David Encarnación Marquez

Expediente 788/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
788/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • David Encarnación Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. Destrucción de expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d), capítulo octavo respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 4.2 infine, del capítulo 4 "Consideraciones Previas a la Destrucción de Expediente" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material.

  2. Principal

    Desechamiento de la demanda. Ahora bien, tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se advierte que en este órgano jurisdiccional se encuentra registrado el diverso juicio de amparo 766/2020-IV promovido por ***, por propio derecho, promueve demanda de amparo contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias de Tenango del Valle, Estado de México y otras autoridades. Demanda que fue recibida en este Juzgado Federal, el veintiséis de octubre de dos mil veinte. En atención a ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción X, 113 y 217, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, y a efecto de demostrar la actualización de la causal en estudio, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece que los hechos notorios pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados por las partes, se invoca dicho precepto en razón de que los actos reclamados son los mismos tanto en la presente constancia de notificación por el cual pretende ampliar la demanda, como en el diverso juicio 766/2020-IV, contra idéntica autoridad responsable y actos reclamados. El artículo 113, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso numeral 61, fracción X, del mismo ordenamiento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; El numeral transcrito, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por: a) El mismo quejoso; b) Contra las mismas autoridades; y, c) Por los propios actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el presente caso, se actualizan los tres supuestos que se desprenden del citado precepto legal, conforme a lo siguiente: Del juicio de amparo 766/2020-IV del índice de este órgano jurisdiccional, se obtiene lo siguiente: Quejoso: David Encarnación Márquez Autoridades responsables: Juez de Ejecución de Sentencias de Tenango del Valle, Estado de México; Director del Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango del Valle, México; y Jefe de Vigilancia del Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS: Actos de tortura, incomunicación, aislamiento y tratos crueles e inhumanos. B). Que por auto de veintiséis de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo Conforme a lo anterior, se debe decir que el gobernado no está facultado para promover más de un juicio de amparo contra las autoridades y por los actos que considere que afectan su esfera jurídica, por lo que es improcedente el segundo juicio de amparo que promueva contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, que sean materia de un primer juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución, ya sea en primera o segunda instancia. Ello se funda en que, al actualizarse la litispendencia, atento al artículo 17 constitucional que consagra el derecho a la impartición de justicia, por razones de certeza y seguridad jurídica, por un lado no es razonable la instancia y prosecución de dos juicios respecto de la misma litis, en tanto que debe evitarse dilaciones, cargas procesales y riesgos de disparidad o incongruencia hacia los gobernados que se someten a juicio. Por ello, la suscrita estima que la constitucionalidad de los actos aquí reclamados fue planteada en la multicitada demanda de amparo (766/2020-IV), en la que se señalaron las mismas autoridades responsables, por lo que tal circunstancia impediría a la suscrita analizar la constitucionalidad del acto combatido en el presente juicio 788/2020-V, lo que justifica desechar la demanda de amparo por lo que ve a dichos actos y autoridades responsables. Sin que se soslaye que en la constancia de notificación que se recibe, el quejoso señala como autoridad responsable al Comité Técnico del Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México, toda vez que el titular de dicho comité lo es el Director General del citado centro. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P. 83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209531, de título, subtítulo y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Como justificación de la presente determinación, agréguense copias debidamente autorizadas de la demanda de amparo y auto de admisión, relativas al juicio de amparo 766/2020-IV, sin que sea necesaria su certificación acorde a la Jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, con número de registro electrónico 172215, de título, subtítulo y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción X, en relación con los numerales 113 y 217, de la Ley de Amparo, lo que permite desechar de plano la demanda de amparo, interpuesta por David Encarnación Márquez, por propio derecho, promueve demanda de amparo contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias de Tenango del Valle, Estado de México y otras autoridades. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualizan en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 112 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Domicilio. Háganse las notificaciones correspondientes al quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; es decir, en el lugar donde se encuentran recluido. Designación de defensor. Por otra parte, de la demanda de amparo se observa que el quejoso, privado de su libertad, omitió designar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con los artículos 1° y 17 Constitucionales, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en atención a la jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de que de manera inmediata el quejoso cuente con asistencia letrada, esta juzgadora estima ineludible pronunciarse desde este proveído al respecto; así, conforme a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad señala el quejoso, se observa que el proceso del que deriva el acto reclamado corresponde al fuero federal, por lo que para efectos del artículo 12 de la ley de la materia, gírese oficio al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas le designe al quejoso un profesionista que desempeñe las facultades a que se refiere el citado numeral; mismo que ha de acudir a este órgano jurisdiccional para aceptar y protestar el cargo. Una vez que se cuente con la información anterior, comuníquese de inmediato al quejoso para que conozca quién lo representara en el presente juicio; haciéndole saber que tiene expedito su derecho de nombrar autorizados en cualquier momento procesal, salvo que de no contar con la licenciatura en Derecho, subsistirá la designación del defensor público. Se habilitan días y horas inhábiles. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de cuidar que los juicios de garantías no queden paralizados, con fundamento en el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar ésta y las subsecuentes notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su capítulo noveno, artículo veinticinco; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, ello en relación con el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020, para la debida integración, en su caso, del expediente electrónico.

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