David Benjamin Avila Avila
Expediente 2154/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2154/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- David Benjamin Avila Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1572/2022-III-B, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Tekax, y otras autoridades, y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el veinticuatro de junio siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de las siguientes autoridades: ORDENADORAS Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Tekax. Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Jefe de Investigación de los Delitos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública. EJECUTORA Director de la Policía Estatal de Investigación, con residencia en esta ciudad, (denominación correcta). SEGUNDO. Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada con el número de expediente 1572/2022-III-B, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se reservó el emplazamiento del tercero interesado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente la señalada como autoridad responsable Jefe de Investigación de los Delitos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y se suspendió toda comunicación con la misma. CUARTO. Mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, se recibió el oficio 1174/2022, de veintisiete de julio del año en curso, del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Tekax, con el que informa que el trece de julio del presente año, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso y remitió diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: 1. Las órdenes de aprehensión y/o detención libradas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Tekax (registro 18292) y del Director de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, con sede en esta ciudad, (registro 15995), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Asimismo, se tienen por ciertos los actos reclamados del Secretario de Seguridad Pública (registros 15097) y al Fiscal General del Estado de Yucatán (registro 15333), ambos con residencia en esta ciudad, pues no obstante que al rendir su informe justificado negaron categóricamente su existencia, de las manifestaciones vertidas en sentido afirmativo por la responsable ordenadora Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Tekax, se desprende su certeza, por tanto, al tener el carácter de ejecutoras, es claro que existe el acto a ejecutar. CUARTO. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Se afirma lo anterior, ya que de las constancias certificadas remitidas por el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Tekax, al rendir su informe justificado, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que mediante resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictó orden de aprehensión en contra de ********************, por la probabilidad de su autoría material y directa en la comisión del hecho señalado en la ley como el delito de ABUSO SEXUAL (5), querellado por ********************en agravio de su hija menor de edad de identidad reservada con iniciales ********************., y otros. Mandamiento de captura que se ejecutó el ocho de julio del presente año; y posteriormente, el trece de julio de dos mil veintidós, decretó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por la probabilidad de su autoría material y directa en la comisión del hecho señalado en la ley como el delito de ABUSO SEXUAL (5), querellado por ********************en agravio de su hija menor de edad de identidad reservada con iniciales ********************., y otros. Lo anterior, generó un cambio en su situación jurídica y, por tanto, que se actualice la causal de improcedencia en estudio, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones relacionadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra el quejoso al haber sido puesto a disposición de una autoridad judicial, la cual decretó en su contra un auto de vinculación a proceso. A más de que los actos reclamados no se encuentran dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que no se hubiere emplazado a la parte tercero perjudicada, toda vez que de acuerdo al sentido de esta determinación, no se les ocasiona perjuicio alguno en su esfera jurídica de derechos. QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto a la oposición a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra de los actos que atribuye a las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo y por los motivos señalados en el considerando cuarto. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Fiscalía General, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumplan cabalmente con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal; lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la citada ley de la materia, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto: toda vez que de las constancias que obran en autos, se desprende que se encuentra por transcurrir el término de ocho días hábiles con relación a la vista que se dio del oficio que se relaciona en el proveído de dos de septiembre del año en curso, correspondiente al Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que está señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 1235/2022-I-B, promovido por NOEMÍ ALEJANDRA PACHECO BELTRÁN; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el dieciséis de mayo de dos mil veintidós; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el diecisiete de mayo siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció, NOEMÍ ALEJANDRA PACHECO BELTRÁN a solicitar la protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: AUTORIDADES ORDENADORAS JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESADO, KANASÍN, YUCATÁN. JUZGADO TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, PROGRESO, YUCATÁN. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CUARTO DISTITO JUDICIAL DEL ESTADO, UMÁN, YUCATÁN. JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VALLADOLID, YUCATÁN. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN DELITOS COMUNES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS DE HOMICIDIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS DE NARCOMENUDEO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN YUCATÁN. AUTORIDADES EJECUTORAS SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. JEFE REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN YUCATÁN. TODAS CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 1235/2022-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La orden de presentación y/o comparecencia y/o aprehensión y detención; así como su ejecución. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (promoción 11910, foja 35), Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, (promoción 12232, foja 60), Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, (promoción 12093, foja 45), Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Estado, residente en Kanasín, Yucatán (promoción 17806, foja 95), Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en Progreso, Yucatán (promoción 13156, foja 70), Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en Umán, Yucatán (promoción 13475, foja 75), Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, residente en Valladolid, Yucatán (promoción 13472, foja 74), Fiscal General del Estado de Yucatán (promoción 12268, foja 61), Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 12178, foja 53), Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 12173, foja 49), Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 12174, foja 51), Delegado de la Fiscalía General de la República en Yucatán (promoción 12453, foja 66), Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (promoción 12100, foja 46), Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (promoción 12171, foja 47); y, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en Yucatán (promoción 12140, foja 55). Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." TERCERO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. CUARTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. QUINTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por NOEMÍ ALEJANDRA PACHECO BELTRÁN, por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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