DAVID GAMA PERÉZ y Otros.

Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
308/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • DAVID GAMA PERÉZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primero Circuito, mediante el cual informa el contenido del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja administrativo 328/2023, del que se advierte, solicita a este juzgado ponga a disposición el expediente electrónico; y le sea remitido el original del escrito de agravios. Habilitación, vía electrónica del juicio de amparo Atento a lo anterior, y como lo solicita la superioridad, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga disponible el expediente electrónico del presente asunto, a fin de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, esté en aptitud legal de visualizarlo y relacionarlo con el asunto que corresponda. Asimismo, se ordena remitir el escrito original de agravios, a fin de que la superioridad provea lo que en derecho corresponde. Cúmplase.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos la boleta de turno remitida por el jefe de la Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; de la que se advierte que se realizó el registro y turno en el Sistema Automatizado de Turno-SIAT de esa oficina, con el número de registro ****, relativa al recurso de revisión interpuesto por **** autorizado de la parte quejosa ** y ***, contra la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio, de la cual se advierte que dicho recurso quedo radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación, vía electrónica del juicio de amparo En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga disponible el expediente electrónico del presente asunto, a fin de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, esté en aptitud legal de visualizarlo y relacionarlo con el asunto que corresponda. Cúmplase.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, agréguese para que obre como corresponda el escrito presentado por ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Asimismo, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), registre oportunamente los datos y la información que resulta del ejercicio de sus funciones; asimismo, habilite, vía interconexión, todas y cada una de las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa, y las haga disponibles a fin de que la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, se encuentre en aptitud legal de visualizarlas, y en consecuencia, turne el asunto al tribunal colegiado que corresponda, para la tramitación del recurso de queja presentado por la parte quejosa. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, y ****, en su carácter de Presidente Municipal y Segundo Síndico Procurador y representante legal, ambos del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, contra actos de la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 308/2023. Estudio de la demanda En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte impetrante y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio íntegro del escrito de demanda, se advierte que los quejosos ****, y ****, en su carácter de Presidente Municipal y Segundo Síndico Procurador y representante legal, ambos del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, reclaman el auto ocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, emitido en el expediente TJA/SRI/056/2019, promovido por ****, a través del cual se impuso una multa en cantidad de $**********. Desechamiento de la demanda En el caso este juzgador de oficio se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, artículos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." La interpretación sistemática de los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, permite establecer que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de las normas generales, actos u omisiones de autoridad, el cual se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; por lo cual para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello; presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En esa tesitura, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones de autoridad y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para instar la función jurisdiccional. Ahora bien, los quejosos ***, y ****en su carácter de Presidente Municipal y Segundo Síndico Procurador y representante legal, ambos del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, se duelen del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, emitido en el expediente TJA/SRI/056/2019, promovido por ***, a través del cual se impuso una multa por la cantidad de $***(****moneda nacional), a la persona física que resultara ser presidente municipal, segundo síndico procurador y al secretario de Desarrollo Urbano y Obra Públicas, todo del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero. En el caso, se considera que los promoventes en la calidad que comparecen carecen de legitimación para promover la acción constitucional contra dicha determinación. Lo anterior debido a que tal acto, por sí mismo, no agravia a las autoridades que ellos representan en el presente juicio y, por tanto, al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, la acción intentada debe declararse improcedente. En efecto, los promoventes se ostentan como presidente y síndico procurador, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero. No obstante, debe indicarse que es la persona física o titular de dichas dependencias municipales quienes pudieran incurrir en la omisión de cumplir un mandato jurisdiccional motivo por el cual pudieran hacerse acreedoras a la imposición de una multa, con independencia que la imposición se hubieran relacionando sus nombres o bien refiriéndose al cargo que ostentan, pues se entiende que aquéllas se impone a las personas físicas que en su actuación como autoridades, omiten cumplir con un requerimiento y no así a las autoridades que representan; tan es así, que las multas impuestas deben cubrirlas de su propio peculio y no con el presupuesto público, por lo cual al acudir los quejosos a esta instancia constitucional bajo los cargos que desempeñan en el Ayuntamiento Constitucional Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, resulta claro que el juicio de amparo es improcedente. Se invoca la jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 875, que indica: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Bajo tales premisas, atento a que los actos reclamados no inciden en el ámbito patrimonial de las autoridades que los promoventes representan, sino que en todo caso, los afectan como personas físicas que ejercen el cargo de titulares de las autoridades requeridas en el juicio de origen, quienes tendrán que hacerse cargo del pago de la multa con su propio peculio; entonces, resulta inconcuso que dichos accionantes carecen de legitimación para ejercitar la acción de amparo contra los actos ya precisados bajo los cargos que ostentan. Se cita, por los motivos que la conforman, la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia Común, página 974, que es de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." En consecuencia, por las razones expuestas, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionado con los diversos 5, fracción I, 6, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos, en su carácter de autoridad demandada en el juicio administrativo de origen, debido a que el acto reclamado afecta exclusivamente sus intereses patrimoniales. Autorizados Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****y a ****, por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del precepto legal antes citado a las diversas personas por no contar con dicho registro. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en calle ***esquina con calle ****en la colonia Centro de esta ciudad. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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