David Sabino Martínez Flores

Expediente 877/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
877/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • David Sabino Martínez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo 877/2020-II, así copia autorizada de la ejecutoria dictada en la queja Q.C.23/2020 de sesión de ocho de abril del año en curso, en la que el revisor determinó: «ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja» En tal virtud, agréguese a los autos los originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa; acúsese el recibo correspondiente; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado; archívese el asunto como concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    Por recibido el escrito del quejoso David Sabino Martínez Flores, ocurso por el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiocho de octubre del año en pasado, en que se desechó la demanda de amparo; ante ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja; y se rinde informe en los siguientes términos: Es cierto el acto reclamado, toda vez que el veintiocho de octubre del año en curso, en el juicio de amparo 877/2020-II, se dictó el proveído en el cual se desechó la demanda, por los motivos ahí expuestos. Agréguese una copia simple del escrito de expresión de agravios al expediente; remítase el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en Turno, para la substanciación de dicho recurso; así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia simple correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de esa adscripción. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, fórmese cuaderno de antecedentes, el cual deberá ser integrado con copias de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este juzgado federal, por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos, en el presente asunto; en tal virtud, con esta fecha se reanuda este trámite. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito del quejoso David Sabino Martínez Flores, mediante el cual solicita la consulta del expediente vía electrónica, así como presentar promociones por la misma vía; en atención dígase al promovente que en auto de veintiocho de octubre pasado, se proveyó lo conducente respecto a dicha petición, por lo que deberá estarse a lo ahí ordenado. Finalmente, atendiendo que en el citado proveído, se desechó la demanda de amparo, sin que la notificación del mismo se haya realizado en forma electrónica, no obstante de así haberse ordenado; en esa virtud, se ordena notificar a la parte quejosa el auto en comento por la vía de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 877/2020-II, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito estima que la misma, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que la parte quejosa en su demanda de amparo reclama de la autoridad responsable lo siguiente: «. el acuerdo de fecha 15 (quince) de septiembre del año 2020 (dos mil veinte).» Auto en el que en esencia la autoridad responsable Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, ordena turnar los autos a la notificadora de su adscripción, para hacerle de su conocimiento al ahora quejoso que contaba con el término de ocho días, para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva dictada en el expediente 2036/2018 de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Por lo anterior, y de la lectura de la demanda que se analiza, específicamente del capítulo de hecho y los cuales formuló bajo protesta de decir verdad, el promovente, es parte procesal en el juicio del cual deriva el acto reclamado, por lo que, no se encuentra dentro de los supuestos de ser extraña al procedimiento de origen. Atendiendo a lo anterior, se procede al análisis del escrito de demanda, en términos de la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, de la que se advierte que la parte quejosa, se duele de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el expediente 2036/2018 del índice del juzgado responsable. En esa tesitura, este tribunal estima que por lo que hace al acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del precepto 107 aplicable éste último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: ARTICULO. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 107.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (Lo subrayado es de este juzgado). En ese contexto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto para la procedencia del amparo en la vía indirecta, es necesario que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución, con la finalidad de que no se entorpezca la ejecución de una sentencia que ha causado estado, evitando así, el abuso del juicio de amparo y en la cual se podrán reclamar todas las violaciones procesales que en su caso se hubieren cometido durante la fase de ejecución. Bajo esa premisa, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, es decir, los actos de ejecución de sentencia efectuada por la autoridad responsable dentro de los autos del expediente 2036/2018, no es de acuerdo a su naturaleza jurídica la última resolución dictada en la etapa ejecutiva de dicho procedimiento, en la que se apruebe o desapruebe el cumplimiento total de lo condenado o se declare la imposibilidad jurídica o material que se tenga para darle cumplimiento como lo pretende hacer valer la parte quejosa, y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto, resulta improcedente, por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; pues en términos del precepto legal invocado únicamente procede en los términos de la fracción antes invocada, contra la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, en la que se podrá reclamar como ya se dijo, todas las violaciones procesales que en su caso se hayan cometido en esa fase ejecutiva, hipótesis que en la especie no se cumple. En efecto, es importante señalar que, por última resolución debe entenderse, en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia o convenio, o en su caso, la que establece la imposibilidad jurídica o material para cumplirla, conforme a la naturaleza propia de las sentencias dictadas dentro de los procedimientos, en los que pueden distinguirse en forma específica, las resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio, tendentes a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial encaminada a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia que es cosa juzgada, lo que en la especie no acontece, ya que la parte quejosa, se duele en esencia de actos dictados en la etapa de ejecución de la sentencia emitida dentro del expediente del cual deriva el acto reclamado, y que no constituye como ya se dijo la última resolución dictada en esa fase lo que hace improcedente la acción constitucional, en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con la diversa fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Es aplicable por identidad de razón lo sustentado por la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, tesis P./J. 32/2001, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada bajo el literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De lo anterior se colige, que cuando se reclaman diversas violaciones procesales acontecidas en la etapa de ejecución de sentencia, no procede la acción constitucional en contra de ellas, ya que la intención del legislador, contenida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las sentencias que han adquirido la categoría de cosa juzgada sean cumplidas en sus términos sin que la promoción de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo procedente la acción constitucional hasta que se dicte la resolución definitiva en la fase ejecutiva de una sentencia, en la que se determine que la sentencia de mérito ha quedado debidamente cumplida o en su caso se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo y será hasta ese momento procesal, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer como ya se dijo la acción constitucional, donde podrá reclamar todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por lo tanto, el acto del cual se duele la parte quejosa, es una determinación dictada en el procedimiento de ejecución de lo condenado en el expediente 2036/2018, la cual no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, como lo pretende hacer creer, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, de la citada ley. En virtud de todo lo anterior, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en las fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por David Sabino Martínez Flores. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase ésta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenida a página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL» Ahora bien, podrán tener acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL el usuario: "DavidMartinez" -perteneciente a - David Sabino Martínez Flores -, toda vez que cumple con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; dejando el actuario judicial constancia de la consulta realizada, la cual, será digitalizada para el expediente electrónico y otra se agregará al presente expediente como constancia de notificación. Finalmente, por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo.

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