David Domínguez Hernández

Expediente 1692/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1692/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • David Domínguez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos presentados por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20 segundo párrafo del citado acuerdo general, requiérase para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlo; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura incidente de suspensión En atención a lo ordenado en el cuaderno principal, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 197/2022-IV-A. Audiencia incidental Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Informes previos Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, sin que al efecto se realice el envío de la copia de la demanda de amparo, toda vez que la misma fue remitida mediante el oficio por el que se les notificó el auto admisorio del expediente principal del que deriva la presente incidencia. Informe en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen; asimismo, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado; y en su caso, acompañar las constancias que consideren necesarias. Bajo apercibimiento que de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la persona que ostente el cargo, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Precisión del acto reclamado La quejosa moral quejosa ********************, por conducto de quienes se ostentan como sus representantes legales ********************y ********************, reclaman de las autoridades responsables Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, Jefe del Sistema de Administración Tributaria, lo siguiente: a)"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, particularmente, por lo que hace a los artículos 17-H, fracción X, 26, fracción X, inciso h, 32-D, párrafo primero, fracción VIII, y párrafos cuarto, quinto, sexto y noveno, del citado código; b) El "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que hace a los artículos 17-H, párrafos séptimo y octavo7, y 17 H-Bis, fracciones V y VII, del aludido código tributario; c) El "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", publicado en el mismo medio de difusión oficial el nueve de diciembre de dos mil trece, concretamente, respecto del artículo 69 B, párrafos octavo y último; y d) La "Resolución Miscelánea Fiscal para 2022", publicada en el indicado medio publicitario el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, particularmente, las reglas 2.2.4, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.22 y 2.1.37. Determinación de la suspensión provisional respecto a la promulgación de las normas reclamadas. Ahora, con fundamento en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la materia, se niega la suspensión provisional respecto a la promulgación, discusión, aprobación y expedición de las normas reclamadas. Lo anterior es así, dado que resulta improcedente otorgar la medida cautelar contra la expedición de las leyes, ya que la materia de la suspensión es su ejecución o aplicación, no ésta en sí, que es materia del fondo de la litis planteada, debe entenderse que la materia de la presente resolución de suspensión, son las consecuencias de la ley reclamada. Por ende, para efectos de metodología jurídica, el estudio de esta suspensión se centrará en la aplicación de las leyes reclamadas, mas no en la ley per se. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 775, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión.". Determinación de la suspensión provisional respecto a las consecuencias de las normas reclamadas. Ahora, toda vez que las normas se reclaman como un sistema normativo relativo a la facultad de la autoridad fiscal para dejar sin efectos certificados de sello digital para la emisión de comprobantes fiscales por internet CFDI, y para la restricción temporal del uso de los referidos certificados (incluido el supuesto del uso de comprobantes fiscales emitidos para amparar operaciones inexistentes), así como el procedimiento previsto para tal efecto; de igual forma, se impugna el procedimiento a seguir cuando se hayan dado efectos fiscales a comprobantes expedidos por un contribuyente incluido en el listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que contienen operaciones inexistentes, por lo que hace a la medida cautelar solicitada, se debe considerar que de acuerdo con lo que establece la fracción II, del artículo 128, de la Ley de Amparo, uno de los requisitos para concederla es que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese sentido, en el presente asunto no se acredita el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la ley de la materia, en razón de lo siguiente: El artículo octavo transitorio del Código Fiscal de la Federación, en vigor a partir del uno de enero de dos mil veinte, dispone lo siguiente: "Artículo Octavo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: I. Las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor del presente Decreto hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin haber acreditado ante la propia autoridad fiscal dentro del plazo de treinta días otorgado para tal efecto, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, podrán corregir su situación fiscal dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, a través de la presentación de la declaración o declaraciones complementarias que correspondan en términos del Código Fiscal de la Federación." Sin, embargo, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para para efectos de que no se le restrinja ni, en su momento, se deje sin efecto en perjuicio de la moral quejosa, el uso de su Certificado de Sello Digital para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, y con ello se preserven sus siguientes derechos y obligaciones conforme a la ley. En ese contexto, es conveniente traer a colación el artículo 17-H bis, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando: (.) V. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B de este Código, que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido su situación fiscal." El precepto reproducido establece que los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet pueden ser restringidos provisionalmente en su uso, previo a que se dejen sin efectos de manera definitiva. Entre los supuestos para su restricción provisional, se encuentra el relativo a que los contribuyentes se sitúen en la hipótesis a que se refiere el artículo 69-B, párrafo octavo, de la codificación tributaria aludida, y una vez transcurrido el plazo de treinta días no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni hayan corregido su situación fiscal. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, prevé un procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, mediante el cual la autoridad hacendaria define a los contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales sin tener activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados por dichos comprobantes; o en su caso, el sujeto no sea localizable. En torno a ese procedimiento específico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 387/2019, consideró que el artículo 68-B del Código Fiscal de la Federación, regula el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, el cual se compone de las fases o etapas siguientes: Primera etapa: Inicia con la publicación preliminar en la cual se llama al contribuyente que se ubica en la hipótesis de presunción de inexistencia de operaciones, con la finalidad que despliegue una defensa. En el caso que el sujeto pasivo no logre desvirtuar la presunción en comento, se publicará una lista definitiva, con efectos generales, de los contribuyentes que lleven a cabo operaciones inexistentes. Segunda etapa: Inicia una vez que se publica la lista definitiva aludida, momento en el que el contribuyente que haya dado efectos fiscales a las facturas de los sujetos pasivos incluidos en el listado referido, pueden acudir ante la autoridad tributaria a acreditar que recibieron los bienes o servicios que amparan los comprobantes fiscales cuestionados. Es menester señalar que en la contradicción de tesis 387/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró el criterio referente a la naturaleza y finalidad del procedimiento regulado en el numeral 69-B del Código Fiscal de la Federación. Al respecto indicó que las publicaciones a que hace referencia esa poción normativa, no tienen como objetivo sancionar al contribuyente, debido a que no se priva al sujeto pasivo de la relación tributaria de un derecho por el incumplimiento a una disposición; por el contrario, la finalidad del procedimiento citado es que la autoridad haga del conocimiento la presunción de inexistencia de operaciones, para que los contribuyentes [ya sea los que emitieron las facturas o los que les dieron efectos fiscales] tengan oportunidad de desvirtuar esa presunción mediante la exhibición de pruebas; así, posteriormente, en caso de no desvirtuarse, se declare en definitiva una realidad jurídica, es decir, se persigue una función correctiva y rectificadora de un estado de cosas. Asimismo, el propio Alto Tribunal hace referencia que si bien en la exposición de motivos que dio lugar a la introducción del artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación, se contempló el procedimiento con la finalidad de sancionar y neutralizar el esquema de tráfico de comprobantes fiscales; lo cierto es que diversos precedentes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que la presunción de inexistencia de operaciones no se encuentra inmerso en el derecho administrativo sancionador y tampoco como una facultad de comprobación de las reguladas en el numeral 42 de la codificación tributaria en cita. Así, en la ejecutoria aludida se precisó que la finalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es la de: Neutralizar el esquema de adquisición y tráfico de comprobantes fiscales enfocándose en los contribuyentes que pudieran realizar fraude al fisco federal. Evitar un daño a la colectividad, a través de proporcionar información sobre la situación fiscal de los contribuyentes que realizan operaciones simuladas. Las consideraciones anteriores, se transcriben a continuación: "(.) 34. Las normas transcritas regulan el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones a partir del cual la autoridad fiscal define a los contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales sin tener activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados por dichos comprobantes; o, que se encuentran no localizados. Procedimiento que se substancia de la siguiente manera: 34.1. En caso de que la autoridad exactora detecte inexistencia de operaciones notificará a los contribuyentes que expidieron los comprobantes fiscales a efecto de que comparezcan a ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los quince días (prorrogables por diez días más) posteriores a la realización de la última de tales notificaciones. 34.2. Transcurrido dicho plazo o una vez que se haya atendido el requerimiento de información adicional que eventualmente se haya formulado; la autoridad exactora gozará de cinco días para valorar las defensas del gobernado. 34.3. Posteriormente emitirá la resolución que corresponda y la notificará en un término no mayor a los treinta días; y en consecuencia, publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria un listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos imputados en su contra y que, en esa medida, se encuentren definitivamente en la situación de presunción de operaciones inexistentes. 34.4. Dicha lista se publicará en un plazo que no puede ser menor a treinta días después de la notificación de la resolución recurrida y tendrá efectos generales. 34.5. A partir de esa publicación los contribuyentes a favor de quienes se hayan expedido los comprobantes fiscales gozan de treinta días, ya sea para acudir ante la autoridad hacendaria a fin de acreditar que en relación con ellos sí se recibieron los bienes o servicios amparados en dichas facturas, o bien, para corregir su situación fiscal. 34.6. Si el receptor de los comprobantes fiscales acude a demostrar la efectiva recepción de los bienes o servicios, la regla miscelánea señala que la autoridad exactora tiene como máximo treinta días a partir de la presentación del escrito respectivo (o del desahogo del requerimiento de información adicional que eventualmente haya formulado) para emitir la correspondiente resolución. 35. Como se ve, se trata de un procedimiento integrado por dos partes: la primera, que inicia a partir de una publicación preliminar por virtud de la cual se llama al contribuyente ubicado en el supuesto de presunción de inexistencia de operaciones para que oponga sus defensas; la cual, en el supuesto de que resulte desfavorable al gobernado, da lugar a la publicación de una lista definitiva, con efectos generales, de los contribuyentes que llevan a cabo operaciones inexistentes. 36. Esta parte del procedimiento es la que se identifica con las llamadas "empresas que facturan operaciones simuladas" (EFOS); y cuyos plazos y consecuencias jurídicas fueron motivo de pronunciamiento de esta Segunda Sala al resolver las contradicciones de tesis 122/2019 y 252/2019 de donde surgieron las siguientes tesis de jurisprudencia: "PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017). De conformidad con el sistema normativo integrado por los artículos 69-B de Código Fiscal de la Federación y 70 de su Reglamento, y por las reglas 1.4 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2016 y 2017, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales notificarán a cada contribuyente emisor que se encuentre en esa situación preliminar, quien contará con un plazo de 15 días -que puede ampliarse por 10 más previa solicitud del interesado- para comparecer a aportar pruebas o información que demuestren lo contrario. La autoridad dispone de 5 días para su valoración o, en su caso, para solicitar más información al contribuyente, y con base en la información recabada, la autoridad puede desestimar la presunción preliminar de inexistencia de operaciones, o bien, resolver confirmarla en definitiva, caso en el cual debe notificar tal situación jurídica a los contribuyentes en los treinta días posteriores a que: (i) hubiera transcurrido el plazo para aportar pruebas e información sin que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga, y sin que solicite prórroga; (ii) se realice la entrega de la información o, en su caso, (iii) se desahogue el requerimiento de la autoridad o transcurra el plazo para ello sin que el particular lo hubiera desahogado." "PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. La principal finalidad del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación es establecer un marco de condiciones que -mediante una presunción iuris tantum- se orienta a descubrir la verdadera naturaleza de los documentos con los que los contribuyentes que expiden y los que reciben comprobantes pretenden amparar un acto o actividad determinada. Si dentro de las facultades que el legislador otorga a la autoridad administrativa se encuentran el valorar las pruebas pertinentes y concluir su idoneidad para liberar al contribuyente de una presunción en su contra, un segundo requerimiento de información no altera el contenido del mencionado artículo 69-B. Más bien, este requerimiento adicional -que es acorde con las facultades de valoración de la autoridad administrativa- funge como complemento a la ley al optimizar la consecución de los fines deseados. Así, no se trata de un aspecto de la materia fiscal que tenga que ser desarrollado, necesariamente, mediante una norma legal y, por tanto, el artículo 70 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación no es exorbitante o contrario a la disposición pertinente del código tributario, por lo que no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica." "PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN QUE LA CONFIRMA Y DECIDE EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017). El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación expresa límites objetivos en su configuración legislativa, dentro de los que se encuentra el límite temporal para la determinación en definitiva sobre la presunta inexistencia de operaciones de un contribuyente que emite comprobantes fiscales. Cuando la autoridad fiscal inicia el procedimiento y notifica a los contribuyentes emisores que se encuentran en una situación de presunción de inexistencia de operaciones, tal condición jurídica es de carácter preliminar, pues sólo permanece vigente y tiene eficacia plena hasta que se cumpla el plazo máximo para que, en su caso, se confirme en definitiva. Por tanto, si la presunción preliminar de inexistencia de operaciones a favor de la autoridad se encuentra sujeta a un límite temporal de carácter perentorio, cuando transcurra el plazo sin que se hubiera confirmado en definitiva mediante resolución que así lo declare debe entenderse que han cesado sus efectos. En consecuencia, en aquellos supuestos en que la autoridad determine fuera del límite temporal que los contribuyentes se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y los particulares acudan a defender sus derechos por la vía contencioso administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá declarar su nulidad con fundamento en el artículo 51, fracción IV, en relación con el 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." 37. La segunda parte del procedimiento en análisis tiene verificativo una vez publicada la lista definitiva donde queda expedito el derecho de los contribuyentes que hayan dado efectos fiscales a las facturas de los diversos contribuyentes referidos en los párrafos anteriores, para acudir ante la autoridad exactora a demostrar que sí recibieron los bienes o servicios. Parte del procedimiento que se identifica con las llamadas "empresas que deducen operaciones simuladas" (EDOS). 38. Ahora bien, el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones -aunque en relación con temas distintos al ahora estudiado- ha sido ampliamente explorado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de los criterios transcritos con anterioridad, desde la introducción del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, esta Segunda Sala tuvo la oportunidad de resolver diversos amparos en revisión , y en ellos sentar las bases sobre la naturaleza del procedimiento de que se trata. 39. Entre otros aspectos, se concluyó enfáticamente que las publicaciones a que hace referencia el artículo no son de índole sancionador, pues no tienen por objeto privar al contribuyente de un derecho por haber incumplido una disposición, sino que su finalidad es que la autoridad dé a conocer que existe la presunción de inexistencia de operaciones para que los contribuyentes tengan oportunidad de desvirtuarla ofreciendo pruebas y, posteriormente, en su caso se declarare (en definitiva) una realidad jurídica , es decir, tiene una función correctiva y rectificadora de un estado de cosas. 40. Y si bien esta Segunda Sala en algunos precedentes ha hecho referencia a la exposición de motivos para la introducción de esta herramienta en la que se señaló que la finalidad del procedimiento era "sancionar" y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes fiscales centrando la atención en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto es que también se ha concluido que no se encuentra inmerso en el derecho administrativo sancionador; y tampoco en las facultades de comprobación de la autoridad previstas en el artículo 42 del código tributario federal. 41. Específicamente, el objetivo de la adición del artículo 69-B fue: 41.1. Neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes fiscales centrando la atención en los contribuyentes que pudieran realizar fraude tributario. 41.2. Evitar un daño a la colectividad, garantizando su derecho a estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones simuladas. 42. Así, la referencia a "sanción" que se hizo en la exposición de motivos, fue el medio que utilizó el legislador para expresar que una conducta de los contribuyentes puede ser indeseable, y que requiere ser combatida; sin perjuicio de que el producto legislativo terminado dé cuenta de un procedimiento especial y de naturaleza distinta a la penal o a la administrativa sancionadora; o inclusive fiscalizadora-comprobatoria, un procedimiento especial conformado por una presunción y la eventual declaración de una realidad jurídica, más propio de una función de gestión tributaria. 43. Además, esta Segunda Sala también ha resuelto que el procedimiento en comento no tiene por objeto conocer irregularidades, sino que constituye un marco de condiciones que -mediante una presunción iuris tantum- se orienta a descubrir la verdadera naturaleza de los documentos con los que, los contribuyentes que expiden y los que reciben comprobantes, pretendan amparar un acto o actividad determinada. (.)" Consecuentemente, la finalidad del procedimiento administrativo de presunción de inexistencia de operaciones, regulado en el numeral 69-B del Código Fiscal de la Federación, no es la de imponer una sanción al contribuyente, sino que es una secuencia de actos tendentes a verificar si los comprobantes fiscales carecen o no de sustento para amparar la prestación de servicios, producción, comercialización o entrega de bienes, por parte de quien emite las facturas. Asimismo, el objetivo de esa medida es la de neutralizar actos tendentes a defraudar al fisco federal mediante el uso de comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas o inexistentes. Bajo ese panorama, el procedimiento contemplado en el numeral 69-B del Código Fiscal de la Federación persigue irrogar un beneficio hacia la colectividad, puesto que se pretende impedir una actividad que perjudique a la hacienda pública, referente al tráfico y empleo de comprobantes fiscales sobre operaciones ilícitas, simuladas o inexistentes. Así es, que esas actividades proscritas generan que los ingresos recaudatorios disminuyan, ante lo cual el Estado podría no encontrarse en condiciones de satisfacer las necesidades colectivas y lograr el bienestar común, atendiendo -incluso- al interés de la sociedad que las autoridades tributarias ejerzan acciones enderezadas a constatar que cumplimiento del mandato constitucional de contribuir a los gastos públicos -artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-. Explicado lo anterior, es posible sostener que la restricción temporal en el uso de los certificados de sello digital respecto de contribuyentes que no lograron demostrar que los comprobantes fiscales que usaron, en realidad, amparan operaciones simuladas, ilícitas o inexistentes, como en el caso acontece; se constituye como una medida de control adicional, tendente a garantizar el imperativo del Estado, consistente en evitar la evasión y elusión fiscal, esto es, con el fin de impedir que los contribuyentes continúen realizando operaciones simuladas, o traficando facturas fiscales, paralizando actividades que dañen al erario público y, como consecuencia, conlleven a perjudicar el interés social. La medida a que hace alusión el artículo 17-H bis del Código Fiscal de la Federación, es de similar naturaleza a la prevista en el numeral 17-H, de ese mismo ordenamiento jurídico; así como, a las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; de ahí que sea factible, por identidad jurídica, traer a colación lo resuelto por la Segunda Sala del Alto Tribunal en la contradicción de tesis 256/2016. En ese precedente se definió la improcedencia de la medida suspensional en contra de la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, tal como lo ponen de manifiesto los siguientes argumentos que al respecto expuso: "(.) De modo que, el otorgamiento de la suspensión implicaría permitir a los contribuyentes el uso del certificado de sello digital, pese haber incurrido en alguna irregularidad que la ley sanciona con la cancelación del referido certificado, produciéndose así una afectación al orden público y un daño a la sociedad, la cual está interesada en que las medidas implementadas por el Estado para lograr una oportuna y debida recaudación sean eficaces, de modo tal que garanticen los ingresos programados para hacer frente a las necesidades de la colectividad. Por lo que, no procede suspender los efectos y consecuencias de los preceptos impugnados, puesto que de hacerlo se permitiría la realización de actividades irregulares por parte de los contribuyentes, como el uso inadecuado del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, lo que se traduce en la expedición de facturas electrónicas sin garantizar el origen de éstas, al provenir de un causante respecto del cual la autoridad hacendaria detectó irregularidades legalmente sancionadas con la cancelación de dicho certificado..." Dicha resolución dio origen al siguiente criterio jurisprudencial que resulta aplicable al caso concreto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con motivo de la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado referido, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación del mencionado artículo, así como de las normas generales que lo desarrollan), porque no se satisface el requisito previsto en el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos, es decir, se impediría la implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y elusión fiscal, en tanto que la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas." Bajo esa tesitura, es patente que la medida de restringir el uso de los certificados de sello digital para emitir comprobantes fiscales por internet, busca la satisfacción de un bien colectivo, consistente en evitar el ejercicio de prácticas tendentes a eludir el cumplimiento del mandato constitucional de contribuir a los gastos necesarios para sufragar las necesidades de la sociedad y que satisfacen el bien común. Considerar procedente la suspensión en contra de esa medida, en los supuestos en que se advierta por parte de la autoridad tributaria que un contribuyente hace uso de comprobantes fiscales apócrifos, o que amparan