David Medina Estrada

Expediente 188/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
188/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • David Medina Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Director de lo Contencioso, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad, y tal como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que indica y remítansele las mismas al correo oficial que proporciona vianey.hernandez@salud.gob.mx, previa constancia de envío que conste en autos. Haciéndole saber al promovente, que queda bajo su más estricta responsabilidad la difusión de cualquier dato reservado o sensible que contengan esas documentales. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg/Max

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el cuaderno único del incidente de suspensión. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio signado por la Consultora Jurídica General, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 12373, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha catorce de junio, por el cual este órgano jurisdiccional le hizo de su conocimiento a la autoridad responsable la sentencia definitiva dictada el catorce de junio del año en curso, dentro del juicio en que se actúa; lo anterior, toda vez que la Consultora, refiere que, de acuerdo al artículo tercero, fracción XV, numeral 19, así como por el artículo decimosegundo, numeral 15, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la representación Presidencial, le corresponde a la Secretaría de Salud. En virtud a lo anterior, se ordena remitir el aludido oficio 12373 a dicha autoridad, con la finalidad de que tenga conocimiento de la sentencia definitiva, por la cual se sobreseyó el juicio de amparo 188/2023, de nuestro índice, promovido por el quejoso ********************. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Jjg

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 188/2023, promovido por David Medina Estrada; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, David Medina Estrada, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Salud y del Director del Diario Oficial de la Federación. La parte quejosa invocó como derecho fundamental violado en su perjuicio, el contenido en los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 14, 16, 17, 28, 72, 73, fracción XVI y XXIX apartado 5, inciso b, 89 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 188/2023, y en proveído de veintitrés de febrero se admitió a trámite en los términos planteados. En el mismo auto, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y ahora procede resolver el presente juicio de amparo de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una norma de carácter general cuya observancia tiene lugar dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: La emisión, refrendo y publicación del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, específicamente los artículos 1°, 2°, fracción VI bis, fracción VI ter, 40 fracciones IX y XII y 50 bis [en su carácter de autoaplicativa]. La emisión y publicación del "Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta" publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, que se reclama en su totalidad. Actos que reclama de las autoridades: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Salud ; y, Director del Diario Oficial de la Federación. Tercera. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud , así como el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, al rendir sus informes justificados [fojas 29, 77 y 55], aceptaron la existencia de los actos reclamados en sus respectivos ámbitos de competencia Certeza que se corrobora con la publicación del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", que contiene los preceptos tildados de inconstitucionales en el Diario Oficial de la Federación, del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, así como del "Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta", lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Publicación del Decreto y Acuerdo reclamados. El Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, al rendir su informe adujo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III (este último aplicado contrariu sensu), ambos de la Ley de Amparo, respecto de la publicación del Decreto y Acuerdo reclamados, la cual es fundada. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." La fracción XXIII del artículo 61 trascrito no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. La fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo prevé que en las demandas de amparo debe señalarse la autoridad o autoridades responsables, pero al reclamarse normas generales únicamente tendrán esa calidad las que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, cuando dichos actos se impugnen por vicios propios. De una interpretación a contrario sensu del referido artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman leyes y se designan como autoridades responsables las encargadas del refrendo y publicación de las normas, si las mencionadas etapas del proceso legislativo no se reclamaron por vicios propios. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Director General del Diario Oficial de la Federación, a quien le atribuyó la publicación del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", y del "Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta"; sin embargo, en sus conceptos de violación no señaló ningún vicio o irregularidad de la publicación del decreto y acuerdo reclamados. En esas condiciones, es evidente que ese funcionario carece de calidad de autoridad responsable para efectos del presente sumario; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación con la fracción III del numeral 108, éste a contrariu sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado al Director del Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/50 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el dos de octubre de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, libro 23, tomo III, Décima Época, página 2249, registro 2010098, que dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación." Falta de interés. Las diversas autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, en sus respectivos informes hacen valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es fundada dicha causal en virtud de que la parte quejosa no acreditó ubicarse en los supuestos que regulan la norma y Acuerdo