David Óscar Graciano Torres Magaña

Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
128/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • David Óscar Graciano Torres Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por el Juez Décimo Segundo Familiar de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Atizapán, por medio del cual, acusa recibo de un tomo de pruebas relativo al expediente 11/2020, esto es, en complemento a su oficio registrado con el número de correspondencia interna 7776, mediante el cual acusó recibo de diverso tomo. Por lo anterior, se encuentra satisfecho el requerimiento formulado en autos, dado que la autoridad responsable ya informó la recepción de los dos tomos correspondientes al expediente 11/2020, que le fueron devueltos mediante oficio 12300/2021, de veintidós de junio del presente año. De lo anterior, este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que fue conminada dicha autoridad. Notifíquese a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con los oficios registrados con los números de promoción 7461 y 7481, correspondientes al juicio de amparo 128/2021-V. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signado por el Juez Decimosegundo Familiar de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Atizapán, por medio de los cuales, pretende acusar recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio 12300/2021 de veintidós de junio del presente año, sin embargo, de autos se advierte que le fueron devueltos dos tomos, en tanto que, la oficiante únicamente acusa recepción de un tomo. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante para que, en el plazo de tres días, acuse recibo de la totalidad de constancias relativas al expediente 11/2020, de su índice, que le fueron enviadas. En el entendido que subsiste el apercibimiento con que fue conminada en auto de veintidós de junio del año en curso. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso -------------------------------, y HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y glósese a los presentes autos únicamente el original del cuaderno incidental. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, inciso b; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso c, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.) CAPÍTULO OCTAVO. EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) EXPEDIENTES DESTRUIBLES. Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y (.) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; asimismo, el CUADERNO ORIGINAL Y DUPLICADO del INCIDENTE DE SUSPENSIÓN son susceptibles de DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia, asimismo, se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. Por otro lado, toda vez que ya que no son necesarias las constancias remitidas por el Juez Decimosegundo Familiar de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Atizapán, relativas al expediente 11/2020, de su índice, en dos tomos, por tanto, devuélvanse las mismas a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable, para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las citadas constancias que se le remiten. Se apercibe a dicha responsable, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o de no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: V I S T O S, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo indirecto 128/2021-V, promovido por ---------------------, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ---------------------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal por las autoridades y acto que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. 2. JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO. Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable: la sentencia interlocutoria de fecha 3 de diciembre de 2020, dictado en el expediente 11/2020 del juicio de divorcio entablado por la señora --------------------- en mi contra, cuyos puntos fueron los siguientes: PRIMERO: Se declaran inoperantes los agravios analizados en la consideración II de esta resolución, por lo que resulta inoperante el recurso de revocación y en consecuencia se confirma la parte conducente del auto combatido, sin que haya lugar a modificación o revocación." SEGUNDO. Trámite de Juicio. Mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 128/2021-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se fijó una nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. 9 El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos reclamados tienen ejecución en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, es decir, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se observa que el acto reclamado por la parte quejosa, es: Del Juez Décimo Segundo Familiar de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán: ? La sentencia interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 11/2020, relativo al juicio de divorcio promovido por ---------------------, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de veinte de enero de dos mil veinte, confirmándolo, en el que fijó la medida de pensión alimenticia provisional equivalente a dos salarios mínimos a favor de favor de los menores acreedores alimentarios de iniciales P.D.G.T., O.S.T. y A.P.G.T.. