David Sánchez Vazquez

Expediente 869/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
869/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • David Sánchez Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. En esas condiciones, vista la diversa certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo vigente, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por David Sánchez Vázquez, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo, promovida por , por derecho propio, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ello por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 869/2020-IV, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, atendiendo al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preponderante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la tesis I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.» Al respecto, la parte quejosa señaló que el acto reclamado es: La forma en que están aplicando las cláusulas del contrato de crédito con garantía hipotecaria por parte del Instituto Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), esto es, las violaciones en que incurre la autoridad al momento de hacer el cobro de mi crédito, por incurrir a violaciones a lo establecido, en el artículo 3 fracción II, inciso c, de la Ley del Propio Instituto, así al artículo 44 de la precitada ley, que se aplica de manera incorrecta en relación a la cláusula octava del contrato de otorgamiento de crédito, y la inexacta aplicación de lo establecido en el artículo 42, fracción II, inciso d, de la ley del Instituto Nacional de la Vivienda para Trabajadores, faltando con ello a lo pactado, en el contrato. Aunado a ese hecho, dentro de las listas que se anexaron al escrito principal, se advierte un saldo de adeudo excesivo, sin que exista razón justificable. (sic)» En el particular a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como autoridad responsable al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y como acto reclamado la violación al contrato de apertura de crédito por virtud de una inexacta aplicación al artículo 42 fracción II de la ley respectiva, que a decir de la quejosa resulta excesivo por los incrementos porcentuales de la Unidad de Medida y Actualización. Para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta necesario precisar el contenido de los artículos 1°, 2, 3 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los cuales establecen: "Artículo 1o.- Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República." "Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la Ciudad de México." "Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto: I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece." De los normativos transcritos, se advierte que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo de servicio social, con personalidad y patrimonio propios, que administra "recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores". Asimismo, además de fungir como administrador de fondos de vivienda, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, en términos de las fracciones I a XLV, del artículo 3, del Reglamento Interior del Instituto de del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En esa tesitura, en su relación jurídica con los trabajadores o acreditados, cuando actúa como ente administrador, se encuentra en un plano de coordinación, pues no actúa con su potestad de autoridad, situación distinta a cuando su papel es de organismo fiscal autónomo, frente a los patrones y sujetos obligados. Hechas las anteriores precisiones, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa se duele esencialmente, del cobro que ordenó realizar el Instituto, con motivo del otorgamiento de un crédito para la vivienda; crédito que es autorizado a quienes tienen la calidad de trabajadores. De lo anterior, claramente se advierte que el acto reclamado tiene como causa generadora el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria presuntamente celebrado por la aquí parte quejosa con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de modo que los descuentos reclamados derivan del crédito que le fue otorgado, es decir, de lo pactado en el acuerdo de voluntades, en el que se estableció la forma en que se llevaría a cabo el pago del monto financiado. Luego, resulta evidente que la forma de cuantificar el monto de la mensualidad correspondiente al crédito de vivienda que le fue otorgado, así como el ordenar el descuento derivado del crédito, no constituyen actos de autoridad revestidos de imperio y unilateralidad, sino que tienen sustento en un contrato, por lo que las consecuencias de su cumplimiento, a través del pago que debe realizar el trabajador, debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, porque tuvo su origen en una relación de coordinación entablada entre el trabajador y el organismo que administra los recursos del fondo para la vivienda. Estimar lo contrario equivaldría a considerar que, cuando ese mismo tipo de contratos se pactan con una institución de crédito, y ésta última decida ordenar la ejecución de su pago que corresponde enterar al acreditado por dicho crédito, tal proceder fuere considerado acto de autoridad por ser contrario a lo pretendido por el deudor, lo que es inadmisible jurídicamente. De ahí que los actos que realizan las partes que intervinieron en dichos actos jurídicos son emitidos en un plano de igualdad, y como tal, el actuar del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe ser analizado partiendo de lo convenido en las cláusulas del contrato, es decir, si dicho descuento se encuentra permitido, y en su caso, si expresamente fue pactado por las partes, por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de derechos fundamentales; sino que debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes. Consideraciones que se apoyan en lo dispuesto en el artículo 53 de la propia Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que establece que las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado en su caso el recurso establecido en el artículo 52, se tramitarán ante los tribunales competentes, ya que se tratan de facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos. Es aplicable, la tesis XX.2o.7 A, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, registro 186933, página 1230, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, Octava Época, registro 228533, página 394, de rubro y texto: "INFONAVIT. CUANDO CELEBRA CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Téngase por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Y por autorizado en términos del artículo 12 de la ley en la materia al profesionista Ignacio Espino Franco y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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