reclamados y, por ende, la afectación a su esfera jurídica. En efecto, en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé la procedencia del juicio de amparo contra leyes, al disponer: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; [.]". Por su parte, en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Del último precepto legal transcrito, se advierte que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional, por lo que el peticionario del juicio constitucional debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 177, del Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEYES, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley, alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que las disposiciones que contiene afectan su interés jurídico; pues no basta, para tener por demostrado este hecho, el que en la demanda de amparo se declare, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los presupuestos de la norma." Asimismo, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 224803, que a la letra establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De igual forma, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro digital 217651, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En efecto, del precepto jurídico citado y las tesis transcritas en los párrafos precedentes se advierte que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, por lo que el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la ley o por la actuación de una autoridad de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, lo que precisamente, constituye el interés jurídico necesario para acudir en amparo. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular que cuenta con un derecho jurídicamente tutelado que le da la potestad de exigencia oponible a la autoridad. Además, cabe precisar que el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 206338, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, del primero de los preceptos legales transcritos en líneas precedentes, se advierte que procede el juicio amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación o de su sola entrada en vigor. Consecuentemente, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XII en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, resulta indispensable que se acredite el interés jurídico que asiste al gobernado para impugnarlas, de lo contrario, el juicio de amparo que en contra de tales normas se promueva, resultará improcedente, puesto que únicamente procede a instancia de parte agraviada. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia 3a./J. 45/90 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 207126, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Ahora bien, como se precisó anteriormente, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no acreditó en manera alguna que esté sujeta a las normas que tilda de inconstitucionales desde su entrada en vigor, y que resienta un perjuicio desde ese momento, en atención a lo siguiente: El Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las normas generales que conforman el sistema jurídico mexicano, y que desde luego se dirigen a los gobernados, pueden impugnarse en dos momentos: a) Desde que entran en vigor, si surten sus efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde ese momento (normas autoaplicativas). b) O bien, hasta que, a través de un acto en el que sea aplicada esa norma al particular, se actualiza dicho perjuicio (normas heteroaplicativas). Dicho de otro modo, una norma puede agraviar al gobernado desde el momento en que entra en vigor, sin necesidad de un acto posterior de aplicación, hipótesis en la que la ley o norma general recibe el nombre de autoaplicativa; y por el contrario, cuando una ley o norma general no tiene efectos vinculatorios desde que entra en vigor, sino que requiere de un acto concreto de aplicación y el amparo contra ella sólo procede a través de éste, se trata de una norma general heteroaplicativa. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 198200, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, en el caso en estudio la parte quejosa reclama: La emisión y refrendo del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, específicamente los artículos 1°, 2°, fracción VI bis, fracción VI ter, 40 fracciones IX y XII y 50 bis [en su carácter de autoaplicativa];y, La emisión del "Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta" publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, que se reclama en su totalidad. Lo anterior, con motivo de su entrada en vigor, ya que primer acto de aplicación, consistente en la declaración complementaria del ejercicio fiscal dos mil veinte, presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Ahora, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se estima necesario traer a glosa las porciones normativas reclamadas, las cuales son del tenor siguiente: Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. "Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social". "Artículo 2°. Además de las definiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: [...] VI Bis. EXHIBICIÓN DIRECTA, es la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley; VI Ter. EXHIBICIÓN INDIRECTA, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley;". "Artículo 40. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes: [.] IX. La exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento; [.] XII. La exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas públicas y privadas, así como la mera colocación de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro;". "Artículo 50 Bis. En los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento, lo cual es conforme al artículo 23 de la Ley. Para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Dicha lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.". Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. "ARTÍCULO PRIMERO. Se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. ARTÍCULO SEGUNDO. Esta lista textual y escrita deberá ser impresa en una o varias hojas de papel bond con fondo blanco tamaño carta, en orientación horizontal, contar con una dimensión total de veintisiete punto nueve (27.9) centímetros de largo por veintiuno punto cincuenta y nueve (21.59) centímetros de ancho, deberá ser estampada en formato de altas y bajas, tipografía Arial tamaño 12, en color negro sin interlineado, alineación a la izquierda, sobre fondo blanco, sin logotipos, sellos, colores, imágenes o cualquier elemento o contenido visual que emule a alguna identidad comercial o los elementos de las marcas de los productos del tabaco. ARTÍCULO TERCERO. La distribución de los elementos característicos que contenga esta lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco, deberá presentarse en dos columnas en una extensión máxima de 60 líneas por hoja, tal y como se muestra en el Anexo del presente Acuerdo.". Los preceptos citados señalan que el Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones, cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. Además, precisa diversas definiciones adicionales a las establecidas en el artículo 6° de la Ley que reglamenta y señala que se entenderá por: - EXHIBICIÓN DIRECTA, la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6°, fracción XXII, de la Ley. - EXHIBICIÓN INDIRECTA, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6°, fracción XXII, de la Ley. Prohíbe realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, la exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco, así como la exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas públicas y privadas, así como la mera colocación de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro. De igual forma, disponen que en los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2°, fracciones VI Bis y VI Ter, de propio Reglamento. Señalan que para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas, cuya lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Al efecto, en cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede se emitió el Acuerdo reclamado, a través del cual se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, la cual deberá ser impresa con las especificaciones ahí establecidas. De igual forma, prevé que la distribución de los elementos característicos que contenga esta lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco, deberá presentarse en dos columnas en una extensión máxima de 60 líneas por hoja, conforme al anexo de dicho Acuerdo. Porción normativa que a criterio de este Juzgador, es de naturaleza autoaplicativa, ya que en esencia, la normatividad controvertida prohíbe que en los puntos de venta donde se puedan y se comercialicen productos de tabaco se lleve a cabo cualquier tipo de publicidad con el fin de promover y fomentar el consumo de los mismos, ya que el Reglamento estima que tanto la exhibición directa como la indirecta de éstos -exhibición material- se erige como una acción comercial de publicidad y promoción, cuestión que está vedada a partir del inicio de vigencia de dicha normatividad, lo cual ya aconteció. Por lo que para que acredite estar en el supuesto de las normas reclamadas y por ende que las normas tildadas de inconstitucionales irrogan una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa con su sola entrada en vigor, era necesario que demostrara lo afirmado en su demanda, es decir, que desde el inicio de la vigencia de la norma se dedicaba a comercializar productos de tabaco, de modo que la prohibición de exhibirlos de forma directa o indirecta produzcan un perjuicio por no poder emplear ese método para incentivar la venta de los productos para lograr la actividad comercial a la que aduce se dedica. Lo anterior, pues no basta con que afirme que dicho Decreto le causa afectación a sus derechos al prohibirle exhibir los productos de tabaco para su comercialización y venta, pues para estimar que la norma le causa afectación por su sola entrada en vigor, resultaba necesario que demostrara en forma fehaciente, que cuenta con algún punto de venta y comercialización de productos de tabaco, cuya exhibición se prohibió a través del Decreto que se reclama, lo que en la especie no aconteció. Luego, para demostrar la afectación en su esfera jurídica la parte quejosa exhibió las pruebas siguientes: Dos notas de venta de doce de agosto de dos mil veintidós y veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, expedidas por British American Tobacco México Comercial S.A. de C.V. a nombre del cliente David Medina. La primera por un objeto descrito como "Shots Montana 25", por la cantidad de $464.74 (cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional); y, la segunda por un objeto descrito como "Enc Maxi Bic 5 pz", por $266.99 (doscientos sesenta y seis pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional). Sin embargo, debe decirse que las documentales expedidas a su nombre únicamente acreditan la compra de determinados productos, pero resultan insuficientes para acreditar su interés jurídico plenamente, pues para ello era necesario que demostrara lo afirmado en su demanda, esto es, que cuenta con un establecimiento o punto de venta y que desde el inicio de la vigencia de la norma reclamada tenía la actividad de comercializar productos de tabaco, de modo que la prohibición de exhibirlos de forma directa o indirecta le produzcan un perjuicio por no poder emplear ese método para incentivar la venta de dichos productos para llevar a cabo dicha actividad comercial, lo cual no acontece en la especie. Máxime, dichas documentales no se encuentran adminiculadas con ningún otro medio de convicción distinto para justificar los hechos que pretende demostrar, esto es, que cuenta con un establecimiento o punto de venta en el que comercializa productos de tabaco. Por lo que, se reitera, al no haber acreditado la parte quejosa que comercialice, venda, distribuya, suministre o expenda productos de tabaco, ni cuente con la titularidad de algún punto de venta en el que comercialice dichos productos, es claro que no le genera ningún perjuicio la normativa reclamada y, por ende, que carece de interés jurídico para reclamarla pues, como ya se expuso, debió demostrar y no lo hizo, que se encuentra bajo los supuestos de la norma que tilda de inconstitucional, a fin de estar en aptitud de reclamarla en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al no haberse demostrado de manera fehaciente el interés jurídico del promovente del amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por otra parte, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, ya que al quedar demostrada la analizada en párrafos anteriores, sería ocioso hacerlo, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por David Medina Estrada, por su propio derecho, por los actos y autoridades responsables, por los motivos que precisados quedaron en la consideración tercera del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano