David Cardenas de la Cruz
Expediente 1500/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1500/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- David Cardenas de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Colima, Colima, tres de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese el informe justificado rendido por el Director General de asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México, el que se ordena se agregue sin mayor trámite, lo anterior, en razón de que en auto de tres de octubre pasado se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Notifíquese. Lo proveyó y firma Espiry Javier Correa Guízar, Secretario Adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo acordado sesión ordinaria de la Comisión de Carrera Judicial, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/5655/2016, de la misma fecha, que actúa con (la) Secretario(a).omav
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Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento."Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente:a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita.b) En el expediente en que se actúa se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado.c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general.El suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
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Con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, para que surta los efectos legales correspondientes. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene como delegados a los profesionistas que menciona, y como domicilio para recibir notificaciones, el que señala. Ahora bien, de autos se desprende que el acto reclamado por la impetrante de garantías en lo esencial resulta ser la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite número 06150005175 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, y de expedir el respectivo título de propiedad por dominio pleno. En tanto que, de las copias certificadas adjuntas al informe de cuenta, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Delegado del Registro Agrario Nacional fue impreso el título de propiedad, haciéndole de su conocimiento al quejoso mediante oficio 003080 de fecha treinta del mismo mes y año, el cual no se ha presentado a dicha delegación a recibirlo. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridad competente dentro del límite de sus funciones y con motivo de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 209, 484 "DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". De lo destacado en el párrafo que precede, se colige que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinte de septiembre de dos mil dieciséis), no existía la omisión reclamada (la falta de acordar la petición formulada por la quejosa el veinticinco de noviembre del dos mil quince), habida consideración que el cuatro de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la aquí quejosa, cuya abstención en su emisión se reprocha. En consecuencia, ante la inexistencia de lo cuestionado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este Juicio de Garantías. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 79, Julio de 1994, página 15, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Es innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el quejoso, tal como lo establece la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 3 DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN ESENCIA DICE: Con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, para que surta los efectos legales correspondientes. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene como delegados a los profesionistas que menciona, y como domicilio para recibir notificaciones, el que señala. Ahora bien, de autos se desprende que el acto reclamado por la impetrante de garantías en lo esencial resulta ser la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite número 06150005175 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, y de expedir el respectivo título de propiedad por dominio pleno. En tanto que, de las copias certificadas adjuntas al informe de cuenta, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Delegado del Registro Agrario Nacional fue impreso el título de propiedad, haciéndole de su conocimiento al quejoso mediante oficio 003080 de fecha treinta del mismo mes y año, el cual no se ha presentado a dicha delegación a recibirlo. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridad competente dentro del límite de sus funciones y con motivo de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 209, 484 "DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". De lo destacado en el párrafo que precede, se colige que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinte de septiembre de dos mil dieciséis), no existía la omisión reclamada (la falta de acordar la petición formulada por la quejosa el veinticinco de noviembre del dos mil quince), habida consideración que el cuatro de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la aquí quejosa, cuya abstención en su emisión se reprocha. En consecuencia, ante la inexistencia de lo cuestionado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este Juicio de Garantías. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 79, Julio de 1994, página 15, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Es innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el quejoso, tal como lo establece la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
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