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Décimo Segundo Familiar de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente 11/2020, relativo al juicio vía de controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar de divorcio incausado, promovido por --------------------- con vista a David Óscar Graciano Magaña, que adjuntó como apoyo a su informe justificado, al que se otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que integran el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, aunado a que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia; por ende, debe analizarse el estudio del fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de fondo, se considera importante hacer referencia a ciertos antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado, entre ellos se destaca lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil veinte, ---------------------, demandó el divorcio incausado de ---------------------, en el que entre otras cuestiones, solicitó se fijara una pensión alimenticia para los menores P.D.T.G., O.S.T.G. y A.P.T.G. 2. Por auto de veinte de enero de dos mil veinte, el Juez Décimo Segundo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, previo desahogo de prevención, admitió la solicitud sobre divorcio incausado promovido por ---------------------, ordenó el emplazamiento del demandado por exhorto, señaló fecha y hora la primera audiencia de avenencia y dictó medidas provisionales, por lo que decretó por concepto de pensión alimenticia provisional que ---------------------, debe dar a sus acreedores alimentarios de dos días de salario mínimo general vigente en esa zona, multiplicado por los días del mes que corresponda, contados a partir del día siguiente del emplazamiento. 3. Inconforme con dicha determinación, ---------------------, interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió mediante sentencia interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veinte, en la que se declararon inoperantes los agravios formulados por la parte demandada, resultando improcedente el recurso de revocación y, como consecuencia, se confirmó la parte conducente a la pensión alimenticia provisional del auto combatido. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación del quejoso se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: El Juez responsable viola lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que no fundó ni motivó correctamente su decisión para fijar por pensión alimenticia provisional dos días de salario mínimo, pues no tomó en consideración la capacidad económica del deudor alimentario, ello atendiendo a que las pensiones alimenticias deben calcularse con base al principio de proporcionalidad, es decir, considerando la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor, por lo que debió verificar sus posibilidades. El Juez responsable no tomó en cuenta las circunstancias especiales de cada caso para determinar que la pensión sea ejecutable, pues dictó una resolución sin perspectiva de género igualitaria, atendiendo estereotipos de género, sin conocer las circunstancias del caso y sin allegarse de los medios correspondientes para determinar si el quejoso contaba con ingresos para cubrir la pensión alimenticia que le fue decretada. Que la responsable dejó de observar lo previsto en la tesis "ALIMENTOS FIJAR EN UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL PAGO DE", que refiere que debe encontrarse demostrado que el deudor alimentario obtiene ingresos por el desempeño de su trabajo o es propietario de algunos bienes; y únicamente tomó en cuenta las disposiciones relativas a la obligación alimentaria de los padres hacia los hijos y el derecho a recibirlos, como lo establece la legislación civil. El Juez responsable dejó de observar lo previsto en el artículo 4.130 del Código Civil del Estado de México, que establece que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y a falta o por imposibilidad de ellos la obligación recae en los parientes más próximos, en el caso concreto en la tercera interesada ---------------------, madre de sus menores hijos, quien por más de diez años se ha hecho cargo de la manutención de la familia. Que el Juez responsable no tomó en consideración que el quejoso acreditó tener una pensión alimenticia por parte de la tercera interesada ---------------------, así como que por el término de diez años se ha dedicado al cuidado de sus menores hijos, a la atención de su hogar y que se encuentra enfermo. Los conceptos de violación antes sintetizados, son infundados e inoperantes, sin que se advierta queja deficiente que suplir, ello en términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, con base a las siguientes consideraciones: En principio, debe establecerse que uno de los requisitos elementales que debe contener toda resolución procesal, es el de encontrarse fundada y motivada. La citada garantía de legalidad se encuentra en la primera parte del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." En este sentido, la fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario consiste en que los actos de autoridad deben basarse en una disposición normativa general que prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar aquél acto, esto es, que dentro del ámbito de normatividad del derecho positivo, exista un precepto legal contenido en una ley vigente que autorice y faculte a una determinada autoridad para emitir el acto de molestia. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto, expresando los razonamientos lógico jurídicos sobre el porqué consideró que el caso concreto se ajusta, o no, a la hipótesis normativa. Sin lo anterior, se violaría, invariablemente, la citada subgarantía que conjuntamente con la de fundamentación legal, integra la garantía de legalidad. Bajo esos términos, se estima que el acto reclamado, se encuentra fundado y motivado, pues basta su lectura para advertir que citó los fundamentos en los que basó su actuar, como lo fueron los artículos 4.126 y 4.130 del Código Civil y el 5.43 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de México.10 Lo anterior es así, en virtud de que expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que la llevaron a determinar que la pensión provisional fijada en favor de los menores de edad, era correcta al encontrarse acreditada en ese momento la obligación alimentaria del deudor ---------------------, por tratarse del auto inicial y que el Juez responsable de oficio determinó fijar una pensión alimenticia de dos días de salario mínimo general vigente, dado que la parte actora ---------------------, acompañó a su solicitud de divorcio incausado, las actas de nacimiento de sus menores hijos P.D.T.G., O.S.T.G. y A.P.T.G., documentales de las cuales se acreditó que el aquí quejoso es su progenitor, por lo que se demostró su obligación alimentaria para con sus hijos, siendo que al ser menores de edad existe la presunción de necesitar alimentos. En ese sentido, la autoridad responsable justificó que dicho monto se fijaba discrecionalmente al no tener conocimiento de la capacidad económica del deudor alimentario, monto de la pensión que se fijó de acuerdo a lo dispuesto por el multicitado numeral 5.43 del Código adjetivo de la materia, último párrafo, mismo que establece que cuando no se acredite la capacidad económica del deudor se fijará en salarios mínimos sin que pueda ser inferior a uno, ajustándolo a dos salarios mínimos para dar cumplimiento a la normativa y no vulnerar el derecho del aquí quejoso. De lo anterior, se advierte que contrario a lo argumentado por el quejoso, la resolución combatida observa los aspectos que comprenden los alimentos y que son regulados por el artículo 4.13511 del Código Civil del Estado de México, el cual se interpretó de manera armónica con el numeral 5.43 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, en virtud de que refiere, entre otras cuestiones, que si en el auto admisorio de demanda el Juez considera acreditada la obligación alimentaria, de oficio determinara el monto de la pensión alimenticia y que cuando no se acredite la capacidad económica del deudor alimentario, se fijara en salarios mínimos, sin que pueda ser inferior a uno, lo cual constituye el monto mínimo que por concepto de pensión alimenticia puede decretarse cuando en un procedimiento se ven involucrados derechos de hijos menores de edad y no existen parámetros para decretar una pensión alimenticia suficiente, considerándose así que un salario mínimo es precisamente la cantidad mínima que podría satisfacer las necesidades más elementales de un menor. Al respecto, se debe estar a lo dispuesto en la legislación de la entidad, ya que el precepto legal 4.135 del Código Civil para el Estado de México, que establece que los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación. Lo anterior, con relación a lo establecido en el diverso 4.138 del Código Civil para el Estado de México12, que contiene el principio de proporcionalidad el cual se aplica para fijar pensión 10 Artículo 5.43.- En el auto admisorio de demanda, si el juez considera acreditada la obligación alimentaria, de oficio determinará el monto de la pensión alimenticia provisional y ordenará se realicen los descuentos correspondientes por la vía que considere más rápida. (.) Cuando no se acredite la capacidad económica del deudor alimentario, en atención a las circunstancias especiales del caso, se fijará en salarios mínimos, sin que pueda ser inferior a uno. Artículo 4.126.- Las disposiciones de este capítulo son de orden público. Artículo 4.130.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos. 11 Artículo 4.135.- Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su caso, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. 12 Artículo 4.138.