David de Jesus Reyes Peña

Expediente 750/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
750/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • David de Jesus Reyes Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Lo anterior, no obstante que se encuentre transcurriendo el término de diez días a las autoridades responsables, en atención a que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo la determinación no les repercute de forma alguna; asimismo, no se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; así como, con el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 8, punto 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos" serie 3, al haberse concedido la suspensión provisional pero negado la suspensión definitiva; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años destrúyase el expediente original del incidente de suspensión. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 750/2021-I, promovido por David de Jesús Reyes Peña, por propio derecho, estando en audiencia pública Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones concedidas a la titular, mediante oficio CCJ/ST/5095/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno emitido por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Marco Antonio Lares Carrillo, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, el secretario certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, el Secretario encargado del despacho tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, el Secretario encargado del despacho da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito los formuló, así como que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos del Agenten del Ministerio Público de la Federación adscrito, y toda vez que las demás partes no los formularon, el Secretario encargado del despacho tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 750/2021-I; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mismo que se recibió el dieciocho de octubre siguiente en este Juzgado de Distrito, David de Jesús Reyes Peña, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Agente del Ministerio Público, Titular de la unidad de Investigación, Especializada en Delitos Patrimoniales. 2.- Titular de la Agencia Estatal de Investigación. IV.- ACTO RECLAMADO.- Se hacen consistir en la orden de búsqueda, presentación, detención o DE CUALQUIER ACTO PRIVATIVO DE MI LIBERTAD, que pretenden ejecutar en mí contra las autoridades señaladas como responsables, sin que el suscrito haya cometido una conducta que la Ley considere como delito o de aquellos ilícitos que ameriten prisión preventiva." (sic) SEGUNDO. Trámite del juicio. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno la demanda se registró con el número de expediente 750/2021-I y se admitió. Luego, seguidos los trámites de ley se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades -en su denominación correcta- y por los actos que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables Acto reclamado 1 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad La orden de búsqueda, presentación, detención o cualquier acto privativo de la libertad del quejoso. 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, las autoridades responsables, en su denominación correcta, rindieron su informe con justificación, tal como se precisa a continuación: No. Autoridades responsables Sentido de informe Foja 1 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad Niega 25 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana Niega 29 De esta manera, se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación del impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, Novena Época, registro 187728, que expresa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En mérito de las consideraciones precedentes, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa ante el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Nutre esa determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49 del Tomo 24 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de voz y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 750/2021-I, promovido por David de Jesús Reyes Peña, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Pedimento. Agréguese a los autos el pedimento 122/2021 firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en atención a su contenido, téngasele formulando alegatos de su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de ser tomados en consideración en su momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, una vez que se dicte sentencia, expídase copia certificada de la misma, previa su identificación con documento oficial vigente y recibo de estilo que se deje asentado en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

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