David Flores Becerril
Expediente 98/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/03/2016
Partes del expediente
- David Flores Becerril
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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II. EJECUTORIA. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (fojas 35 a 38), por la que se sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental...
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II. RESUELVE: UNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...
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II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la notificación de ocho de febrero de dos mil dieciséis, donde se advierte que el quejoso ********************, manifestó lo siguiente: "Autorizo para oír y recibir notificaciones a mi esposa, la Señora Yazmin Quiroz Sánchez y/o a mi papá, el Señor José Flores Ortiz. Ahora bien, vistas las manifestaciones y como lo solicita el quejoso ********************, se tienen por autorizadas a las personas que menciona y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista, ésta y las subsecuentes determinaciones.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, mediante proveído de dieciocho de los actuales (fojas 173 y 174), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de la forma en que las autoridades responsables, dieron cumplimiento al fallo protector; en tal virtud, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. Ahora bien, es oportuno establecer que mediante sentencia de trece de noviembre de dos mil quince (fojas 108 a 116), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, realice lo siguiente: ? Deje insubsistente la resolución dictada en el toca de apelación 409/2015 de dieciocho de junio de dos mil quince- ? Dicte otra en la que atendiendo a las consideraciones plasmadas en el presente fallo, aborde el estudio del agravio relacionado con la procedencia de la rendición de cuentas de los frutos civiles que genera el bien inmueble ubicado en calle Bolivia número cuatrocientos uno colonia Las Américas o Altamirano de la Ciudad de Toluca, Estado de México, en el periodo de marzo-abril de dos mil catorce, cuyo usufructo se transmitió por testamento a Luz María Martínez Gómez, y: Parta de la premisa de que Luz María Martínez Gómez compareció en su calidad de heredera, entre otras cosas, el usufructo de dicho bien inmueble. ? Hecho lo anterior; con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil quince (fojas 133 y 134), causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, por lo que, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio recibido en este Juzgado el seis de los cursantes (foja 137), la autoridad responsable Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, en acatamiento al fallo protector, informó que dejó sin efectos la resolución de dieciocho de junio de dos mil quince, dictada en el toca de apelación 409/2015. Mediante lo oficio recibido en este órgano de control constitucional el dieciocho de enero de dos mil dieciséis (foja 144) hizo del conocimiento que el quince de enero del actual dictó una nueva resolución en la que acató los efectos de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, el suscrito procede en primer lugar a determinar si la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa fue cumplida en sus términos por la responsable, para lo cual habrán de precisarse los efectos del fallo protector y las consideraciones emitidas por la responsable. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución dictada en el toca de apelación 409/2015 de dieciocho de junio de dos mil quince Emita otra en la que atendiendo a las consideraciones plasmadas en el presente fallo, aborde el estudio del agravio relacionado con la procedencia de la rendición de cuentas de los frutos civiles que genera el bien inmueble ubicado en calle Bolivia número cuatrocientos uno colonia Las Américas o Altamirano de la Ciudad de Toluca, Estado de México, en el periodo de marzo-abril de dos mil catorce, cuyo usufructo se transmitió por testamento a Luz María Martínez Gómez, y: Parta de la premisa de que Luz María Martínez Gómez compareció en su calidad de heredera, entre otras cosas, el usufructo de dicho bien inmueble. Hecho lo anterior; con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. El seis de enero de dos mil dieciséis, informó que dejó insubsistente la resolución de dieciocho de junio de dos mil quince dictada en el toca de apelación. Emitió una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, en la que: Abordó el estudio del agravio relacionado con la procedencia de la rendición de cuentas de los frutos civiles que genera el bien inmueble ubicado en calle Bolivia número cuatrocientos uno colonia Las Américas o Altamirano de la Ciudad de Toluca, Estado de México, en el periodo de marzo-abril de dos mil catorce, cuyo usufructo se transmitió por testamento a Luz María Martínez Gómez y resolvió lo que estimó pertinente. Ahora bien, visto el escrito de veinticinco de enero del año en curso, presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, a través del cual los terceros interesados María Teresa, Juan Carlos y Nicolás de apellidos Cortes Martínez, manifiestan su inconformidad en contra de la nueva resolución dictada por la autoridad responsable y precisaron diversas manifestaciones por las cuales a su consideración no debía tenerse por cumplida la sentencia; sin embargo, contrario a lo señalado por los citados terceros la sentencia de amparo si se encuentra cumplida, en atención a las siguientes consideraciones: Como ya se indicó, la sentencia de amparo fue para que la responsable abordara el estudio del agravio relativo a la rendición de cuentas de los frutos civiles del inmueble ubicado en calle Bolivia número cuatrocientos uno colonia Las Américas o Altamirano de la Ciudad de Toluca, Estado de México, en el periodo