- Los cónyuges están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas: La cónyuge que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la cónyuge, el cónyuge deberá proporcionarlos de por vida. La cónyuge que no tenga hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. El cónyuge que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será alimenticia provisional o definitiva, ya que los alimentos deberán ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien debe recibirlos; sin embargo, en el presente asunto, no debe perderse de vista que al ser un auto admisorio el Juez de oficio fijó pensión provisional de alimentos al quedar debidamente acreditada la obligación alimentaria del promovente para con sus tres menores hijos, como lo señala el numeral 5.43 del código procedimental en cita. Ahora bien, por lo que respecta al diversos concepto de violación, referente a lo manifestado por el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable dictó una resolución sin perspectiva igualitaria, es decir, atendiendo al rol de que fue la mujer quién solicitó la pensión, sin conocer las circunstancias del caso, este juzgador procede a analizar si dicho concepto de violación debe ser analizado con perspectiva de género. El quejoso aduce que el Juez responsable dictó una resolución de formato al advertir que fue una mujer la que solicitó una pensión, atendiendo estereotipos de género, sin conocer las circunstancias del caso y sin allegarse de los medios para saber si el promovente contaba con ingresos suficientes para pagar la cantidad de dos salarios mínimos. Por lo tanto, la cuestión a dilucidar en este punto, es si en el presente caso, se está en uno de los supuestos que exigen juzgar con perspectiva de género, en atención a que el quejoso aduce que en el juicio de origen fue una mujer quién solicitó los alimentos a favor de sus menores hijos, quien es su madre, así como el sustento de su familia. Así, conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "lo fundamental no es el género de las personas que participan en la controversia, sino la verificación y reconocimiento de una posible situación de poder o contexto de desigualdad basado en el sexo, las funciones del género o la orientación sexual"; es decir, que se debe advertir alguna condición de desigualdad que haga necesario, como una forma de equilibrar el proceso, que se juzgue bajo ciertos estándares diferenciados. De manera específica, se impone a los juzgadores la obligación de juzgar con perspectiva de género, en tres casos específicos: (iv) aquellos en los que se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada en el género; (v) aquellos en los que se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad derivada de esa categoría; y (vi) aquellos en los que, a pesar de no acreditarse una situación de poder o un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o impacto diferenciados basados en el género, lo cual muchas veces se expresa mediante estereotipos o roles de género implícitos en las normas y prácticas institucionales y sociales.13 En relación con los supuestos descritos en los incisos (i) y (ii), la propia Suprema Corte ha establecido que lo primero antes de analizar el fondo de la controversia es verificar si existe una situación de violencia, relaciones de poder o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o la orientación sexual de las personas;14 y la consecuencia que trae consigo la acreditación de cualquiera de los contextos mencionados es el surgimiento de la obligación a cargo de los jueces de tomar en consideración dicha circunstancia al apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar las normas jurídicas aplicables, es decir, al momento de resolver el fondo de la controversia. Esto encuentra justificación en la obligación de incorporar al análisis todas aquellas cuestiones que, debido al género, pueden conllevar un trato inequitativo. Por otro lado, en los casos identificados en el inciso (iii), la cuestión central que hay que entender al respecto es que las relaciones de poder, las asimetrías y la violencia no son las únicas consecuencias nocivas de las imposiciones sociales y culturales basadas en el género, por tanto, no son los únicos escenarios en los que dicha categoría puede tener consecuencias desfavorables para las personas. inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario. 13 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, página 128. 14 Amparo directo en revisión 4398/2013, 2 de abril de 2014 Ya que puede haber casos en los que, aun sin que existan contextos de tal naturaleza, el género funja como un factor que ocasione afectaciones a la esfera jurídica de las personas. Muestra de ello son las normas jurídicas, prácticas institucionales y sociales, o determinaciones adoptadas por las autoridades que derivan en un trato diferenciado. En estos casos no se requiere que se corrobore la preexistencia de una situación de poder entre las partes o la persistencia de un contexto de violencia para considerarlas contrarias a derecho; aun así, éstos también imponen la necesidad de ser analizados con perspectiva de género. A manera de ejemplo de estas situaciones se puede referir el caso sobre la constitucionalidad de la prohibición de registrar como primer apellido el materno en lugar del paterno.15 Una vez precisado lo anterior, se estima que el concepto de violación que resulta infundado, ya que sin desconocer que las mujeres resultan un grupo vulnerable, en el caso, no se advierte que en el acto reclamado el género del quejoso y de la parte solicitante del divorcio incausado haya sido determinante para emitir la resolución reclamada, pues