David Castillo López

Expediente 598/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
598/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2018

Partes del expediente

  • David Castillo López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito secretario en funciones de juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve --- ; contra actos del ---, Colima, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ---. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (---)Del análisis integral del libelo actio de amparo, es dable concluir que la parte quejosa reclama en esencia, la omisión de la responsable de no acordar la petición presentada el veinte de julio del año en curso, dentro de los autos del expediente 21/2018, del índice del Juzgado Primero Penal con residencia en Manzanillo, Colima. Atento a lo anterior, se evidencia que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: (...)De esta porción normativa se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos sean de imposible reparación; esto es, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos (...)En este contexto, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de impartir justicia dentro de los términos previstos en el Código de Procedimientos penales. Esto se considera así, en virtud de que el peticionario de amparo se duele exclusivamente de la afectación que le provoca la autoridad responsable al no dar contestación respecto de la petición realizada el veinte de julio del año en curso, en los autos del expediente 21/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima; circunstancia que constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, y no así un aspecto de imposible reparación, pues no infringe en derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que, con ello, únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales. En efecto, el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que únicamente constituye una demora; la cual, en opinión de este juzgador, en modo alguno implica una abierta dilación o la paralización total de la ejecución de sentencia. (...) En ese orden de ideas, es evidente que tal omisión no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación alegada no tiene la característica de ser de imposible reparación. Máxime, que en el caso justiciable ha sido omisa en dar contestación a la petición formulada por el quejoso, por lo que este juzgado federal estima que no existe una abierta dilación del procedimiento, ni tampoco su paralización total. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda.

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