David Herrera Arizmendi
Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/03/2023
Partes del expediente
- David Herrera Arizmendi
- Ruben Hernández Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se evidencia que con motivo de la contingencia sanitaria derivada de los efectos de la pandemia por el virus SARS-COV-2 (Covid-19); el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, emitieron diversos Acuerdos y Circulares por los cuales se suspendieron plazos y actuaciones procesales durante los periodos comprendidos del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y del diecinueve del diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, se evidencia que durante ciento noventa y ocho días se suspendieron los plazos y actuaciones procesales, por ende, con el fin de no incurrir en violaciones que pudieran dejar en estado de indefensión a las partes; con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se estima pertinente considerar ese plazo que resulta adicional a los seis meses que contempla el artículo 156 de la Ley de la materia para la promoción del incidente de daños y perjuicios, y a los dos años que prevé el precepto 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para la prescripción de los certificados de depósito en favor del erario federal. Asimismo, de la certificación de referencia se advierte que concluyó el plazo de dos años establecido en el artículo 50 de la Ley Tesorería de la Federación, aplicable al caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio, de la Ley de Tesorería de la Federación. En consecuencia, con apoyo en el artículo precitado y los diversos 37, 45 y 48 de dicha legislación y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 31 del Acuerdo General número 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se Regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, se decreta que ha operado en favor del fisco federal la prescripción del billete depósito ******************** que ampara la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual se encuentra guardado en la caja de seguridad bajo el número de registro 2/2019; por lo que se remite a la autoridad correspondiente debidamente endosado. GLOSAR COPIA AUTÓGRAFA Dado que el presente acuerdo califica el destino del billete de depósito exhibido en el cuaderno incidental, glósese copia autógrafa de éste para debida constancia. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Intégrese la constancia de notificación realizada al quejoso ********************, de la que se advierte al momento de la notificación del proveído de quince de marzo de la presente anualidad manifestó ante el fedatario judicial de la adscripción lo siguiente: "Me desisto del amparo y señalo las listas como domicilio" Por tanto, se tienen por realizadas las manifestaciones del quejoso de mérito; ahora, el desistimiento es el acto procesal por medio del cual el demandante renuncia a su derecho de acción, por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe de seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí, que pueda válidamente desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Por tanto, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio, es el desistimiento del quejoso, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. En efecto, como lo dispone el artículo 107 fracción I, de nuestra Carta Magna, el principio fundamental que rige en el juicio de amparo es la voluntad, de la parte agraviada; consecuentemente, el juicio constitucional siempre se debe de seguir a instancia de quien resiente el perjuicio, de ahí que el quejoso se pueda desistir en cualquier momento del juicio de amparo hasta antes de que se haya dictado sentencia ejecutoria, con su sola declaración de su voluntad, lo que encuentra sustento en el mencionado artículo 63 fracción I de la Ley de la Materia, entonces el desistimiento y su ratificación (la cual no resulta necesaria, toda vez que la misma se realizó ante la presencia del fedatario judicial de la adscripción), actualiza la hipótesis prevista en dicho artículo, puesto que el quejoso conserva su voluntad para desistirse en cualquier momento de su escrito de demanda de amparo según sus intereses, por lo que este órgano de control constitucional tiene el deber de aceptarlo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 33/200, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147, Tomo XI, de la Novena Época, correspondiente al mes de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En consecuencia, se tiene al impetrante de amparo garantías por desistido en su perjuicio del juicio de amparo en que se actúa, en tal virtud, se SOBRESEE el mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con diez minutos del once de abril de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones respectivas. En esa tesitura, al haberse expresado su voluntad a desistirse del presente juicio, ante presencia judicial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el presente auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívense el presente juicio como asunto concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aplicado por analogía, y con apoyo en el capítulo 7, con relación al punto 7.1.1. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio, sin embargo se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. La anterior determinación, se ordena hacer del conocimiento a los expertos ********************, perita en medicina forense, ********************, psicóloga forense y ********************, perito en fotografía forense, todos adscritos a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de República en el Estado de México, para los efectos legales procedentes Finalmente, tocante a las manifestaciones realizadas por el quejoso de mérito en el sentido de que las notificaciones que se realicen en el presente asunto se le practiquen por lista; a efecto de no retrasar el procedimiento y cumplir con el principio de impartición de justicia pronta y expedita, se ordena notificar al quejoso de referencia la presente y las subsecuentes determinaciones en términos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, esto es, por conducto de su defensora pública ******************** y quien representa sus intereses jurídicos en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, en razón de que el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; Énfasis añadido. Del citado numeral, podemos observar que las notificaciones personales al quejoso privado de su libertad se le harán: 1. En el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o 2. En el de su reclusión; o 3. A su defensor, representante legal o persona designada para oír y recibir notificaciones. Por ende, se puede concluir que el legislador estipuló tres opciones donde se pueden realizar las notificaciones al quejoso privado de su libertad, es decir, precisó que se le pueden realizar en cualquiera de las opciones plasmadas con anterioridad - alternativa- pues utilizó la conjunción disyuntiva. Por tanto, se tiene como único domicilio procesal el señalado por su defensora Pública. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias Común y Penal, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2025391, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable."
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de marzo de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO SIN MAYOR PROVEÍDO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por el cual remite dos escritos de los internos ******************** y ********************, mediante los cuales refieren deslindarse de la demanda de amparo que en su lugar promovió el quejoso ********************, por lo que no la ratifican, sin que sea el caso de hacer mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda respecto de los aludidos internos. No obstante lo anterior, queda expedito el derecho de los internos aludidos para que, de ser su intención, realicen formal denuncia ante la autoridad competente. HOMÓLOGO SOLICITA VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE Por otro lado, con igual fundamento, intégrese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la vinculación del expediente electrónico del presente asunto, con el diverso juicio de amparo ******************** de su índice. SE AUTORIZA VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE Atento a lo anterior, como lo solicita el Homólogo Federal, se instruye al oficial judicial "A" adscrito a este Juzgado de Distrito, para que vincule de inmediato el expediente en que se actúa, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
p. Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintitrés. DESIGNACIÓN DE DEFENSORA DE OFICIO Y ACEPTACIÓN DE CARGO intégrese el oficio por el cual la licenciada *****************, acepta y protesta el cargo conferido por la Encargada del Área de Amparos y Finanzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, conforme al contenido del oficio 487/2023 que se adjunta a la misiva de cuenta, asimismo, anexa las documentales que la acreditan como licenciada en derecho y servidora pública del referido instituto. Por tanto, se tiene por aceptado y protestado el cargo de asesora jurídica de los quejosos ***************** y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por dicha profesionista, las cuales se harán mediante oficio....se tiene por señalado el domicilio que indica la profesionista para oír y recibir notificaciones. .......Toda vez que en esta data se tiene por aceptado y protestado el cargo de la representante legal de los quejosos *****************, dése vista a dicha profesionista con el contenido del proveído emitido el dieciséis de febrero del año en curso, para que en los plazos indicados en dicho auto, manifieste lo que a su representación convenga, los que comenzarán a correr a partir de su legal notificación del presente proveído. En el entendido que deberá acreditar que se entrevistó con sus representados previo al desahogo de los requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, provéase lo que corresponda. Notifíquese como legalmente corresponda.
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