más bien se atendió a la necesidad alimentaria de sus hijos, ya que en asuntos donde se encuentren inmiscuidos menores, el artículo 5.1616 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que el interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los mismos, respecto de cualquier otro derecho. En efecto, en cualquier controversia donde se encuentren involucrados menores y sus derechos, las autoridades jurisdiccionales se encuentran obligadas a atender al interés superior de la niñez para la toma de cualquier decisión relacionada con ellos; así lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.25/2012 (9a.), consultable en la página trescientos treinta y cuatro, Libro XV, Tomo 1, diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual se transcribe a continuación: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: 'la expresión «interés superior del niño» ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." De la jurisprudencia antes transcrita, se obtiene que en toda medida tomada donde se encuentren inmiscuidos menores, los tribunales del país deberán observar y tener como criterio rector de sus resoluciones el interés superior, para el buen desarrollo de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos, a fin de garantizar y satisfacer plenamente sus necesidades; esto, al encontrarse previsto en la Carta Magna, y al ser un principio de observación internacional. En ese sentido, deviene oportuno traer a colación lo establecido en los artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, puntos 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, en los que se señala lo siguiente: "ARTÍCULO 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 15Amparo en revisión 653/2018 16 Artículo 5.16.- El interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho. El derecho a (sic) las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en cuenta son principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento. Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, entre otras, ordenar terapia médica, psicológica o social a sus progenitores o quienes integren el grupo familiar. Dentro de las 12 horas siguientes a la imposición (sic) alguna medida urgente de protección ordenada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. En los asuntos en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes o incapaces, el juez deberá suplir la deficiencia de la queja en beneficio de estos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (.)." "ARTÍCULO 4°. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. (.)." "ARTÍCULO 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." Asimismo, este principio básico, se encuentra también plasmado en el ordinal 5.3 bis, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dispone lo siguiente: "Artículo 5.3 bis.- En todo procedimiento de carácter jurisdiccional en el que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez se deberá observar lo siguiente: I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez. (.)" En relación con lo establecido, se advierte que el Estado Mexicano deberá reconocer los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales en los que sea parte, teniendo las autoridades la obligación de protegerlos y garantizarlos; así como, de oficio, interpretar las normas de conformidad con lo estipulado en la máxima ley y en los instrumentos internacionales en que se encuentren contenidos derechos del menor, velando y cumpliendo con el referido principio de interés superior del niño, a fin de privilegiar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, integridad física y emocional, entre otras, para lograr su desarrollo íntegro. En iguales términos se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, al señalar que en las decisiones en torno a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, se atenderá al principio superior de la niñez, y se debe velar porque el niño tenga la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, tomando en consideración los deberes de sus padres responsables de él ante la ley. Y en el caso en concreto, se parte de la base de que el que pide los alimentos los necesita, en este caso, los tres menores P.D.T.G., O.S.T.G. y A.P.T.G., ello para dar cumplimiento al principio de interés superior de los menores de recibir por parte de sus padres los gastos ordinarios comprendidos en los alimentos: subsistencia, habitación, vestuario y asistencia en las enfermedades. Por lo tanto, el hecho de que ---------------------, haya solicitado alimentos para sus menores hijos P.D.T.G., O.S.T.G. y A.P.T.G., no tiene un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, pues en principio impactan de igual manera en aquellas personas que se considera son el sustento económico del hogar. En ese sentido, no se está en presencia de alguna cuestión que implique desventaja o discriminación de ningún tipo contra el quejoso, ni se advierte que el otorgamiento de una pensión alimenticia provisional, provoque alguna afectación diferenciada en razón del género de las personas que son progenitores o padres, pues como lo indica el artículo 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el