David Enrique Gutiérrez Cervantes
Expediente 926/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- David Enrique Gutiérrez Cervantes
- Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región con sede en Salamanca, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
...Visto el estado procesal de autos se advierte que no obran las constancias del emplazamiento del tercero interesado ********** ordenado en autos de veintiséis de octubre del año en curso. Por tanto, comisiónese de nueva cuenta al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio ubicado en calle **********, y efectúe el emplazamiento del tercero interesado **********, por conducto de su asesor jurídico, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo y versión electrónica del auto admisorio y del presente proveído. Asimismo, deberá requerirlo para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que al efecto se le practique, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento con que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario judicial para que, en caso de no encontrar a la persona buscada, pero al momento de efectuar la diligencia reciba información sobre otro domicilio donde pueda ser localizada, se constituya en ese lugar y lleve a cabo el emplazamiento encomendado. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y, en su lugar, se señalan las once horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EVERARDO VIEYRA ARREDONDO, LOS AUTOS DE 05 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS, RESPECTIVAMENTE DICEN: 05 SEPTIEMBRE 2023 "...Vista la cuenta, como está ordenado en el auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 926/2023-III promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca; fórmese este incidente de suspensión. Solicitud de informes previos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase de la autoridad señalada como responsable su informe previo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído; apercibida con que de no hacerlo, se establecerá la presunción de certeza del acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la propia Ley de Amparo; asimismo, la hará incurrir en una corrección disciplinaria, consistente en una multa por el equivalente a cien veces la unidad diaria de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Señalamiento de la audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. III. Resolución de la suspensión. La suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar al quejoso con la ejecución del acto, estos últimos deban prevalecer. Tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa garantía constitucional y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. ... En la especie, el juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. La prisión preventiva tiene las siguientes características fundamentales: i. Es una medida cautelar cuya finalidad es preservar las condiciones que permiten la continuación del proceso en óptimas condiciones, incluyendo la presencia del imputado en el procedimiento; la garantía de la seguridad de la víctima, ofendido o testigo; y la evasión de obstaculizaciones del procedimiento. ii) Es una medida que debe aplicarse bajo el principio de subsariedad, de ultima ratio, es decir, que sólo es aplicable cuando el resto de las medidas no permiten la continuidad del proceso. iii) No puede ser empleada como una sanción penal anticipada. Así, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el éxito del proceso y el cumplimiento efectivo de la sentencia, por lo que su existencia se justifica en el hecho de que las actuaciones procesales necesarias para la investigación del hecho que la ley señala como delito y la presunta responsabilidad del autor requieren de un período de tiempo, más o menos dilatado en función de la propia complejidad del caso, durante el cual existe el riesgo de que el imputado pueda ocultarse de la justicia o frustrar los efectos de la sentencia que pueda llegar a dictarse. Como consecuencia de ello, en muchas ocasiones, es conveniente adoptar, a lo largo del proceso, distintas medidas cautelares en relación con la persona del imputado para garantizar su presencia y disponibilidad tanto durante la fase de instrucción como una vez que la sentencia haya sido dictada por el órgano jurisdiccional competente; así como para evitar la destrucción de los datos de prueba. De modo que el principal problema que presenta la medida cautelar de prisión preventiva es lograr el equilibrio entre dos intereses confluentes en el proceso penal; a saber, el respeto a los derechos del imputado a la libertad, de un lado, y la eficacia en la represión de los hechos que la ley señala como delitos, como medio para restablecer el orden y la paz social, de otro. Por ello, la restricción de la libertad en el proceso penal ha de acordarse siempre y cuando dicho menoscabo en el goce de tal derecho esté sujeto a condiciones o presupuestos determinados, sólo así se podrá justificar la prisión preventiva. Para lo cual, los artículos 153, 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: ... Los preceptos transcritos rigen lo relativo a la aplicación y propósito de las medidas cautelares, así como los argumentos que deben contener para justificar: El grado de afectación del bien jurídico tutelado. Peligro inminente hacia la víctima o sociedad. La obstaculización al desarrollo de la investigación o del proceso. Forma de intervención del imputado. Empero, para su imposición, el juez de control debe medularmente tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan y justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado, o bien, imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave, pero en ningún caso está facultado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, la corte consideró que en estos casos debía hacerse un análisis de la apariencia del buen derecho, consistente en un juicio preliminar sobre la conformidad a Derecho de la pretensión del quejoso o de la inconstitucionalidad del acto reclamado, de acuerdo con las características de cada caso. Y explicó que al momento de dictar la suspensión provisional el juez únicamente contaría con los datos expuestos por el promovente en la demanda y los documentos anexos, por lo que el análisis sería más