David Moreno Rodríguez

Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
281/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • David Moreno Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa ---------, quien se ostenta como representante común de los coactores ------------, ------------,------------ , ------------,------------, ------------, ------------, ------------ y ------------, no desahogó los puntos de prevención formulados en auto de quince de abril de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído; y, únicamente se provee la presente demanda de amparo por ------------------------, por propio derecho. En mérito de lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto transcrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Para ello, se debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Es menester establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para determinar en forma contundente la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, indudable significa cierto, lo que no puede ponerse en duda, que al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, Página 1631, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO Por lo que ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintitrés causas de improcedencia establecidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo, su última fracción contempla que procede sobreseer el juicio, si la misma deriva de cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, caso en que procede a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo la tesis VIII.2o.C.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, página 1669, del siguiente rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DESDE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL DIVERSO ARTÍCULO 113 DE LA MISMA LEY. Si se trata del juicio de amparo indirecto, la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, sólo se surte a cargo del Juez de Distrito una vez que se haya tramitado el respectivo juicio de amparo, mas no cuando el juzgador federal advierta la actualización del motivo de improcedencia desde la presentación de la demanda, lo anterior, porque el numeral en cuestión se refiere a que se advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes", lo cual presupone el previo trámite del respectivo juicio constitucional, en tanto que sólo así, dicha causal podría hacerse valer por alguna de las partes pero, además, porque en términos del artículo 113 de la citada ley, el juzgador federal conserva la facultad de desechar de plano la demanda de amparo. Ahora bien, el numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Y el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; es decir que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, consistentes en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser sustantivos, expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa tesitura, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación, se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso la parte quejosa -atendiendo a la causa de pedirseñala como acto reclamado el siguiente: IV.-ACTO RECLAMADO. Del C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, se reclama la resolución de auto revocatorio (sic) de fecha doce de marzo de 2021 dictado en el expediente 238/2020, radicado ante la autoridad señalada como responsable." Asimismo, de la lectura integral del escrito petitorio de amparo, en específico los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: 1.- En fecha 17 de febrero de 2020, el suscrito conjuntamente con los C.C. CONCEPCIÓN MORENO RODRIGUEZ, MARÍA GEMA MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO MORENO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MORENO SÁNCHEZ, ALEJANDRO MORENO SÁNCHEZ, LEONOR RODRÍGUEZ MORENO, JOSEFINA RODRÍGUEZ MORENO, GENOVEVA ELVIRA RODRÍGUEZ MORENO Y GERMÁN ÁLVARO RODRÍGUEZ MORENO, promovimos demanda en la vía ordinaria civil la acción de petición de herencia en contra de la sucesión a bienes de SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ quien es representada por su albacea la C. MARICELA GORDIANO BRAVO misma que se encuentra en posesión del bien inmueble ubicado en Avenida Hidalgo número 104, Barrio San Lorenzo, C.P. 55604, Zumpango, Estado de México, turnándose el expediente al Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México bajo el número de expediente 311/2020, siendo que en fecha 17 de febrero de 2020 se dictó un auto en el que se prevenía al suscrito y a los demás actores, para que entre otras circunstancias, aclaráramos el carácter con el cual pretendíamos demandar a MARICELA GORDIANO BRAVO prevención que fue desahogada mediante escrito de fecha presentado en fecha 21 de febrero de 2020, mediante el cual se tuvo por desahogada la prevención. 2.- En fecha 21 de febrero de 2020, se dictó auto admisorio de la demanda en el que se nos tiene por presentado al suscrito y a los C.C. CONCEPCIÓN MORENO RODRÍGUEZ, MARÍA GEMA MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO MORENO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MORENO SÁNCHEZ, ALEJANDRO MORENO SÁNCHEZ, LEONOR RODRÍGUEZ MORENO, JOSEFINA RODRÍGUEZ MORENO, GENOVEVA ELVIRA RODRÍGUEZ MORENO Y GERMÁN ÁLVARO RODRÍGUEZ MORENO desahogando la prevención ordenada en auto de fecha 17 de febrero de 2021 y en ese mismo auto el Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México declinó competencia favor del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, remitiéndose por ese motivo el expediente al juzgado Civil para su conocimiento. 3.