interés superior de las niñas y los niños, es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho, incluyendo que sea el de sus padres o progenitores. Máxime que en el momento de la presentación de la demanda de divorcio incausado no se contaban con datos que acreditaran la capacidad del quejoso y de la demandante, pero sí de la necesidad alimentaria de sus menores hijos, siendo que con posterioridad podrá demostrar su verdadera capacidad económica. Sin que pase inadvertido que el quejoso refiere que es una práctica reiterada para los juzgadores del Estado de México que en el caso de que un hombre manifieste que se dedica a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y demande pensión alimenticia provisional, éstos se abstengan de dictarla e inclusive hasta el día de la audiencia inicial, como sucedió cuando él solicitó una pensión alimenticia provisional a la señora ---------------------, en el expediente 1335/2019 del Juzgado Sexto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del cual anexa copia simple del auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, donde se aprecia que su medida provisional solicitada se reservó acordar hasta audiencia inicial; lo cual hace patente que el acto reclamado resulta incongruente y viola su derecho a la igualdad, pues fue dictado mediante estereotipos de género. Sin embargo, dichas manifestaciones son inatendibles, ya que no tienen relación con el asunto que nos ocupa, donde se analiza una pensión alimenticia decretada a favor de sus menores hijos, y no entre cónyuges. Por otro lado, en relación a las manifestaciones del quejoso relativas a que el Juez responsable dejó de observar lo previsto en la tesis "ALIMENTOS FIJAR EN UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL PAGO DE", que refiere que debe encontrarse demostrado que el deudor alimentario obtiene ingresos por el desempeño de su trabajo o es propietario de algunos bienes; y únicamente tomó en cuenta las disposiciones relativas a la obligación alimentaria de los padres hacia los hijos y el derecho a recibirlos, como lo establece la legislación civil; lo cual viola sus derechos fundamentales, es infundado dicho argumento. Al respecto, es necesario precisar que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera se determina sin audiencia, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, y la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que hayan aportado las partes en el juicio y los que de oficio se haya allegado el juzgador, que sean necesarias para conocer las particularidades del caso, pues es hasta entonces cuando estará en condiciones de normar su criterio. Asimismo, en todo caso, será hasta que se dicte sentencia definitiva cuando pueda modificarse dicha medida provisional, o también la misma podrá revisarse de oficio por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5.45 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que con ello tampoco se transgreden sus derechos humanos. Esencialmente será hasta la sentencia definitiva cuando se fijen los montos para el pago de alimentos conforme a la capacidad económica del deudor y las necesidades de los menores, pues el Juez contará con mayores elementos de prueba para determinar tal situación, con base en los principios y necesidades de quien debe cubrirlos y necesitarlos. Así, contrario a lo aducido por el peticionario de amparo, hasta ese momento procedimental, existe una proporcionalidad entre el pago que realizara por concepto de alimentos, ya que la responsable fijó el porcentaje de manera discrecional atendiendo los elementos proporcionados en la demanda de origen, siendo estos las actas de nacimiento de los acreedores alimentarios, sin que se advirtiera en ese momento algún elemento del que se pudiera deducir que el quejoso se encontrara imposibilitado para sufragar dichos gastos. Además, para fijar el monto de la pensión provisional no es indispensable que se encuentre acreditada plenamente la capacidad económica del deudor, puesto que la ley que rige el acto reclamado obliga a tomar en consideración, en ese momento previo, todas y cada una de las circunstancias especiales del caso, sin que estas condiciones deban encontrarse plenamente demostradas, ya que ello, en todo caso, corresponde a una decisión definitiva que debe darse con posterioridad, en la que las partes ya hayan tenido la oportunidad de ofertar y desahogar las pruebas de su interés. Es ilustrativa de este tema y aplicable, por analogía, la tesis III.1o.C.184 C (9a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario". Máxime que para fijar una pensión provisional (que participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un juicio) deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. La apariencia del buen derecho (que implica un conocimiento superficial y de mera probabilidad de la petición realizada por la acreedora alimentaria, que diera como resultado la credibilidad objetiva y seria, que descartara una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable) se acredita mediante la correspondiente acta del registro civil; en tanto que, el peligro en la demora puede demostrase indiciariamente