idóneo al dictar la suspensión definitiva, una vez que oyera a las demás partes en el incidente y recabara pruebas, aunque existía la posibilidad de que, con los documentos anexos a la demanda se formara la convicción suficiente sobre la verosimilitud del derecho para conceder la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada cuando el promovente haya acompañado a su demanda constancias con alto valor probatorio sobre su autenticidad y contenido, al grado que un juicio objetivo y racional lleve al juez a la convicción de que difícilmente pudieran las partes aportar otros medios para negar o modificar dicho contenido y valor probatorio, con los cuales se demuestre su derecho y la afectación que resiente con el acto reclamado. ... En ese aspecto, el párrafo tercero del artículo 128 de la ley de la materia, establece como regla general que no serán objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, la cual debe ser interpretada de acuerdo a lo establecido en los artículos 129 y 166 de la ley de la materia. Pero tratarse de prisión preventiva, el numeral 166 de la ley de la materia, permite la concesión de la suspensión provisional con efectos restitutorios, siempre que se atienda conforme al segundo párrafo del diverso 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, esto es, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, lo cual debe ser jurídica y materialmente posible. Es así, toda vez que al interpretar armónicamente los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se obtiene que pueden existir excepciones a dicha regla, por lo que corresponde al juzgador de amparo analizar en cada caso la naturaleza del acto reclamado, el interés social y la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la finalidad de determinar si alguna determinada técnica o medida cautelar puede ser suspendida. Por lo anterior, el quejoso debe proporcionar al juez de amparo la información suficiente para examinar de manera robusta la constitucionalidad de la prisión preventiva impuesta, y de ser posible, allegar las documentales que permitan conocer si la medida cautelar cuenta con los siguientes requisitos: a) Compatibilidad de la medida con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) Idoneidad para cumplir con el fin buscado; c) Necesidad absoluta para imponer la prisión preventiva, es decir, que sea la única medida que garantizara que el quejoso no obstaculice el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) Proporcionalidad a la situación en particular; y e) Contención de motivos suficientes para evaluar si la medida si se ajusta a lo anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por los Plenos Regionales, y publicada el once de agosto del año en curso, en el Seminario Judicial de la Federación, con aplicación obligatoria a partir del catorce siguiente, de texto y rubro siguiente: ... En el caso no se cuenta con elementos para determinar de manera robusta la apariencia de buen derecho del quejoso, de modo que amerite protección con motivo de un acto reclamado probablemente inconstitucional por parte de la autoridad responsable, pues es necesario allegarse de las constancias que integran la causa penal seguida en contra del quejoso, incluida la audiencia en la que se dictó el acto impugnado, a fin de analizar la información ahí contenida en relación con lo expuesto por el quejoso en su demanda. Es así, toda vez que en la demanda únicamente señaló que en audiencia celebrada el uno de septiembre en curso, se le vinculó a proceso por el delito de robo calificado, con imposición de la medida de prisión preventiva justificada. De ahí que, conforme al criterio emitido por la Corte, en este momento, no es posible conceder la medida cautelar con efectos restitutorios; por lo que, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por el quejoso ********************. No obstante, de conformidad con el artículo 163, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado por cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del juzgado de origen para la continuación del proceso penal que se sigue en su contra, en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución de la suspensión definitiva del presente incidente de suspensión. La medida cautelar surte efectos desde ahora, sin necesidad de otorgar garantía, en razón de los efectos para los que se concede la suspensión. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas a la medida de prisión preventiva justificada decretada en contra de ********************. Apercibido con que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, la cual asciende a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Aspectos complementarios. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle ********************. No así el correo electrónico proporcionado, en tanto que esa forma de notificación no está contemplada por la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos al resto de personas mencionadas en su escrito. Téngase como forma especial y expedita de contacto de la parte quejosa el correo electrónico proporcionado en la demanda..." 15 NOVIEMBRE 2023 "......Visto el estado procesal de autos se advierte que no obran las constancias del emplazamiento del tercero interesado ********** ordenado en autos de veintiséis de octubre del año en curso. Por tanto, comisiónese de nueva cuenta al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio ubicado en calle **********, y efectúe el emplazamiento del tercero interesado **********, por conducto de su asesor jurídico, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo y versión electrónica del auto admisorio y del presente proveído. Asimismo, deberá requerirlo para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que al efecto se le practique, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento con que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario judicial para que, en caso de no encontrar a la persona buscada, pero al momento de efectuar la diligencia reciba información sobre otro domicilio donde pueda ser localizada, se constituya en ese lugar y lleve a cabo el emplazamiento encomendado. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y, en su lugar, se señalan las once horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo..."
