David Rey Vásquez Martínez

Expediente 403/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
403/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • David Rey Vásquez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 403/2023. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que David Rey Vásquez Martínez, quien promueve por sí y se ostenta como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales E.V.P. reclama el acto siguiente: Del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combate: ? La omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la promoción que presentó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de divorcio incausado 115/2022, en donde solicitó que se dictara una medida provisional de convivencia entre los justiciables. Por otra parte, de los hechos que el titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto impugnado se advierten los aspectos siguientes: 1. Que ante el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca se instrumenta el juicio de divorcio incausado 115/2022. 2. A través del libelo presentado el veinticuatro de marzo del año en curso, el disidente solicitó que se dictara una medida provisional de convivencia con su descendiente menor de edad identificado con las iniciales E.V.P., sin que se haya dictado la determinación que corresponda. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo1 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales... En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por David Rey Vásquez Martínez, quien promueve por sí y se ostenta como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales E.V.P., porque en relación con el acto reclamado al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la promoción que presentó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de divorcio incausado 115/2022, en donde solicitó que se dictara una medida provisional de convivencia entre los justiciables, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esa actuación no es de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva... Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: ? La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, ? La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva...En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, de la determinación que ponga fin al procedimiento o del proveído que de por concluido una etapa en el proceso de origen para poder combatir en la vía correspondiente las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento o en la etapa relativa que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final respectiva. En el caso, el solicitante del amparo reclama del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la promoción que presentó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de divorcio incausado 115/2022, en donde solicitó que se dictara una medida provisional de convivencia entre los justiciables. Ahora, precisa señalar que el promovente forma parte de la relación jurídica procesal entablada en el juicio natural, dado que es parte en sentido material en el juicio de divorcio incausado 115/2022 radicado ante el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al figurar como demandado, por lo que esa situación evidencia que la referida actuación no constituye un acto de imposible reparación en la medida en la que no produce una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, etcétera, aun cuando el disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la actuación reclamada es de naturaleza intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que el hecho de que el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no haya dictado la determinación que corresponda a la promoción que el promovente presentó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de divorcio incausado 115/2022 no produce una afectación material a los derechos sustantivos de los quejosos. En efecto, la omisión atacada no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, ya que se trata de la falta de respuesta a una petición expresa sobre la emisión de una medida provisional de convivencia entre los justiciables. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como pudiera ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que los quejosos son parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el medio extraordinario de defensa promovido en contra de la actuación omisiva atacada es notoriamente improcedente al patentizarse el supuesto regulado por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último dispositivo interpretado en sentido contrario; máxime que del contenido de la demanda de amparo no se detecta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total... En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por David Rey Vásquez Martínez, quien promueve por sí y se ostenta como representante legal de su hijo menor de edad identificado con las iniciales E.V.P. en contra del acto reclamado al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda a la promoción que presentó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de divorcio incausado 115/2022, en donde solicitó que se dictara una medida provisional de convivencia entre los justiciables, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de los disidentes el que señalan en su escrito inicial y como sus autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Agustín Sosa De La Cruz y a Anuar Sánchez Girón con cédulas profesionales 3039832 y 6055560 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por otra parte, téngase como sus autorizados en términos restringidos del citado precepto y del diverso 24 del propio ordenamiento a las personas restantes que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitó de manera expresa. Autorización para consultar el expediente electrónico. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza a la parte quejosa el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios enLínea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "agustinsosa" proporcionado para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "agustinsosa" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado. Medio de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Juzgado Cuarto para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, informa que en auto de diecinueve de abril en curso, se señalaron las diez horas del ocho de mayo de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, en la carpeta judicial ******************** de su índice. Toda vez que remite las constancias que así lo acreditan, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informe una vez que la audiencia de revisión de medida cautelar se celebre y emita una nueva resolución. Se apercibe a la responsable que si no actúa como se le indica en esta resolución, este juzgado de distrito -a la omisa- le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase a la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. NOTIFÍQUESE.

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