- Habiéndose remitido el expediente al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango. Estado de México, se le asignó el número de expediente 238/2020, dictando el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango un auto de fecha 6 de marzo de 2020, en el que se previno al suscrito y a los demás actores para corregir la demanda e indicar el motivo por el que se instauraba demanda en contra de MARICELA GORDIANO BRAVO y en donde también se designó al suscrito DAVID MORENO RODRÍGUEZ como representante común de los actores CONCEPCIÓN MORENO RODRÍGUEZ, MARÍA GEMA MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO MORENO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MORENO SÁNCHEZ, ALEJANDRO MORENO SÁNCHEZ, LEONOR RODRÍGUEZ MORENO, JOSEFINA RODRÍGUEZ MORENO, GENOVEVA ELVIRA RODRÍGUEZ MORENO Y GERMÁN ÁLVARO RODRÍGUEZ MORENO, desahogándose dicha prevención mediante escrito presentado en fecha 12 de marzo de 2020, y al que le recayó el acuerdo de fecha 13 de marzo de 2020 en el que se tenía por cumplida en tiempo y forma la prevención ordenada en diverso auto de fecha 6 de marzo de 2020 en donde se aclara que se demanda a la SUCESIÓN A BIENES DE SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ, por conducto de su albacea MARICELA GORDIANO BRAVO admitiéndose la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose el emplazar a juicio a la SUCESIÓN A BIENES DE SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ por conducto de su albacea MARICELA GORDIANO BRAVO, para que diera contestación a la demanda dentro del término de 9 días. 4.- En fecha 25 de agosto del 2020, se emplazó a juicio a la sucesión de SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ a través de su albacea la señora MARICELA GORDIANO BRAVO, cumpliéndose plenamente con la primer formalidad esencial del procedimiento que es el emplazamiento, puesto que dio contestación a la demanda instaurada en su contra mediante escrito presentado en fecha 4 de septiembre de 2020 en el cual acreditó su personalidad con copias certificadas del cargo de albacea de la sucesión a bienes de SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o SEBASTIÁN MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO, dictándose un acuerdo en fecha 7 de septiembre de dos mil veinte en el cual refiere: . se tiene por presentada a MARICELA GORDIANO BRAVO, quien promueve en carácter de albacea de la SUCESIÓN A BIENES DE SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o SEBASTIÁN MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO, personalidad que acredita y se le reconoce con las coplas certificadas del auto declarativo de herederos y comparecencia de aceptación y protesta del cargo contando, deducidas del expediente 340/2019, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, visto su contenido, con sustento en los normativos 1.77, 1.79, 2.100, 2.115, 2.116, 2.117 Y 2.119 del Código de Procedimientos Civiles, se tiene por contestada la demanda instaurada en contra de la sucesión que representa en la forma y en los términos que lo hace y por opuestas las defensas y excepciones que hace valer, para los efectos legales conducentes... 5.- En fecha 7 de octubre de 2020 la C. MARICELA GORDIANO BRAVO en su carácter de albacea a bienes de SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o SEBASTIÁN MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO presentó escrito de pruebas mismas que le fueron acordadas mediante auto de fecha 8 de octubre de 2020 y que refiere con el escrito de cuenta y anexos que al mismo se acompaña, se tiene por presentado a MARICELA GORDIANO BRAVO en su carácter de promoviendo(sic) en su carácter de albacea de la sucesión bienes de SEBASTIÁN JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o SEBASTIÁN MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MORENO, ofreciendo las pruebas que a su derecho corresponde, ...admitiéndosele las pruebas ofrecidas. Otorgándosele a la parte tercera interesada la oportunidad de formular alegatos y alegar lo que en derecho le correspondiera 6.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se dictó un auto en donde refería: ...túrnense los autos a la vista del Juzgador a fin de dictar la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda, quedando las partes debidamente citadas para oír dicha resolución...Dictándose un nuevo auto en fecha 17 de noviembre de 2020, en donde se citaba nuevamente a las partes a oír sentencia. En fecha 9 de diciembre de 2020 se dictó un auto en el que se acogía el Juez de origen a 8 días suplementarios para el dictado de la Sentencia 7.- Siendo que en fecha 11 de diciembre de 2020 se dictó un auto en el que refería que no era posible dictar la Sentencia definitiva, dejando insubsistente el emplazamiento realizado en fecha 25 de agosto de 2020 y las subsecuentes actuaciones. Interponiendo el suscrito recurso de revocación en contra del auto anteriormente mencionado mediante escrito presentado en fecha 19 de febrero de 2021, admitiéndose el recurso interpuesto mediante auto de fecha 22 de febrero de 2021, dándosele vista a la parte demandada para que en el plazo de tres días manifestara lo á que a su derecho e interés legal conviniera. Mediante escrito presentado en fecha 4 de marzo de 2021 se acusó la rebeldía en que había incurrido la parte demandada hoy tercero interesada por no haber desahogado la vista conferida mediante el auto de fecha 22 de febrero de 2021 con el recurso de revocación interpuesto por el suscrito, siendo que en fecha 5 de marzo de 2021 se turnaron los autos a disposición del Juez de Origen para resolver el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de febrero de 2020. 8.- En fecha 12 de marzo de 2021 se dictó sentencia en la que se resolvió el Recurso de Revocación misma que resolvió: PRIMERO. - Resultaron fundados pero insuficientes los agravios expresados por DAVID MORENO, en su calidad de representante común de los coactores para revocar el auto de fecha 11 de diciembre de dos mil veinte 2020, en consecuencia; SEGUNDO. - Se confirma en todas y cada una de sus partes el auto recurrido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE ASÍ. LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO MANUEL HERNÁNDEZ MÉNDEZ, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO. QUE ACTÚA CON SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA YEIMI AYDEE SANTIAGO GUZMÁN, QUIEN AL FINAL FIRMA Y DA FE. DOY FE. Lo subrayado es propio De lo anterior se advierte que la resolución emitida por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, el doce de marzo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente 238/2020 de su índice, y la cual es el acto reclamado por el quejoso, en esencia se deduce la impugnación de las formalidades del procedimiento que estima infringidas en su perjuicio, esto es, señala que la autoridad soslayó lo estipulado en los artículos 1.114 y 2.114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por estimar de oficio que el emplazamiento realizado a Maricela Gordiano Bravo, por propio derecho, fue irregular y carecía de validez, lo anterior