- Incidental
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL ... Sin necesidad de fijar garantía dado los efectos en que se concede la suspensión definitiva. R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a David Enrique Gutiérrez Cervantes la suspensión definitiva en términos del considerando último de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a David Enrique Gutiérrez Cervantes la suspensión definitiva en términos del considerando último de esta resolución.-
- Incidental
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO LOS AUTOS DE 05 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS, RESPECTIVAMENTE DICEN: 05 SEPTIEMBRE 2023 "...Vista la cuenta, como está ordenado en el auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 926/2023-III promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca; fórmese este incidente de suspensión. Solicitud de informes previos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase de la autoridad señalada como responsable su informe previo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído; apercibida con que de no hacerlo, se establecerá la presunción de certeza del acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la propia Ley de Amparo; asimismo, la hará incurrir en una corrección disciplinaria, consistente en una multa por el equivalente a cien veces la unidad diaria de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Señalamiento de la audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. III. Resolución de la suspensión. La suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar al quejoso con la ejecución del acto, estos últimos deban prevalecer. Tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa garantía constitucional y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. ... En la especie, el juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. La prisión preventiva tiene las siguientes características fundamentales: i. Es una medida cautelar cuya finalidad es preservar las condiciones que permiten la continuación del proceso en óptimas condiciones, incluyendo la presencia del imputado en el procedimiento; la garantía de la seguridad de la víctima, ofendido o testigo; y la evasión de obstaculizaciones del procedimiento. ii) Es una medida que debe aplicarse bajo el principio de subsariedad, de ultima ratio, es decir, que sólo es aplicable cuando el resto de las medidas no permiten la continuidad del proceso. iii) No puede ser empleada como una sanción penal anticipada. Así, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el éxito del proceso y el cumplimiento efectivo de la sentencia, por lo que su existencia se justifica en el hecho de que las actuaciones procesales necesarias para la investigación del hecho que la ley señala como delito y la presunta responsabilidad del autor requieren de un período de tiempo, más o menos dilatado en función de la propia complejidad del caso, durante el cual existe el riesgo de que el imputado pueda ocultarse de la justicia o frustrar los efectos de la sentencia que pueda llegar a dictarse. Como consecuencia de ello, en muchas ocasiones, es conveniente adoptar, a lo largo del proceso, distintas medidas cautelares en relación con la persona del imputado para garantizar su presencia y disponibilidad tanto durante la fase de instrucción como una vez que la sentencia haya sido dictada por el órgano jurisdiccional competente; así como para evitar la destrucción de los datos de prueba. De modo que el principal problema que presenta la medida cautelar de prisión preventiva es lograr el equilibrio entre dos intereses confluentes en el proceso penal; a saber, el respeto a los derechos del imputado a la libertad, de un lado, y la eficacia en la represión de los hechos que la ley señala como delitos, como medio para restablecer el orden y la paz social, de otro. Por ello, la restricción de la libertad en el proceso penal ha de acordarse siempre y cuando dicho menoscabo en el goce de tal derecho esté sujeto a condiciones o presupuestos determinados, sólo así se podrá justificar la prisión preventiva. Para lo cual, los artículos 153, 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: ... Los preceptos transcritos rigen lo relativo a la aplicación y propósito de las medidas cautelares, así como los argumentos que deben contener para justificar: El grado de afectación del bien jurídico tutelado. Peligro inminente hacia la víctima o sociedad. La obstaculización al desarrollo de la investigación o del proceso. Forma de intervención del imputado. Empero, para su imposición, el juez de control debe medularmente tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan y justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado, o bien, imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave, pero en ningún caso está facultado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, la corte consideró que en estos casos debía hacerse un análisis de la apariencia del buen derecho, consistente en un juicio preliminar sobre la conformidad a Derecho de la pretensión del quejoso o de la inconstitucionalidad del acto reclamado, de acuerdo con las características de cada caso. Y explicó que al momento de dictar la suspensión provisional el juez únicamente contaría con los datos expuestos por el promovente en la demanda y los documentos anexos, por lo que el análisis sería más idóneo al dictar la suspensión definitiva, una vez que oyera a las demás partes en el incidente y recabara pruebas, aunque existía la posibilidad de que, con los documentos anexos a la demanda se formara la convicción suficiente sobre la verosimilitud del derecho para conceder la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada cuando el promovente haya acompañado a su demanda constancias con alto valor probatorio sobre su autenticidad y contenido, al grado que un juicio objetivo y racional lleve al juez a la convicción de que difícilmente pudieran las partes aportar otros medios para negar o modificar dicho contenido y valor probatorio, con los cuales se demuestre su derecho y la afectación que resiente con el acto reclamado. ... En ese aspecto, el párrafo tercero del artículo 128 de la ley de la materia, establece como regla general que no serán objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, la cual debe ser interpretada de acuerdo a lo establecido en los artículos 129 y 166 de la ley de la materia. Pero tratarse de