David Olver Graillet Vazquez

Expediente 930/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
930/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • David Olver Graillet Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Se reciben autos y testimonio. Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo 930/2020-III, así como copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria de veintiocho de abril del año en curso, pronunciada por el órgano federal oficiante, en el incidente de inejecución de sentencia 9/2021. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, incorpórese el cuaderno de antecedentes respectivo, previo desglose de las copias autorizadas, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, en la que se declaró sin materia el incidente de inejecución de sentencia. Archivo definitivo. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que mediante sentencia de quince de enero de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria por auto de uno de marzo del mismo año, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso exista documento susceptible de devolución. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en el que transcribe el proveído de catorce de diciembre pasado, dictado dentro de los autos del incidente de inejecución de sentencia, toca 9/2021, de su índice, del que se desprende, por una parte, que recibió el diverso 1173/2021 con el que este juzgado remitió los autos del presente juicio de amparo, y por otra, que se avocó al conocimiento de la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, planteada por este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a resolver de plano si existe o no imposibilidad para que la autoridad responsable dé cumplimiento al fallo protector pronunciado en el expediente en que se actúa. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K, de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo II, a fojas 1739, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." En efecto, los artículos 193, párrafo cuarto y 196, párrafos segundo y quinto, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." De tales dispositivos se colige que, una vez que se reciba el informe de la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido el plazo otorgado a las partes, con el desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará una determinación fundada y motivada en la que declare si la sentencia fue o no acatada, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Cuando se estime que la sentencia no fue cumplida, no se acató totalmente o correctamente o resulta imposible su cumplimiento, el órgano jurisdiccional deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, siguiendo para ello las reglas a que se contrae el artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de realizar el estudio correspondiente, debe tenerse presente que el quince de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado: "1. Acredite la recepción de los exhortos girados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante los oficios oficio 5329/JLCA/M8/2019 y oficio 7968/JLCA/M8/2019, el veintiséis de agosto y veintinueve de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, respectivamente. 2. Una vez hecho lo anterior, señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 15362/2018/8, en los términos establecidos en la ley de la materia. Sin que la concesión de amparo tenga alcances sobre las subsecuentes omisiones o dilaciones en que pudiera incurrir la responsable, dado que la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral.". En ese orden, en proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma. Luego, mediante oficio recibido el veintidós de octubre del año en curso, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 15362/2018/8, principalmente el acta de comparecencia de data trece de octubre del año en curso, de la cual se advierte que el aquí quejoso David Olivier Graillet Vázquez, compareció ante dicha junta, para desistirse de las acciones intentas en su escrito inicial de demanda de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, contra la parte demandada en el juicio de origen, por así convenir a su interés personal. Por lo que la autoridad responsable, tuvo a David Olivier Graillet Vázquez (uno de los actores del juicio de origen) por desistiéndose en su perjuicio de las acciones intentadas en el escrito inicial de demanda en el expediente 15362/2018/8. Con lo anterior se ordenó dar vista a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, sin que se hubiese recibido manifestación alguna por parte del quejoso. En ese sentido, como de las constancias que integran el presente sumario se desprende que existe una imposibilidad material para que se pueda dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en virtud del desistimiento del actor David Olivier Graillet Vázquez (aquí quejoso), constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, al satisfacer los extremos ahí exigidos. Siendo las anteriores razones y circunstancias ajenas a la voluntad de la autoridad obligada al cumplimiento, por las cuales deviene imposible restituir la situación que imperaba antes de la violación que generó el fallo protector, como en la especie acontece; máxime que fue voluntad propia del quejoso de esa manera concluir el juicio de origen. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo se declara que existe imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo último, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a partir de la notificación que se realice del presente proveído, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para que determine lo conducente; hecho lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Finalmente, visto el oficio SEPLE/ADS/4197/2021 signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento de las partes que, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez Aracely del Rocío Hernández Castillo, fungirá como Titular de este Juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual, en atención al diverso 883/2021 de trece de octubre de dos mil veintiuno, acompaña copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 15362/2018/8, de su índice, con relación a la ejecutoria dictada en este juicio. Ahora bien, toda vez que de dichas constancias se advierte una probable imposibilidad para la responsable, en cuanto a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio; en consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de mérito, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de los mismos; en la inteligencia de que, transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional se pronunciará respecto a la imposibilidad de cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto.

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