordenen en el ejercicio de sus funciones poder aplicar una medida de apremio como lo es la de multa se debe considerar la gravedad de la infracción que en el presente este juzgador considera que es medianamente grave al estimar que el actuar reiterativo del agente del ministerio público ha tenido como finalidad retrasar la impartición de justicia. Mismo que tiene una capacidad económica solvente pues percibe un salario del Gobierno del Estado de México. Que además si ha sido reincidente de su accionar para hacer la búsqueda, localización y en su caso presentación de víctimas y ofendidos, se concluye que el hecho infractor es medianamente grave. En consecuencia a todo lo anterior con fundamento en el artículo 76 fracción II del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, resulta justo legal y adecuado imponerle como medida de apremio una multa por veinte días de salario mínimo vigente en esta entidad, misma que deberá de pagar en favor del Fondo de Administración de Justicia, y a efecto de hacer efectiva la misma comuníquese la presente determinación al Director de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México [.] Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en los párrafos que anteceden, dejó insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil quince, y en su lugar dictó uno nuevo en el que consideró que la falta en la que incurrió el quejoso es medianamente grave, por lo que le impuso como medida de apremio una multa de veinte días de salario mínimo general vigente. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dejó insubsistente el auto reclamado y en su lugar dictó otro en la que analizó los aspectos sobre los que se concedió la protección constitucional, para luego resolver sobre la imposición de una nueva multa dictada dentro del juicio de origen, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa."