por las circunstancias específicas del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos. En ese sentido, el juez responsable ponderó las circunstancias especiales de la necesidad de quien pidió lo alimentos, en este caso, tres menores de edad, aunado a que la parte actora manifestó que el quejoso tenía la capacidad de sufragar esos gastos, estableciendo que la medida provisional decretada tenía su origen al encontrarse acreditado que los menores tienen la presunción legal de necesitar los alimentos que establece el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, precepto legal que contempla a quienes tienen derecho a recibir alimentos. Determinación que no resulta violatoria de derechos fundamentales del quejoso, pues aunque no se tenía la certeza de su capacidad económica, debía prevalecer el interés superior de los tres menores de edad, quienes, como se ha mencionado, tienen la presunción de necesitarlos y, por otra parte, el peticionario del amparo tendrá la oportunidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes a efecto de poder demostrar su verdadera capacidad económica. En diverso concepto de violación, el quejoso aduce que el Juez responsable dejó de observar lo previsto en el artículo 4.130 del Código Civil del Estado de México, que establece que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y a falta o por imposibilidad de ellos la obligación recae en los parientes más próximos, en el caso concreto en la tercera interesada ---------------------, madre de sus menores hijos, quien por más de diez años se ha hecho cargo de la manutención de la familia. Motivo de inconformidad que resulta infundado, porque como se ha señalado, al momento de la presentación de la demanda, únicamente se tenía acreditado el parentesco de sus menores hijos con el aquí quejoso, sin que en ese momento se advirtiera que el quejoso tuviera imposibilidad para sufragar dichos gastos, así como la circunstancia relativa a que la tercera interesada ---------------------, por más de diez años se ha hecho cargo de la manutención de la familia, aunado a que será hasta el momento de resolver en definitiva en que se analizará plenamente la capacidad económica de los ambos progenitores, por lo que el quejoso podrá ofrecer las pruebas que estime pertinentes para demostrar la capacidad económica de la madre de los menores. Por otro lado, en relación al concepto de violación donde el quejoso aduce que el Juez responsable no tomó en consideración que acreditó tener una pensión alimenticia por parte de la tercera interesada ---------------------, así como que por el término de diez años se ha dedicado al cuidado de sus menores hijos, a la atención de su hogar y que se encuentra enfermo. Dicho concepto de violación es inoperante, ya que se trata de un argumento en el que no combate las consideraciones del juez familiar, pues éste en la resolución reclamada precisó que en autos no obraba constancia fehaciente de ello, ya que si bien acompañó a su recurso de revocación una copia simple de un auto de catorce de febrero de dos mil veinte, emitido en el diverso juicio 239/2020, del índice el Juzgado Primero Familiar de la Ciudad de México, por el cual intentaba acreditar ser sujeto de pensión alimenticia decretada a su favor por parte de la tercera interesada ---------------------, así como que se ha dedicado durante más de diez años al cuidado de sus menores hijos, a las labores del hogar y que se encuentra enfermo, cierto es que era solo una copia simple que no adminiculó con algún otro medio de prueba, ni tampoco se tiene conocimiento de cuáles fueron las pretensiones motivaron aquél proceso, ni el estado procesal que guardaba hasta ese momento. En ese sentido, se comparte la determinación del juez de origen, ya que una copia simple no genera convicción sobre su contenido a menos de que sea adminiculada con otro medio de prueba que la haga creíble, lo que no ocurrió, por lo que al momento de resolver el recurso de revocación, no había constancia fehaciente que acreditara la capacidad económica del acreedor alimentario, aquí quejoso, ni las circunstancias de que se hubiera dedicado al cuidado de sus menores por más de diez años y del hogar, y que estuviera enfermo. Así, dado que los conceptos de violación resultaron infundados e inoperantes lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, siendo oportuno precisar que en el caso, el suscrito no advirtió circunstancia alguna en la que tuviese aplicación la suplencia de la queja deficiente, ya que como se ha visto y a consideración de quien resuelve, la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho. Por lo anteriormente expuesto, por los motivos y fundamentos y con apoyo en los artículos 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ---------------------, respecto al acto precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expresados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así, lo resolvió y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez asistido de Germán Jaén León, Secretario que da fe, hasta el día de hoy veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito.

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