David Ayala Arriaga

Expediente 832/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
832/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • David Ayala Arriaga
  • Juzgado de Partido Especializado en Oralidad Familiar de Irapuato, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinticinco de octubre del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por David Ayala Arriaga, por sí y en representación de su hija de iniciales H.K.A.O. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece: Con fundamento en el artículo 20, fracción II, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente devuélvase al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, las copias certificadas del juicio oral ordinario F0742/2023 de su índice, por ser innecesaria su retención.

  2. Incidental

    ista la cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este incidente. Bajo ese contexto, archívese el cuaderno incidental en el que se actúa como asunto concluido, y toda vez que en autos se negó la suspensión definitiva, con apoyo en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee: El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

  3. Principal

    ista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de ocho de septiembre pasado, remite copia certificada del auto de diecisiete de los actuales, en el que declaró a la demandada Evelin Berenice Ortega Arredondo tácitamente conforme con el convenio celebrado por Juana María Isabel Arredondo Moreno -abuela materna de la infante H.K.A.O.- y el accionante David Arriaga Ayala -aquí quejoso-; el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada dentro de la propia audiencia preliminar del juicio de origen. Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, recíbase la citada documental como prueba dentro del presente juicio, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de actuaciones judiciales certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. De un análisis de las constancias que integran el presente juicio, se estima que el acto reclamado está afectado por la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por haberse consentido. Dicho precepto establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; La hipótesis de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. Tal regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento es indispensable que concurran los elementos que se precisaron en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, fuente 139-144, página 13, que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Dicho criterio señala que un acto se considera consentido para efectos de la improcedencia del juicio de amparo cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, del que no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página ciento cincuenta y siete, que dice: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de otras manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama la restricción del derecho de convivencias con su hija H.K.A.O., así como la negativa de que la niña conviva con sus abuelos paternos, en los términos decretados en la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, verificada dentro del juicio F-742/2023 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Al respecto, se advierte que están colmadas las exigencias para estimar que el acto reclamado fue consentido. Es así, porque en la audiencia preliminar de cinco de septiembre del año en curso, David Arriaga Ayala -aquí quejoso- y Juana María Isabel Arredondo Moreno -abuela materna de la infante- se sometieron a la fase de conciliación por lo que ve a las prestaciones reclamadas dentro del juicio natural, que, entre otras, comprende el régimen de convivencias entre la infante H.K.A.O. y su progenitor. En la inteligencia de que el accionante del juicio natural celebró el convenio con la abuela materna de la niña, quien fue integrada a la litis de origen como tercera con interés, en virtud de que la guarda y custodia de H.K.A.O. la ostenta jurídicamente Evelin Berenice Ortega Arredondo; sin embargo, por el tiempo que la progenitora trabaja fuera de Irapuato, Guanajuato, la ejerce materialmente Juana María Isabel Arredondo Moreno. Durante la audiencia, el juez familiar precisó los acuerdos conciliatorios, tal como lo establece el artículo 831 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, por lo que una vez manifestada la conformidad de las partes con la cláusulas del convenio, lo aprobó y elevó a la categoría de cosa juzgada. Revisado el convenio se advierte que las partes acordaron: Que la guarda y custodia de H.K.A.O. continuará a cargo de Evelin Berenice Ortega Arredondo, pero la continuará ejerciendo Juana María Isabel Arredondo Moreno -abuela materna-, en el domicilio ubicado en la calle Huamantla 109, fraccionamiento Pueblito Lindo, en esta ciudad, hasta en tanto la madre de la niña trabaje fuera este municipio. Que las convivencias entre David Arriaga Ayala y su hija H.K.A.O. se llevarán a cabo: i. De manera abierta y en horario y lugares de acuerdo a la edad y actividades escolares de la niña, previo aviso de al menos veinticuatro horas. ii. Durante los periodos vacacionales, las convivencias serán abiertas, previa opinión de la niña y aviso entre las partes. iii. En Navidad y Año Nuevo, las convivencias serán alternadas, es decir, en Navidad la niña se quedará con su papá y en Año Nuevo con su abuela; de modo que el siguiente año será de forma inversa. iv. Por lo que respecta a los cumpleaños de los progenitores y de la infante, la convivencia será pactada en lo privado por las partes. Por concepto de pensión alimenticia, David Arriaga Ayala se obligó a pagar en favor de su hija una pensión semanal de $700 (setecientos pesos moneda nacional), a partir de la celebración del convenio. Bajo el entendido