David Noé Bahena Adame

Expediente 233/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
233/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
18/05/2016

Partes del expediente

  • David Noé Bahena Adame

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el veintidós de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses.

  2. Incidental

    R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *********, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta interlocutoria y por las razones ahí expuestas.

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintiséis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintidós de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual la autoridad Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, rinde informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al Juez responsable, aportando como medio de convicción de su parte lo siguiente: Copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 57/2015 de su índice. Ahora, en su informe el Juez responsable, hace de conocimiento a este órgano jurisdiccional, que el diecinueve de abril de esta anualidad, se dictó auto de formal prisión por el delito de daños culposos y auto de sujeción a proceso por el delito de lesiones dolosas en contra del aquí quejoso, mismo que acompaña a dicho informe en copia certificada. Cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, es preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando haya un cambio de situación jurídica. Es oportuno precisar que al tratarse de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese orden de ideas, como lo evidencia la autoridad oficiante, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro de la causa penal 57/2015, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dictó auto de formal prisión por el delito de daños culposos y de sujeción a proceso por el delito de lesiones dolosas, en contra del aquí quejoso David Noé Bahena Adame, en el que determinó lo siguiente: "R E S U E L V E PRIMERO.- Siendo las catorce horas con cuarenta minutos de la fecha del encabezado, se decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN a DAVID NOÉ BAHENA ADAME, como probable responsable del delito de DAÑOS DOLOSOS, previsto y sancionado por el artículo 161 en relación al 14 Párrafo Segundo y 16 Fracción I del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de CARLOS ENRIQUE CIAU MANZANERO.---------------------------------------------- SEGUNDO.- Siendo las catorce horas con cuarenta minutos de la fecha del encabezado, se decreta AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO a DAVID NOE BAHENA ADAME, como probable responsable del delito de LESIONES DOLOSAS, previsto por el artículo 98 y sancionado por el artículo 99 Párrafo Primero, con relación al 14 Párrafo Segundo y 16 Fracción I del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de CARLOS ENRIQUE CIAU MANZANERO.------------------------------------------------------------- [.]" Ahora, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como ORDENADORAS reclamo LA INJUSTA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN dictada en mi contra." Por lo que, del oficio de cuenta y de las constancias aportadas por la autoridad responsable, se advierte que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en los autos de la causa penal 57/2015, en la que giró la orden de aprehensión reclamada, emitió una resolución en la que dictó auto de formal prisión por el delito de daños culposos y auto de sujeción a proceso por el delito de lesiones dolosas en contra del aquí quejoso David Noé Bahena Adame. En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra una orden de aprehensión deviene improcedente, cuando durante su tramitación se dé un cambio de situación jurídica que imposibilite el estudio de la misma, pues las violaciones que pudiera contener la mencionada orden de aprehensión quedaron consumadas con el dictado del auto de término constitucional, toda vez que no podrían ser analizadas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior por su contenido la tesis jurisprudencial 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de dos mil ocho, visible en la página doscientos setenta, de la Novena Época, Materia Penal, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Por tanto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de un cambio de situación jurídica. Sobreseimiento que se hace extensivo en cuanto al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, toda vez que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de los actos reclamados a las ordenadoras. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, del Volumen 24, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con veinte minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis. No se desatiende que, de las constancias que remitió el Juez responsable se advierta que le reviste el carácter de tercero interesado a Carlos Enrique Ciau Manzanero; empero, de acuerdo a la presente determinación, al haberse actualizado la causal de improcedencia antes analizada, se produjo el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, determinación que en nada le perjudicaría. Finalmente, en virtud de lo aquí resuelto, agréguese a los presentes autos sin mayor proveído el sobre devuelto por la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, que contiene el oficio 6968 dirigido al Comandante o Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, con residencia en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del que se aprecia la leyenda "Rehusado no existe cargo". Háganse las capturas correspondientes en el Libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Incidental

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que aún no fenece el término de tres días, otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de abril del año en curso, para que se manifieste respecto de la inexistencia de la autoridad responsable Comandante o Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo. En consecuencia y a fin de dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia incidental fijada para el día de hoy y se señalan al efecto las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis.

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