de marzo-abril de dos mil catorce; para lo cual debía partir de la premisa de que Luz María Martínez Gómez, compareció en su calidad de heredera del usufructo de dicho bien. Ahora, la responsable al emitir su nueva resolución en lo relativo al agravio motivo de la concesión del amparo, determinó que el mismo resultaba fundado y para llegar a dicha determinación, partió de las siguientes premisas: 1. Que Luz María Martínez Gómez, compareció al juicio con el carácter de heredera, respecto de los bienes y derechos que se especificaron en el testamento y el porcentaje que le correspondía al autor de la sucesión; 2. Que el usufructo instituido por el autor de la sucesión, sí forma parte del haber hereditario, pues se instituyo dentro del testamento, por lo que debe considerarse como parte del acervo hereditario; 3. Que Luz María Martínez Gómez, perdió su carácter de heredera cuando se dictó en su contra una resolución incidental de incapacidad de heredera, por lo que dejó de tener el derecho de usufructo del bien inmueble ubicado en calle Bolivia número cuatrocientos uno colonia Las Américas o Altamirano de la Ciudad de Toluca, Estado de México. Así, la responsable concluyó que en atención a que Luz María Martínez Gómez, perdió el derecho a heredar y por tanto el usufructo del inmueble de mérito; consecuentemente la albacea de la sucesión debía incluir en la rendición de la cuenta bimestral de los meses de marzo-abril del dos mil catorce, los frutos civiles de dicho inmueble; así como que debía exhibir los contratos de arrendamientos, que se celebraron respecto del citado inmueble y adicionar el porcentaje que le correspondía al autor de la sucesión testamentaria. Ahora bien, en el escrito de inconformidad los terceros interesados María Teresa, Juan Carlos y Nicolás de apellidos Cortes Martínez señalaron que la sentencia no estaba cumplida porque la nueva resolución no se encontraba fundada y motivada, ya que la autoridad responsable no atendió a la oposición sobre la omisión por parte de la albacea de ejercitar las acciones correspondientes para la obtención de las cantidades que indebidamente dispusieron las albaceas, así como que no hizo pronunciamiento alguno en cuanto a la exhibición de los contratos de arrendamiento que se tenían celebrados en relación con el bien inmueble mencionado, y omitió el estudio sobre la objeción a las aportaciones que hacía Juan Carlos Cortes Martínez, en razón de que carecía de interés jurídico en el procedimiento sucesorio. Sin embargo, como ya se precisó, la concesión del amparo fue para que de manera fundada y motivada únicamente diera contestación al agravio de mérito, partiendo de las premisas que se establecieron en la sentencia de amparo, pero no así, para que la responsable se pronunciara de una u otra manera respecto del contenido del aludido agravio, ni para que atendiera a las oposiciones y objeciones que le fueron expuestas, pues se insiste, la línea que se le dio a la responsable era únicamente para que partiera de la premisa de que Luz María Martínez Gómez, compareció como heredera y se dejó con libertad de jurisdicción para que resolviera lo que en derecho correspondiera; de ahí que lo que ahora precisan los terceros interesados en relación a lo que aducen que le falta pronunciarse la responsable no sea materia del presente cumplimiento. Por lo que hace al argumento de los terceros interesados respecto a que la autoridad responsable dejó de observar lo determinado en la resolución de amparo dictada por este órgano jurisdiccional en el expediente 1281/2014-II, el mismo deviene intranscendente para no tener por cumplida la sentencia en el presente juicio, pues aquí únicamente se puede estudiar si la responsable cumplió o no con los lineamientos de la concesión del presente amparo y no así con las resoluciones dictadas en diversos juicios, pues en su caso ello sería motivo de diversa reclamación pero no en el cumplimiento de la sentencia de este amparo. Finalmente, referente a que no se tomó en cuenta la cosa juzgada refleja en la que se determinó que el albacea no estaba obligada a rendir cuentas del inmueble ubicado en calle Bolivia número cuatrocientos uno colonia Las Américas o Altamirano de la Ciudad de Toluca, Estado de México, al existir un usufructo vitalicio, a favor de la cónyuge sobreviviente Luz María Martínez Gómez, el cual debía ser respetado por los coherederos, así como por cualquier autoridad a la cual se sometía a su arbitrio dicha condición de legado, máxime que fue constituido con el objeto primordial de la cónyuge sobreviviente. Respecto de este punto, es importante destacar que ante la plenitud de jurisdicción con la que cuenta la autoridad responsable para dictar una nueva resolución, dichas consideraciones son ajenas a los alcances de la ejecutoria de amparo y, por ende, no pueden ser analizadas en esta resolución, por lo que quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. En consecuencia, toda vez que del estudio oficioso que se realizó de la nueva resolución que emitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en virtud de que los argumentos de los terceros interesados no se advirtió alguna razón para no tener por cumplida la sentencia, y en atención a que la autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Archivo. Consecuentemente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, glósense a los autos el incidente de suspensión original y archívese como asunto totalmente concluido previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del dos mil nueve, se hace constar que: este expediente es susceptible de depuración de conformidad con el punto primero, fracción IV, del Acuerdo mencionado, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa; pero deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Además, por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico.
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