  2. Principal

    Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a David Sánchez Legorreta (fojas 29 a 36). 2. Resolución que causó estado el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector al Juez Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] a) Atendiendo los lineamientos de la presente sentencia, dicte una nueva resolución en la que ordene revocar la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente de treinta días de salario mínimo vigente en la localidad, que se impuso y se confirmó al quejoso en la audiencia celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en la causa de juicio 103/2014 (carpeta administrativa 325/2014). b) Hecho lo anterior, dicte otra en la que ejerciendo su facultad de dictar las medidas de apremio que sean necesarias e idóneas a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, reitere en contra del quejoso la aplicación de una medida de apremio consistente en una multa, pero cumpliendo puntualmente con los lineamientos trazados en la presente ejecutoria de amparo. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, mediante oficio 1448, de siete de marzo de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del diverso oficio 1477 de la misma data, dentro de la causa de juicio oral 103/2014, se su índice. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Ahora bien, para dejar establecido si la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es menester establecer cuáles fueron los parámetros de la concesión del mismo, así pues, se estableció que: a) La autoridad judicial al determinar la aplicación de una medida de apremio consistente en una multa, así como su monto, debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar el monto de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos; b) De modo tal que, al determinar la medida de apremio, deben expresar pormenorizadamente los motivos que tengan para fijar la cuantía de la multa, para lo cual hay que atender a las peculiaridades del caso, a los hechos generadores de la infracción y las circunstancias personales del infractor, y especificar cómo influyeron en su ánimo para detener dicho arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida en la ley; c) Sin embargo, en la especie no se aprecia que el juez responsable haya cumplido con tales exigencias legales al emitir el acto reclamado, toda vez que por un lado, el trece de agosto de dos mil quince en audiencia de continuación de juicio, señaló que si no había avance alguno respecto a los órganos de prueba se declararía el desistimiento de ellos y por otra parte el veintitrés de septiembre de dos mil quince, le impone una multa máxima por treinta días de salario mínimo general vigente en la entidad, por considerar que el fiscal valiéndose de los derechos de las victimas pretende dilatar el proceso; sin embargo, no se advierte que haya razonado y pormenorizado los motivos para fijar el monto máximo de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos; tampoco que haya especificado cómo influyeron en su ánimo tales elementos para detener su arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que oscila la multa permitida en la ley; d) De igual forma, si bien se aprecia que la responsable expresó que la medida de apremio de mérito la hacía efectiva en atención a los planteamientos dilatorios del quejoso respecto de los domicilios de los órganos de prueba, ello no resulta suficiente para tener por demostrado que se cumplió con los aludidos principios de fundamentación y motivación, toda vez que, en primer término, como se vio, no se individualizó correctamente la medida de apremio impuesta al quejoso; e) En esa óptica, el acto reclamado se estima contrario a derecho, pues el juez responsable, previamente a imponer la medida de apremio que en el caso se reclama, debió razonar y pormenorizar los motivos para fijar el monto de tal medida, tomando en cuenta tanto los objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, como elementos subjetivos, en cumplimiento a los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, f) Ello, en virtud de que como válidamente lo argumenta el juez se está dilatando el proceso por dichos medios de prueba; sin embargo, no motivó el por qué le está fijando la multa máxima, por qué consideró que era procedente fijarle treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la causa de juicio oral 103/2014, en lo conducente, determinó lo siguiente: [.] Atento a lo anterior, para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se acuerda los siguientes términos: se ordena revocar el acuerdo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince en donde se impone al Agente del Ministerio una multa por treinta días de salario mínimo vigente en a entidad, lo cual deberá informarse al Director de Administración y Planeación de la Procuraduría General del Estado de México, para que deje sin efecto la misma, dando por satisfecho el primer punto de la ejecutoria [.] Por tanto y con fundamento en el artículo 16 constitucional que a la letra dice: [.] Así como el diverso Artículo 17 [.] De igual forma los numerales 76, 135 párrafo I, 137 párrafo II, todos del código de procedimientos penales vigente en la entidad, establece: Artículo 76 [.] Artículo 135 [.] Artículo 137 [.] En consecuencia, a todo lo anterior y en cumplimiento a la ejecutoria de la autoridad federal, este juzgador estima que como todo acto de molestia debe de esta fundado y motivado según lo impone el artículo 16 de nuestra carta magna se determina que efectivamente el agente del ministerio público David Sánchez Legorreta ha vulnerado con su actuar la normatividad constitucional u procesal a la que se ha hecho referencia, en virtud de ser objetivamente apreciable que: Desde la data del 18 de febrero de 2015 en audiencia de continuación de juicio, el precitado, solicitó que fueran citadas para el siguiente segmento de audiencia a los ofendidos de iniciales S.E.C y M.R.M., no obteniendo resultado positivo, así mismo en las subsecuentes de fechas, 5 de marzo de 2015, no se presentaron los órganos de prueba; 3 de junio de 2015, al no existir comparecientes se giró atento exhorto para su citación, 17 de junio de 2015, incomparecencia de testigos manifestando el fiscal que se encontraba realizando las gestiones necesarias para su localización; 1 de julio, se le concedió al fiscal un término para proporcionar información apta para la localización delos órganos de prueba; 16 de julio de 2015, manifestó que el fiscal se constituyó personalmente en los domicilios de los testigos no obteniendo resultados positivos; 13 de agosto de 2015, el fiscal señaló que se encontraba realizando la tramitación correspondiente; 27 de agosto de 2015, se desahogó un órgano de prueba; 10 de septiembre de 2015, se suspende audiencia por incomparecencia del fiscal, y 23 de septiembre de 2015, se desahogó un órgano de prueba; 23 de septiembre de 2015,el fiscal manifestó que en un segmento próximo se pronunciaría respecto de los órganos de prueba pendientes por desahogar por tanto se advierte que durante siete meses la fiscalía realizó una serie de actuaciones con pleno conocimiento que eran infructuosas, pues en ningún momento demostró haber verificado acciones tendentes a una real búsqueda, localización y presentación de las víctimas y ofendidos del presente juicio penal, y mucho menos tener la voluntad de aportar datos fehacientes con la finalidad de que comparecieran ante este unitario como órganos de prueba admitidos durante la etapa intermedia obteniendo conscientemente una notable dilación al presente juicio, atentando contra el derecho de los acusados a que se les administre una justicia pronta y expedita dentro de los plazos y términos que fija tanto nuestra carta magna como la ley procesal que rige a esta entidad federativa. En este tenor es fácilmente apreciable que en cada una en las intervenciones que tuvo en los segmentos de audiencia de juicio no se advierte voluntad alguna por parte del aludido servidor público en cumplir con sus propuestas pues en tanto en algunas ocasiones solicitaba la citación de víctimas y ofendidos, en otras se comprometía proporcionar su domicilio realizando las gestiones administrativas necesarias y girando los oficios correspondientes para su localización sin que esto lo justificara fehacientemente e incluso fue pasivo en su actuar cundo este órgano jurisdiccional le requirió para que acreditara que el Instituto Nacional le había negado los datos que solicitó previniéndoles que de no tener avance alguno se declararía el desistimiento de sus órganos de prueba. Aduciendo en otras intervenciones que estaba en espera de la respuesta a los oficios girados a la policía ministerial sin que tampoco expusiera dato alguno, Siendo de esta manera como se manifiesta objetivamente el reprochable actuar del servidor público David Sánchez Legorreta quien con manifiesta intención ha transgredido uno de los principios rectores que rigen este nuevo sistema acusatorio, como lo es el de continuidad. Bajo ese contexto es patente un elemento subjetivo, que justifica a tendencia en el actuar del representante social de obstaculizar el mandato que deriva del artículo 17 constitucional al interferir intencionalmente en la continuidad del juicio 103/2014 en perjuicio de los derechos humanos de los acusados a una pronta y expedita impartición de justicia conforme lo señalan nuestras leyes. De ahí que siendo una facultad para este órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones que se ordenen en el ejercicio de sus funciones poder aplicar una medida de apremio como lo es la de multa se debe considerar la gravedad de la infracción que en el presente este juzgador considera que es medianamente grave al estimar que el actuar reiterativo del agente del ministerio público ha tenido como finalidad retrasar la impartición de justicia. Mismo que tiene una capacidad económica solvente pues percibe un salario del Gobierno del Estado de México. Que además si ha sido reincidente de su accionar para hacer la búsqueda, localización y en su caso presentación de víctimas y ofendidos, se concluye que el hecho infractor es medianamente grave. En consecuencia a todo lo anterior con fundamento en el artículo 76 fracción II del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, resulta justo legal y adecuado imponerle como medida de apremio una multa por veinte días de salario mínimo vigente en esta entidad, misma que deberá de pagar en favor del Fondo de Administración de Justicia, y a efecto de hacer efectiva la misma comuníquese la presente determinación al Director de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México [.] Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en los párrafos que anteceden, dejó insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil quince, y en su lugar dictó uno nuevo en el que consideró que la falta en la que incurrió el quejoso es medianamente grave, por lo que le impuso como medida de apremio una multa de veinte días de salario mínimo general vigente. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dejó insubsistente el auto reclamado y en su lugar dictó otro en la que analizó los aspectos sobre los que se concedió la protección constitucional, para luego resolver sobre la imposición de una nueva multa dictada dentro del juicio de origen, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por la Jueza de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, apercibidas que de no hacerlo en el lapso antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Sirve de apoyo, por las consideraciones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F. y su Gaceta, 9a Época, tomo XI, marzo de 2000, Pág. 243)

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DE LISTA (AVISO): "Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por la Jueza de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, apercibidas que de no hacerlo en el lapso antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Sirve de apoyo, por las consideraciones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F. y su Gaceta, 9a Época, tomo XI, marzo de 2000, Pág. 243)"

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