David Concepcion Dzul Cuevas
Expediente 1754/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1754/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- David Concepcion Dzul Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1754/2022-VI-A, promovido por DAVID CONCEPCIÓN DZUL CUEVAS, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el veintidós siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el referido quejoso, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la puesta a la vista del informe justificado en alcance rendido por la autoridad responsable, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la certeza del acto reclamado se acreditó con el informe justificado y las constancias certificadas que lo apoyan, del que se desprende su existencia, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable, cuando se tiene por cierta la existencia del acto. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: a) El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el cinco de julio de dos mil veintidós, en autos de la causa penal 202/2022, como probable responsable del delito de ROBO CON VIOLENCIA. b) La imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, dictada el treinta de junio de dos mil veintidós. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, por lo que hace al acto reclamado contenido en el inciso a), consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el cinco de julio de dos mil veintidós, en autos de la causa penal 202/2022, como probable responsable del delito de ROBO CON VIOLENCIA, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, el señalado precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]." Como se advierte, la causa de improcedencia a que hace alusión el precepto transcrito, es aquélla que impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento expreso de la parte quejosa, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Ahora, del estado de autos se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, con el que informó a este órgano jurisdiccional que en audiencia celebrada el veintiocho de septiembre del año en curso, en autos de la causa penal 202/2022, aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre el denunciante y el acusado, aquí quejoso. Actuación que supone el consentimiento expreso del acto reclamado, lo cual da origen al sobreseimiento y los efectos de éste. Ello es así, pues cuando el quejoso suscribió el acuerdo reparatorio de mérito, dicha acción entrañó el consentimiento del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Esto es así, porque el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia, esto es, que se le imponga una pena, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Considerar lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el sistema de justicia penal y el juicio de amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, se pondere que la paralización del proceso, motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, es debido al propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin una sanción penal. Por tanto, al optarse por un método de justicia restaurativa, y con ello, actualizarse la referida causa de improcedencia durante la tramitación de presente sumario, es que se ha generado el sobreseimiento del juicio. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos sesenta y uno, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2014495, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, desnaturalizaría el nuevo sistema penal, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles entre sí: uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo, y otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que si el quejoso ha optado por resolver su situación jurídica por medio de algún mecanismo alternativo de solución, el acto reclamado se encuentra consentido; y, por ende, se hace notoriamente improcedente el presente juicio de amparo, al advertirse el consentimiento por manifestaciones de la voluntad del quejoso que entrañen ese consentimiento. Por otro lado, respecto al diverso acto reclamado contenido en el inciso b), esto es, la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación, y b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. En efecto, como se adelantó, la parte quejosa reclama la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en autos de la carpeta administrativa 202/2022. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable en alcance a su informe justificado, se desprende que en audiencia celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, accedió a sustituir dicha medida cautelar, por las previstas en las fracciones I, V, VI, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales tendrán una vigencia a partir de la referida fecha y durante todo el tiempo que dure el proceso; asimismo, que con motivo de lo anterior, al término de la audiencia en cita se dejó en libertad al aquí impetrante del amparo, y por tanto, no fue necesario su reingreso al Centro de Reinserción Social de esta ciudad. En esas condiciones, no es posible analizar las situaciones jurídicas y materiales derivadas de la medida cautelar reclamada (prisión preventiva), pues se reitera, al haber sido sustituida por las diversas acabadas de señalar, debe de considerarse que dejó de tener efectos legales propios, por lo que si se reclama en un juicio de amparo, deberá estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada, según criterio sostenido por el Alto Tribunal de la Nación, como se observa de la siguiente jurisprudencia: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." (Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198, Segunda Parte, Página: 61, Materia: común) Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al haberse concretado las causales de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior, el que no se haya emplazado a la parte tercero interesada; toda vez que, al margen de que el sentido de la presente determinación, no le depare un agravio y podría a través del recurso correspondiente hacer valer causales de improcedencia que a la postre resultaren fundadas, lo cierto es que el resultado de lo que aquí se provee sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por DAVID CONCEPCIÓN DZUL CUEVAS, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa NORBERTO JOEL MALTA COUOH, mediante el cual intenta dar cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de treinta de septiembre del año que transcurre, relativo a proporcionar un domicilio donde pueda ser emplazado el tercero interesado ***. Al respecto, no es el caso ordenar el emplazamiento del tercero interesado en cita, en el domicilio proporcionado para tal efecto, toda vez que de la razón actuarial de veintiséis de septiembre del año en curso (foja 147), se desprende que la actuaria adscrita a este Juzgado Federal se apersonó en el mismo, sin que lograra el emplazamiento de que se trata. En consecuencia, prevéngase por última ocasión a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, proporcione el domicilio actual y correcto respectivo, distinto a los ya proporcionados en su demanda de amparo, y por las autoridades requeridas para tal efecto, donde pueda ser emplazado a este juicio el tercero interesado en cita. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, el emplazamiento de que se trata se hará por medio de edictos que podrían ser a costa suya, tal y como lo dispone el inciso b), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, previo el dictado de las providencias necesarias para ubicar dicho domicilio. Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, y anexo adjunto; mediante el cual, informa que en audiencia de veintiocho de septiembre del año en curso, se aprobó el acuerdo reparatorio 194/2022 de la referida fecha, celebrado entre el denunciante Carlos Alejandro Alvarado Mujica y el acusado David Concepción Dzul Cuevas. Asimismo, informa que en la citada audiencia, a petición del defensor del acusado y previo debate entre las partes, accedió a sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la que estaba sujeto el aquí quejoso, y en su lugar, le fueron impuestas las previstas en las fracciones I, V, VI, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales tendrán vigencia durante todo el tiempo que dure el proceso; en consecuencia, al término de la audiencia de mérito, se dejó en libertad al aquí impetrante del amparo. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes del informe y anexo de cuenta, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, por lo que hace al anexo remitido por la Jueza responsable, consistente en el disco compacto en formato DVD que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el veintiocho de septiembre del año en curso, en autos de la carpeta administrativa 202/2022. Déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, como anexo III, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese y cúmplase.
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