David Alejandro Sánchez de León
Expediente 322/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- David Alejandro Sánchez de León
Actuaciones
- Principal
... En veinte de julio de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al Juez, con el estado que aguardan los presentes autos, dentro del juicio de amparo 322/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído del pasado veintinueve de junio (foja 16), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió para el quejoso del cinco al once de julio de dos mil dieciocho, toda vez que fue notificado el tres de julio de la presente anualidad (foja 20), y para su representante especial del trece al diecinueve del presente mes y año, toda vez que el once de julio acudió a este Juzgado a protestar el cargo conferido y por ende, el día en que se impuso de autos (foja 21), descontando los días inhábiles, sin que lo hubieren hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen el presente asunto y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
- Principal
En veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta al secretario encargado del despacho con la notificación practicada por el Actuario de la adscripción y un oficio registrado bajo el número 12546, dentro del juicio de amparo 322/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la notificación practicada por al quejoso DAVID ALEJANDRO SÁNCHEZ DE LEÓN, por el Actuario de la adscripción, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de inicio (fojas 9 a 11), se provee: IMPROCEDENCIA Visto el contenido íntegro de la demanda de amparo y manifestación aclaratoria, se aprecia que lo que el peticionario de amparo pretende defender a través de esta instancia constitucional, consiste en lo siguiente: Ser trasladado del Centro Federal Número 17, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, al diverso Número 2 de Occidente, con residencia en Puente Grande Jalisco, en razón de ser el Centro de internamiento más cercano al domicilio de su familia. Ahora, este Juzgado de Distrito advierte oficiosamente que contra el acto reclamado se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, por cuanto que el juicio para la protección de derechos fundamentales, sólo procede contra actos de autoridad; mismos que a la letra disponen: ".Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ".Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Como puede apreciarse, el juicio de amparo es improcedente cuando la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Ahora bien, el primero de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos de autoridad, por lo que el segundo de los preceptos precisa quiénes tienen ese carácter y finalmente, el último de los artículos indica la improcedencia que se actualiza en el presente asunto. En el caso, conforme a lo expuesto, se advierte con claridad que el quejoso, de modo alguno combate un acto de autoridad, sino que en realidad, lo que realiza es una solicitud de traslado del Centro de reclusión en el que se encuentra actualmente privado de la libertad, a uno diverso.. Por ende, dicha cuestión no puede ser analizada a través del juicio de amparo, puesto que dicha petición, debe ser elevada al Juez de la Causa, o al Juez de Ejecución, según sea el caso, para que sea éste quien valore la posibilidad de que el peticionario de amparo, lleve su proceso o compurgue la pena impuesta, en el Centro de reclusión que resulte más benéfico a su circunstancia particular. Tal postura es así, pues el peticionario de amparo, no se aqueja en realidad de un acto de autoridad que haya repercutido en su esfera jurídica, es decir, no se ha generado una actuación, omisión, determinación o similar, que lleven a este órgano de control constitucional a verificar si la actuación de alguna autoridad se encuentra o no apegada a derecho y que ésta repercute en los derechos sustantivos del impetrante. De ahí que de acuerdo a la situación jurídica actual del quejoso, éste debe solicitar ante el juez ante el que se encuentre a disposición, el traslado a diverso Centro de internamiento ya sea a través de un incidente innominado previsto en el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales (en caso de que su situación sea la de procesado), o bien actuar conforme a lo establecido en el artículo 18 Constitucional y 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (en caso de tener la calidad de sentenciado), a efecto de que el Juez de la Causa o el Juez de Ejecución determinen la procedencia de su solicitud. Pero dicha solicitud no puede analizarse a través del juicio de amparo, pues este medio de defensa extraordinario, no puede reemplazar las instancias ordinarias que constitucional y legalmente se han establecido al efecto. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por DAVID ALEJANDRO SÁNCHEZ DE LEÓN. Por otra parte, incorpórese el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual en atención a la solicitud que se le formuló en proveído de veintiséis de junio del año en curso, designa como representante especial del quejoso DAVID ALEJANDRO SÁNCHEZ DE LEÓN, al licenciado Jorge Alberto Vergara Talavera. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a Jorge Alberto Vergara Talavera, por conducto de cualquiera de los Actuarios de la adscripción, en las instalaciones de este Edificio, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, comparezca para aceptar y protestar el cargo de representante especial que le fue conferido. Finalmente, tomado en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán; notifíquesele el presente acuerdo en el lugar de su reclusión. En esa virtud, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique personalmente al quejoso el presente acuerdo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y AL LICENCIADO JORGE ALBERTO VERGARA TALAVERA. Lo provee y firma Salvador Paz Hurtado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter académica concedida al Titular, por la Comisión de Carrera Judicial, notificada mediante oficio CCJ/ST/3007/2018 suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con la Secretaria, María Guadalupe Mateo Mendoza, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
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