prisión preventiva, el numeral 166 de la ley de la materia, permite la concesión de la suspensión provisional con efectos restitutorios, siempre que se atienda conforme al segundo párrafo del diverso 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, esto es, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, lo cual debe ser jurídica y materialmente posible. Es así, toda vez que al interpretar armónicamente los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se obtiene que pueden existir excepciones a dicha regla, por lo que corresponde al juzgador de amparo analizar en cada caso la naturaleza del acto reclamado, el interés social y la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la finalidad de determinar si alguna determinada técnica o medida cautelar puede ser suspendida. Por lo anterior, el quejoso debe proporcionar al juez de amparo la información suficiente para examinar de manera robusta la constitucionalidad de la prisión preventiva impuesta, y de ser posible, allegar las documentales que permitan conocer si la medida cautelar cuenta con los siguientes requisitos: a) Compatibilidad de la medida con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) Idoneidad para cumplir con el fin buscado; c) Necesidad absoluta para imponer la prisión preventiva, es decir, que sea la única medida que garantizara que el quejoso no obstaculice el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) Proporcionalidad a la situación en particular; y e) Contención de motivos suficientes para evaluar si la medida si se ajusta a lo anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por los Plenos Regionales, y publicada el once de agosto del año en curso, en el Seminario Judicial de la Federación, con aplicación obligatoria a partir del catorce siguiente, de texto y rubro siguiente: ... En el caso no se cuenta con elementos para determinar de manera robusta la apariencia de buen derecho del quejoso, de modo que amerite protección con motivo de un acto reclamado probablemente inconstitucional por parte de la autoridad responsable, pues es necesario allegarse de las constancias que integran la causa penal seguida en contra del quejoso, incluida la audiencia en la que se dictó el acto impugnado, a fin de analizar la información ahí contenida en relación con lo expuesto por el quejoso en su demanda. Es así, toda vez que en la demanda únicamente señaló que en audiencia celebrada el uno de septiembre en curso, se le vinculó a proceso por el delito de robo calificado, con imposición de la medida de prisión preventiva justificada. De ahí que, conforme al criterio emitido por la Corte, en este momento, no es posible conceder la medida cautelar con efectos restitutorios; por lo que, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por el quejoso ********************. No obstante, de conformidad con el artículo 163, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado por cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del juzgado de origen para la continuación del proceso penal que se sigue en su contra, en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución de la suspensión definitiva del presente incidente de suspensión. La medida cautelar surte efectos desde ahora, sin necesidad de otorgar garantía, en razón de los efectos para los que se concede la suspensión. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas a la medida de prisión preventiva justificada decretada en contra de ********************. Apercibido con que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, la cual asciende a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Aspectos complementarios. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle ********************. No así el correo electrónico proporcionado, en tanto que esa forma de notificación no está contemplada por la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos al resto de personas mencionadas en su escrito. Téngase como forma especial y expedita de contacto de la parte quejosa el correo electrónico proporcionado en la demanda..." 29 SEPTIEMBRE 2023 "... Por lo que, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva solicitada y realizar el análisis correspondiente, notifíquese a los terceros interesados ******************** (víctima dentro de la causa penal de origen ********************), así como al Agente del Ministerio Público III, con sede en Salamanca, Guanajuato, la tramitación de este incidente de suspensión, y la fecha y hora señaladas para la audiencia incidental, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga y hagan valer sus derechos en este incidente. En mérito de lo anterior, con la finalidad de notificar a las víctimas, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional tenga a bien comisionar a quien corresponda para el efecto de que se constituya en legal y debida forma en los domicilios de los terceros interesados ********************el ubicado en ********************, en calle Agosto********************, para que con copia autorizada del auto de cinco de septiembre del año en curso y del presente proveído les informe de la tramitación del presente incidente. Se faculta al juez a quien corresponda conocer de la comunicación enviada para que habilite días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias encomendadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. En relación con el tercero interesado Agente del Ministerio Público III, con sede en Salamanca, Guanajuato, con fundamento en el artículo 26, fracción ll, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente auto por medio de oficio; asimismo, se le requiere para que acuse recibo del oficio por el que se le notifique el presente proveído, en el cual deberán constar los siguientes datos: 1. Nombre y cargo del suscriptor. 2. Mención del oficio que acusa de recibido y qué anexos se le agregaron. 3. Sello oficial de la institución. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo..."
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes
- David Antonio Rodríguez Colín796/2019
- David Antonio Rodríguez Colín223/2023
- David Ayala Arriaga832/2023
- David Bocanegra Martínez233/2019
- David Cruz Sanchez308/2019
- David Enrique Cuevas Cuevas538/2019
- David Enrique Gutiérrez Cervantes965/2023
- David Enrique Martínez1025/2019
- David Gámez Vázquez40/2017
- David Gámez Vázquez1061/2022
- David Gerardo Fonseca Rodríguez529/2023
- David Gerardo Fonseca Rodríguez1050/2023