David Gama Perez

Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
98/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • David Gama Perez

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE FENECIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS QUE ESTABLECE EL NUMERAL 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA INTERPONER RECURSO QUE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO POR EXTEMPORÁNEA, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA LO HAYA HECHO VALER; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO PRECEPTO LEGAL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. ANOTACIONES HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). ARCHIVO EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE ESTIMA QUE NO EXISTE MÁS POR CUMPLIMENTAR; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA PROCEDENTE REMITIR ESTE ASUNTO AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE; RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EN TÉRMINOS DEL DIVERSO ARTÍCULO 21, INCISO D), DEL REFERIDO ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS PUNTOS 8.1.2 DEL MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, APROBADO EL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE ESTE EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE, EN EL PLAZO DE TRES AÑOS, AL SER UN JUICIO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA. EN OTRO CONTEXTO, SE COMUNICA A LA PARTE QUEJOSA QUE DE CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 21 DEL REFERIDO ACUERDO, EL PRESENTE EXPEDIENTE PERMANECERÁ EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO FEDERAL DURANTE EL PLAZO DE TRES AÑOS, POR LO QUE DESPUÉS DE ESE LAPSO, SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN DEL MISMO, PUES A CONSIDERACIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PRESENTE SUMARIO CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ADEMÁS, NO ENCUADRA EN SUPUESTO ALGUNO DE LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO GENERAL DE REFERENCIA. SE PRECISA QUE EL PRESENTE SUMARIO CONSTITUCIONAL SE ENVIARÁ MATERIALMENTE AL ARCHIVO UNA VEZ QUE OBREN LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DERIVADAS DEL PRESENTE PROVEÍDO. POR OTRO LADO, SE ORDENA A LA SECRETARIA CON LA QUE SE ACTÚA QUE SUPERVISE Y ENCARGUE AL OFICIAL ADMINISTRATIVO PONGA EN LA CARATULA DE ESTE ASUNTO EL SELLO EN EL QUE CONSTE LA VALORACIÓN DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, Y ANOTE LA FECHA DEL ARCHIVO FÍSICO. ASIMISMO, DICHA SECRETARIA DEBERÁ CERTIFICAR QUE TANTO EL EXPEDIENTE FÍSICO COMO EL ELECTRÓNICO COINCIDEN EN LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES; POR SU PARTE, SE ORDENA A LOS ACTUARIOS QUE, CUALQUIERA DE ELLOS O AMBOS, CERTIFIQUEN QUE COINCIDEN LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN ENTRE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DEL ACUERDO GENERAL CITADO. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el escrito de ********************mediante el cual desahoga la prevención efectuada por auto de once de abril de dos mil veintitrés. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: a) El auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, que contenía apercibimiento de multa. b) La falta de notificación personal del auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/002/2017, derivado del expediente TCA/SRI035/2013, en el que se apercibio al quejoso con una multa de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional). c) El mandamiento de ejecución de uno de febrero de dos mil veintitrés, derivado del oficio SI/DGCCV/DEF/TJA/0139/2023, signado por el subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. d) La diligencia de requerimiento de pago y la diligencia de embargo practicada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por la Notificador - Ejecutor del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el índice de este órgano jurisdiccional existe el juicio de amparo 298/2022, promovido por ********************en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero y otros, el cual se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que se señaló como actos reclamados los siguientes: "a) El proveído de tres de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/002/2017, derivado del expediente TCA/SRI035/2013." Sin necesidad de glosar al expediente la copia certificada de dichas constancias, toda vez que éstas se tuvieron a la vista al momento de dictar la presente determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el viernes 8 de junio de dos mil dieciocho, cuyo tenor literal es el siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en relación con los actos reclamados descritos en los incisos a) y b) se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la promoción de la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente extemporánea, en atención a las consideraciones siguientes: Los artículos mencionados disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Los arábigos anteriormente señalados establecen que el plazo para la presentación de la demanda de amparo será de quince días, el cual se contará a partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por ende, el término para promover el juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis señaladas, sin soslayarse la idoneidad de cada supuesto y el carácter de la quejosa en relación con el acto reclamado. Ilustra lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Ahora, en presente caso debe regir la regla de que el plazo para promover el juicio de amparo debe computarse a partir de que se ostente sabedor de los actos que ya que es que a partir de ese momento en el que queda sujeto al término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, de quince días. Bien, ********************en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, presentó su demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 298/2022 el dos de diciembre de dos mil veintidós, en la que narró en su antecedente veintitrés lo siguiente: "23. Ahora bien; resulta pues que la autoridad responsable; con fecha tres de noviembre de la presente anualidad; dictó un auto en el cual, en esencia impone una multa individual a los suscritos por la cantidad de $11,546.00 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 m.n.) bajo el argumento de que las suscritas autoridades fuimos omisas en dar cumplimiento al auto de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/002/2017, del índice de la Sala Superior del Tribunal de justicia Administrativa." Partiendo de esa premisa, así como de la manifestación realizada en su escrito aclaratorio mediante el cual señala que tuvo conocimiento de los autos de tres de noviembre de dos mil veintidós, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de los actos reclamados descritos en líneas precedentes. Luego, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió en exceso; por lo tanto, como la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, fue presentada en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, el diez de abril de dos mil veintitrés -como se advierte del sello de recepción-, resulta claro que la presentación de la misma es por demás extemporánea, al hacerse fuera del plazo de quince días a que se refiere los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, aunado a ello, se precisa que la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, del cual manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, de manera que, tal como se dijo en líneas anteriores, la demanda que nos ocupa fue presentada el diez de abril de dos mil veintitrés, es claro que la misma es extemporánea, de ahí que, es de concluirse que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados, por lo que es procedente desechar la demanda de amparo. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, resulta aplicable la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 27 Quinta Parte, página trece, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE POR SER PRESENTADO FUERA DE TÉRMINO. Cuando una demanda de amparo es presentada fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe reputarse que el actor consintió tácitamente el acto reclamado, por lo que, en términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo es improcedente, y cuando esta circunstancia es advertida por la Sala que conoce del propio juicio, debe sobreseerlo". Además, no se advierte que se trate de algún caso de excepción de los que prevé el citado numeral 17 de la ley de la materia, ya que no se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; el amparo no se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, y tampoco el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por otro lado, en relación con los actos reclamados descritos en los incisos c) y d), emanados del procedimiento administrativo de ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" En relación a dicha causal, resulta oportuno precisar que el procedimiento administrativo de ejecución, no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo; sin embargo, consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada, lo cual, justifica que el juicio de amparo por regla general sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En el caso, a la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento administrativo de ejecución. Se explica: Del contenido del ocurso de cuenta, se observa que la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: a) El mandamiento de ejecución de veinte de enero de dos mil veintitrés, derivado del oficio SI/DGCCV/DEF/TJA/0074/2023, por el que se le notificó requerimiento de pago y diligencia de embargo, lo reclama por vicios propios y no ha sido objeto de impugnación diverso al presente amparo. Así, resulta inconcuso que del análisis de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se advierte que a David Gama Pérez no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, porque tuvo conocimiento del mandamiento de ejecución de uno de febrero de dos mil veintitrés, derivado del oficio SI/DGCCV/DEF/TJA/0139/2023, signado por el subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; en consecuencia, el juicio de amparo deviene improcedente, ya que debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. En efecto, el procedimiento administrativo es una serie de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente, de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; ahora, si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, lo cierto es que debe esperar a que exista una resolución definitiva y, si lo perjudica, podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones cometidas, en su caso, dentro del procedimiento. Con base en lo anterior, el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución que lo culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas en ese procedimiento a pesar de que se impugne la constitucionalidad de leyes. Lo anterior es en ese sentido, pues así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. < Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1242, que es de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." Asimismo, es aplicable la tesis 2a./J. 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 187, que es de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ********************de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 y artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y otras autoridades. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 98/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Prevención Ahora bien, para estar en aptitud de proveer respecto de su admisión y procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, así como 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, por escrito y bajo protesta de decir verdad, complemente la demanda de la siguiente manera: PRIMERO. Indique la fecha en que tuvo conocimiento del auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le impuso una multa por la cantidad de $11,546.60 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), toda vez que de los antecedentes no se advierte esa circunstancia. SEGUNDO. Precise la fecha en que tuvo conocimiento del mandamiento de ejecución de uno de febrero de dos mil veintitrés, pues no lo indicó. Lo anterior se estima en ese sentido, toda vez que de los antecedentes de la demanda se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y la diligencia de embargo; sin embargo, no se advierte la fecha en que le fue notificado el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós y el de uno de febrero de dos mil veintidós. Apercibimiento Apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados y en el plazo señalado, se procederá conforme al artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de la materia, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Se precisa que el desahogo de la prevención deberá de efectuarlo la directa parte quejosa, lo anterior, en razón de que resulta indispensable observar el principio de agravio personal y directo, así como de instancia de parte agraviada; toda vez que el titular de la acción es en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y a quien le constan los hechos ocurridos como antecedentes de aquél.**** Exhibición de copias Por otro lado, se precisa a la parte quejosa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -autoridad responsable, tercero interesado y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito-, así como para la tramitación del incidente de suspensión. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***de esta ciudad. Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ***y a ****, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, por no contar con dicho registro. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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