David Miranda Brito

Expediente 787/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
787/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
13/09/2017

Partes del expediente

  • David Miranda Brito y Otros.
  • David Miranda Brito
  • Adelaida Gilio Naal
  • Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio 20287, con el que se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, copia certificada del escrito inicial de demanda, ello con motivo de la incompetencia decretada en autos, relativa al acto reclamado consistentes en: La sentencia definitiva dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 736/2012 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad. Asimismo, se tiene a dicho Tribunal de Alzada aceptando la competencia de referencia; no obstante lo anterior, requiere a este Juzgado Federal para que, tan pronto como sea posible, envíe el original de la demanda de amparo promovida por el quejoso David Miranda Brito, por sí, y en representación de ****, para estar en aptitud de proceder como legalmente corresponda. En tal virtud, vía fax, hágase del conocimiento del citado Tribunal Colegiado que mediante oficio 21306 de siete de los corrientes, en alcance al diverso, también mencionado, 20287, se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, el original, y anexo, del escrito en mención. Finalmente, toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido, en su oportunidad, envíese al archivo.

  2. Principal

    aviso. Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual remite los autos originales del juicio en el que se actúa, así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de once de agosto de dos mil diecisiete, en los autos del toca 90/2017, de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo, por cuanto se refiere al quejoso DAVID MIRANDA BRITO, contra el acto reclamado al Juez Civil de primera instancia y al actuario de su adscripción, consistente en la falta de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 736/2012. TERCERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A MARÍA SILVA PINEDA MARTÍNEZ contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicados en el fallo traído a revisión. CUARTO. Devuélvase el expediente del juicio de garantías al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, para que ordene la escisión de la demanda de amparo conforme al procedimiento determinado en la parte final del último considerado de esta ejecutoria, y la remita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito." Acúsese el recibo correspondiente e intégrese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta, previo desglose de las copias que se obtuvieron para formarlo, toda vez que obran los originales en autos y es innecesaria su conservación. En tales condiciones, vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, una vez trascurrido cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que, previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En razón de ello, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos que exhibió al promover su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. En otro tenor, por cuanto hace a la escisión de la demanda ordenada por el Tribunal de Alzada, en el punto resolutivo cuarto de la ejecutoria, conforme al procedimiento determinado en la parte final del considerando sexto de la misma, este juzgado asume en los siguientes términos: Como bien lo destacó la Alzada, la quejosa María Silvia Pineda Martínez, también reclamó como acto destacado la sentencia emitida por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito este Judicial, en el expediente 736/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Adelaida Gilio Naal, contra la cual no procede el recurso de apelación por razón de la cuantía del negocio, ahí que contra esa acto, se considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De moda tal que, a la luz de lo transcrito, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: El acto que reclama, no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que estamos frente a una sentencia dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de un acto, dentro o fuera de juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia (fracciones V y VI). Mucho menos se trata de una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza administrativa (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado [sentencia definitiva dictada en autos del Juicio ejecutivo mercantil 736/2012 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo] no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una resolución que pone fin al juicio como lo es la sentencia definitiva dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 736/2012 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. En las relatadas condiciones, y en pleno acatamiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, escíndase de la demanda respeto de dicho acto, certifíquese una copia del escrito inicial con todos su anexos, y remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para su turno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Ignacio Pérez Gómez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual remite los autos originales del juicio en el que se actúa, así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de once de agosto de dos mil diecisiete, en los autos del toca 90/2017, de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo, por cuanto se refiere al quejoso DAVID MIRANDA BRITO, contra el acto reclamado al Juez Civil de primera instancia y al actuario de su adscripción, consistente en la falta de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 736/2012. TERCERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A MARÍA SILVA PINEDA MARTÍNEZ contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicados en el fallo traído a revisión. CUARTO. Devuélvase el expediente del juicio de garantías al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, para que ordene la escisión de la demanda de amparo conforme al procedimiento determinado en la parte final del último considerado de esta ejecutoria, y la remita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito." Acúsese el recibo correspondiente e intégrese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta, previo desglose de las copias que se obtuvieron para formarlo, toda vez que obran los originales en autos y es innecesaria su conservación. En tales condiciones, vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, una vez trascurrido cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que, previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En razón de ello, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos que exhibió al promover su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. En otro tenor, por cuanto hace a la escisión de la demanda ordenada por el Tribunal de Alzada, en el punto resolutivo cuarto de la ejecutoria, conforme al procedimiento determinado en la parte final del considerando sexto de la misma, este juzgado asume en los siguientes términos: Como bien lo destacó la Alzada, la quejosa María Silvia Pineda Martínez, también reclamó como acto destacado la sentencia emitida por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito este Judicial, en el expediente 736/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Adelaida Gilio Naal, contra la cual no procede el recurso de apelación por razón de la cuantía del negocio, ahí que contra esa acto, se considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De moda tal que, a la luz de lo transcrito, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: El acto que reclama, no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que estamos frente a una sentencia dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de un acto, dentro o fuera de juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia (fracciones V y VI). Mucho menos se trata de una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza administrativa (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado [sentencia definitiva dictada en autos del Juicio ejecutivo mercantil 736/2012 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo] no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una resolución que pone fin al juicio como lo es la sentencia definitiva dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil 736/2012 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. En las relatadas condiciones, y en pleno acatamiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, escíndase de la demanda respeto de dicho acto, certifíquese una copia del escrito inicial con todos su anexos, y remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para su turno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Ignacio Pérez Gómez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que le fueron enviados los autos originales del juicio de amparo 787/2016. Asimismo, informa que el diez de marzo del año en curso, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ***, por si y en representación de ***; el cual quedó registrado bajo el número 90/2017 del índice del tribunal de su adscripción.

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