David Demetrio Luna Fierro

Expediente 797/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
797/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • David Demetrio Luna Fierro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Transcurrió plazo. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de octubre de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, son los siguientes: En primer lugar, se precisa que el vicio advertido en el acto reclamado, susceptible de reparación, es eminentemente formal, pues la falta o insuficiencia de motivación implica que el acto de autoridad carece de elementos inherentes al mismo por virtud de un imperativo constitucional. Por ello, a efecto de que la autoridad responsable emita una decisión suficientemente motivada, se precisa que la Jueza Tercero de lo Familiar deberá: Nulificar o dejar sin efectos el arresto contenido en el proveído de diez de junio de dos mil diecinueve y complementado con el diverso de doce de junio siguiente, ambos dictados dentro del juicio de divorcio necesario 2217/2016-A de la estadística del órgano del que es titular. Hecho lo anterior, y considerando el interés superior del menor, así como ponderando la situación fáctica que impera en este asunto, deberá dejar intocadas las razones por las que ha estimado que la quejosa amerita una sanción eficaz con la que se asegure que habrá de permitir el desarrollo de las convivencias entre el menor quejoso y su progenitor. Con plenitud de jurisdicción, deberá imponer la sanción que estime correspondiente, siempre a la luz del interés superior del menor, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible cualquier afectación a su esfera jurídica. Una vez que determine la sanción idónea para los fines pretendidos, deberá detallar en forma pormenorizada las razones por las que dicha sanción y no alguna de las restantes previstas en la legislación aplicable, es la más eficaz e idónea para asegurar que la madre del menor permita las convivencias entre éste y su padre. Dado que para determinar la sanción correspondiente, le fue otorgada libertad de jurisdicción, en el supuesto de que decida que el arresto continúa siendo el medio más eficiente para alcanzar los fines pretendidos, deberá detallar las razones particulares y las causas que justifiquen el lapso que para tal efecto defina. Efectos que deberán hacerse extensivos respecto de los actos de ejecución reclamados, por las razones que se exponen en la tesis jurisprudencial 103, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional."" Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Jueza Tercero de lo Familiar, Director Jurídico en Materia de Seguridad Pública Municipal y Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se les impondrá a quienes resulten responsables, una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    DEL CONTENIDO DE LA CONSTANCIA ACTUARIAL SE ADVIERTE QUE LA DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL DESIGNADA ACEPTA Y PROTESTA CARGO, ASIMISMO, SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

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