David Omar Rosas Nava

Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
15/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • David Omar Rosas Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fra¬cción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ....con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 15/2022-IC. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otra: - La citación a la audiencia de formulación de imputación señalada para el trece de enero de dos mil veintidós a las diez horas, derivada de la carpeta administrativa 411/2021, del índice del juzgado responsable. DESECHAMIENTO Ahora, precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Los preceptos, anteriores en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación a la libertad personal del quejoso. Para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés derivado de una afectación a la libertad personal para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener una afectación a la libertad personal y le causa agravio no reparable mediante algún medio de defensa, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción IV, del numeral 107 de la Carta Magna. En el caso, el quejoso se duele de la citación, emitida en su contra por la autoridad señalada como responsable. Si bien, la orden de citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad ministerial ante quienes se haya realizado la denuncia con ese fin, lo cierto es, que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica la impetrante del amparo, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que el quejoso hubiere participado en la comisión de ese hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación. En efecto, para emitir el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que les son conferidas en el precepto constitucional marcado con el numeral 14, de tal modo que al impetrante no se le causa un perjuicio ya que no se afecta la libertad personal del solicitante de amparo ello en razón de que, la investigación que se realice en relación a hechos que puedan determinar si un hecho es calificado como delito, o no. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la parte quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine que existe la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión; y derivado de la petición que formule el órgano técnico de investigación, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica y personal. Y si bien, el promovente debe comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlo de su libertad; además, se encuentra con libertad de acudir o no a la orden de citación; por tanto, dicho acto, no tiene como finalidad restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión por una autoridad judicial. Considerar que la orden de citación en base al citatorio que se duele la parte quejosa de la responsable, transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Por lo antes relatado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV del citado ordenamiento, y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por David Omar Rosas Nava. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 239 del Semanario Judicial de la Federación, tomo I (diciembre de 2018), Décima Época, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Misma consideración adoptó este Juzgado en el expediente 1253/2021-III-A, del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que pase desapercibido que hace referencia a diversas violaciones procesales, pues estas, no las señala como actos destacados, por lo que las mismas, de ser el caso, deberán realizarse al momento que se lleve a cabo, la audiencia de formulación de imputación. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda, es decir, en calle Sostenes Rocha, número ciento uno (101), primer piso, interior uno, esquina con calle Brígida García, Colonia Nueva Santa María de las Rosas, Toluca, Estado de México. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CORREO ELECTRÓNICO Adicionalmente, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales) los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona la parte quejosa, a efecto de poder establecer comunicación. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 20/2021. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. OTORGAMIENTO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS En aras de una correcta imposición de los presentes autos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, de oficio, se autoriza a las partes la expedición de copias relativas a las constancias de autos, previa razón de recibo obre en autos a persona autorizada para tal efecto. En el entendido de que cuando las partes requieran de las mismas, deberán generar su código QR para que el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes; para acudir al área indicada y se realice el fotocopiado respectivo; sin embargo, para cumplir con la entrega recepción los solicitantes deberá realizar lo siguiente: Como se dijo deberá generar su código QR para que el día asignado se baje al área respectiva y se realice el fotocopiado de las constancias solicitadas. En caso de ser certificadas, al día siguiente, se hará la certificación correspondiente de las constancias, es decir, el entre sello, folio, rubrica y la certificación respectiva. ( De ser el caso) Y, en un tercer día, la entrega de las mismas. Para el caso de que las partes necesiten el fotocopiado de varios tomos derivados del juicio principal o incidental, según corresponda, dicha labor se hará en varios días; en el entendido de que el máximo de copias a sacar por día será de trescientas fojas; por ello, si las copias solicitadas rebasan ese límite, se irán sacando por día hasta concluir con las mismas y, después conforme a los puntos anteriores, en otro día la certificación y en un diverso momento la entrega de las mismas. Lo anterior es así, por la reducida plantilla del personal que fue asignado para laborar en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19; aunado a las cargas de trabajo y el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los asuntos que se ventilan de forma cotidiana en este Órgano jurisdiccional. Se hace de su conocimiento que, en el día autorizado para el acceso al inmueble del órgano jurisdiccional, deberá de estar presente a la hora indicada, ya que, de no ser así, no se esperará y deberá solicitar nueva diligencia para esa labor. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE DOCE DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA *** EL PROVEÍDO DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ....con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 15/2022-IC. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otra: - La citación a la audiencia de formulación de imputación señalada para el trece de enero de dos mil veintidós a las diez horas, derivada de la carpeta administrativa 411/2021, del índice del juzgado responsable. DESECHAMIENTO Ahora, precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Los preceptos, anteriores en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación a la libertad personal del quejoso. Para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés derivado de una afectación a la libertad personal para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener una afectación a la libertad personal y le causa agravio no reparable mediante algún medio de defensa, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción IV, del numeral 107 de la Carta Magna. En el caso, el quejoso se duele de la citación, emitida en su contra por la autoridad señalada como responsable. Si bien, la orden de citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad ministerial ante quienes se haya realizado la denuncia con ese fin, lo cierto es, que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica la impetrante del amparo, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que el quejoso hubiere participado en la comisión de ese hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación. En efecto, para emitir el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que les son conferidas en el precepto constitucional marcado con el numeral 14, de tal modo que al impetrante no se le causa un perjuicio ya que no se afecta la libertad personal del solicitante de amparo ello en razón de que, la investigación que se realice en relación a hechos que puedan determinar si un hecho es calificado como delito, o no. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la parte quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine que existe la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión; y derivado de la petición que formule el órgano técnico de investigación, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica y personal. Y si bien, el promovente debe comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlo de su libertad; además, se encuentra con libertad de acudir o no a la orden de citación; por tanto, dicho acto, no tiene como finalidad restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión por una autoridad judicial. Considerar que la orden de citación en base al citatorio que se duele la parte quejosa de la responsable, transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Por lo antes relatado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV del citado ordenamiento, y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por David Omar Rosas Nava. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 239 del Semanario Judicial de la Federación, tomo I (diciembre de 2018), Décima Época, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Misma consideración adoptó este Juzgado en el expediente 1253/2021-III-A, del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que pase desapercibido que hace referencia a diversas violaciones procesales, pues estas, no las señala como actos destacados, por lo que las mismas, de ser el caso, deberán realizarse al momento que se lleve a cabo, la audiencia de formulación de imputación. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda, es decir, en calle Sostenes Rocha, número ciento uno (101), primer piso, interior uno, esquina con calle Brígida García, Colonia Nueva Santa María de las Rosas, Toluca, Estado de México. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CORREO ELECTRÓNICO Adicionalmente, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales) los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona la parte quejosa, a efecto de poder establecer comunicación. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 20/2021. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. OTORGAMIENTO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS En aras de una correcta imposición de los presentes autos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, de oficio, se autoriza a las partes la expedición de copias relativas a las constancias de autos, previa razón de recibo obre en autos a persona autorizada para tal efecto. En el entendido de que cuando las partes requieran de las mismas, deberán generar su código QR para que el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes; para acudir al área indicada y se realice el fotocopiado respectivo; sin embargo, para cumplir con la entrega recepción los solicitantes deberá realizar lo siguiente: Como se dijo deberá generar su código QR para que el día asignado se baje al área respectiva y se realice el fotocopiado de las constancias solicitadas. En caso de ser certificadas, al día siguiente, se hará la certificación correspondiente de las constancias, es decir, el entre sello, folio, rubrica y la certificación respectiva. ( De ser el caso) Y, en un tercer día, la entrega de las mismas. Para el caso de que las partes necesiten el fotocopiado de varios tomos derivados del juicio principal o incidental, según corresponda, dicha labor se hará en varios días; en el entendido de que el máximo de copias a sacar por día será de trescientas fojas; por ello, si las copias solicitadas rebasan ese límite, se irán sacando por día hasta concluir con las mismas y, después conforme a los puntos anteriores, en otro día la certificación y en un diverso momento la entrega de las mismas. Lo anterior es así, por la reducida plantilla del personal que fue asignado para laborar en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19; aunado a las cargas de trabajo y el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los asuntos que se ventilan de forma cotidiana en este Órgano jurisdiccional. Se hace de su conocimiento que, en el día autorizado para el acceso al inmueble del órgano jurisdiccional, deberá de estar presente a la hora indicada, ya que, de no ser así, no se esperará y deberá solicitar nueva diligencia para esa labor. Notifíquese personalmente al quejoso.

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