de que el monto estipulado surtirá una actualización automática equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Por concepto de atención médica, la niña continuará afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (contratado por parte del progenitor), pero en el supuesto de alguna enfermedad, consulta, tratamiento, medicamento o urgencia médica que no sea cubierto por dicho organismo, serán cubiertos en partes iguales por las partes contratantes, previo comprobante de gastos. Los gastos escolares de la niña serán cubiertos al 50% por las partes, previo comprobante de gastos. Por concepto de vestido y calzado, el accionante se comprometió a pagar a favor de su hija una muda de ropa completa, incluido el calzado, por el equivalente a $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional), específicamente, dentro de los quince días del mes de abril, agosto y diciembre de cada año, a partir de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior previa actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Las partes se comprometieron a tener una relación basada en un respeto mutuo, en una comunicación asertiva y abierta en relación al bienestar y desarrollo de H.K.A.O.; asimismo, se abstendrán de hablar de manera negativa uno del otro y continuarán ejerciendo su co-parentalidad de manera que la niña crezca dentro de un ambiente de cordialidad, amor, y respeto. Luego, por auto de diecisiete de los actuales, se declaró a la demandada tácitamente conforme con el convenio celebrado en el juicio de origen. De lo anterior se advierte que el quejoso externó actos que entrañan el consentimiento de los actos aquí reclamados, esto es, la restricción del derecho de convivencias entre él y su hija H.K.A.O. y la negativa de que la niña conviva con sus abuelos paternos; en razón de que celebró un arreglo conciliatorio respecto de las prestaciones reclamadas en el juicio natural; en el que, entre otras cuestiones, se pactó que él y su hija convivirán de manera abierta, sin restricción alguna, salvo que las actividades escolares de la niña lo impidan. En ese sentido, si el quejoso aceptó las consecuencias del convenio celebrado por lo que ve a las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, el cual, al haberse elevado a la categoría de cosa juzgada, es equiparable a una sentencia definitiva; por tanto, consintió todas aquellas actuaciones u omisiones suscitadas durante la sustanciación del procedimiento natural. Lo anterior implica que el justiciable expresó de manera clara e indiscutible que está de acuerdo con los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional; en razón de que dio su anuencia respecto de su emisión y sus consecuencias. Además, lo jurídicamente es que en el convenio no se restringió el derecho de convivencias entre la niña y su progenitor, al contrario, como se dijo, se pactó que el régimen de convivencia sea abierto; además, tampoco se prohibió que la infante conviva con sus abuelos paternos, lo que significa que podrá hacerlo. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal invocado, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.A.T. J/17, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, octubre de 1997, página 697, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO POR LAUDO CONSENTIDO. Si de autos aparece que la Junta responsable informa y demuestra legalmente que la parte quejosa pagó a los terceros perjudicados todas las prestaciones demandadas en el juicio laboral de donde emana el laudo combatido a entera satisfacción y con solicitud de que tuviera el asunto por total y legalmente concluido en el acta respectiva, surge la causa de improcedencia que prevé la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción III del artículo 74 de la propia ley." (Lo resaltado es propio) Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de ocho de septiembre pasado, remite copia certificada del auto de diecisiete de los actuales, en el que declaró a la demandada Evelin Berenice Ortega Arredondo tácitamente conforme con el convenio celebrado por Juana María Isabel Arredondo Moreno -abuela materna de la infante H.K.A.O.- y el accionante David Arriaga Ayala -aquí quejoso-; el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada dentro de la propia audiencia preliminar del juicio de origen. Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, recíbase la citada documental como prueba dentro del presente juicio, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de actuaciones judiciales certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. De un análisis de las constancias que integran el presente juicio, se estima que el acto reclamado está afectado por la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por haberse consentido. Dicho precepto establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; La hipótesis de mérito impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. Tal regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento es indispensable que concurran los elementos que se precisaron en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, fuente 139-144, página 13, que dice: ... Dicho criterio señala que un acto se considera consentido para efectos de la improcedencia del juicio de amparo cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, del que no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página ciento cincuenta y siete, que dice: ... b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de otras manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama la restricción del derecho de convivencias con su hija H.K.A.O., así como la negativa de que la niña conviva con sus abuelos paternos, en los términos decretados en la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, verificada dentro del juicio F-742/2023 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Al respecto, se advierte que están colmadas las exigencias para estimar que el acto reclamado fue consentido. Es así, porque en la audiencia preliminar de cinco de septiembre del año en curso, David Arriaga Ayala -aquí quejoso- y Juana María Isabel Arredondo Moreno -abuela materna de la infante- se sometieron a la fase de conciliación por lo que ve a las prestaciones reclamadas dentro del juicio natural, que, entre otras, comprende el régimen de convivencias entre la infante H.K.A.O. y su progenitor. En la inteligencia de que el accionante del juicio natural celebró el convenio con la abuela materna de la niña, quien fue integrada a la litis de origen como tercera con interés, en virtud de que la guarda y custodia de H.K.A.O. la ostenta jurídicamente Evelin Berenice Ortega Arredondo; sin embargo, por el tiempo que la progenitora trabaja fuera de Irapuato, Guanajuato, la ejerce materialmente ... Durante la audiencia, el juez familiar precisó los acuerdos conciliatorios, tal como lo establece el artículo 831 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, por lo que una vez manifestada la conformidad de las partes con la cláusulas del convenio, lo aprobó y elevó a la categoría de cosa juzgada. Revisado el convenio se advierte que las partes acordaron: Que la guarda y custodia de H.K.A.O. continuará a cargo de Evelin Berenice Ortega Arredondo, pero la continuará ejerciendo -abuela materna-, en el domicilio ubicado en la calle ... en esta ciudad, hasta en tanto la madre de la niña trabaje fuera este municipio. Que las convivencias entre David Arriaga Ayala y su hija H.K.A.O. se llevarán a cabo: i. De manera abierta y en horario y lugares de acuerdo a la edad y actividades escolares de la niña, previo aviso de al menos veinticuatro horas. ii. Durante los periodos vacacionales, las convivencias serán abiertas, previa opinión de la niña y aviso entre las partes. iii. En Navidad y Año Nuevo, las convivencias serán alternadas, es decir, en Navidad la niña se quedará con su papá y en Año Nuevo con su abuela; de modo que el siguiente año será de forma inversa. iv. Por lo que respecta a los cumpleaños de los progenitores y de la infante, la convivencia será pactada en lo privado por las partes. Por concepto de pensión alimenticia, David Arriaga Ayala se obligó a pagar en favor de su hija una pensión semanal de $700 (setecientos pesos moneda nacional), a partir de la celebración del convenio. Bajo el entendido de que el monto estipulado surtirá una actualización automática equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Por concepto de atención médica, la niña continuará afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (contratado por parte del progenitor), pero en el supuesto de alguna enfermedad, consulta, tratamiento, medicamento o urgencia médica que no sea cubierto por dicho organismo, serán cubiertos en partes iguales por las partes contratantes, previo comprobante de gastos. Los gastos escolares de la niña serán cubiertos al 50% por las partes, previo comprobante de gastos. Por concepto de vestido y calzado, el accionante se comprometió a pagar a favor de su hija una muda de ropa completa, incluido el calzado, por el equivalente a $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional), específicamente, dentro de los quince días del mes de abril, agosto y diciembre de cada año, a partir de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior previa actualización automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario mínimo general vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Las partes se comprometieron a tener una relación basada en un respeto mutuo, en una comunicación asertiva y abierta en relación al bienestar y desarrollo de H.K.A.O.; asimismo, se abstendrán de hablar de manera negativa uno del otro y continuarán ejerciendo su co-parentalidad de manera que la niña crezca dentro de un ambiente de cordialidad, amor, y respeto. Luego, por auto de diecisiete de los actuales, se declaró a la demandada tácitamente conforme con el convenio celebrado en el juicio de origen. De lo anterior se advierte que el quejoso externó actos que entrañan el consentimiento de los actos aquí reclamados, esto es, la restricción del derecho de convivencias entre él y su hija H.K.A.O. y la negativa de que la niña conviva con sus abuelos paternos; en razón de que celebró un arreglo conciliatorio respecto de las prestaciones reclamadas en el juicio natural; en el que, entre otras cuestiones, se pactó que él y su hija convivirán de manera abierta, sin restricción alguna, salvo que las actividades escolares de la niña lo impidan. En ese sentido, si el quejoso aceptó las consecuencias del convenio celebrado por lo que ve a las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, el cual, al haberse elevado a la categoría de cosa juzgada, es equiparable a una sentencia definitiva; por tanto, consintió todas aquellas actuaciones u omisiones suscitadas durante la sustanciación del procedimiento natural. Lo anterior implica que el justiciable expresó de manera clara e indiscutible que está de acuerdo con los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional; en razón de que dio su anuencia respecto de su emisión y sus consecuencias. Además, lo jurídicamente es que en el convenio no se restringió el derecho de convivencias entre la niña y su progenitor, al contrario, como se dijo, se pactó que el régimen de convivencia sea abierto; además, tampoco se prohibió que la infante conviva con sus abuelos paternos, lo que significa que podrá hacerlo. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal invocado, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. ... Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.-

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