David Rojas Santiago
Expediente 1434/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- David Rojas Santiago
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la copia certificada de la demanda de amparo indirecto señalada en la nota de cuenta, remitida con motivo de la separación de juicios decretada en el diverso amparo indirecto 1415/2022 del propio índice de este Juzgado de Distrito, y promovida por David Rojas Santiago, Francisco León López, Felipe Aurelio Rojas, Francisca Jerónima Montes Reyes, Juan Pablo León López, Lucas León Ortiz, Odilón Pedro Vásquez Reyes y Eulogio Constantino Santiago León, por propio derecho, en contra del acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1434/2022. Ahora, de acuerdo con la separación de juicios de mérito, se advierte que en el presente asunto toca conocer lo relativo al acto reclamado consistente en: todo lo actuado en el juicio agrario 487/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Y, al respecto, lo conducente es desechar de plano la demanda de amparo, por las consideraciones que a continuación se enuncian. Conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano, por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa, esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Bajo este contexto, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo; el cual, enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por David Rojas Santiago, Francisco León López, Felipe Aurelio Rojas, Francisca Jerónima Montes Reyes, Juan Pablo León López, Lucas León Ortiz, Odilón Pedro Vásquez Reyes y Eulogio Constantino Santiago León, porque en relación con el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario 487/2022 se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6º del propio ordenamiento, dado que los promoventes carecen de legitimación procesal activa para acudir de manera individual a este juicio de protección de los derechos fundamentales en defensa del patrimonio del núcleo agrario denominado Tlaxiaco, Oaxaca. Al respecto, los artículos 5º, fracción I, 6º y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." El primer artículo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. A su vez, el segundo artículo en cita determina que el quejoso es parte en el juicio de amparo y es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos por el artículo 1º de la propia Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El último de los artículos transcritos, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. En la especie, los quejosos impugnan del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, todo lo actuado en el juicio agrario 487/2022 porque sostienen que en ese asunto se suscribió un convenio con diversas personas y en dicho acuerdo de voluntades se excluyeron supuestas pequeñas propiedades que se encuentran inmersas en los bienes del núcleo agrario denominado Tlaxiaco, Oaxaca; lo cual, implica que acuden a esta vía constitucional en defensa del patrimonio de esa comunidad agraria al aducir que tienen la calidad de comuneros. Sin embargo, aun cuando se aceptara que los promoventes son comuneros del núcleo agrario denominado Tlaxiaco, Oaxaca, esa situación no los faculta para ejercer la acción de amparo por sí, porque en realidad tratan de defender el patrimonio de esa comunidad agraria y no un bien propio. En este punto, es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos legales 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, que dicen: "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. [.]" De las normas legales transcritas se deduce que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. El comisariado ejidal está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero propietarios, con sus respectivos suplentes. Es una facultad del comisariado ejidal representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Con base en lo anterior, si lo actuado en el juicio agrario 487/2022 del índice Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, causa alguna afectación a los bienes o al patrimonio del núcleo agrario denominado Tlaxiaco, Oaxaca, el único legitimado para ejercer la acción de amparo es el Comisariado de Bienes Comunales de dicha comunidad, porque ese órgano colegiado es quien ejerce la representación legal del núcleo de población conforme a lo estatuido por los normativos legales 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria. Los promoventes, en el caso, se ostentan como comuneros del núcleo agrario denominado Tlaxiaco, Oaxaca, pero no son integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de esa comunidad ni ejercen la representación legal de esta última; de ahí que carezcan de legitimación procesal activa para ejercer la acción de tutela constitucional por sí, en su calidad de comuneros, en defensa del patrimonio del referido núcleo agrario al cual pertenecen; máxime que en la Ley de Amparo vigente no se prevé la figura de la representación sustituta y esa situación da pauta a sostener que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada. Apoya lo anterior la tesis 2a. LII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del comisariado de bienes comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del comisariado de bienes comunales, carecen de legitimación. Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, 6o. y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al comisariado de bienes comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del comisariado de bienes comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo". En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia de la acción de tutela constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6º del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto presentada por David Rojas Santiago, Francisco León López, Felipe Aurelio Rojas, Francisca Jerónima Montes Reyes, Juan Pablo León López, Lucas León Ortiz, Odilón Pedro Vásquez Reyes y Eulogio Constantino Santiago León, en contra del acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en todo lo actuado en el juicio agrario 487/2022, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Representante común. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como representante común de su parte a Juan Pablo León López, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Autorizadas y domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a Edith Ortiz Sánchez como autorizada en términos amplios de la parte promovente, por haberse encontrado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no así de José Luis Hilario Sánchez ni Evaristo Tobías Rojas Sánchez, a quienes se autoriza en términos limitados del párrafo segundo del artículo 24 ibídem. A su vez, de conformidad con los artículos 26, fracción I, y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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