David Pérez Barrios

Expediente 1265/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1265/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • David Pérez Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del apoderado legal de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el cual, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, quedando a la espera de que continúe informando cada cinco días las gestiones que realice. Ahora bien, del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de enero del año en curso, se acordó oficio signado por el representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, mediante el cual se informó que los decretos concernientes al procedimiento administrativo de expropiación, aún se encontraban en la oficina de la mencionada responsable para su firma, al encontrarse enfermo de Covid-19. Por ello, se le requirió para que en el término de tres días, posteriores a que se reincorporara a sus funciones, informará el estado que guarda el procedimiento administrativo de expropiación en comento, lo cual fue notificado mediante oficio 3426/2022 el veintiocho siguiente, sin que a la fecha se haya recibido información alguna al respecto; requiérase a la mencionada autoridad, por conducto de su apoderado, para que en el término de veinticuatro horas, informe si a la fecha de notificación del presente auto, se reincorporó o no a sus actividades laborales el Gobernador Constitucional del Estado de México, debiendo remitir las constancias que acrediten su dicho. Finalmente, para el caso de haberse incorporado, por última ocasión se requiere a dicha autoridad para que, en el mismo término, haga saber a este juzgador el estado que guarda el procedimiento administrativo de expropiación en comento, quedando subsistente el apercibimiento con que se le conminó en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, lo anterior ante la clara dilación en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguese el despacho 72/2021 con número de orden 337/2021, que devuelve el Servicio de Mensajería Acelerada ESTAFETA, por los motivos que expone, es decir, "direccionado". Háganse las anotaciones respectivas. En ese sentido, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena dar de baja el despacho 72/2021 con número de orden 337/2021, de esta estadística, del libro de comunicaciones oficiales y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, líbrese despacho al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de sus actuarios a fin de que se constituya en el Centro Preventivo y Readaptación Social de El Oro, Estado de México, y le corra traslado a ***con copia del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, así como del presente. Esto en relación al Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por el que se determina la fusión de los Juzgados Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec y Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, México, al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Para lograr el cometido, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por *****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1265/2021-III-A. DESECHAMIENTO En ese orden, previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se justifica la inasistencia de los órganos de prueba, así como la resolución del recurso de revocación interpuesto y resuelto en segmento de audiencia de once de noviembre de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró no operante dicho medio de impugnación, notificada en la misma data, emitidos en la carpeta administrativa ******, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. -Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. ---------------- -------------------------------------------------------------------------------- -- Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:(...)----------------------------------------- -- III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ----------------------------------------------- (...) --------------------------------------------------------------------------- b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ------------------------------------------------------------------ [...]---------------------------------------------------------------------------- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." ------------------------------------------------------------ Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.--- -------------------------------------------------------------------------------- Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.--------------------- ----------------- -------------------------------- Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Luego, los actos consistentes en el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se justifica la inasistencia de los órganos de prueba, así como la resolución del recurso de revocación interpuesto y resuelto en segmento de audiencia de once de noviembre de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró no operante dicho medio de impugnación, notificada en la misma data, emitidos en la carpeta administrativa *****, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; pues dicha determinación, no afecta inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que es una violación de carácter formal o intraprocesal, e incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; luego, se actualiza la hipótesis normativa que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse la demanda de amparo. Ilustran lo anterior, la tesis P.LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. *****." La jurisprudencia número 244, visible en la página 174, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. ****" Conforme a lo expuesto, los actos reclamados por la parte quejosa no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón que no afecta sus derechos sustantivos el hecho de que el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se justifica la inasistencia de los órganos de prueba, así como la resolución del recurso de revocación interpuesto y resuelto en segmento de audiencia de once de noviembre de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró no operante dicho medio de impugnación, notificada en la misma data, emitidos en la carpeta administrativa ******, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; ya que la consecuencia procesal que acarrea dichas determinaciones lo constituye una violación procesal que puede ser subsanada al momento de resolver en definitiva el juicio de origen, asimismo. Consecuentemente, resulta dable concluir que, el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular, pues se ha visto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no producen a las partes una afectación en sus derechos sustantivos, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. Aunado a lo anterior, como se ha visto, se cuestiona la resolución que se trata de combatir en esta vía constitucional, que de acuerdo a lo expuesto no tiene la característica de ejecución irreparable a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la impetrante, sino trasciende a un aspecto de carácter procedimental, porque dichos actos intraprocesales, per se, no irrogan derechos sustantivos de la promovente de esta vía constitucional, es decir, sólo derechos adjetivos, lo que tiene sustento si se toma en cuenta que el acto reclamado puede ser impugnado como una violación dentro del procedimiento, si al dictarse la sentencia definitiva correspondiente causa agravio el actor en el juicio de origen, aquí quejoso. Es así, pues el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se justifica la inasistencia de los órganos de prueba, así como la resolución del recurso de revocación interpuesto y resuelto en segmento de audiencia de once de noviembre de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró no operante dicho medio de impugnación, notificada en la misma data, emitidos en la carpeta administrativa *****, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; no son actos en el juicio que, por regla general, tengan una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), practíquese la notificación del presente proveído de manera personal al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Preventivo y Readaptación Social de El Oro, Estado de México, es decir, fuera de la residencia de este Juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec, Almoloya, Zinacantepec y Lerma), con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, líbrese despacho al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios a fin de que se constituya en el Centro Preventivo y Readaptación Social mencionado, y le corra traslado con copia del presente proveído. Para lograr el cometido, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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