David Flores Rivera
Expediente 221/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- David Flores Rivera
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Visto el escrito signado por David Flores Rivera, con el que desahoga el requerimiento que se le formuló por auto de dos del mes y año en curso, anexando además copia simple del acta de audiencia preliminar llevada a cabo el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por la Juez Provisional del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y exhibe las copias de traslado respectivas. Atento a lo anterior, téngase en tiempo desahogada la prevención; no obstante ello, del contenido de la demanda de derechos fundamentales se advierte que el peticionario de amparo reclama todo lo actuado hasta el momento dentro del Juicio Ordinario Civil en acción reivindicatoria promovido por Mayela Herrera Ubiña y radicado en ese órgano judicial con el número 943/2017, específicamente la omisión de llamarlo y/o emplazarlo legalmente a juicio, así como todos los actos subsecuentes a tal omisión. Como cuestión preferente es necesario analizar la procedencia de la acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura de este artículo se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por otra parte, el artículo 107 constitucional, fracción III, inciso c), y el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I, II. (.); III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) y b) (.); c) Contra actos que afecten a personas extrañas a juicio". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I a IV. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De estas disposiciones se obtiene que el juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; procede, cuando éstos producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, precepto señalado en primer término dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII (.); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados en juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; según queda de manifiesto en la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Parte 1, Quinta Sección, Procedencia del Amparo indirecto, número 613, página 678, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Esto es, en el supuesto de que la resolución que recaiga al procedimiento judicial instaurado en su contra de donde derivan los actos reclamados, resulte favorable a sus intereses, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la misma fuera contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos. También debe señalarse que las violaciones procesales pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, por cuanto hace a la falta de notificación o emplazamiento al juicio 943/2017, como se advierte del escrito presentado por el promovente, el procedimiento se encuentra en etapa de citación para audiencia de juicio; esto es, no se ha dictado sentencia en el juicio natural; de ahí que, contrario a lo señalado por el amparista, ello no lo deja en estado de indefensión ni le depara en este momento perjuicio irreparable, dado que al no dictarse sentencia ejecutoriada, el quejoso puede acudir a apersonarse al juicio, promoviendo los medios de defensa que la legislación de la materia le concede para hacer válidos sus derechos, es decir, se le está dando la oportunidad de defensa, pues se trata del inicio del procedimiento instaurado sobre el bien inmueble que defiende. Por lo tanto, con dicho acto sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa sin que con ello se afecten derechos de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues la omisión de emplazarlo a juicio, sólo representa el inicio del procedimiento judicial, no así la conclusión del mismo, por lo que, ningún perjuicio irreparable le irroga en este momento, pues no se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa en el procedimiento natural, ya que cuenta con los recursos que establece el código para modificar o revocar, en su caso, la resolución, siendo hasta que exista determinación definitiva, cuando en todo caso, le depare un perjuicio al promovente. Siendo aplicable al caso por su contenido la Jurisprudencia 3a./J. 17/92, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, octubre de 1992, Materia Civil, Octava Época, registro 206781, página 15, que establece: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.", sustentó el criterio siguiente: "Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes"; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ...", debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo". Así mismo, es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 198/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, Materia Laboral, Novena Época, registro 168011, página 698, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". De igual forma, la Jurisprudencia 885, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Octava Época, registro 394841, página 608, que precisa: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la nulificación del acto reclamado; esto es, obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo". En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos ni constituir una afectación exorbitante, no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al actualizarse en la especie de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE DOS DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Por recibida la demanda de amparo , por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos en el Estado de Chihuahua, con dese en esta ciudad fronteriza, por considerarlos violatorios del derecho fundamental consagrado en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 221/2018-IV-S. Previo a proveer lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, es importante atender el contenido del primer párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, el cual establece: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. De ello se sigue que debe ordenarse la aclaración de la demanda de amparo en los casos en los que hubiere alguna irregularidad en la misma; se omita alguno de los requisitos que se señalan en el 114 de la ley de la materia, por lo tanto, se requiere al promovente para que señale la etapa en que se encuentra el juicio civil a que hace referencia en su demanda. Para lo cual, se le concede un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que de este acuerdo se le realice, debiendo exhibir, tantas copias como sean necesarias del escrito aclaratorio para la correcta distribución entre las partes, puesto que éste es parte integral de la demanda de amparo, como lo indica la fracción V, del artículo 108, de la Ley de Amparo, para la correcta distribución entre las partes de su escrito aclaratorio, tomando en cuenta que se requiere original para el juicio de amparo y las copias para distribuirse de la siguiente manera: una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, dos para la apertura de los incidentes y una para cada una de las autoridades responsables. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, en el plazo que para tal efecto se le otorga, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo, esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente, el ubicado en calle Ixcateopan número 4291-A, de la colonia Galeana, en esta localidad fronteriza; y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados Eduardo Enrique Corral Martínez, Jesús Arriola Borbón y Armando Ortega García, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, aparece cédula profesional registrada a su nombre. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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