David Mayon Martinez

Expediente 37/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 33 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
37/2023
Año
2023
Actuaciones
33
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • David Mayon Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el veinte de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse a las autoridades, los anexos que exhibieron en el presente asunto. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veinte de abril de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Destrucción del cuaderno único del incidente de suspensión. Se precisa que el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión definitiva, glósese el cuaderno de dicho incidente. No existen documentos originales. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado electrónicamente por Ana Karina Reyna Rodríguez, Asesora Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública y representante especial de los menores de edad con iniciales D.M.H. y A.J.M.H., se provee: Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la materia, téngase a la promovente formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, mismas que se toman en consideración para resolver. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que señala, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, mismas que se tomarán en consideración al momento de resolver el presente asunto. Estado de autos. Ahora bien, vistos los autos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama: ".la resolución emitida en fecha 10 de Enero del año 2023 dos mil veintitrés derivado del expediente número 584/2020, donde se solicita se instruya al actuario adscrito en turno a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Francisco de Montejo número 107 Colonia Industrial Aviación Segunda sección, San Luis Potosí, S.L.P. a fin de que verifique quiénes habitan dicho domicilio, así como parentesco que pudieran tener con los menores de edad de iniciales A.J.M.H. y D.M.H., y en caso de que los menores en mención se encuentren habitando dicho domicilio, requiérase de manera personal e inmediata al C. DAVID MAYON MARTÍNEZ, en su domicilio para que en el término de veinticuatro horas iniciando a partir de que se realice la notificación, haga entrega de los menores de iniciales A.J.M.H. y D.M.H. a su madre la C. CINDY JACQUELINE HERNÁNDEZ OJEDA, apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido, en términos del numeral 71 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se solicitará el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la determinación aquí ordenada, medida de apremio que considera eficaz para lograr el cumplimiento del mandato judicial.". Esto es, en esencia la parte quejosa reclama de la responsable, el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, consistente en el requerimiento por la entrega de los menores de edad de iniciales D.M.H. y A.J.M.H., a fin de ser restituidos a su madre Cindy Jaqueline Hernández Ojeda. Hecho notorio. Es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, el juicio de amparo 436/2023-VII, del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso David Mayon Martínez, en el cual, de las constancias remitidas por el Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad, consistentes en las copias certificadas relativas a la controversia familiar por regulación de visitas 584/2020, se advierte que los menores de edad de iniciales D.M.H. y A.J.M.H., fueron restituidos a su madre Cindy Jaqueline Hernández Ojeda, en fecha treinta y uno de enero del año en curso. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, visible en la página 295, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Asimismo, del contenido de las constancias exhibidas por la representante de los menores de edad de iniciales D.M.H. y A.J.M.H., se desprende dicha circunstancia. Actualiza causal de improcedencia. En ese tenor, atendiendo a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que respecto de la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Como se puede advertir de los dispositivos legales en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de las constancias exhibidas por el Juez responsable en el juicio de amparo señalado, se advierte que el treinta y uno de enero del año en curso, se restituyó a los menores de edad de iniciales D.M.H. y A.J.M.H., a su madre Cindy Jaqueline Hernández Ojeda. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si de las constancias remitidas por el Juez responsable se advierte que se restituyó a los menores de edad de iniciales D.M.H. y A.J.M.H., a su madre Cindy Jaqueline Hernández Ojeda, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de lo ordenado en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, en donde primordialmente se requirió al quejoso David Mayon Martínez, a efecto de que hiciera entrega de los menores de iniciales A.J.M.H. y D.M.H. a su madre Cindy Jaqueline Hernández Ojeda, puesto que debido a la restitución de los mencionados menores a su madre, aquella ha sido sustituida por este último, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Sobreseimiento. Consecuentemente, al haberse actualizado respecto de la orden de comparecencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual está señalada para las once horas con veinte minutos de esta data, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar locontrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese; personalmente a las partes; y mediante oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Vicefiscal Científico de la Fiscalía General del Estado, a través del cual manifiesta que aún no cuentan con el equipo de medición de alta precisión, consistente en un GPS. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de la materia, requiérase al Delegado de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el numeral 297, fracción II, del código procesal referido, de aplicación supletoria a la ley de la materia, proporcione el nombre de un perito en topografía, que pueda dar respuesta al cuestionario referente a la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, remitiéndole, para su mejor entendimiento, copia del mismo, a fin de que se imponga respecto del extremos de dicha solicitud. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y mediante oficio al Delegado de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe. Razón. E

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término legal de tres días concedido a la asesora jurídica federal ********************, mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que formule manifestaciones como representante especial de los menores de edad con iniciales D.M.H. y A.J.M.H., a fin de salvaguardar sus intereses en la tramitación del presente juicio de amparo, sin que lo haya desahogado en sus términos. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida asesora jurídica federal ********************, para que en el término de tres días, que se le concede con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, formule manifestaciones como representante especial de los menores de edad con iniciales D.M.H. y A.J.M.H., a fin de salvaguardar sus intereses en la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la asesora jurídica federal ********************.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

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