al omitirse practicar dicho emplazamiento en los términos ordenados en auto de trece de marzo de dos mil veinte, esto es, emplazar a la sucesión a bienes de Sebastián José Moreno Sánchez, por conducto de su albacea Maricela Gordiano Bravo. Circunstancia que se corrobora con la copia de la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno que adjuntó a su demanda de amparo. En ese contexto, se considera que las consecuencias que produce la determinación de la responsable de ordenar la reposición del procedimiento no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Corolario de lo anterior, no existe disposición alguna que pudiere fundamentar como razón jurídica la excepción en el caso que se analiza pues, en el nuevo marco constitucional, sólo existe la disposición de procedencia del juicio de amparo indirecto, al tratarse de actos dictados en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, única y exclusivamente cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 107 y 113, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por David Moreno Rodríguez, por propio derecho, por los motivos expuestos. No pasa inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Notifíquese por medio de lista a ---------, el presente proveído, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el exhorto electrónico con número de origen 92/2021 (número de orden 92/2021), del índice de este Juzgado Federal, por el que se encomendó notificar a ----------, en su carácter de representante común de los coactores --------------------------------------- y ----------------------------------, el proveído de quince de abril de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, y vista la imposibilidad para llevar a cabo la encomienda solicitada al homólogo federal, se ordena notificar por medio de lista el presente proveído y el diverso de quince de abril de dos mil veintiuno a ----------, en su carácter de representante común. Notifíquese por medio de lista a ----------, en su carácter de representante común, el presente proveído y el diverso de quince de abril del año en curso, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, en su carácter de representante común de los coactores ----------, ----------, ----------, ----------, ----------, ---------, -------, ----------y ----------, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 281/2021-VIII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a ----------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: 1) Acredite con constancia fehaciente la personalidad con la que se ostenta, es decir como representante común de los coactores ----------, ----------, ----------, ----------, ----------, ----------, --------, ----------y -----------, dentro de los autos del expediente 238/2020 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto adjunta copia simple de la resolución emitida el doce de marzo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente citado en el acápite anterior, también lo es que dichas constancias fueron exhibidas en copia simple, mismas que carecen de validez, pues de acuerdo con el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías, documentos o de cualesquier otro aportado por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, quedan al prudente arbitrio judicial como indicios, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 193 y 194, publicadas en las páginas 132 y 133 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, cuyo contenido es: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Esto es así, en virtud de que el artículo 17 Constitucional, prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de garantías, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al Órgano Jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de Amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Por tanto, analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los Tribunales Federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia número 336, visible a fojas 284 y 285, tomo VI, materia común, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo. 1. Asimismo, de ser el caso deberá exhibir tres copias de su escrito de desahogo, así como del documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta en el presente asunto, a fin de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto. Las copias del desahogo y del documento con el cual acredite su personalidad, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Robustece a lo anterior, la tesis visible a página setenta y nueve, del mes de abril de dos mil uno, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra expresa: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento con el requerimiento marcado con el número uno, se proveerá únicamente la presente demanda por propio derecho. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se pública en internet y copia que de la misma se deja en la entrada de acceso del edificio donde se encuentra este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale uno dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. Sin embargo, dada la naturaleza del presente proveído y toda vez que la parte quejosa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Fortuna, número 187, interior 1, Colonia Industrial, Alcaidía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Código Postal 07800, el cual se encuentra fuera de esta jurisdicción, con fundamento en los artículos 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por su disposición expresa de su artículo 2 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 55 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Órgano Federal, comisione a quién corresponda, a fin de que se constituya en el domicilio antes citado como de la parte quejosa y le notifique personalmente la presente determinación. Además, se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad exhortada para realizar todas las diligencias necesarias para cumplir con lo solicitado, lo anterior de conformidad con el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También, se hace notar al juzgado exhortado que corresponda conocer de la comunicación oficial que derive del presente acuerdo, que una vez que se practique la diligencia encomendada, únicamente remita la constancia que así lo acredite, sin que sea necesaria la devolución de la totalidad de constancias que integren el exhorto en mención, a fin de hacer un uso óptimo de los recursos materiales con los que cuenta este Órgano Federal. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -------------, lo anterior en virtud de que se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que las demás que refiere sólo podrán oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En mérito de lo anterior se le requiere a la parte quejosa para que proporcione correo electrónico o número telefónico, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así; ahora, para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En diverso aspecto, se hace del conocimiento del promovente que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente vía exhorto a --------- en su carácter de representante común de los coactores ----------, ---------- -, ----------, ------- -, ----------, ----------, -----------, ----------y ----------.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------------, en su carácter de representante común de los coactores -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------,-----------------, ----------------- y -----------------, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 281/2021-VIII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a -----------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: 1) Acredite con constancia fehaciente la personalidad con la que se ostenta, es decir como representante común de los coactores -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------,-----------------, ----------------- y -----------------. , dentro de los autos del expediente 238/2020 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto adjunta copia simple de la resolución emitida el doce de marzo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente citado en el acápite anterior, también lo es que dichas constancias fueron exhibidas en copia simple, mismas que carecen de validez, pues de acuerdo con el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías, documentos o de cualesquier otro aportado por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, quedan al prudente arbitrio judicial como indicios, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 193 y 194, publicadas en las páginas 132 y 133 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, cuyo contenido es: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Esto es así, en virtud de que el artículo 17 Constitucional, prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de garantías, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al Órgano Jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de Amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Por tanto, analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los Tribunales Federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia número 336, visible a fojas 284 y 285, tomo VI, materia común, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." 1. Asimismo, de ser el caso deberá exhibir tres copias de su escrito de desahogo, así como del documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta en el presente asunto, a fin de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto. Las copias del desahogo y del documento con el cual acredite su personalidad, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Robustece a lo anterior, la tesis visible a página setenta y nueve, del mes de abril de dos mil uno, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento con el requerimiento marcado con el número uno, se proveerá únicamente la presente demanda por propio derecho. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se pública en internet y copia que de la misma se deja en la entrada de acceso del edificio donde se encuentra este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale uno dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. Sin embargo, dada la naturaleza del presente proveído y toda vez que la parte quejosa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida -----------, Alcaidía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Código Postal 07800, el cual se encuentra fuera de esta jurisdicción, con fundamento en los artículos 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por su disposición expresa de su artículo 2 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 55 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Órgano Federal, comisione a quién corresponda, a fin de que se constituya en el domicilio antes citado como de la parte quejosa y le notifique personalmente la presente determinación. Además, se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad exhortada para realizar todas las diligencias necesarias para cumplir con lo solicitado, lo anterior de conformidad con el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También, se hace notar al juzgado exhortado que corresponda conocer de la comunicación oficial que derive del presente acuerdo, que una vez que se practique la diligencia encomendada, únicamente remita la constancia que así lo acredite, sin que sea necesaria la devolución de la totalidad de constancias que integren el exhorto en mención, a fin de hacer un uso óptimo de los recursos materiales con los que cuenta este Órgano Federal. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Alberto Pérez Contreras y Edgar Alberto Pérez Martínez, lo anterior en virtud de que se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que las demás que refiere sólo podrán oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En mérito de lo anterior se le requiere a la parte quejosa para que proporcione correo electrónico o número telefónico, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así; ahora, para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En diverso aspecto, se hace del conocimiento del promovente que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 1 Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." 2 ". CUARTO. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente vía exhorto a -----------------, en su carácter de representante común de los coactores -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------, -----------------,-----------------, ----------------- y -----------------.

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