David Galvez Hernández
Expediente 395/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- David Galvez Hernández
Actuaciones
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Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del quejoso David Gálvez Hernández, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de ocho de mayo actual y al efecto manifiesta lo siguiente: Indica que el once de abril del año en curso tuvo conocimiento del acto reclamado en virtud de que fue requerido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, para que se presentará a la diligencia de carácter judicial, la cual tuvo verificativo a las nueve horas con treinta minutos; y, Exhibe copias de su escrito aclaratorio, suficientes para correr traslado a la totalidad de las partes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Asimismo, a su escrito de demanda el quejoso refirió haber tenido conocimiento del acto reclamado el once de abril de dos mil dieciocho. Manifestación que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de hechos propios aseverados por el promovente del amparo. Cobra aplicación a lo anterior la tesis XVI.3o.C.T.9 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero 2013, Tomo 2, página 1440, con el siguiente rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE HECHOS PROPIOS DE LAS PARTES. EL REALIZADO EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO NO REQUIERE SER RATIFICADO PARA HACER PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El reconocimiento de hechos propios de las partes, a que alude el artículo 205 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual puede realizarse en la demanda, en la contestación de ésta o en cualquier otro acto del juicio, hace prueba plena sin necesidad de ratificación, toda vez que, a diferencia de otras legislaciones, el de la entidad no precisa ese requisito." Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran en tres momentos. 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esa tesitura, si del escrito de cumplimiento de prevención se advierte que el impetrante de amparo fue sabedor del acto reclamado el once de abril de dos mil dieciocho, el término de quince días para promover el amparo empezó a correr el doce siguiente, que es el día posterior al que tuvo conocimiento del acto reclamado, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes. Lo anterior de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, en el entendido que dicho término se consideran como días: I. Hábiles los días 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de abril, así como 2 y 3 de mayo del año en curso. II. Inhábiles, los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de abril, así como 1 de mayo del año en curso. Ahora bien, del sello de recibo estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que la demanda fue presentada el siete de mayo de dos mil dieciocho y el término para interponerla feneció desde el tres de mayo de dos mil dieciocho. En ese sentido, la promoción de la demanda resulta extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 200094, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, con el siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En ese contexto, dentro del presente asunto será aplicado el plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece quince días para presentar la demanda de amparo, el cual de conformidad con el numeral 18, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009174, con el siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En ese contexto, de conformidad con el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en el caso será aplicado el plazo establecido en el artículo 17, que establece quince días para presentar la demanda de amparo, el cual, de conformidad con el numeral 18, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Es preciso señalar que, tratándose del acto que reclama el quejoso consistente en el auto de vinculación a proceso decretado por el Juez responsable dentro del expediente 171/2018 de origen, contra el quejoso; por tanto no se actualiza ninguna de las excepciones mencionadas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en específico a las que prevé la fracción IV, ya que instituye que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros. Por tanto, se puede sostener que el auto reclamado no actualiza la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que la demanda de amparo se pueda presentar en cualquier momento. De conformidad con el artículo 18 de la ley en la materia los plazos a que se refiere el numeral 17, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado. De lo anterior, queda demostrada la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/jjsg*
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Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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