operaciones simuladas o inexistentes, conllevaría a lesionar el interés colectivo, y por ende, generar un daño al erario público. En efecto, la cancelación temporal del uso de los certificados de sello digital en esos supuestos, permite al Estado evitar la continuación de actividades o prácticas de elusión y evasión fiscal, lo que es un fin prioritario que se contempla en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución. Consecuentemente, el otorgamiento de la suspensión permitiría que se siga utilizando el referido sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, por parte de un contribuyente que ha realizado operaciones inexistentes o simuladas, lo cual perjudica el interés social, en tanto corresponde al Estado implementar los mecanismos necesarios para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando que se utilice adecuadamente el aludido sello, con lo que se conseguiría una mayor recaudación y así se posibilitaría la satisfacción de las necesidades colectivas. Resultan aplicables al caso en concreto, por su idea jurídica, las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Resulta improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo respecto de los efectos y las consecuencias de la aplicación del citado numeral, consistentes en el eventual dictado de una segunda resolución que establezca de manera definitiva la inexistencia de las operaciones celebradas por el contribuyente, para que no surtan efectos los comprobantes que amparan las operaciones ahí reflejadas, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; ello es así, porque constituye un acto futuro de realización incierta ya que, de acuerdo con el referido procedimiento, antes de que se publique la resolución que defina la situación del contribuyente respecto del cual -en un primer momento- se presumió la inexistencia de las operaciones respaldadas en los comprobantes fiscales (y obviamente, antes de que la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación emita un crédito fiscal), se prevé un plazo para que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten información y documentación para desvirtuar los hechos objeto de la presunción; lo cual implica que no existe certidumbre de su realización, porque ello dependerá de su conducta a fin de desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones atribuida por la autoridad fiscal. Además, arribar a una posición contraria afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, acorde con los artículos 128, fracción II y 129, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar se generaría la falsa creencia de que el contribuyente investigado ya desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas a través de los comprobantes fiscales, lo cual podría acarrear un daño a la colectividad, al desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la realización de este tipo de operaciones, aunado a que ocasionaría la imposibilidad -por los terceros relacionados- de acreditar la existencia de las operaciones amparadas en el documento fiscal, o bien, de corregir su situación fiscal. Por su parte, se permitiría la consumación o continuación de un ilícito o sus efectos, ya que los comprobantes expedidos por este tipo de contribuyentes aún estarían en el comercio, no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación." "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE NOTIFICAR EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN PRELIMINAR QUE CONTIENE LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Es improcedente conceder la suspensión con motivo de dicha determinación porque no se satisface el requisito del numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que con esas publicaciones se persigue garantizar el derecho de la sociedad a estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones, aunado a que permite que aquellos que hayan utilizado en su beneficio tales comprobantes puedan comenzar a ajustar y prever su conducta ante un posible escenario de autocorrección o de acreditación de la prestación del servicio y/o adquisición de bienes; asimismo, dichos terceros podrán suspender la contratación con el causante y la colectividad estará en posibilidad de tomar las medidas preventivas y evaluar el riesgo de recibir facturas de esos contribuyentes." En vista de lo anterior, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Medios alternos de comunicación no procesal De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados como "medio de comunicación alterno" (no procesal) a fin de lograr un contacto más eficaz. Acceso al expediente electrónico Por así haberlo solicitado, se autoriza únicamente para consulta del expediente electrónico los usuarios proporcionados. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Exhorto a los quejosos para señalar usuario para oír y recibir notificaciones En aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal, o bien, el señalado para efectos de la consulta. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Uso de medios electrónicos Por otra parte, respecto a la solicitud de uso de medios electrónicos que solicita; de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga.

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