David Lara Arzate
Expediente 1433/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1433/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- David Lara Arzate
- Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México Y Municipios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. CALIFICA CUMPLIMIENTO Visto lo de cuenta y toda vez que la parte quejosa no formuló manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificarlo. En sentencia terminada de engrosar el tres de enero de dos mil veintitrés (fojas 125 a 150), este órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos, la autoridad y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos, las autoridades y por los motivos destacados en el séptimo considerando de esta resolución, para los efectos precisados en el último apartado de este fallo". Inconforme con dicha determinación, el apoderado legal de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, interpuso recurso de revisión, del cual por razón de turno conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en sesión ordinaria por videoconferencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida de tres de enero de dos mil veintitrés, dictada por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo ******************** SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de la autoridad responsable, Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios, representado por el Director General, conforme a lo expuesto en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en términos de lo considerado en la sentencia recurrida y para los efectos precisados en el considerando décimo primero de esta ejecutoria. CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por el quejoso ********************." Por lo que, una vez recibido el testimonio de la Superioridad, por auto de once de septiembre del año en curso (fojas 306 y 307), se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables. Es de señalar, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que el Consejo Directivo y el Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios realizaran lo siguiente: "a)Observar el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que establecía "El monto de las pensiones del sistema solidario a que se refiere esta ley, se incrementará en la misma proporción, en que el Gobierno del Estado, otorgue incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo", y cuando "la pensión sea equivalente al salario mínimo, se privilegiará el incremento que sea mayor entre el porcentaje que conceda el Gobierno del Estado o el que se establezca para el salario mínimo.", esto es, el vigente antes de la reforma. En el entendido de que, conforme a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, y a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la forma de calcular el incremento de las pensiones, todas las referencias que las leyes y sus reglamentos hacían al salario mínimo, se entienden hechas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). b) Detallar en la resolución que emita en cumplimiento al fallo, los porcentajes considerados que finalmente aplicó para el incremento de la pensión. c) Aplicar el porcentaje correspondiente al incremento de la pensión, conforme a la ley que corresponde atento a lo determinado en este fallo, a fin de que ello repercuta en la cuantía de los posteriores. En el entendido que en ningún caso el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios podrá descontar de las modificaciones realizadas el excedente de la cantidad pagada a favor del pensionado con motivo de la aplicación incorrecta de los porcentajes de incremento que aquél realizó. d) Por cuanto al pago de diferencias actualizadas, de resultar que se ha aplicado incrementos a la pensión de la parte quejosa, menores a los que legalmente le corresponde, el instituto deberá cuantificarlos, en la resolución que emita en cumplimiento de este fallo, y pagar las diferencias que deriven de la incorrecta cuantificación de esos incrementos". En atención a lo anterior, mediante promoción registrada con el número de folio 20948, el representante legal de la Jefa del Departamento de Pensiones y del Consejo Directivo, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informó a este órgano jurisdiccional que se aplicaría al quejoso ******************** el incremento anual a su pensión en los términos en los que se venía haciendo hasta antes de la reforma al artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, incluyendo el aumento respectivo conforme al salario mínimo vigente, observando lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente al momento en que el quejoso adquirió el derecho a la pensión que recibe, y que las diferencias generadas le serian pagadas en la primera quincena de octubre del año en curso. Posteriormente, mediante promoción 22698, el representante legal de las autoridades responsables, exhibió el comprobante de pago realizado vía nomina al quejoso, en cumplimiento al fallo protector. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que se atendió únicamente el primer punto del fallo protector, pues si bien informó que realizó el incremento anual a la pensión del quejoso en los términos en los que se venía haciendo hasta antes de la reforma al artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, observando lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente al momento en que el quejoso adquirió el derecho a la pensión que recibe, y remitió el comprobante de pago realizado por dicho concepto en la primera quincena de octubre del año en curso, lo cierto es que fue omisa en exhibir la resolución en la que detalló los porcentajes que aplicó para el incremento de la pensión del quejoso ********************. En ese sentido, este juzgado federal considera que la sentencia amparadora no ha sido cumplida, en consecuencia, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de proveer en relación al total cumplimiento a la sentencia de mérito, y tener certeza de los incrementos realizados a la pensión del quejoso, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente asunto, remitan la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que se detallen los cálculos realizados y los porcentajes que consideró para el incremento de la pensión de la parte quejosa. En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se le informa que de constituirse en actitud omisiva, también se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando deje su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso David Lara Arzate, por medio del cual, solicita copias certificadas de la resolución de veinticuatro de agosto del año en curso dictada en el recurso de revisión 114/2023 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 12 ibidem, expídanse a costa del promovente las copias certificadas que solicitan, autorizando para recibirlas a la persona que menciona, previa razón que por su recibo obre en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la representante legal de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual informa el cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, y para acreditar su dicho remite copia del comprobante de pago de pensión realizado a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el representante legal de la Jefa del Departamento de Pensiones y del Consejo Directivo, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual remite el oficio 207C0401520101L/dP/11299/2023 de veintiséis de septiembre del año en curso, del que se desprende que el ajuste al monto diario de pensión, así como las diferencias generadas a favor del quejoso, le serán cubiertas a partir de la primera quincena de octubre de dos mil veintitrés, por lo que solicita una prórroga de tres días contada a partir del quince de octubre de la presente anualidad, para acreditar el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, por última ocasión se concede a las autoridades responsables una prórroga de tres días hábiles contados a partir de la primera quincena de octubre, para que acate la ejecutoria constitucional y lo acredite con las constancias respectivas.
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