David Carranza Ruelas

Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • David Carranza Ruelas
  • Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, Apatzingán, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: ACUSE DE RECIBO Téngase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, acusando recibo del oficio 3294/2023, librado dentro del presente juicio. Finalmente, como esta ordenado en autos, devuélvase el sumario en que se actúa al archivo definitivo, para su depósito y custodia. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************/2022, promovido por ********************, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común en la misma fecha ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal los actos y autoridades siguientes: "(.) III.- Señalo como autoridad responsable a la C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en la Ciudad de Apatzingán, Michoacán, teniendo la calidad tanto de autoridad ordenadora como de ejecutora. IV.- De la autoridad señalada como responsable, reclamo la Audiencia de Juicio, celebrada el día 10 diez de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, sobre Divorcio sin Expresión de Causa, promovido por el suscrito, en contra de ********************, así como sus consecuencias legales. (.)." La parte quejosa expuso que los actos reclamados vulneran sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14°, 16° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló a la tercera interesada ********************; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el día de su presentación (siete de noviembre de dos mil veintidós); y, en auto de esa misma fecha, se ordenó registrarla con el expediente ********************/2022; y se procedió a la admisión a trámite de la acción de amparo, solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se tuvo como tercera interesada a ********************; se dio la intervención que legalmente le compete al Fiscal de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de autoridad judicial con ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo: La audiencia de juicio de diez de octubre dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por ******************** contra ********************. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; lo anterior, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que exhibió relativas al juicio ordinario oral familiar ******************** (dos cuadernos de pruebas), así como con el disco versátil digital que acompañó a su informe, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Es así, porque la información contenida en los discos compactos digitales tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A manera de preámbulo, es preciso señalar la circunstancia que la legislación reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Bajo esa tesitura, este órgano de control constitucional estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que operó un cambio de situación jurídica en el contexto en que se emitió el acto reclamado. En efecto, el citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causal de improcedencia son: Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis 205, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, del tomo VI, de la octava época del Apéndice 2000, con número de registro 918368, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". Por tanto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva y autónoma, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En suma, la característica fundamental de la causal en comento se basa en la existencia de una etapa o estadio procesal diferente que impide decidir sobre el acto reclamado al pertenecer a una fase anterior y autónoma. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de amparo concurren los anteriores requisitos, resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sin número, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, del tomo LXIX, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 353701, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". Expuesto lo anterior, conviene resaltar que en el caso que nos ocupa, el peticionario de amparo se duele de la audiencia de juicio de diez de octubre dos mil veintidós, celebrada en el juicio ordinario oral familiar número ********************, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por ******************** contra ********************. Empero, de la copia certificada que adjuntó la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, a su oficio 102/2023, de dieciocho de enero de dos mil veintidós, registrada con folio 1002, se aprecia que el uno de diciembre de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva dentro del controvertido de origen (********************), misma que fue apelada por la parte actora (el aquí quejoso ********************), así como por la parte demandada (la aquí tercera interesada ********************). Luego entonces, es evidente que el acto que por esta vía se combate ha sido substituido procesalmente por la sentencia emitida en el mismo procedimiento judicial del cual deriva el acto reclamado, por lo que es inconcuso que ha operado un cambio de situación jurídica, que conduce a considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proveído reclamado, sin afectar la nueva situación de derecho existente. Es decir, no debe pasar por alto la sentencia definitiva dictada en uno de diciembre de dos mil veintidós, pues implicaría desconocer su existencia; ya que aun cuando pudiesen subsistir las posibles violaciones alegadas por el impetrante del amparo en torno a los acuerdos dictados en la audiencia de juicio de diez de octubre de dos mil veintidós, en la que refiere el quejoso, retomó el tema de la custodia, convivencia y alimentos, pese a la existencia de un convenio al que se le había otorgado la categoría de cosa juzgada y ordena que se giren oficios a las fuentes laborales de las partes para que actualicen la información referente a sus percepciones salariales a fin de estar en condiciones de resolver lo concerniente al pago de alimentos en favor de sus menores hijos asunto. Sin embargo, lo cierto es que, el acto aquí tildado de inconstitucional ya no puede ser materia de examen en este juicio de amparo indirecto, dado que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, al haber sido sustituido por la referida resolución, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se surtió la competencia de este Juzgado para conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO. Se declaró procedente la acción del estado civil que en la vía ordinaria familiar, sobre divorcio sin expresión de causa promovió ********************, frente a ********************; consecuente, se disolvió el vínculo matrimonial que une a los consortes, recobrando ambos su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, en tal virtud, en el momento procesal oportuno, envíese el oficio correspondiente apura los fines establecidos en el considerando respectivo de esta resolución. La custodia de los infantes de iniciales ********************de apellidos ********************, será ejercida por su progenitora ********************, la convivencia definitiva entre los infantes ********************, de apellidos ********************, será con su progenitor David ********************, en los términos del convenio celebrado por las partes de este juicio. TERCERO. Se fija pensión alimenticia defintiiva a cargo del accionado ********************, y en favor de sus hijos ******************** de apellidos ********************, en los términos del considerando respectivo. Se deja sin efectos la pensión alimenticia provisional fijada en auto de data 30 treinta de agosto del 2018 dos mil dieciocho, para ser sustituida por la definitiva decretada en este fallo." En ese tenor, este juzgado se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar el acto combatido, que en el caso es la audiencia de juicio de diez de octubre dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, ya que existe una diversa resolución que la sustituyó (sentencia definitiva), la cual no es materia de litis en el presente constitucional; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diecinueve, del Tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". De igual manera se cita por analogía, la tesis con número de registro 230948, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 91, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que alude se surte cuando dentro de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, estos es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en él, el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica". Por lo tanto, es ocioso examinar la constitucionalidad y/o inconstitucionalidad de dichos actos, los cuales, como se dijo, quedaron substituidos. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley antes invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. Finalmente, no es el caso de atender el pedimento del Fiscal de la Federación adscrito, así como los alegatos vertidos por la parte tercera interesada, atendiendo al sentido de la presente sentencia. Tiene aplicación, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Octubre de 1995, página 576, con registro 204060 de rubro y texto, siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos que reclamó de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE REMITE CONSTANCIAS De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaliza las constancias que remite en alcance a su informe justificado la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con las constancias de mérito, fórmese un cuaderno de pruebas, el cual queda bajo resguardo en la secretaría de acuerdos de este tribunal. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: ESTADO DE AUTOS Del sumario se advierte que, en dieciséis de enero actual, se ordenó dar vista a las partes con la designación del titular de este órgano jurisdiccional; por tanto, a fin de dar oportunidad para que manifiesten lo que su interés legal convenga, con motivo del cambio de titular, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. De lo anterior, captúrese el registro correspondiente, en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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