David Fernando Lozada Montes
Expediente 875/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- David Fernando Lozada Montes
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la cual, se sobreseyó en el juicio en que se actúa; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión de que este expediente es depurable, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en las fracción, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues no obstante de haberse decretado el sobreseimiento del juicio, en el auto en que se tuvo por presentada la demanda, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión de plano.
- Principal
Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 875/2017-III, promovido por ******************, respecto de los actos que reclamó del Directora y Agentes de la Dirección General de Tránsito del Municipio de Juárez, Chihuahua, por las razones expuestas en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución.
- Principal
De la constancia signada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte que localizó al directo quejoso David Fernando Lozada Montes, en el Centro Cívico de Recuperación Total de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta localidad fronteriza, quien enterado del motivo de su búsqueda, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Víctor Manuel Lozada Islas. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Lozada Islas a favor del directo quejoso David Fernando Lozada Montes, contra actos del Director General de Tránsito y agentes adscritos a dicha corporación, ambos con sede en esta localidad fronteriza, por estimarlos violatorios del artículo 22 constitucional. Se señalan las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, para que tenga lugar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sin necesidad de enviarles nuevamente copia de la demanda, toda vez que por auto de siete de los actuales, al proveer sobre la presentación de la demanda, se les hizo llegar. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato a esta autoridad, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los citados artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo En términos de lo previsto en los artículos 1, 3, 9, 12, 16, 68, 71, fracción I, y Transitorios Primero y Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que señaló en su demanda; y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Manuel Lozada Islas. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total (CE.RE.CI.TO) en turno, con sede en esta localidad fronteriza, con el cual rinde informe sobre la suspensión de plano decretada en autos, con cuyo contenido se da vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.
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