David Carranza Anaya

Expediente 557/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
557/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • David Carranza Anaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguense los oficios signados por la autoridad que lo suscribe, a través del cual, remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la responsables Jefe de Grupo de la Policía de Investigación de Tenancingo, Estado de México y Agente del Ministerio Público, adscrito al Segundo Turno de Tenancingo, Estado de México, de los oficios 13929/2020, 13036/2020, 13928/2020 y 13035/2020, respectiva mente, los cuales contienes las determinaciones de treinta de septiembre (auto de sobreseimiento fuera de audiencia) y veintiocho de octubre (auto de archivo), ambos de dos mil veinte; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento de cuatro anterior y déjese sin efectos el apercibimiento decretado, así como téngase por debidamente notificadas a las responsables de los referidos proveídos..

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguense las misivas que devuelve el servicio de mensajería Estafeta Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, dirigidos a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, México y Jefe de Grupo de la Policía de Investigación de Tenancingo, con la leyenda: "Se Genera Dev Por Pandemia COVID". En ese tenor, al no contar al día de la fecha con sus acuses; reexpídase las citadas misivas y las diversas 16035/2020 y 16036/2020, a las autoridades por conducto del Fiscal General de Justicia del Estado de México -en su carácter de superior jerárquico-, a efecto de que se impongan de su contenido. En ese sentido, se requiere a la Fiscal General de Justicia del Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, remita las constancias de notificación al representante social de la presente determinación. Con el apercibimiento, que de no hacer lo requerido, o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veinte. Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el funcionario respectivo hace constar imposibilidad para notificar al quejoso ********************, el proveído de treinta de septiembre del año en curso, por los motivos que expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto referido y los subsecuentes, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. EN ACATAMIENTO AL PROVEÍDO QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Intégrense los oficios signados por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, México y Jefe de Grupo de la Policía de Investigación de Tenancingo, por medio de los cuales rinden su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que se anexa, fórmese anexo I. En ese tenor, es dable recordar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La incomunicación, tortura, tormentos y privación ilegal de la libertad del quejoso David Carranza Anaya. Por tanto, a consideración de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que provee lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.).". De lo antes inserto se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En ese orden, de las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, México, se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, siendo las once horas con cincuenta y un minutos, decretó la libertad del quejoso David Carranza Anaya, en la carpeta de investigación con NIC ****/09, por tratarse de un delito que no amerita prisión preventiva de oficio, lo que evidencia un cambio de situación jurídica, por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado en este asunto, primigeniamente, consistente en la orden de incomunicación, tortura, tormentos y privación ilegal de la libertad del quejoso, el cual dio origen al presente juicio, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en la causa de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente, lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público del Segundo Turno del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México, consistentes en el auto y boleta de libertad ambos de cuatro de septiembre de dos mil veinte. Resulta aplicable la jurisprudencia ****, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente sumario constitucional 557/2020-IV-A, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas del veintiocho de octubre de dos mil veinte; háganse las anotaciones respectivas.

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